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Consejo del Poder Judicial estremece Distrito Judicial de Santiago con remoción de jueces de primera instancia.

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Han sido muchos los casos que dejan claro de que el estado de derecho ha colapsado en el Distrito Judicial de Santiago, donde los tribunales evacuan sentencias en violación de las normativas jurídicas, con cuya practica los jueces se ponen también al margen de principios constitucionales, derechos fundamentales y convencionales.

En los últimos días uno de los magistrados removidos, que se desempeñaba como presidente de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de Santiago, Henrry Domínguez, quien, de acuerdo a lo que ha trascendido, fue enviado  a la Corte de Apelación de la misma jurisdicción, ha incurrido en una serie de violaciones a la ley, como por ejemplo, emitir un auto de designación de la Tercera Sala para que fije audiencia de un embargo que desde el mandato de los artículos 690 y 715 del Código de Procedimiento Civil  no existe, porque no cuenta con la inscripción en Registro de Títulos, lo cual representa una violación a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.

Este juez, que ha tenido una conducta muy cuestionada por fallar casos en violación de lo que disponen las leyes nacionales y los principios constitucionales de legalidad, igualdad, razonabilidad, entre otros, también incurre en las mismas distorsiones en el conocimiento de   recursos que están en el marco de su competencia, como son los referimientos, cuyas ordenanzas son una revelación de que este magistrado cae en prevaricación.

Hay una serie de casos en los que se puede comprobar que este magistrado no estatuye sobre las pruebas aportadas por las partes para justificar sus decisiones, las cuales constituyen una flagrante violación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, como bien lo ha establecido en una serie de sentencias el Tribunal Constitucional.

Igual situación se produce en otros tribunales de Santiago, cuyos titulares actúan en componenda  con el magistrado removido como si se tratara de una sociedad para actuar al margen de ley  entre aquellos que tienen la sagrada misión de procurar preservar los derechos de los ciudadanos y al propio tiempo de mejorar la democracia.

Entre los afectados con la disposición del Consejo del Poder Judicial están los jueces titulares de la Primera y la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de Santiago, cuyas remociones pueden proyectar la idea de un ascenso, pero en realidad se trata de una medida para despojar del tanto poder que acumulaban estos magistrados.

Para tener una idea de las irregularidades en que se ocurre en los tribunales civiles de Santiago, el magistrado removido de la Primera Sala interpretaba medalaganariamente el mandato de la ley y con esa práctica favorecía a una de las partes involucradas en un proceso que generaba, por ejemplo, una inscripción en falsedad incidental, cuya figura es regida por la normativa procesal establecido en los artículos 216 y 217 del Código de Procedimiento Civil.

Lo más grave de la situación descrita es que los abogados que ejercen en el Distrito Judicial de Santiago no se atreven a cuestionar la conducta de los mencionados magistrados, ya que podrían ser victimas de sentencias contrarias a los intereses de sus clientes.

Los atropellos son tantos en términos de la administración de justicia que son numerosos las sentencias que revelan el comportamiento de estos jueces, los cuales mantienen poses como si fueran verdaderos emperadores que se han atribuido la facultad de interpretar como les parezcan las normativas jurídicas.

De igual modo, desacatan las jurisprudencias sentadas por el Tribunal Constitucional y se sobreponen a la preocupación que en este sentido dejan sentir algunos actores del sistema de justicia en el Distrito Judicial de Santiago.

Si en los actuales momentos el Consejo del Poder Judicial sometiera al Distrito Judicial de Santiago a una inspección profunda no habría otro camino que intervenirlo o cerrarlo temporalmente en virtud de que los jueces han abandonado su responsabilidad de preservar el estado de derecho a través de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.

Hay tribunales a nivel de la jurisdicción inmobiliaria que llevan meses para conocer una recusación en contra de una juez de uno de los tribunales de la jurisdicción original que acogió un incidental en franca violación de un asunto elemental del derecho como es la jerarquía del ordenamiento jurídico.

Lo preocupante del caso es que la mala practica de violentar las normativas jurídicas y los principios constitucionales y los derechos fundamentales no sólo se produce en los tribunales de primera instancia del Distrito Judicial de Santiago, sino también en  la Corte de Apelación, cuya presidenta, magistrada Altagracia Uffre Rodríguez, acaba de emitir una sentencia o ordenanza en la que secuestró todas las pruebas aportadas por la parte recurrente y en la que sostiene que la  ratifica porque no puede llevarle la contraria a  la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial, a menos que no sea por razones de violación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, lo cual constituye un contrasentido que va incluso en contra de la misión de los tribunales de segunda instancia, pero que además el recurso de apelación está sustentado precisamente en esas alegaciones.

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Práctica política dominicana deja claro que legado de grandes líderes de últimas décadas ha servido poco para enderezar el país.

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Por Elba García

El pensamiento profundo de los tres grandes líderes nacionales de las últimas décadas parece que no ha surtido el efecto esperado y que su legado político prácticamente ha desaparecido al correr el tiempo, cuya memoria, a pesar de ser un recuerdo obligado, es como si no  hubieran existido, ya que su conducta, visión y propuestas de cambios reposan en el saco del olvido.

La República Dominicana era controlada y manejada políticamente en las décadas de los 70,80 y 90 por tres grandes líderes, uno casi siempre desde el poder y dos desde la oposición, hasta que los tres fallecieron y sus partidos, uno prácticamente ha desaparecido o se ha disminuido ostensiblemente y los otros dos han corrido la misma suerte a partir de que han combatido desde la oposición lo que después han practicado desde el control del Estado.

Joaquín Balaguer, José Francisco Pena Gómez y Juan Bosch, el primero fundador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el segundo continuador de una fuerza con gran arrastre popular como el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el tercero en el momento de su desaparición física fundador y líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Analistas políticos del país en más de una ocasión han dicho que la República Dominicana durará varios siglos para que surjan otros líderes de la categoría y la formación de estos tres referentes de la vida política nacional, los cuales tenían sus debilidades y también sus virtudes, cuyas últimas pesaban más que la primera.

Es tanto así que hay quienes piensan que la política ideológica desaparece en el país con la muerte de Balaguer, Peña y Bosch, lo que más que una expresión fría se trata de una verdad indiscutible, ya que después de la inexistencia de ellos la política partidaria se ha convertido en un verdadero mercado clientelar que ha creado un deterioro de la actividad que luce irrecuperable frente a la problemática nacional.

La crisis en este aspecto es tan notable que ya cualquiera se atreve a decir que quiere dirigir el país sin tener la más mínima formación como estadista, cuya tendencia toma mayor impulso a propósito de la desnaturalización de la vida político-partidista y por la llegado al control del Estado de personas que sólo han sido favorecidas por circunstancias muy especiales que se han presentado.

De los tres líderes que sirven de base a este trabajo interpretativo, el primero citado, Joaquín Balaguer,  se echó la vida en el poder, siempre  fiel a su pensamiento político conservador, aunque en términos del peor lastre nacional como lo es la corrupción administrativa, supo manejar el tema con una notable dualidad, ya que mientras decía que la misma se detenía en la puerta de su despacho, pero auspiciaba que algunos personajes de sus gobiernos se enriquecieran, aunque él de manera personal no lo hizo.

Los gobiernos de Balaguer, por lo menos durante sus primeros doce años en el poder, tuvieron un perfil de neo-dictadura, lo que se entendió como una expresión fiel con un régimen del que fue una ficha estelar durante una buena parte de su vida como lo fue la sanguinaria dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina e influyó en su visión sus vínculos familiares con Ulises Heureaux (LILIS), pero además hubo un asunto que tiene que ver con la época en que desempeñó su liderazgo.

Lo cierto es que el liderazgo de Balaguer para bien o para mal tuvo mucho peso en la historia nacional e incluso trilló el camino para un cambio que no hubo forma de que fuera excluido del mismo y mucho menos perseguido por crímenes que siempre se consideraron de Estado y que era muy difícil no pensar en su participación mediante alguna incitación, cuyo mejor ejemplo fue el asesinato del periodista Orlando Martínez, sin entrar  en la gran cantidad  de jóvenes que desaparecieron misteriosamente por sus ideas y militancia política

Sin embargo, Balaguer sale del control del Estado prácticamente sin un centavo, aunque con una fuerte mancha en el orden democrático porque mostró una tendencia a no tolerar el libre juego de las ideas y el desarrollo de las diferentes corrientes del pensamiento político nacional.

Por su parte, Peña Gómez, el más grande líder de masas, pero que no pudo llegar al control del Estado porque fue muy emocional y repentista, cuya conducta fue fundamentalmente ética, aunque fue cuestionado en algunas ocasiones por su tolerancia con personajes de la vida nacional que no eran muy amantes de la transparencia.

Sin lugar a dudas, que Peña Gómez dejó un legado ético que pesa más que cualquier error cometido en el curso de su vida público-partidista, lo cual representa un legado muy positivo para el pueblo dominicano.

Profesor Juan Bosch fotos históricas de cuando era presidente.

El tercero de ellos, Bosch, cuyo lugar no implica que ese sea su puesto en términos de importancia, fue un ejemplo, principalmente ético e ideológico, fundador de un partido como el PLD que en algún momento fue considerado un patrimonio nacional, porque el mismo se fundó inspirado en dos instituciones con una gran mística y disciplina como las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica.

Tanto fue así que amplios sectores de la vida nacional tenían la esperanza de que el PLD produjera los cambios que demandaba la sociedad dominicana para enrumbarse por el camino del progreso, el crecimiento y el desarrollo nacional.

Bosch en el momento en que crea el PLD concibe unas ideas que buscaban atraer a una pequeña burguesía difícil de manejar y que había marcado la historia nacional a propósito de la independencia nacional del yugo haitiano y cuyos principales protagonistas provenían de ese sector de clase y que son despiadados cuando de la búsqueda de bienes materiales se trata.

Por esa razón en el naciente PLD no valían mucho los títulos académicos que generalmente son exhibidos como una exigencia social para poder escalar a la adquisición de poder político y económico y aun así fueran muchas las decepciones que se llevó Bosch con algunos personajes de esa pequeña burguesía que le acompañaron cuando él decidió dejar el PRD para fundar la nueva organización.

Bosch años después de la fundación del PLD presentó renuncia de esta organización porque en su opinión sus dirigentes y miembros tenían un comportamiento muy parecido al del PRD, pero posteriormente reconsideró su salida y permaneció en su máxima dirección.

En el PLD al momento de la renuncia de Bosch había diferentes grupos que buscaban el control de la organización, entre ellos, Antonio Abreu (TONITO), Rafael Alburquerque y Norge Botello, cuyos grupos daban la razón al líder político de que su partido tomaba el mismo camino del PRD.

No bien Bosch entra en una situación delicada de salud y tras la firma de un Pacto Patriótico, en el que Balaguer era una ficha clave y ya luego de la llegada al poder de Leonel Fernández, el PLD sigue el camino del PRSC y el PRD para al final los tres terminar  con su credibilidad totalmente erosionada por lo que  en los actuales momentos el país está estacionario en la misma situación de precariedad de cuando se crea el Partido de la Liberación Dominicana, el cual buscaba mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano a través del  poder a partir de la anhelada dignidad humana a que aspiran  todos los países del mundo.

La cuestión es que la República Dominicana llega a décadas de lucha democrática, sin prácticamente ningún avance, cuya propia constitución si se mide por el sistema de justicia fácilmente se llega a la conclusión de que la misma no supera una de fachada, es decir, que existe en el papel, pero no en la realidad, con el agravante de que ya en el país no existen este tipo de líderes que procuraban cambios profundos en la sociedad.

De manera, que en la actualidad es muy poco lo que se puede pedir, porque en una gran mayoría, por no decir prácticamente todos los que van a la política partidista, prevalece más la búsqueda de intereses individuales y materiales que el bienestar general de la nación, es decir, que en su mente está más el espíritu del depredador histórico que el legado dejado por líderes de la talla de Bosch, Pena Gómez y de alguna manera de Balaguer.

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Haití en el mismo escenario de toda América Latina impactada por una visión hegemónica y fuera de toda lógica democrática.

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La República de Haití, la más pobre del hemisferio occidental y de más allá hoy entra en otro mar de incertidumbres y poca certeza del destino de un pueblo abatido por la pobreza y la violencia, cuya manipulación por parte de los Estados Unidos de América. la condena a una situación más deplorable y preocupante.

La debilidad institucional del vecino territorial de la República Dominicana, o mejor decir de su hermano gemelo, pese a las diferencias culturales y socio-económicas, se profundiza sin que se vea una solución viable en el tiempo.

Este sábado 7 de febrero Haití entró nuevamente en un vacío de poder, pero con la imposición y la intromisión de la potencia del norte, que crea mayores dificultades para la elección de autoridades nacionales con algún nivel de legitimidad, ya que existe la voluntad de Trump de llevar al control del inexistente Estado a quien le viene en gana.

El Consejo Presidencial de Transición (CPT) se disuelve sin haber cumplido con una de sus principales metas de escoger un presidente de la República mediante elecciones amplias y populares, a los fines de que ese mecanismo condujera a Haití a un clima de mayor seguridad para su población.

Es un problema institucional de nunca acabar, porque cada intento por reorientar la nación sucumbe por una diversidad de problemas que tienen que ver con el control externo y por los profundos niveles de corrompimiento de todo su tejido social.

El proceso ahora se complica más porque el Gobierno de los Estados Unidos se ha propuesta imponer a una persona que aparentemente no cuenta con el apoyo de sectores claves de la sociedad haitiana.

Se trata de Alix Didier Fils-Aimé, predilecto de Trump, quien ostenta en la actualidad la posición de primer ministro, que recibició las riendas de la vecina nación de Saint-Cyr, a los fines de garantizar la continuidad de un Estado que es una quimera, cuyos límites son inciertos e indefinidos.

Hasta este sábado el CPT era el que gestionaba las acciones públicas, pero ahora, muerta sus funciones, el país entra en un hoyo mucho más profundo institucional, el cual ha resultado contminado como las autoridades anteriores de abusos, corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, privilegios indebidos y ventajas consideradas indecentes.

La situación haitiana deja al  Estado vecino, correspondiente a la República Dominicana, antigua colonia española, en una situación, sino de alta preocupación, por el impacto en una  nación con profundas debilidades institucionales y con un comportamiento que presenta similitudes con su hermano territorial, por lo menos de alerta máxima.

La situación haitiana no deja de ser un callo en los zapatos de su vecino República Dominicana, donde no se sale de escándalos de corrupción y debilidades institucionales que hoy cuestionan su pobre democracia, pese a que vende una percepción que no tiene nada que ver con su realidad.

El deterioro de la realidad de Haití se caracteriza por la ausencia total del Estado, cuyo panorama lo deja sin presidente, senadores, diputados, alcaldes y otras autoridades públicas, lo cual puede profundizar los niveles de violencia que la impactan.

Todo parece indicar que las bandas criminales ahora actuarán más impunemente y a sus anchas, porque no hay quien pueda detenerlas, lo cual profundiza los problemas de seguridad y deja en total estado de indefensión a la población civil.

En pocas palabras, todas las acciones públicas quedan paralizadas y habría que ver cómo se comportan los cuerpos creados para mantener el orden público como la Policía haitiana, sin una dirección que indique el camino a recorrer.

Debe decirse que mientras Estados Unidos ve a Fils-Aimé como una salida inteligente a la crisis haitiana, amplios sectores de ese pueblo la consideran como una acción ilegal, ya que no se trata del resultado de una elección popular, lo cual puede profundizar el problema de ingobernabilidad de la nación más pobre del hemisferio.

La inclinación de Trump por Fils-Aimé ratifica la política autoritaria y de imposición de los Estados Unidos de América, la cual no ha dejado dudas de que los resultados son  peores que las vías democráticas para instaurar autoridades nacionales en cualquier país del mundo.

La utilización por parte de la potencia de norte de la fuerza de las armas lleva a la eliminación del derecho internacional o cuando menos a debilitar el respeto a los derechos humanos consignados mediante avances importantes del derecho constitucional comparado.

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R.D. parte de fenómeno que replica precaria formación académica y vulgar negocio universitario.

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Por Elba García

En la República Dominicana hay universidades por doquier, son licencias que se otorgan, principalmente por razones políticas, como las franquicias a los partidos políticos, a las emisoras de radio y a las estaciones de televisión, es decir, que se trata de un problema integral o general.

Sin embargo, Pese a que en las naciones del tercer mundo se abusa con el otorgamiento de licencias para operar a universidades que se forman sin las calificaciones que dispone la ley, el Ministerio de Educación Superior, al menos en la República Dominicana, no toma en cuenta el problema, dado que pesa más la politiquería que la fiscalización y supervisión de los centros de estudios superiores que no se ajustan a una filosofia de buena enseñanza, que en algunos casos pone en peligro la salud pública,  cuando se trata de carreras como la Medicina, el Derecho o la Ingeniería, lo que representa  una verdadera amenaza en contra del desarrollo nacional.

Los dominicanos deben verse en el espejo de los brasileños que tras un examen de evaluación por parte del Ministerio de Educación para medir la formación de los futuros médicos dio como resultado que un tercio de las licenciaturas de Medicina analizadas no preparan a los alumnos para ejercer la profesión en condiciones mínimas aceptables, lo que motivó la suspensión de un 25 por ciento del alumnado.

Los resultados son alarmantes y causan aprensión entre la ciudadanía, además de un debate sobre dos cuestiones, la facilidad para implantar facultades universitarias y como lograr médicos aceptablemente formados para atender en Brasil a 212 millones de habitantes en un territorio con muchas regiones de difícil acceso y tan grande como Estados Unidos, cuyo sistema de salud es inmenso.

El fenómeno, que obedece a la crisis que vive la mayoría de las naciones del tercer mundo, donde la fiscalización del Estado es prácticamente nula, sobre todo en educación, es encontrado en muchos otros lugares como la República Dominicana, donde cursar una carrera universitaria se inscribe más que en otra cosa en satisfacer una exigencia social que convierte  en  muy buen negocio las universidades con la venta de una enseñanza deficiente y pobre.

La proliferación de universidades, no sólo impacta la calidad de la educación, sino también el comportamiento ético de los egresados, quienes sólo toman en cuenta el mercado donde van a ejercer una carrera para la que no se han preparado lo suficientemente bien, cuyos resultados ponen en peligro la salud de la gente.

La modalidad de crear universidades vistas más como negocio que como instrumento para crear los técnicos que necesita el país para fines de mejorar su desarrollo, propicia una verdadera desgracia nacional que no es tan fácil revertirla.

El problema, por ejemplo, de la República Dominicana es que el asunto de las universidades no sólo tiene que ver con la poca formación de los profesionales que egresan, sino de los docentes de esos centros de estudios que todavía están necesitados de recibir adiestramiento o educación para cumplir bien con su rol.

La formación a troche y moche de médicos, abogados, ingenieros y otros profesionales académicos plantea un problema más serio del que cualquiera puede pensar, porque si al cabo de los años el país cambiara o mejorara sus niveles de fiscalización, supervisión  y de institucionalidad los profesionales que han egresado de la mayoría de las universidades serian desperdicios que no habría forma de enderezarlos, ya que  ya están ajustados a una cultura de improvisación y de hacer lo que no se debe hacer.

Entonces, lo que ocurre en Brasil con el examen de evaluación a los futuros médicos y cuyas deficiencias salieron a la superficie, puede asegurarse que en la República Dominicana los resultados pueden ser peores, máxime que ese país sudamericano es una plaza para que el profesional de esta disciplina vaya de todos los demás países del hemisferio a hacer postgrados y en consecuencia se supone que las regulaciones tienen que ser mayores.

El primer examen de este tipo en Brasil evaluó a 350 cursos de medicina, impartidos por instituciones públicas y privadas, los cuales abarcan a 90 mil estudiantes que deben demostrar habilidades y capacidades de conocimientos básicos para ejercer como médicos, pero la realidad fue que el mismo conllevó la suspensión de aquellas universidades con menos del 40 por ciento de los alumnos que deben tomar el mismo.

Brasil en estos momentos está lleno de temor y preocupación causado con el hecho de que alrededor de 13 mil estudiantes del último semestre de Medicina suspendieron el examen oficial, a los fines de ejercer la carrera sin haber sido evaluados, mientras el Consejo Federal de Medicina busca cómo impedirlo, cuyas peores notas son de escuelas de niveles municipales, creadas por los ayuntamientos o dependencias de entidades privadas con fines de lucro.

La medida tomada en Brasil ante el fenómeno es sancionar las facultades de Medicina, aunque la misma no va a repercutir en los alumnos, ya que las universidades tienen prohibido ampliar su oferta de plazas, aunque podrán mantenerlas o tendrán que reducirlas en función de lo mala que sea su calificación.

La pregunta que se impone es que en un país como la República Dominicana, donde las universidades aparecen auspiciadas por instituciones sin fines de lucro, como patronatos y fundaciones, pero que operan con el criterio de cualquier  negocio y que son el resultado de las políticas neoliberales que han entrado salvajemente al escenario nacional y que al momento de ser evaluadas pesan más como parte del libre mercado que de los beneficios que proporciona una buena educación al desarrollo nacional.

La educación superior es un negocio que se ha multiplicado al margen de los propósitos de la Ley 139-01 que les sirve de sustento y en consecuencia está en el marco de vender lo que no se tiene y procurar acogerse más a la politiquería que a una enseñanza de calidad para una mejor proyección del país en el campo del conocimiento científico y tecnológico.

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