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Autoridades de EE.UU. en sus encuentros con el MP y la DNCD en el pais en 2025
Santo Domingo, R.D.-Durante los últimos días la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, recibió en su despacho la visita de la embajadora de los Estados Unidos, Leah Francis Campos, cuyo encuentro significó varias las reuniones que la funcionaria de la PGR ha tenido, al menos públicas, con miembros del cuerpo diplomático estadounidense en el país.
Estos eventos marcan el 2025 como un año de fortalecimiento de la seguridad hemisférica, con República Dominicana y Estados Unidos como aliados. Al menos así se repite en los discursos de cada visita: “un esfuerzo conjunto entre nuestros dos países contra el narcotráfico y el narcoterrorismo”, entre otros delitos.
El más reciente de los encuentros se anunció el pasado 21 de diciembre, pero ya el 14 de noviembre la Procuraduría General de la República (PGR) había publicado en su sala de prensa en línea la visita de una misión de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), encabezada por el principal administrador adjunto de ese organismo, Daniel Salter.
En esa ocasión, Salter reconoció al país como un modelo de cooperación y reafirmó el compromiso de Estados Unidos de mantener esos lazos, con el fin de desmantelar redes de narcotráfico y tramitar ante los tribunales a los responsables de articularlas.
La mayoría de estos encuentros fueron para conversar sobre colaboraciones en materia de seguridad entre ambos países y la posibilidad de otorgar a las autoridades dominicanas capacitaciones especiales y el acceso a equipamiento de última generación para hacer más eficiente la lucha contra el crimen organizado.
Esas capacitaciones son, por otro lado, los encuentros que predominan entre autoridades estadounidenses y la institución que controla y dirige el sistema de inteligencia nacional antidrogas. Asimismo, destacan las operaciones de interdicción conjunta en la lucha contra el narcotráfico.
El 11 de noviembre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) inició el diplomado “Análisis Estratégico para el Control del Narcomenudeo y sus Manifestaciones Asociadas” para 22 agentes, bajo el auspicio y coordinación de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de América.
Además, según registros periodísticos, el 31 de agosto el presidente de la DNCD, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, se reunió con el Administrador para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, Terry Cole, durante la celebración de la 39ª Conferencia Internacional de Control de Drogas (IDEC XXXIX). Allí, ambos acordaron seguir ampliando el intercambio de información y las operaciones de interdicción en contra del tráfico ilícito de sustancias narcóticas en la región del Caribe.
Incluso, a mediados de agosto, el titular del organismo antinarcóticos participó como orador invitado en la graduación del Centro de Entrenamiento de la DEA en Quantico, Virginia.
Con anuncios, reuniones estratégicas y acuerdos, otros encuentros relevantes que se suman al recuento son la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el pasado 26 de noviembre, así como también la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, en febrero de este año.
Asimismo, el pasado 24 de noviembre, una delegación bipartidista de ocho legisladores estadounidenses realizó una visita de dos días a la República Dominicana. La agenda incluyó reuniones con altos funcionarios del Gobierno dominicano para discutir temas de seguridad regional, esfuerzos para combatir el narcotráfico y oportunidades económicas para ambas naciones.
Previamente, el 23 de agosto, una delegación de alto nivel del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca (NSC por sus siglas en inglés) una visita oficial de cuatro días al país.
La visita incluyó encuentros con el canciller Roberto Álvarez; el ministro de Industria y Comercio, Víctor “Ito” Bisonó; el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; y con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre.
Mientras que el 7 de agosto se recibió la visita del entonces comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, almirante Alvin Holsey. El fin del encuentro estuvo en fortalecer los lazos de cooperación en materia de defensa y seguridad con altos funcionarios del país.
Nacionales
RD tiene 14 fallas sísmicas activas, advierte la Defensa Civil y llama a la poblacion a estar alerta.
Santo Domingo.- Las alarmas se han encendido en la República Dominicana a propósito del movimiento telúrico de magnitud 5.0 registrado al sur de La Romana, sumado a los recientes fuertes terremotos en Venezuela.
El director de la Defensa Civil, Juan Salas, reiteró este viernes que el país “vive en una zona sísmicamente activa” y recordó que existen al menos 14 fallas sísmicas que pueden activarse en cualquier momento, por lo que la preparación ciudadana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Salas insistió en que la población debe mantenerse informada, organizada y lista para responder ante un evento súbito, al tiempo que anunció que el organismo cuenta con una nueva herramienta técnica para ofrecer respuestas más rápidas ante emergencias.
En medio del contexto regional, el titular de la Defensa Civil advirtió sobre la vulnerabilidad del país.
“Una brigada de técnicos dominicanos está trabajando en esta dirección… lo ocurrido en Venezuela, país con una placa tectónica similar a la nuestra, nos llama a mantenernos atentos. Somos un país con 14 fallas que pudieran activarse en cualquier momento”, expresó Juan Salas.
Además, explicó que el equipo técnico realiza demostraciones constantes sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo, destacando tres acciones esenciales:
- Mantener la calma
- Identificar salidas seguras
- Seguir un comportamiento correcto en medio de la emergencia.
Durante la jornada informativa también intervino el subdirector de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, quien detalló los protocolos básicos que debe seguir la población en caso de un sismo.
“Antes de un sismo hay que capacitarse, hacer un plan familiar y comunitario de emergencia para saber qué hacer antes, durante y después”, explicó.
Rodríguez enfatizó el uso del silbato como herramienta de rescate, especialmente en casos de colapso estructural.
“El silbato sirve para que, si quedamos atrapados, podamos emitir sonido y los equipos de rescate nos localicen. Si no hay silbato, se puede golpear metal o piedras para ser ubicados”, señaló.
También indicó que las unidades de rescate cuentan con equipos especializados como cámaras telescópicas con alcance de hasta 12 metros entre escombros, además de tecnología de ultrasonido para la localización de personas atrapadas.
En cuanto a la respuesta inmediata, fue enfático en la técnica básica que toda la población debe memorizar:
“Agáchate, cúbrete y protégete”, reiteró, explicando que durante el sismo las personas deben proteger la cabeza, adoptar posición segura y evitar correr de manera descontrolada.
Rodríguez explicó que el país comparte una compleja estructura tectónica en la isla, incluyendo fallas como la trinchera de los Muertos, ubicada al sur del territorio nacional, la cual ha sido históricamente responsable de eventos sísmicos en la región.
Recordó además el terremoto de Haití como un punto de reflexión para fortalecer la descentralización de los equipos de emergencia.
“Hoy contamos con equipos distribuidos en las nueve regiones del país. Si una región colapsa, otra puede brindar apoyo inmediato mientras llegan ayudas internacionales”, afirmó.
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) volvió a pronunciarse sobre un problema recurrente: la negativa de autoridades e instituciones a devolver bienes o recursos cuya retención ya no tiene sustento legal.
En una nueva sentencia, la alta corte ordenó al Banco Agrícola devolver ocho millones de pesos que permanecían retenidos pese a que habían cesado las medidas de coerción que dieron origen a la garantía económica.
La decisión se suma a otros fallos recientes del TC relacionados con la devolución de bienes y recursos vinculados a procesos judiciales, en los que el tribunal ha advertido que las autoridades no pueden mantener bajo su control dinero o propiedades cuando desaparece la causa legal que justificó la medida.
Posteriormente, el 3 de octubre de 2017, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana dictó un auto de no ha lugar y dispuso el cese de todas las medidas de coerción impuestas en ese proceso.
La entidad financiera alegó que la garantía estaba respaldada por un certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría Fiscal de La Romana y no a nombre de Michel, por lo que entendía que los fondos no podían ser entregados al reclamante. También sostuvo que este carecía de interés directo sobre esos valores y que la devolución podía afectar el patrimonio de la institución.
Ante la negativa, Michel presentó una acción de amparo alegando una vulneración de su derecho de propiedad. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió el recurso y, mediante una sentencia emitida en agosto de 2019, ordenó al Banco Agrícola devolver los fondos.
Los jueces verificaron que el dinero había sido aportado originalmente por Michel mediante un cheque de administración emitido por el Banco de Reservas y que esos recursos nunca fueron transferidos ni cedidos al imputado ni al Estado como propietarios de los fondos.
El TC concluyó que el certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría respondía al mecanismo utilizado para instrumentar la garantía judicial, pero no modificaba la titularidad del dinero.
«Resultaba jurídicamente improcedente la retención de los montos depositados», sostuvo el tribunal al confirmar la devolución de los 8 millones de pesos.
La alta corte recordó que el artículo 237 del Código Procesal Penal dispone que las garantías económicas deben cancelarse y los bienes afectados devolverse cuando cesa la medida que les dio origen.
Asimismo, reiteró un criterio fijado recientemente según el cual las personas que enfrenten la negativa de una autoridad a devolver bienes o valores cuya restitución sea obligatoria pueden recurrir al amparo de cumplimiento para exigir la ejecución de esa obligación legal.
Con esta decisión, el TC confirmó la devolución de los fondos reclamados por Michel y reafirmó que la retención de bienes o recursos no puede mantenerse cuando desaparece la causa legal que la justificaba.
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Los hermanos Espaillat van a juicio de fondo a la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
Santo Domingo, R.D.-Fue apoderada para conocer el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de su presunta responsabilidad en el colapso del techo del referido establecimiento, tragedia que dejó como resultado la muerte de 236 personas y más de 180 heridos, la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
El expediente fue asignado al tribunal, presidido por la magistrada Clara Luz Almonte, mediante el sistema de sorteo aleatorio computarizado de la presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, luego de que un juez determinara que debía seguir el proceso en un juicio de fondo.
Con este paso, la magistrada procederá próximamente a emitir el auto de fijación de audiencia para citar formalmente al Ministerio Público, a la defensa de los imputados y a las partes querellantes.
Tras un análisis exhaustivo del expediente, el magistrado tipificó los hechos como homicidio culposo o imprudente, rechazando la solicitud de un sector de las víctimas que buscaba que el caso fuera juzgado bajo la figura de homicidio voluntario.
Uno de los puntos relevantes de la decisión del juez Mejía es la exclusión del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones estatales del proceso penal.
El juez argumentó que, ante la conducta procesal demostrada por los imputados, quienes han mostrado arraigo y disposición de asistir voluntariamente a las audiencias, la prisión preventiva no resulta procedente, recordando que en el sistema constitucional dominicano la libertad es la regla y la prisión la excepción.
No obstante, en el ámbito civil, el tribunal dictó medidas de coerción reales contra los imputados, consistentes en la inmovilización de bienes y medidas conservatorias para garantizar la reparación del daño a las víctimas.
El tribunal confirmó que las evidencias, tanto documentales como materiales, fueron recabadas respetando los derechos fundamentales y ajustándose a los artículos 140, 173, 174 y 197 del Código Procesal Penal, así como a la Resolución 38-69 de la Suprema Corte de Justicia.