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El Consejo Nacional de la Magistratura comienza nueva ruta
SANTO DOMINGO. Desde este lunes, los ojos de diversos sectores políticos y sociales estarán en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y en especial del presidente Danilo Medina, quien domina la mayoría de la membresía de ese organismo.
El Consejo tendrá este lunes su primera reunión en los últimos seis años, luego de que se conformaran la actual Suprema Corte de Justicia (SCJ), el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional.
Los ojos de los sectores políticos y sociales del país estarán en el accionar de este organismo, que tendrá sobre sus hombros la tarea de elegir a jueces del controversial TSE por un nuevo período.
La oposición política que encabeza el Partido Revolucionario Moderno (PRM), advirtió en voz de su presidente, Andrés Bautista, que estará en manos del presidente Danilo Medina decidir si habrá un clima propicio para participar en las elecciones del 2020, o si instalará “una dictadura”.
La primera cita del Consejo Nacional de la Magistratura está pautada para las 5:00 p.m. de este lunes en el Palacio Nacional.
El vocero del PRM en la Cámara de Diputados y exmiembro del Consejo, Alfredo Pacheco, afirmó que ese partido no tiene candidatos para ninguna posición, ante la pregunta de si proponen al expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa como presidente del Tribunal Superior Electoral, “pero si lo proponen nosotros no tenemos objeción sobre él, es una persona que ya estuvo en una primera ola de reformas”.
Pacheco dijo que esperan que el presidente Danilo Medina se conecte con el deseo que tiene la mayoría de los dominicanos y dominicanas en el sentido de que tanto al Tribunal Superior Electoral, como a las demás altas cortes, sean incorporados personas que no estén directamente vinculados a partidos políticos”, indicó.
La oposición exige que el método de elección sea similar al empleado en el último Consejo Nacional de la Magistratura, mediante entrevistas públicas televisadas en vivo.
Reclaman, además, que no escoja a ningún dirigente político, ni se les reparta posiciones a los partidos.
El secretario general del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao, aseguró que los 17 miembros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, deberán someterse en el 2018 a evaluación de desempeño, inclusive los cuatro que fueren designados por la presente convocatoria del CNM.
“La Suprema Corte de Justicia, en la Constitución, tiene un período simultáneo de 7 años de inamovilidad que concluye en el 2018, por lo que el CNM, después de evaluar su desempeño puede proceder a sustituirlos o confirmarlos”, expresó.
El dirigente reformista señaló que los nuevos designados de la SCJ sólo completarán el período de los removidos por edad, renuncia o retiro anticipado voluntario y que serían evaluados con el resto del pleno en el 2018.
Actualmente integran el TSE Mariano Rodríguez Rijo, presidente, y como jueces miembros, Mabel Féliz, Marino Mendoza, John Guiliani y José Manuel Hernández Peguero.
La oposición les acusa de ser parcial a favor del partido de gobierno y sus aliados.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirma que le corresponderá al presidente Danilo Medina trazar el camino del próximo Tribunal Superior Electoral, ya que el predominio de su partido es evidente en el Consejo Nacional de la Magistratura.
Otra misión del Consejo Nacional de la Magistratura será sustituir a cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia, Dulce María Rodríguez de Goris y Martha Olga García, que pasan los 75 años de edad, el renunciante Julio César Castaños Guzmán, quien preside la Junta Central Electoral, así como Víctor José Castellanos, que solicitó su pensión como juez de ese Poder del Estado. Se recuerda que el 28 de diciembre cumplirán su tiempo en Tribunal Constitucional los jueces Leyda Piña, Jottin Cury e Idelfonso Reyes, quienes fueron electos en el 2011. Víctor Gómez Bergés cumplió 77 años de edad.
El Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por el presidente Danilo Medina, el presidente del Senado, Reinaldo Pared; la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina; el presidente de la SCJ, Mariano Germán; el juez Frank Soto; el procurador General, Jean Alain Rodríguez; el senador José Paliza y la diputada Josefa Castillo.
diariolibre.com
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Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.