Conecta con nosotros

Opinión

El Constitucional ignora la Corte Interamericana

Published

on

Por Juan Bolívar Díaz

juan bolivar diazLa sentencia que afectaría retroactivamente a decenas de miles de dominicanos descendientes de haitianos de por lo menos tres generaciones desconoce la vinculación de un dictamen de la Corte Interamericana que planteó que los hijos no heredan la ilegalidad de sus padres

El tribunal Constitucional (TC) no sólo negó amparo a una ciudadana que lo solicitaba, sino que la declaró no dominicana y se fue lejos al disponer una rastreo desde el 1929 (84 años) para despojar de la nacionalidad a nacidos e inscritos en el registro civil en por lo menos tres generaciones, si sus padres eran inmigrantes ilegales.

La sentencia, objetada por dos juezas y por varios expertos constitucionalistas, choca con el dictamen del 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vinculante para el Estado Dominicano, que rechaza que quienes residan por largo tiempo en el país estén en tránsito y que la ilegalidad sea heredada por los hijos.

Una sentencia histórica

 Tal como habían adelantado dos de sus integrantes, el TC evacuó una sentencia que hará historia como un adefesio jurídico que pretende el despojo de la nacionalidad a decenas de miles de personas que durante 8 décadas fueron registradas como dominicanas, al amparo de la constitución y leyes vigentes.

La corte conoció una solicitud de amparo de la señora Juliana Deguis Pierre, nacida en Yamasá en 1984, (hace 29 años), y declarada por sus padres haitianos, a quien desde el 2008, la Junta Central Electoral (JCE) le niega copia de su acta de nacimiento con la que pretendía obtener la cédula de identidad, declarándola no dominicana y dejándola como muerta civil, junto a varios miles de descendientes de haitianos.

 Aunque en la misma sentencia se reconoce que el caso era competencia del Tribunal Contencioso Administrativo, y contrariando al menos 4 dictámenes propios en sus dos años de vigencia, el TC decidió conocer la instancia, “para garantizar el principio de economía procesal” pero sobrepasó la petición de la recurrente, no se pronunció sobre la legalidad o ilegalidad de la negativa de la copia del acta de nacimiento, y además dictaminó sobre la nacionalidad de millares de personas.

La corte reconoció implícitamente la ilegalidad de la retención del acta al disponer que la JCE emita el documento a la señora Pierre y al mismo tiempo lo remita “al tribunal correspondiente para que determine su  validez o nulidad”, Como la sentencia se fundamenta en que la recurrente es hija de “personas en tránsito” categoría de todas las constituciones dominicanas desde 1929, ordena a la JCE realizar una auditoría  minuciosa de los libros del registro civil “para identificar e integrar en una lista documental” a todo los extranjeros desde ese año “se encuentran irregularmente inscritos por carecer de las condiciones instituidas por la constitución. Ese listado deberá ser incorporado a los nuevos libros de registro de nacimiento de extranjeros”.

Serán decenas de miles

Esa auditoría será una tarea bien difícil para realizarse en un año, prorrogable a dos, y tropezará con el hecho de que muchos libros de registro están desaparecidos o dañados. Tendrán que rastrear entre más de diez millones de personas, incluyendo los nacidos después del 1929 que han fallecido. Si sólo perseguirán intrusos haitianos, la tarea es menos difícil, buscando por apellidos de origen francés o patois. Los chinos e ingles serán menos. Los españoles no podrán ser detectados sin una lectura del acta para determinar los declarantes.

Uno de los méritos de la sentencia es que confirma el estimado de unos 20 mil  afectados por la resolución de la JCE cuando en su página 39 cita un cuadro que cuantifica en 16 mil 945 los expediente remitidos por la Dirección de Inspectoría del organismo para investigación y en 4 mil 836 los investigados y devueltos. El estimado del doctor José Ángel Aquino sólo abarcaba los nacidos después de 1984. Desde 1929 serán decenas de miles, aunque muchos habría que buscarlos en los cementerios.

En miles de casos habrá tres y hasta cuatro generaciones de personas de un mismo tronco familiar “residentes ilegales”, que constituirían un verdadero apartheid que seguiría transmitiendo la ilegalidad a sus descendientes. Tendrán que decirle que ya no son dominicanos a personas hasta de 80 años que nacieron en el país, en una aplicación retroactiva de una nueva interpretación de la Constitución.

Objeciones Fundamentales.

La sentencia fue firmada por once de los trece magistrados del tribunal constitucional que preside el jurista Milton Ray Guevara.  Las doctoras Isabel Bonilla Hernández y Katia Miguelina Jiménez dejaron por escrito sus objeciones en documentos de quince y treinta páginas respectivamente, donde rechazan el planteamiento fundamental de la mayoría, de que es inválido todo registro de nacimiento realizado por inmigrantes ilegales desde 1929.

Las dos magistradas se ampararon en la sentencia del 2005 emitida por la CIDH sosteniendo que son vinculantes para el Estado Dominicano. Bonilla planteó que de conformidad con los artículos 67 y 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “los estados partes reconocen que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son definitivos e inapelables y no pueden ser impugnados o revisados en el ámbito interno”.

Tanto las dos magistradas como los expertos en derecho constitucional rebaten la interpretación que hace la sentencia de los artículos constitucionales referente a la nacionalidad. Específicamente el planteamiento de que los trabajadores inmigrantes están en transito, recordando que hasta la constitución del 2010 todos los textos constitucionales establecían que todos los nacidos en territorio nacional tenían derecho a la nacionalidad, con la excepción de los hijos de diplomáticos y personas en tránsito, lo que se interpretaba como de paso, no los que legal o ilegalmente se quedan en el territorio nacional.

Han objetado la sentencia los doctores Eduardo Jorge Prats, Cristóbal Rodríguez Gómez, Olivo Rodríguez  Huerta, Luis Gómez y Ramón Antonio Veras. La han respaldado el director general de migración, así como por el Cardenal Nicolás López Rodríguez y Monseñor Agripino Núñez Collado. En cambio el obispo emérito de la iglesia Episcopal, Telésforo Isaac, la ha condenado en los términos más enérgicos.

La Irretroactividad de la ley.

Todavía hay mucha confusión, pero de lo que trató la sentencia no es del derecho que tienen los descendientes de haitianos u otra nacionalidad, cuyos padres sean ilegales a ser declarados como dominicanos. Eso quedó proscrito en la Constitución del 2010, que en su articulo 18 numeral 3 estableció la restricción a los residentes ilegales.

De lo que se trata es de despojar de la nacionalidad a miles de personas descendientes de haitianos que fueron inscritos en el registro civil cuando bastaba haber  nacido en el país. Muchos de ellos tienen décadas de haber sido aceptados como dominicanos. Ellos no se inscribieron, sino que fueron inscritos, y en estricto derecho no se le puede aplicar retroactivamente la exclusión a los ilegales establecida en la constitución del 2010, ni tampoco la ley de migración del 2004.

La constitución del 2010 en su artículo 18 numeral 2 indica que son dominicanos y dominicanas  “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de ésta constitución”. Y el artículo 110 establece que ¨ La ley solo dispone y se aplica para el porvenir, no tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.

La Corte Interamericana

 En su sentencia del 2005 cuando conoció el caso de dos niñas descendientes de haitianos a las que el estado se había negado a reconocer como dominicanas a pesar de que sus madres ya tenían cédula y documentación nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que fueran inscritas y compensadas por el Estado.

En su sentencia la CIDH dejó establecido que los hijos no pueden heredar la ilegalidad de sus padres. Textualmente indicó que “El estatus migratorio de una persona no se transmite a sus hijos”, y que  “La condición de nacimiento en el territorio del estado es la única a ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad”.

Para deshacer el alegato que equipara como persona en transito a todos los inmigrantes, la CIDH recordó el propio Reglamento de Migración de la República Dominicana número 279 de 1939, que fija un máximo de 10 días para considerar transeúnte por el territorio nacional a un extranjero.

El Argumento de que los inmigrantes residentes por largo tiempo en el país están en tránsito es rebatido por las dos magistradas que emitieron votos disidentes. Citan que la CIDH estableció que “Para considerar a una persona como transeúnte o en tránsito, independientemente de la clasificación que se utilice, el Estado debe respetar un limite temporal razonable, y ser coherente con el hecho de que un extranjero que desarrolla vínculos en un Estado no puede ser equiparado a un transeúnte o a una persona en tránsito ¨. La corte estableció además que “En un sistema de jus soli, sólo hace falta el hecho de que un niño o niña haya nacido en el territorio del Estado, y que la condición migratorio de sus padres no puede ser una condición para el otorgamiento de la nacionalidad, exigir la prueba de la misma, constituye una discriminación”.

Esta sentencia deja abierta la vía para que el caso sea llevado a la CIDH, que si ya dispuso dos inscripciones con más razón dictaminará contra el despojo de la ciudadanía a miles que hasta por ocho décadas se les había otorgado, y en momentos en que en Estados Unidos se busca legalizar, con opción a la ciudadanía, a 12 millones de inmigrantes ilegales, más de cien mil de ellos dominicanos. El proceso llevará tiempo, pero mientras tanto el genocidio civil, seguirá penalizando a millares de personas, aunque cada vez será más rechazado en los ámbitos de los derechos humanos al ocurrir en un país que tiene en el exterior cerca de millón y medio de emigrantes.-

 

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Opinión

Masacre en el Masacre

Published

on

Por Narciso Isa Conde

Duramente maltratados por cínicos continuadores de ese escarnio, aferrados como lapas al poder y al dinero.

El Masacre se pasa a pié.

Hubo una vez masacre en el Masacre: 1937,

¿Más cambios?
¿Más cambios?
…masacre por simplemente cruzarlo a pié.

A pié y descalzo,

Dos Minutos: ¿De qué hablará Abinader?
Dos Minutos: ¿De qué hablará Abinader?
…con estampa africana y mochilas cargadas de pobreza y sufrimientos coloniales.

Negros, negras, negritos y negritas, empobrecidos, a pie…

Infantes nutridos de tierra y lombrices…

Mujeres barrigonas y no por obra y gracia del espíritu santo,

…acosadas, arrestadas, deportadas,

…abandonados.

No han cesado desde entonces la masacre por cruzar el Masacre…

…gota a gota a gota de sangre y de dolor.

¡Cuánto dolor y por tanto tiempo!

¡Cuántas lágrimas amargas por cruzar el Masacre a pié!

No se detiene el calvario de esclavos y esclavas libertas.

Siguen sometidos/as al cruel aprecio y desprecio de la esclavitud del capital y el coloniaje “modernizado”.

No cesa el nuevo e infernal apartheid.

Continúan obligados a ser propiedad ilegalizada.

Seres humanos apropiados y perseguidos a la vez.

Duramente maltratados por cínicos continuadores de ese escarnio, aferrados como lapas al poder y al dinero.

¡Todavía!

85 años después.

¡Racismo a granel!

Cuidado, cuidado…

¡Mucho cuidado!

Que andan sueltos y ajitos de odios, vestidos de patriotas!

Continue Reading

Opinión

La coherencia diplomática

Published

on

Por Miguel Guerrero

La anunciada y pendiente decisión del presidente Luis Abinader de trasladar la sede de la embajada dominicana a Jerusalén, donde funcionó desde su instalación hasta 1980, sería una medida coherente con la diplomacia que la nación ha mantenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial y en particular con la nación hebrea.

Desde la creación del estado judío, en virtud de una resolución adoptada por Naciones Unidas en 1947, las naciones que votaron a favor de ella instalaron su sede en la capital histórica israelí. La resolución fue adoptada en noviembre de 1947en un esfuerzo de la comunidad internacional para solucionar el creciente conflicto entre árabes y judíos en la zona de Palestina, con la aprobación a favor de crear allí dos estados, un judío y otro árabe palestino.

Los primeros crearon el suyo, el 14 de mayo siguiente, tras la salida de las tropas británicas, el último poder colonial en la región. Los palestinos se negaron y con el respaldo de la Liga Árabe, financiada por los británicos y dirigida por un general inglés, y varios países vecinos árabes, intentaron abortar la creación de Israel agravando un conflicto que dura hasta hoy.

En las guerras formales posteriores, la de 1966, la del Iom Kippur, y en las llamadas intifadas, Israel ha logrado sobrevivir y crecer convirtiéndose en una potencia económica y científica regional a pesar de sus escasos recursos económicos, incomparables con las enormes posesiones petroleras de los estados árabes beligerantes que le rodean y le hostigan permanentemente.

Hoy todo parece estar cambiando y por lo menos varios estados árabes han establecido ya vínculos con Israel y varias naciones, incluyendo Estados Unidos han anunciado el trasladado de su sede a Jerusalén, las cuales la habían movido por presiones árabes después de la guerra del Iom Kippur. La decisión no cumplida todavía de Abinader es correcta y coherente con la diplomacia dominicana tras la Segunda Guerra mundial.

Continue Reading

Opinión

Haití: tragedia allá y aquí

Published

on

Pensar racionalmente en cómo controlar efectivamente la migración indocumentada y qué hacer con tantos hijos de inmigrantes indocumentados que nacen y se crían aquí y nunca podrán ser dominicanos con derechos.

Se sabe bien que Haití experimenta un proceso de deterioro económico, político y social profundo y continuo. La culpabilidad va a una larga historia de explotación externa e interna que cada día importa menos, porque, aunque los problemas abundan en el mundo, en muchos países se han logrado avances, no retrocesos constantes como en Haití.

Allá no hay una economía ni un gobierno funcional, las condiciones de vida de la inmensa mayoría son espantosas, y, ante la falta de gobierno, las pandillas compiten violentamente por control del territorio.

Es entendible pues que la mayoría de los haitianos quiera emigrar. En la República Dominicana, donde las condiciones de vida son significativamente mejores, mucha gente también quiere emigrar.

Desde siempre, la República Dominicana ha promovido un sistema económico de superexplotación de la fuerza de trabajo.

El éxodo de dominicanos al exterior y a las ciudades dominicanas fue vaciando el campo y la mano de obra dominicana fue reemplazada por inmigrantes haitianos. Antes de 1980 era solo en el azúcar; luego en toda la agricultura. Hoy los inmigrantes haitianos cultivan la mayoría de los alimentos que consumimos y exportamos.

Lo mismo sucede con la construcción, un sector que busca mano de obra dispuesta a trabajar por bajos salarios, en horarios largos y de gran exposición al sol. El boom del sector construcción de los últimos 40 años se ha fundamentado en el uso de mano de obra haitiana.

Por más explotados que sean aquí, las condiciones de vida en Haití son tan deplorables, que prefieren venir. Y por más rechazados que los haitianos sean aquí, muchos empresarios dominicanos se han hecho adictos a esa mano de obra barata y sin derechos.

Así se fue gestando el desastre migratorio aquí.

La fórmula dominicana ha sido emplear los haitianos y siempre negarles derechos de residencia. El discurso de rechazo hacia esos inmigrantes es esencial para mantener ese sistema de explotación. Es una fórmula económica y política perversa, independientemente de cuán mal vivirían los haitianos en su país si estuvieran allá.

La Constitución de 2010 y la Sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 establecieron en la legislación dominicana la imposibilidad de que los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio dominicano a partir de 1929 sean dominicanos (la Ley 169-14 logró la excepción para un pequeño grupo que había recibido acta de nacimiento antes de 2010).

O sea que, en la República Dominicana, mientras la economía siga demandando mano de obra barata haitiana sin derechos, seguirá creciendo la cantidad de descendientes de inmigrantes haitianos indocumentados que han nacido aquí, pero nunca podrán tener derechos legales para vivir aquí.

Ni el muro ni las marchas resuelven eso, ni mucho menos el discurso seudo patriótico que ha servido siempre de soporte ideológico a la superexplotación de la fuerza laboral haitiana en la República Dominicana.

Quienes verdaderamente amen este país deberían pensar racionalmente en cómo controlar efectivamente la migración indocumentada y qué hacer con tantos hijos de inmigrantes indocumentados que nacen y se crían aquí y nunca podrán ser dominicanos con derechos.

Es tragedia de lado y lado

Continue Reading

Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
www.larepublicaonline.com  / Email: periodico@larepublicaonline.com
Copyright © 2021 Blue National Group