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El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU dará un informe sobre la República Dominicana
SANTO DOMINGO. Será este viernes que el Consejo de los DerechosHumanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitirá su informe en relación a la presentación que hizo el país el miércoles sobre la regularización migratoria, motivada principalmente sobre la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que trazó pautas sobre la nacionalidad dominicana, y cuya interpretación mantiene al país en la opinión pública internacional desde septiembre pasado.
Así lo informa la ONU, en el sumario que colgó en su sitio web (http://webtv. un.org) sobre lasesión de trabajo del pasado miércoles, en la que participaron 49 estados, 19 en condición de miembros, y 30 como observadores.
Si bien, la mayoría de los Estados acogen como buenas las medidas adoptadas por el país desde 2010, para mejorar la situación de los derechos humanos, en sus recomendaciones hicieron énfasis, en que se respete el derecho a la nacionalidad de toda persona nacida en el país, en alusión a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, que a percepción de los participantes, dejaría apátridas a miles de descendientes de haitianos.
«Adoptar medidas urgentes para garantizar el pleno respeto del derecho a una nacionalidad, a poner en práctica un proceso de regularización para evitar la privación discriminatoria de nacionalidad, y buscar asesoramiento técnico con el ACNUR (Alto Comisionado de lasNaciones Unidas para los Refugiados), para identificar y prevenir la apatridia, y proteger a los apátridas», dice el documento preliminar.
De los países de habla hispana, España fue uno de los más críticos. En la voz de su delegado, Vicente Cacho, recomendó al país «que evite la aplicación retroactiva de las normas que podrían derivarse de la ejecución de la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, y que podría crear situaciones de apatridia de ciudadanos que ostenten la nacionalidad dominicana». Como colofón agregó que su país mantiene dudas sobre este tema, en alusión a las garantías que da República Dominicana de que no habrá violación de derechos humanos.
«España recomienda la aplicación rápida y no discriminatoria del plan de regulación de extranjeros y que la República Dominicana considere a los efectos, las recomendaciones formuladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras su visita el pasado seis de diciembre», dijo Cacho.
De su lado, Trinidad y Tobago, uno de los primeros países en rechazar la sentencia, sugirió que «la República Dominicana debe tomar acciones políticas, legislativas, judiciales y administrativas para urgentemente desestimar el problema humanitario creado por la decisión del Tribunal Constitucional».
Otras recomendaciones
Los Estados participantes en la reunión recomendaron además a RD fortalecer el marco jurídico nacional para la protección de mujeres y niñas de la violencia doméstica y de género, y adoptar medidas eficaces para eliminar los casos de feminicidio; investigar los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad; tomar medidas para desarrollar el Defensor del Pueblo en una institución independiente de derechos humanos; intensificar los esfuerzos para combatir la trata de personas; hacer esfuerzos para despenalizar el aborto y asegurar que las mujeres y las niñas que buscan y profesionales de la salud no estén sujetas a sanciones penales; y fortalecer los esfuerzos y poner en práctica políticas para combatir la discriminación contra las personas LGBT (gays, bisexuales, lesbianas y transexuales).
Países que participaron
Además de España y Trinidad y Tobago, en la sección tomaron turnos Marruecos, Chile, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Noruega, Holanda, Francia, Filipinas, Vietnam, Alemana, Egipto, Indonesia, Irak, Irlanda, Italia, Jamaica, Somalia, Malasia, México, Estonia, Irlanda, Corea, Cuba, Brasil, Bolivia, Bélgica, Australia, Argentina, Argelia, Angola, Uruguay, Ucrania, Turquía, Suiza, Eslovenia, Singapur, Guatemala y Portugal.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.