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El Consejo Nacional de la Magistratura comienza nueva ruta
SANTO DOMINGO. Desde este lunes, los ojos de diversos sectores políticos y sociales estarán en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y en especial del presidente Danilo Medina, quien domina la mayoría de la membresía de ese organismo.
El Consejo tendrá este lunes su primera reunión en los últimos seis años, luego de que se conformaran la actual Suprema Corte de Justicia (SCJ), el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional.
Los ojos de los sectores políticos y sociales del país estarán en el accionar de este organismo, que tendrá sobre sus hombros la tarea de elegir a jueces del controversial TSE por un nuevo período.
La oposición política que encabeza el Partido Revolucionario Moderno (PRM), advirtió en voz de su presidente, Andrés Bautista, que estará en manos del presidente Danilo Medina decidir si habrá un clima propicio para participar en las elecciones del 2020, o si instalará “una dictadura”.
La primera cita del Consejo Nacional de la Magistratura está pautada para las 5:00 p.m. de este lunes en el Palacio Nacional.
El vocero del PRM en la Cámara de Diputados y exmiembro del Consejo, Alfredo Pacheco, afirmó que ese partido no tiene candidatos para ninguna posición, ante la pregunta de si proponen al expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa como presidente del Tribunal Superior Electoral, “pero si lo proponen nosotros no tenemos objeción sobre él, es una persona que ya estuvo en una primera ola de reformas”.
Pacheco dijo que esperan que el presidente Danilo Medina se conecte con el deseo que tiene la mayoría de los dominicanos y dominicanas en el sentido de que tanto al Tribunal Superior Electoral, como a las demás altas cortes, sean incorporados personas que no estén directamente vinculados a partidos políticos”, indicó.
La oposición exige que el método de elección sea similar al empleado en el último Consejo Nacional de la Magistratura, mediante entrevistas públicas televisadas en vivo.
Reclaman, además, que no escoja a ningún dirigente político, ni se les reparta posiciones a los partidos.
El secretario general del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao, aseguró que los 17 miembros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, deberán someterse en el 2018 a evaluación de desempeño, inclusive los cuatro que fueren designados por la presente convocatoria del CNM.
“La Suprema Corte de Justicia, en la Constitución, tiene un período simultáneo de 7 años de inamovilidad que concluye en el 2018, por lo que el CNM, después de evaluar su desempeño puede proceder a sustituirlos o confirmarlos”, expresó.
El dirigente reformista señaló que los nuevos designados de la SCJ sólo completarán el período de los removidos por edad, renuncia o retiro anticipado voluntario y que serían evaluados con el resto del pleno en el 2018.
Actualmente integran el TSE Mariano Rodríguez Rijo, presidente, y como jueces miembros, Mabel Féliz, Marino Mendoza, John Guiliani y José Manuel Hernández Peguero.
La oposición les acusa de ser parcial a favor del partido de gobierno y sus aliados.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirma que le corresponderá al presidente Danilo Medina trazar el camino del próximo Tribunal Superior Electoral, ya que el predominio de su partido es evidente en el Consejo Nacional de la Magistratura.
Otra misión del Consejo Nacional de la Magistratura será sustituir a cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia, Dulce María Rodríguez de Goris y Martha Olga García, que pasan los 75 años de edad, el renunciante Julio César Castaños Guzmán, quien preside la Junta Central Electoral, así como Víctor José Castellanos, que solicitó su pensión como juez de ese Poder del Estado. Se recuerda que el 28 de diciembre cumplirán su tiempo en Tribunal Constitucional los jueces Leyda Piña, Jottin Cury e Idelfonso Reyes, quienes fueron electos en el 2011. Víctor Gómez Bergés cumplió 77 años de edad.
El Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por el presidente Danilo Medina, el presidente del Senado, Reinaldo Pared; la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina; el presidente de la SCJ, Mariano Germán; el juez Frank Soto; el procurador General, Jean Alain Rodríguez; el senador José Paliza y la diputada Josefa Castillo.
diariolibre.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.