Nacionales
JCE luego de conteo manual ratifica a Gonzalo ganador primarias
La Junta Central Electoral (JCE) luego del conteo manual realizado por las 158 Juntas Electorales del país de los votos emitidos en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el nivel presidencial da ganador al al precandidato Gonzalo Castillo con 911 mil 324 votos sobre 884 mil 630 de Leonel Fernández.
Los resultados fueron ofrecidos anoche por la Junta Central Electoral (JCE) en su cuenta de Twitter.
Castillo, candidato del danilismo, había obtenido en los resultados preliminares del voto electrónico 911 mil 923 votos, 26,690 más que Fernández, quien obtuvo 885 mil 233 votos.
El pleno de la Junta Central Electoral había aprobado el pasado miércoles que se les que se realice el conteo manual a todos los votos en el nivel presidencial de las primarias del Partido de la Liberación Dominicana.
En esa ocasió su presidente, Julio César Castaños Guzmán, explicó que el Pleno de la Junta dispuso una comprobación física de la relación de resultados, de la totalidad de los votos en el nivel presidencial del PLD.
Agregó que esto se hizo en el entendido de que en esta fase traería más tranquilidad y certeza al pueblo dominicano.
Sin embargo el expresidente Leonel Férnandez no se interesó por el conteo manual alegando que ya la cadena de cuestodia de las urnas se había roto.
El equipo político de Leonel Fernández depositó ayer una instancia para pedir a la JCE que detenga el escrutinio de todas las mesas electorales de los 158 municipios para que se realice paralelamente al desarrollo de la auditoria técnica-forense que pidió.
En la instancia firmada por los delegados políticos y técnicos de Fernández: Hotoniel Bonilla, Rubén Maldonado y Fernando Fernández se asegura que “existen evidencias que dan cuenta que en varias Juntas Electorales de distintos municipios personal de la institución procedió a romper los precintos de seguridad y tuvieron acceso a las urnas que contenían los votos físicos, equipos, sellos y demás utilerías”.
En un documento leído a la prensa por Roberto Rosario se afirma que en algunos casos manipularon, revisaron y contaron votos con anterioridad a la medida de conteo anunciada por la JCE.
“Por ejemplo, en el sector de Villa Mella, del municipio SDN, entre las 4 y 8 de la noche del día 7 de octubre se procedió a esa anomalía”, señaló.
Junto a la instancia, de 14 páginas, los delegados políticos y técnicos depositaron un audio contentivo de las instrucciones verbales dadas por el director de elecciones, Mario Núñez, quien según las informaciones actuó por mandato de las máximas autoridades de la institución.
Señaló que de dicho audio se extrae la orden al personal de la institución para que pudieran acceder al kit electoral lo cual ocurrió antes del conteo dispuesto por el organismo electoral.
“Este solo hecho contamina todo el proceso y demuestra que la cadena de custodia fue rota por la propia institución”, dijo.
Rosario resaltó que la medida que dispuso la apertura de esos kits es inconsistente con la conducta exhibida por la institución.
Afirmó que en torno a la solicitud del conteo de votos físicos en el nivel presidencial requerida antes de las votaciones, el titular de la entidad argumentó públicamente que esa medida generaría un caos, pues dicho cotejo se extendería por más de 7 meses con lo cual fue descalificada la petición, empero, inexplicablemente fue ordenada para ser realizada en menos de 24 horas.
Fernández sometió un recurso ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) una demanda en referimiento urgente que busca evitar la proclamación de Gonzalo Castillo como candidato presidencial del PLD.
Al cierre de esta edición, que se produjo pasada la 1:30 de la madrugada, el Tribunal Superior Electoral conocía el referido recurso sometido por Fernández contra la Junta Central Electoral, el Partido de la Liberación Dominicana y Gonzalo Castillo, para evitar que se proclame al candidatos ganador en el nivel presidencial de las primarias del partido oficial, celebrado el pasado domingo.
Los jueces del Tribunal Superior Electoral Román Jaquez Liranzo, presidente; Rafaelina Peralta, Ramón Arístides Arias, Cristian Perdomo y Santiago Sosa escucharon los alegatos de la barra de defensa del PLD integrada por Julio Cury, Eduardo Jorge Prats, Cristóbal Rodríguez, Carlos Salcedo y Ruben Puntier.
Asimismo, escucharon a los abogados de Gonzalo Castillo: Laura Acosta y Luis Rivas, y a los de la JCE: Herminio Caputo, consultor jurídico; Pedro Reyes Calderón y Nelson Santana Artiles.
A Leonel Fernández lo defendieron Manuel Fermín, Namphy Rodríguez y Manuel Núñez, entre otros.
Los delegados del expresidente Leonel Fernández , Ruben Maldonado y Fernándo Fernández insisten en que la Junta Central Electoral debe someterse al ordenamiento jurídico vigente y a su propia legalidad.
Sostuvieron que el órgano electoral debe revertir las decisiones impugnadas para ser ejecutadas de conformidad con las leyes y reglamentos ya citados, como consecuencia de los reparos contenidos en la instancia.
Concluyeron pidiendo a la a ese organismo que se abstenga de proclamar candidaturas en el nivel presidencial sin que previamente se hayan agotado todas las medidas de instrucción y resolutivas requeridas, en particular la realización de la auditoria técnica forense a los equipos utilizados en las elecciones primarias del día 6.
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.