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Autoridades de EE.UU. en sus encuentros con el MP y la DNCD en el pais en 2025
Santo Domingo, R.D.-Durante los últimos días la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, recibió en su despacho la visita de la embajadora de los Estados Unidos, Leah Francis Campos, cuyo encuentro significó varias las reuniones que la funcionaria de la PGR ha tenido, al menos públicas, con miembros del cuerpo diplomático estadounidense en el país.
Estos eventos marcan el 2025 como un año de fortalecimiento de la seguridad hemisférica, con República Dominicana y Estados Unidos como aliados. Al menos así se repite en los discursos de cada visita: “un esfuerzo conjunto entre nuestros dos países contra el narcotráfico y el narcoterrorismo”, entre otros delitos.
El más reciente de los encuentros se anunció el pasado 21 de diciembre, pero ya el 14 de noviembre la Procuraduría General de la República (PGR) había publicado en su sala de prensa en línea la visita de una misión de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), encabezada por el principal administrador adjunto de ese organismo, Daniel Salter.
En esa ocasión, Salter reconoció al país como un modelo de cooperación y reafirmó el compromiso de Estados Unidos de mantener esos lazos, con el fin de desmantelar redes de narcotráfico y tramitar ante los tribunales a los responsables de articularlas.
La mayoría de estos encuentros fueron para conversar sobre colaboraciones en materia de seguridad entre ambos países y la posibilidad de otorgar a las autoridades dominicanas capacitaciones especiales y el acceso a equipamiento de última generación para hacer más eficiente la lucha contra el crimen organizado.
Esas capacitaciones son, por otro lado, los encuentros que predominan entre autoridades estadounidenses y la institución que controla y dirige el sistema de inteligencia nacional antidrogas. Asimismo, destacan las operaciones de interdicción conjunta en la lucha contra el narcotráfico.
El 11 de noviembre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) inició el diplomado “Análisis Estratégico para el Control del Narcomenudeo y sus Manifestaciones Asociadas” para 22 agentes, bajo el auspicio y coordinación de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de América.
Además, según registros periodísticos, el 31 de agosto el presidente de la DNCD, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, se reunió con el Administrador para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, Terry Cole, durante la celebración de la 39ª Conferencia Internacional de Control de Drogas (IDEC XXXIX). Allí, ambos acordaron seguir ampliando el intercambio de información y las operaciones de interdicción en contra del tráfico ilícito de sustancias narcóticas en la región del Caribe.
Incluso, a mediados de agosto, el titular del organismo antinarcóticos participó como orador invitado en la graduación del Centro de Entrenamiento de la DEA en Quantico, Virginia.
Con anuncios, reuniones estratégicas y acuerdos, otros encuentros relevantes que se suman al recuento son la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el pasado 26 de noviembre, así como también la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, en febrero de este año.
Asimismo, el pasado 24 de noviembre, una delegación bipartidista de ocho legisladores estadounidenses realizó una visita de dos días a la República Dominicana. La agenda incluyó reuniones con altos funcionarios del Gobierno dominicano para discutir temas de seguridad regional, esfuerzos para combatir el narcotráfico y oportunidades económicas para ambas naciones.
Previamente, el 23 de agosto, una delegación de alto nivel del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca (NSC por sus siglas en inglés) una visita oficial de cuatro días al país.
La visita incluyó encuentros con el canciller Roberto Álvarez; el ministro de Industria y Comercio, Víctor “Ito” Bisonó; el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; y con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre.
Mientras que el 7 de agosto se recibió la visita del entonces comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, almirante Alvin Holsey. El fin del encuentro estuvo en fortalecer los lazos de cooperación en materia de defensa y seguridad con altos funcionarios del país.
Santo Domingo, R.D.-Un procedimiento administrativo sancionador en contra la firma encuestadora ACD Media, SRL, ha iniciado la Junta Central Electoral (JCE) al formular un pliego inicial de cargos por la presunta publicación y difusión de encuestas con fines electorales fuera del período legalmente habilitado, en aplicación del reglamento aprobado por el organismo en mayo pasado, cuya medida abre un proceso contradictorio, pero no implica una declaración definitiva de responsabilidad.
La actuación fue dispuesta por la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales y Medidas Cautelares, luego de que el Pleno de la JCE la apoderara para investigar dos estudios de opinión atribuidos a ACD Media: una encuesta divulgada el 1 de junio y otra el 13 de julio de este año, ambas publicadas por Diario Libre.
Según el órgano electoral, los sondeos incluían mediciones sobre simpatía partidaria, intención de voto y preferencias presidenciales de cara a 2028, por lo que, de manera preliminar, poseen contenido político-electoral.
Los críticos del reglamento de la JCE, entre ellos la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), sostienen que el organismo fue más allá de ese marco legal al extender la prohibición hasta impedir la publicación de encuestas desde antes del inicio de la precampaña, una limitación que -afirman- no fue establecida por el Congreso en las leyes electorales. Esa es la cuestión que ahora deberá dilucidarse en la jurisdicción constitucional, luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) declinara conocer el fondo del caso y lo remitiera al Tribunal Constitucional.
La JCE sostiene que ambas publicaciones se realizaron después de la entrada en vigor del Reglamento sobre Encuestas, vigente desde el 22 de mayo de 2026, pero antes del inicio del período oficial de precampaña, durante el cual sí estaría permitida la difusión de este tipo de estudios. El artículo 13 de la normativa prohíbe expresamente la publicación de encuestas con fines electorales fuera de esos plazos y contempla como sanción principal la suspensión temporal del registro de la firma entre seis meses y un año; la cancelación definitiva solo procedería en caso de reincidencia.
El expediente enfatiza, sin embargo, que la imputación tiene carácter provisional. La JCE deberá determinar durante la instrucción el grado de participación de ACD Media en la elaboración, autorización y difusión de las encuestas, mientras la empresa dispondrá de 10 días calendario para presentar su defensa, pruebas y argumentos jurídicos.
La decisión se produce en medio de un intenso debate jurídico sobre la validez del reglamento. La Finjus sostuvo desde su aprobación que la JCE excedió las facultades que le confieren las leyes electorales al prohibir la publicación de encuestas antes de la precampaña. La entidad argumentó que la restricción carece de respaldo legal expreso y podría vulnerar derechos constitucionales como la libertad de empresa, la libertad de información y el acceso de la ciudadanía a datos de interés público.
Las objeciones no provinieron únicamente de ACD Media. También Participación Ciudadana presentó un recurso de reconsideración solicitando la revocación del artículo que establece la prohibición, al entender que contradice la legislación electoral vigente. Incluso la miembro titular de la JCE, Hirayda Marcella Fernández Guzmán, remitió una opinión sobre la constitucionalidad del reglamento.
Ante esos cuestionamientos, el Pleno de la JCE decidió sobreseer el conocimiento de los recursos de reconsideración hasta que el Tribunal Superior Electoral se pronunciara sobre las acciones de las que había sido apoderado, aunque el presidente del organismo, Román Jáquez Liranzo, aclaró posteriormente que esa decisión no suspendía la vigencia del reglamento.
El TSE, sin embargo, no conoció el fondo de la controversia. La mayoría del tribunal se declaró incompetente para decidir la impugnación y remitió el caso al Tribunal Constitucional, al entender que corresponde al control concentrado de constitucionalidad. Esa decisión también generó críticas de juristas y de Finjus, que sostuvieron que el TSE sí tenía competencia para examinar la legalidad del reglamento y advirtieron que trasladar automáticamente este tipo de controversias al Tribunal Constitucional altera el diseño institucional previsto por la Constitución.
Nacionales
Más de cien mil dólares deben tener de fianza dominicanos solicitantes de residencia a EU.
Santo Domingo, R.D.-Los dominicanos considerados como una carga pública por el cónsul que evalúe su caso tendrán que tener una fianza de más de 100 mil dólares, según un plan piloto anunciado por el Departamento de Estado (DOS por sus siglas en inglés), siendo la República Dominicana el primer pais escogido para aplicar la medida.
Los montos de las fianzas serán de seis cifras, una información que fue publicada por el medio Washington Free Beacon y que luego fue compartida por el Departamento de Estado junto a una imagen de Marco Rubio.
Las fianzas se están estimando entre los 100,000 y los 250,000 dólares, según el citado medio.
Diario Libre conversó con Natalia Molano, vocera en español del DOS, quien dijo que no hay un monto establecido, indicó que el mismo será determinado individualmente por el oficial consular tras evaluar las circunstancias particulares de cada caso, con base en la legislación migratoria vigente.
- Molano también explicó las razones por las cuales el país fue escogido para el inicio de este plan piloto que más adelante se extenderá a otros países.
«República Dominicana se escogió por el gran volumen y la escala de solicitudes de visa que maneja nuestra embajada en Santo Domingo. Es un programa piloto que se irá evaluando para determinar si se suman otros países o si se realizan modificaciones», explicó la funcionaria.
La portavoz explicó que el análisis sobre una posible carga pública comienza incluso antes de la entrevista consular.
Una vez que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aprueba la petición de residencia, el expediente es remitido al consulado con la información financiera presentada por el patrocinador mediante el affidavit de apoyo económico, documento obligatorio en este tipo de solicitudes.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia económica de 10 mil pesos umpuso el Juzgado de Atencion Permanente del Distrito Nacional a un hombre captado en video mientras conducia en via contraria por la avenida John F Kennedy luego de presudentamente robarse el vehiculo que manejaba en un dealer ubicado en el sector de Villas Agriocolas.
El magistrado Rigoberto Sena, dispuso además impedimento de salida del país y presentación periódica para el imputado, Eugenio Mauricio Álvarez, y ordenó su inmediata puesta en libertad.
La medida fue cuestionada por Juan Carlos de Jesús Rosario, propietario del vehículo, quien denunció la impunidad y el desamparo que sienten los ciudadanos trabajadores frente al sistema de justicia. El comerciante manifestó su indignación y frustración, ya que el hecho estuvo a punto de costarle la vida a uno de sus hijos.
«Ese negocio me ha costado sacrificio y humillación para tenerlo ahí, gracias a Dios y a mis hijos que me han ayudado. Por poco aplasta a mi hijo y al conductor vienen y lo sueltan con una medida de 10,000 pesos. ¿Quién me paga a mí los daños y mi dinero?», expresó con impotencia.
Según el expediente, el imputado sustrajo una guagua Nissan NV350 Rider del establecimiento Cristal de Jesús Autoimport y emprendió la huida conduciendo de manera temeraria por varias vías del Distrito Nacional.
Los videos del recorrido del vehículo, transitando en sentido contrario por la avenida John F. Kennedy, se viralizaron en redes sociales y generaron preocupación entre conductores y peatones.