Nacionales
Cinco legisladores han perdido familiares en dos semanas
Santo Domingo, R.D.-La muerte ha tocado la puerta de los hogares donde residen cinco legisladores y sus familiares, cuyos fallecimientos han causado un ambiente de luto y tristeza en los pasillos del Congreso Nacional.
Cuatro muertes en el Senado de la República y una en la Cámara de Diputados son las que en estos momentos mantienen la aflicción en los congresistas y empleados del órgano legislativo.
El crespón, “lazo negro”, es el símbolo de bienvenida en algunas oficinas provinciales de los legisladores, como muestra del estado de luto que atraviesan.
Uno de los decesos más impactantes fue el de Luis Alfredo Pacheco Rojas, de 34 años de edad, quien es hijo del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria.
Pacheco Rojas murió el pasado lunes a tiros a manos de desconocidos en una estación de combustible en Houston, Texas. El caso aún en proceso de investigación.
El titular del pleno legislativo recibió las condolencias de quienes integran ambas cámaras, empresarios y diversos funcionarios.
Senador José del Castillo Saviñón
En horas de la noche de ayer, también se confirmó el deceso de José Manuel del Castillo Vanderline, de 19 años.
Manuel del Castillo es hijo del senador de Barahona por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José del Castillo Saviñón.
Las circunstancias de esta muerte todavía no han sido esclarecidas.
Mientras tanto, sus restos son expuestos en la funeraria Blandino, ubicada en el Distrito Nacional.
Senador Pedro Catrain
El senador de Samaná por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Pedro Catrain, también se encuentra afectado por el fallecimiento de su esposa Quisqueya Henríquez, con 58 años.
Quisqueya Henríquez, quien murió el pasado 30 de marzo debido a un cáncer de estómago, fue una destacada artista y profesora de arte dominicana, de origen cubano.
«Con mucho dolor quiero informar que mi querida esposa Quisqueya Henríquez ha fallecido a las 4:00 de la tarde de este sábado en el lecho de su hogar, dejando un gran vacío en mi corazón, en su familia, en sus amigos y en el arte visual al que le dedicó toda su vida», manifestó Catrain.
Senadora Melanie Salvador
En tanto, el senador de Monte Plata por el PRM, Lenín Valdez, informó que una hermana de Melanie Salvador murió a tempranas horas este martes.
Sin embargo, la representante de la provincia Bahoruco por el también partido político oficialista no ha ofrecido detalles con respecto a este suceso.
“Lo supimos esta mañana, la muerte es reciente. Le extendemos el pésame a toda su familia”, dijo Valdez al mencionar que los restos serán velados en Bahoruco.
Senador Bautista Rojas
En este listado se agrega al hermano del senador de la provincia Hermanas Mirabal por la Fuerza del Pueblo (FP), Bautista Rojas Gómez, quien falleció la semana pasada.
De acuerdo a informaciones obtenidas en el Congreso Nacional, el fallecido es Miguel Valerio Rojas y se desconoce la causa de su partida.
Un diputado y secretaria muertos
Las pérdidas humanas no excluyen a legisladores y miembros de su equipo de trabajo. Precisamente, el pasado 18 de marzo, murió el diputado de Azúa, Julio Brito Piña, luego de que presentara complicaciones de salud.
El abogado y dirigente peledeísta encabezó durante cuatro periodos consecutivos, desde el año 2006, la curul que ocupa la provincia de Azúa.
Por último, se encuentra el primer caso registrado este 2024, que ocurrió en la cámara alta, donde murió la asistente del senador de Elías Piña, la joven Adilka Feliz, de 33 años de edad.
El legislador peledeísta, Iván Lorenzo, expresó que perdió a su mano derecha, un apoyo inconmensurable, una gran profesional, una madre e hija ejemplar y una colaboradora excepcional.
“Nuestra Adilka ha partido a los brazos del Señor, dejando en nosotros una estela de amor, de alegría, de entrega, de servicio”, dijo Lorenzo.
Nacionales
Senado aprueba ley de liberación de impuestos la importación de cámaras para sistemas de seguridad
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobada en primera lectura en el Senado un proyecto de ley que libera de impuestos la importación de cámaras digitales utilizadas en los sistemas de seguridad del país para combatir la delincuencia.
La pieza, que contó con 22 votos a favor y uno en contra, busca exonerar durante 10 años, partiendo de su promulgación, los pagos tributarios que deben realizar quienes importen cámaras grabadoras destinadas a contribuir con la seguridad y protección.
De acuerdo a los considerando presentados en el documento, los sistemas de videovigilancia son una de las herramientas «preventivas y disuasorias» que aportan a la lucha contra la inseguridad.
Las residencias, empresas, propiedades campestres, condominios, colmados, supermercados, hoteles, bares, restaurantes, escuelas, colegios, clínicas, hospitales y otros sectores relacionados son quienes serán exentos, a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), de los pagos tributarios requeridos en la adquisición de este tipo de videocámaras.
TIPOS DE CÁMARAS
La pieza legislativa delibera las cámaras tipo balas, domos, box y “PTZ”, que se pueden instalar en ambos ambientes, interior y exterior, para grabaciones de video de 720p, 1080p y 4K.
Además, los videograbadores con capacidad de grabación y audio no mayor de 32 canales con entradas tipo analógico, digital y de red (IP).
Esta ley modificaría el capítulo 85 de la Ley 146-00 sobre Reforma Arancelaria y Compensación Fiscal, que hace referencia a las cámaras digitales de seguridad y sus componentes.
Asimismo, reformará cualquier otra disposición legal que le sea contraria a este proyecto de ley, según lo dicta el quinto artículo denominado “Modificación”.
El 16 de julio del año 2012, el Congreso de la República Dominicana creó la Ley 171-12, que tuvo como objeto facilitar la adquisición de cámaras de videovigilancia, a través de la exoneración del pago de todo tipo de impuestos de importación, por un periodo de 10 años.
Este plazo finalizó en 2022 y género en consecuencia que estos equipos tecnológicos no sean beneficiados, en la actualidad, con ningún incentivo fiscal.
Santo Domingo, R.D.-Tres millones de pesos habría pagado Daneri Antonia Pérez Espinal habría para que le dieran muerte a su esposo, según lo informo el Ministerio Publico.
Así lo establece el expediente acusatorio instrumentado por el Ministerio Público en contra de la señora, imputada por la muerte a tiros de Julio César Rodríguez Paula, de 68 años de edad, durante un hecho ocurrido el 18 de septiembre del año 2020. La mujer pasó de víctima a cómplice del crimen el mes pasado cuando apresada en el Palacio de Justicia de Santiago donde se conoce el caso, luego de que el Minsterio Público, durante la investigación, descubriera que la presunta implicación de la señora en la muerte de su esposo.
El dispositivo indica que la señora, de 68 años, descubrió el adulterio luego de darle seguimiento a su esposo durante varios días.
Relata que, tras comprobar la relación extramarital de su pareja sentimental, la imputada Daneri Antonia Pérez Espinal instruyó a su sobrino, Fabricio Antonio Báez Pérez, para darle muerte a Rodríguez Paula.
El expediente indica que la señora le proporcionó a su pariente los medios económicos para materializar la acción criminal.
Depositó tres millones de pesos
El Ministerio Público señala que Pérez Espinal depositó en una cuenta de banco de su familiar tres millones doscientos treinta mil pesos.
De dicho monto, Fabricio le habría pagado RD$250 mil a Joan Giancarlos Acosta, conocido como «Café», para cometer el hecho.
Las autoridades identificaron al presunto pistolero al darle seguimiento, mediante las cámaras de seguridad que están instaladas en los alrededores de la escena del crimen, en Tamboril, hasta la zona Sur de Santiago, lugar donde se dirigió después del ataque a tiros.
Apresamiento de la acusada
El arresto de Daneri Antonia Pérez Espinal se produjo el 11 de abril pasado al salir del Primer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago, donde era presentado el presunto sicario que mató a su esposo. Varios días después, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente dispuso en su contra arresto domiciliario.
Mientras que Fabricio Antonio Pérez cumple prisión preventiva por el caso.
Pruebas del Ministerio Público
El Ministerio Público asegura que cuenta con suficientes pruebas documentales y testimoniales que comprometen penalmente a los tres imputados.
En el documento acusatorio señala que tienen el comprobante del depósito millonario que hizo Daneri Antonia Pérez Espinal a su familiar.
Además, cuenta con las declaraciones del sobrino en que supuestamente confiesa la participación de cada uno de los tres procesados.
A «Café» le ocuparon una motocicleta marca Gato, modelo CG-200, chasis LRPRPLV04KA201035, color rojo, la cual utilizó para desplazarse cuando alegadamente ejecutó el acto.
Calificación jurídicaEl Ministerio Publico otorgó la calificación jurídica provisional por violación de los tipos penales descritos en los artículos 265, 266,295, 296, 297 y 302 del Código Penal, consistente en asociación de malhechores y asesinato en perjuicio de la víctima Julio César Rodríguez Paula.
El hecho
El hoy fallecido Julio César Rodríguez Paula y su esposa fueron atacados a tiros por un hombre desde una motocicleta, cuando la pareja viajaba a bordo de una yipeta Honda CRV, blanca, por la calle Palmar de Canca La Piedra, en el municipio Tamboril, de la provincia Santiago. La hoy imputada resultó herida de bala durante el ataque.
Santo Domingo, R.D.-Una supuesta red criminal que se dedicaba a ingresar al país a través de la franja norte de la frontera a haitianos que pagaban entre 8 y 17 mil pesos para esos fines fue desmantelada en Santiago por las autoridades.
Así lo establece la acusación presentada en contra de nueve personas vinculadas a la alegada estructura, integrada por José Andrés Cabrera Francisco (Jairo), Enmanuel Jiménez González (Jhon Manuel), Carlos Bladimir Cuevas Peña (Carlos Pistola), Ricardo Francisco Martínez González (Ricardito), Freddy Esmeraldo Gómez, Ramona Salvadora Tapia Flores, Jeffrey Alberto Felipe Acevedo, Olga Acevedo Capellán, y Griselvis Miguelina Parra Hernández.
Contra el grupo la fiscalía y la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas solicita a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago que imponga prisión preventiva y que declare de tramitación compleja el proceso.
El órgano acusador establece que esta organización transnacional traficaba, especialmente con ciudadanos haitianos, para lo cual utilizaban las vías terrestres a través de la frontera Norte del país con la vecina nación.
Apresan en República Dominicana a miembro de una de las bandas más peligrosas de Haití
Indica que asentaban a los indocumentados en diferentes puntos de la provincia Santiago.
Durante la investigación las autoridades identificaron la ruta que la red utilizaba para emplearse en el trasiego de personas en condición de irregularidad.
Detalla, la solicitud de medidas de coerción, que la organización empleaba distintas maniobras para cruzar, vía terrestre, desde Haití hasta Dajabón, a personas indocumentadas. Indica que, más tarde, trasladaban a estos indocumentados hasta Valverde y sus diferentes distritos «para luego continuar hacia el municipio de Navarrete, en Santiago, siendo recibidos los extranjeros en condición migratoria irregular, por la estructura, para luego sus integrantes encargarse de colocarlos en sus centros de acopios, tales como: casas, cuarterías y terrenos baldíos».
Contra Cuevas Peña se presentaron cargos por violentar los artículos 2, 47, letras C, D, E y H, de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; artículo 2, numeral 11; 3, letras A, B y C, de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.