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El Congreso tiene bloqueado proyecto de ley extinción de dominio

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Esta pieza de ley sobre extinción de dominio se estancó en la Cámara de Diputados, donde ha perimido, después de ser aprobado varias veces en el Senado.

Santo Domingo, RD.-El proyecto de ley sobre juicios de extinción de do­minio para el decomiso civil de bienes ilícitos, se estancó en la Cámara de Diputados, donde ha peri­mido, después de ser apro­bado varias veces en el Se­nado de la República.

La pieza legislativa lleva en discusión alrededor de 7 años. Constituye una de las leyes complementarias que manda la constitución promulgada en el 2010.

La constitución dispone, en el artículo 51, numeral 6, que “La ley establecerá el régimen de administra­ción y disposición de bie­nes incautados y aban­donados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, pre­vistos en el ordenamiento jurídico”.

El proyecto define la ex­tinción del dominio o de la propiedad como la pér­dida de un bien median­te sentencia irrevocable, a consecuencia de su ilici­tud, cuando el afectado no logre probar su proceden­cia lícita, su actuación de buena fe o está impedido para conocer su utilización u origen ilegal. Señala que procede sobre cualquier bien, independientemen­te de quien ostente su pose­sión o lo haya adquirido.

La prescripción para la acción civil sería de 30 años. Se ejercerá contra los bienes ilícitos por su natura­leza, origen o destino, y no contra ninguna persona en particular.

Será autónoma, es decir, distinta e independiente de cualquier otra de naturale­za penal, civil, administrati­va, según consta en la pro­puesta legislativa.

Decisión en lo penal
“La absolución del afecta­do en el proceso penal o la no aplicación de la pena de confiscación de los bienes, la ausencia de procesos pe­nales o de cualquier otro gé­nero, así como el cumpli­miento de las obligaciones tributarias o administrati­vas, no prejuzga respecto de la legitimidad de ningún bien y, por tanto, los mis­mos pueden ser objeto de la acción de extinción de dominio, aun cuando ha­ya recaído decisión previa en lo penal, administrativo o cualquier otra índole”, se plantea en el proyecto de ley.

El juicio para el decomiso ci­vil sería conocido por tribu­nales especializados que se sugieren crear, con catego­ría de corte de apelación. Y el sometimiento de la ac­ción judicial será compe­tencia del ministerio públi­co, que actuaría en nombre del Estado dominicano.

En pleno estancamiento
El exsenador Adriano Sán­chez Roa, uno de los auto­res del proyecto, indicó que fue aprobado en tres oca­siones en el Senado, pero que siempre perimió en la Cámara de Diputados. Dijo que fue trabajado desde el 2014.

Destacó que fue consensua­do con todos los sectores, entre ellos autoridades, so­ciedad civil y los organis­mos internacionales.

“Este proyecto y la ley de Lavados de Activos y con­traterrorismo, son las me­jores armas contra el narco y la corrupción en general”, afirma.

Repaldo de EE.UU al país
El pasado miércoles, el en­cargado de negocios de la embajada de Estados Uni­dos en República Domini­cana, Robert Thomas, dijo que su país desea traba­jar con el gobierno domi­nicano en el avance de los esfuerzos legislativos para crear un sistema de extin­ción de dominio, que per­mita recuperar los bienes y riquezas que los crimina­les y funcionarios corrup­tos han robado al Estado y al pueblo. “Sé que esto es una prioridad de ustedes y después de varios intentos fallidos en el pasado cree­mos que la aprobación de esta legislación podría ser un logro importante para el pueblo dominicano y apo­yaremos los esfuerzos de su gobierno para desarrollar esta importante herramien­ta”, indicó Thomas duran­te una reunión en el Palacio Nacional.

HECHOS Y PASOS
Bienes a enjuiciar

De aprobarse el proyec­to, serían enjuiciados los bienes producto, instru­mento u objeto material de actividades ilícitas, los de origen lícito pa­ra ocultar patrimonio de procedencia ilícita, los que constituyan incre­mento patrimonial in­justificado y los utiliza­dos para cometer delitos por un tercero.

Lavado, fraude
Igual, los de condenados en el exterior por nar­cotráfico, lavado de di­nero, fraudes contra el Estado o delincuencia organizada, si no son re­clamados por otros paí­ses; bienes en un pro­ceso penal donde no se haya identificado al im­putado; los heredados que hayan entrado en patrimonio del de cujus de manera ilícita; bie­nes, frutos, productos o ganancias de venta de otros con origen en acti­vidades ilícitas.

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Abinader tras violación de la Constitución se autocalifica como un presidente del centro y socialdemócrata.

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Santo Domingo, R.D.-Tras la promulgación de una ley que viola la Constitución para buscar eliminar las candidaturas independientes, el presidente Luis Abinader aseguró que se ha guiado —y que pretende seguir guiándose— por una visión de “centro” en su gestión, al tiempo que defendió un modelo que combina desarrollo económico, impulso a la inversión privada y políticas sociales orientadas a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida.

Abinader habló durante un conversatorio de Café Político con estudiantes de la PUCMM, donde fue consultado directamente sobre la “filosofía política” que ha orientado “estos primeros seis años de gobierno” y la que guiaría “los últimos dos años” restantes.

“Es tan difícil ahora catalogarse, o ponerse o colocarse en una línea política, y especialmente en el caso nuestro”, respondió el mandatario, antes de referirse a la manera en que distintos sectores han intentado encasillar a su administración. Según explicó, a su gobierno lo han descrito en distintas ocasiones como “de derecha”, “de centro”, “de izquierda”, e incluso bajo fórmulas intermedias. “A mí me han puesto a veces ‘Gobierno de centro izquierda’, a veces ‘Gobierno de centro’ y a veces ‘Gobierno de centro derecha’. Yo he visto las tres categorías”, afirmó.

Sin embargo, Abinader buscó cerrar el debate con una definición propia: “Nosotros somos un Gobierno de centro”.

Para explicar esa ubicación, el presidente apeló a una referencia internacional: la socialdemocracia europea, particularmente en los países nórdicos y Alemania. En ese marco, sostuvo que se trata de una corriente que “cree en el desarrollo económico”, “cree en la inversión privada” y también entiende que “hay que fortalecer la inversión privada”. A la vez, subrayó que ese crecimiento debe ir acompañado de “una mejoría y una base social” que garantice un camino “hacia la eliminación y la disminución de la pobreza” y hacia la “mejoría de la calidad de vida”.

“Exactamente eso es lo que nosotros hemos conseguido en estos seis años”, dijo, al reivindicar los resultados de su gobierno bajo esa lógica de equilibrio entre dinamismo económico y políticas sociales. No ofreció cifras ni detalles de programas en su respuesta, pero insistió en que la orientación general de la gestión ha sido consistente con ese enfoque.

El mandatario también enmarcó su planteo en un período que describió como particularmente adverso por el contexto internacional. Recordó que llegó al poder “en el medio de la crisis del COVID” y que, cuando el país comenzaba a salir de la pandemia, sobrevino la “crisis de Ucrania”. “Y ahora ya ustedes saben…”, añadió, en alusión a un escenario global que —según su relato— ha continuado sumando presiones.

En un giro coloquial, Abinader resumió la sensación de gobernar en medio de crisis encadenadas con una frase que provocó reacción en el auditorio: “A veces yo digo: ‘Dame, échame algo bendito… A ver si tenemos más suerte’”. Acto seguido, insistió en que esos desafíos han sido parte del terreno que su administración ha tenido que enfrentar.

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Presidente de la SCJ insiste en los supuestos avances en la justicia dominicana.

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Santo Domingo, R.D.-Como una forma de cuidarse en salud en  virtud de que se le vence su tiempo en el cargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial destacó los supuestos avances en la justicia dominicana en los últimos años, logros que, afirmó, son «frutos de una obra colectiva» de todos los sectores políticos y sociales.

Durante el acto de apertura de la Conferencia del Poder Judicial 2026, Molina subrayó que estos progresos han sido reconocidos tanto por indicadores nacionales como por estudios internacionales, al tiempo que exhortó a preservar estas conquistas y evitar cualquier retroceso.

Entre los principales logros resaltó una mayor confianza, la eliminación de la mora en la Suprema Corte de Justicia, que incluye una transformación del recurso de casación, que —según explicó— dejó de ser un mecanismo que retrasaba derechos, reduciendo su tiempo de tramitación de 107 a 27 días.

«Así que ahora nadie puede decirme que un expediente se pierde o se queda en una gaveta»Henry MolinaPresidente de la SCJ y del Consejo del Poder Judicial

Sostuvo que el acceso digital permite a más de 33 mil abogados y ciudadanos acceder gratuitamente a sus casos sin traslados y sin intermediarios, asistir a audiencias virtuales, en los procesos civiles, y consultar sus expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero.

«La confianza se gana, se construye con resultados, se sostiene con coherencia y se pierde cuando se detiene la transformación. ¿Y ustedes saben por qué? Porque lo que está en juego es el desempeño del sistema y con ello la confianza de la gente»Henry MolinaPresidente de la SCJ
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El presidente de la República, Luis Abinader, conversa con los de la Cámara de Diputados y del Senado, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos. 

En la actividad de inauguración de la conferencia participaron el presidente de la República, Luis Abinader, así como los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, junto a representantes del sector empresarial, la judicatura y diversas instituciones nacionales e internacionales vinculadas al ámbito jurídico.

Molina, quien cumplió el periodo de siete años como presidente de la SCJ y será sometido a evaluación próximamente por el Consejo Nacional de la Magistratura, expuso que el Poder Judicial ha procurado moverse al mismo ritmo que lo ha hecho el crecimiento económico en los últimos treinta años y que para lograrlo se crearon tres objetivos concretos.

En ese sentido, aseveró que la conferencia constituye el espacio rector del Plan de Justicia del Futuro 20-34 para revisar los avances y “corregir el rumbo cuando la circunstancia lo aconseja”, as í como renovar compromisos y voluntades.

La conferencia se desarrollará desde este jueves 9 de abril hasta el sábado 11.

El acto inaugural también contó con la participación del expresidente de la República Leonel Fernández; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; los legisladores Omar Fernández y Tobías Crespo, y la jueza Nancy Salcedo, integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.

Asimismo, los expresidentes de la SCJ, Jorge Subero Isa y Mariano Germán.

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Infografía
El presidente de la República, Luis Abinader, y el de la Suprema Corte, Henry Molina, entregan un reconocimiento a la jueza Olga Herrera Carbuccia.

En la inauguración de la Conferencia de Justicia 2026, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el de la República, Henry Molina y Luis Abinader, entregaron un reconocimiento a la magistrada Olga Herrera Carbuccia por su papel en la creación y consolidación de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo.

“Constituyó un ejemplo de gestión judicial al convertir una idea en una institución organizada, eficiente y referente en materia penal, aún en contextos desafiantes”, se dijo al momento de hacérsele entrega a la placa con la que se le reconoció su labor.

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Aumento sueldos en Camara de Cuentas sería otra violación a la Constitución.

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Santo Domingo, R.D.-En medio de una serie de interrogantes tras la circulación de una resolución que plantea un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, abrió dudas sobre si el órgano se aprobó un incremento salarial en violacion de la Constitución de la República.

Sin embargo, una fuente de la institución negó la veracidad del documento que circula en medios de comunicación bajo el número de resolución ADM-2026-017, y dijo que la realidad es que hubo un aumento de salarios a los empleados que no excluye a los miembros del pleno de la institución.

A pesar de que en la página web de la Cámara de Cuentas están publicadas resoluciones con números posteriores, mas no la señalada.

El documento en cuestión corresponde a la resolución número ADM-2026-017, fechada el 13 de marzo de 2026. En su contenido se establece la modificación del «Manual unificado de políticas de compensación, derechos y beneficios del servidor público de la Cámara de Cuentas«.

El texto en debate indica un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno, bajo el argumento de reconocer «dedicación exclusiva y jornadas extraordinarias». También plantea que la medida tendría carácter retroactivo a febrero de 2026.

De aplicarse, el incremento impactaría directamente a los actuales integrantes del órgano. Según los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, la presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, mientras que el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.

De ser veraz la resolución, la disposición entra en conflicto con el artículo 140 de la Constitución, que regula los aumentos de remuneraciones en el sector público.

El texto establece: «Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados».

Al tratarse de un aumento aprobado por los propios miembros para su período vigente, la resolución podría ser objeto de cuestionamientos de constitucionalidad. La Constitución también establece que el incumplimiento de esta disposición será sancionado conforme a la ley.

De acuerdo con los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, los miembros del pleno reciben las siguientes remuneraciones:

La presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.

Con el nuevo esquema, las compensaciones podrían aumentar en más de 211,000 pesos mensuales en el caso de la presidencia y en alrededor de 189,000 pesos para los demás miembros, dependiendo de la aplicación del tope del 50 %.

La resolución también elimina el bono por antigüedad y suspende el bono vacacional. La medida se sustenta en que estos beneficios no estaban vinculados a criterios de desempeño o productividad institucional.

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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