Santo Domingo, RD.-El proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos, se estancó en la Cámara de Diputados, donde ha perimido, después de ser aprobado varias veces en el Senado de la República.Nacionales
El Congreso tiene bloqueado proyecto de ley extinción de dominio
Esta pieza de ley sobre extinción de dominio se estancó en la Cámara de Diputados, donde ha perimido, después de ser aprobado varias veces en el Senado.
Santo Domingo, RD.-El proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos, se estancó en la Cámara de Diputados, donde ha perimido, después de ser aprobado varias veces en el Senado de la República.La pieza legislativa lleva en discusión alrededor de 7 años. Constituye una de las leyes complementarias que manda la constitución promulgada en el 2010.
La constitución dispone, en el artículo 51, numeral 6, que “La ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico”.
El proyecto define la extinción del dominio o de la propiedad como la pérdida de un bien mediante sentencia irrevocable, a consecuencia de su ilicitud, cuando el afectado no logre probar su procedencia lícita, su actuación de buena fe o está impedido para conocer su utilización u origen ilegal. Señala que procede sobre cualquier bien, independientemente de quien ostente su posesión o lo haya adquirido.
Será autónoma, es decir, distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal, civil, administrativa, según consta en la propuesta legislativa.
Decisión en lo penal
“La absolución del afectado en el proceso penal o la no aplicación de la pena de confiscación de los bienes, la ausencia de procesos penales o de cualquier otro género, así como el cumplimiento de las obligaciones tributarias o administrativas, no prejuzga respecto de la legitimidad de ningún bien y, por tanto, los mismos pueden ser objeto de la acción de extinción de dominio, aun cuando haya recaído decisión previa en lo penal, administrativo o cualquier otra índole”, se plantea en el proyecto de ley.
El juicio para el decomiso civil sería conocido por tribunales especializados que se sugieren crear, con categoría de corte de apelación. Y el sometimiento de la acción judicial será competencia del ministerio público, que actuaría en nombre del Estado dominicano.
En pleno estancamiento
El exsenador Adriano Sánchez Roa, uno de los autores del proyecto, indicó que fue aprobado en tres ocasiones en el Senado, pero que siempre perimió en la Cámara de Diputados. Dijo que fue trabajado desde el 2014.
Destacó que fue consensuado con todos los sectores, entre ellos autoridades, sociedad civil y los organismos internacionales.
“Este proyecto y la ley de Lavados de Activos y contraterrorismo, son las mejores armas contra el narco y la corrupción en general”, afirma.
Repaldo de EE.UU al país
El pasado miércoles, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en República Dominicana, Robert Thomas, dijo que su país desea trabajar con el gobierno dominicano en el avance de los esfuerzos legislativos para crear un sistema de extinción de dominio, que permita recuperar los bienes y riquezas que los criminales y funcionarios corruptos han robado al Estado y al pueblo. “Sé que esto es una prioridad de ustedes y después de varios intentos fallidos en el pasado creemos que la aprobación de esta legislación podría ser un logro importante para el pueblo dominicano y apoyaremos los esfuerzos de su gobierno para desarrollar esta importante herramienta”, indicó Thomas durante una reunión en el Palacio Nacional.
HECHOS Y PASOS
Bienes a enjuiciar
De aprobarse el proyecto, serían enjuiciados los bienes producto, instrumento u objeto material de actividades ilícitas, los de origen lícito para ocultar patrimonio de procedencia ilícita, los que constituyan incremento patrimonial injustificado y los utilizados para cometer delitos por un tercero.
Lavado, fraude
Igual, los de condenados en el exterior por narcotráfico, lavado de dinero, fraudes contra el Estado o delincuencia organizada, si no son reclamados por otros países; bienes en un proceso penal donde no se haya identificado al imputado; los heredados que hayan entrado en patrimonio del de cujus de manera ilícita; bienes, frutos, productos o ganancias de venta de otros con origen en actividades ilícitas.
Santo Domingo, R.D.-Miembros del Ministerio Público y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a dos hombres vinculados al decomiso de 42 kilos de cocaína en el aeropuerto Internacional de París-Charles de Gaulle, en 2022.
Se trata del ex agente de la DNCD, Yohansy Quezada Mejía, y el ex miembro del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeropuertuaria (Cesac), Jorge Manuel Lebrón Aquino, quienes fueron arrestados mediante las ordenes número 973-2024-EMES-10892 y 973-2024-EMES-10892, respectivamente.
Según la investigación, ambos se encontraban de servicio. Fue el pasado 8 de noviembre de 2022 y en una de las máquinas de rayos X, del aeropuerto Internacional de las Américas, un ciudadano español logró salir del país con el alijo introducido en dos maletas.
Posteriormente, el extranjero Aurelio Coca Parra fue arrestado al llegar al aeropuerto de Francia, iniciando de inmediato una investigación que permitió arrestar a los ex miembros de los organismos de seguridad de puesto en la terminal de las Américas.
El Ministerio Público y la DNCD mantienen abierta una investigación para determinar si hay otros involucrados en el caso, para apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia”
Mientras que los detenidos, acusados de narcotráfico internacional de drogas, fueron entregados a la Jurisdicción de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo para los fines correspondientes.
Santo Domingo, (EFE).- El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este y Norte condenó a la pena máxima de 30 años de prisión a dos hermanos por matar a un hombre y provocar heridas a otros dos, en un hecho ocurrido en 2023 en el sector Villa Esfuerzo de El Almirante.
Los condenados, Cristofer Edwin Pérez Moquete, alias Liru, y Tommy Brayan Pérez Moquete, alias Chino, asesinaron a José Alberto Ortiz Jiménez y provocaron heridas a Handel Alcalá Rincón y Luis Adolfo Rincón Mercedes.
Según la investigación, todo ocurrió el 1 de mayo de 2023, cuando Ortiz Jiménez se encontraba en una discoteca e inició una discusión con Cristofer Edwin, que atacó a la víctima con un casco de botella y le provocó una herida profunda en el cuello lateral derecho.
Ortiz Jiménez fue socorrido por Alcalá Rincón y Rincón Mercedes, que cuando lo transportaban en dirección a un centro médico fueron embestidos por un vehículo que conducía Tommy Brayan junto a su hermano Cristofer Edwin, lo que provocó la muerte de la víctima y lesiones a sus dos acompañantes.
Las condenas serán cumplidas en la Penitenciaría Nacional de La Victoria y en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Monte Plata. EFE
Santo Domingo, R.D.- Nuevos registradores de títulos fueron seleccionados y juramentados por el Registro Inmobiliario (RI) en diferentes jurisdicciones del pais, con lo que se busca optimizar las operaciones inmobiliarias y fortalecer las garantías que brinda el Estado a los derechos reales y la capacidad de respuesta del sistema.
Los juramentados son Joselin B. Vásquez Morel, Carmen D. Alcántara P., y Edward X. Placencio Guzmán, titulares para los registros de títulos de Santo Domingo, Cotuí y Mao, respectivamente.
También se juramentó a Raysa Tejeda Carvajal, Claudio Coronado, José Frías Goris y Janny E. De Los Santos Concet, registradores adscritos para Santo Domingo, Santiago, Distrito Nacional y Baní, según una comunicación de prensa del Poder Judicial.
Durante la juramentación, Indhira del Rosario Luna, directora nacional de Registro de Títulos, resaltó la importancia de preservar la empatía y la capacidad de asombro frente a las necesidades de los ciudadanos, cualidades fundamentales para ejercer la función con sensibilidad y compromiso.
Dijo que la posición de registrador de títulos no solo representa un poder de cambio en la vida de cada ciudadano, sino también una responsabilidad que impacta directamente en el acceso a la propiedad y en el desarrollo económico del país.