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JCE luego de conteo manual ratifica a Gonzalo ganador primarias
La Junta Central Electoral (JCE) luego del conteo manual realizado por las 158 Juntas Electorales del país de los votos emitidos en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el nivel presidencial da ganador al al precandidato Gonzalo Castillo con 911 mil 324 votos sobre 884 mil 630 de Leonel Fernández.
Los resultados fueron ofrecidos anoche por la Junta Central Electoral (JCE) en su cuenta de Twitter.
Castillo, candidato del danilismo, había obtenido en los resultados preliminares del voto electrónico 911 mil 923 votos, 26,690 más que Fernández, quien obtuvo 885 mil 233 votos.
El pleno de la Junta Central Electoral había aprobado el pasado miércoles que se les que se realice el conteo manual a todos los votos en el nivel presidencial de las primarias del Partido de la Liberación Dominicana.
En esa ocasió su presidente, Julio César Castaños Guzmán, explicó que el Pleno de la Junta dispuso una comprobación física de la relación de resultados, de la totalidad de los votos en el nivel presidencial del PLD.
Agregó que esto se hizo en el entendido de que en esta fase traería más tranquilidad y certeza al pueblo dominicano.
Sin embargo el expresidente Leonel Férnandez no se interesó por el conteo manual alegando que ya la cadena de cuestodia de las urnas se había roto.
El equipo político de Leonel Fernández depositó ayer una instancia para pedir a la JCE que detenga el escrutinio de todas las mesas electorales de los 158 municipios para que se realice paralelamente al desarrollo de la auditoria técnica-forense que pidió.
En la instancia firmada por los delegados políticos y técnicos de Fernández: Hotoniel Bonilla, Rubén Maldonado y Fernando Fernández se asegura que “existen evidencias que dan cuenta que en varias Juntas Electorales de distintos municipios personal de la institución procedió a romper los precintos de seguridad y tuvieron acceso a las urnas que contenían los votos físicos, equipos, sellos y demás utilerías”.
En un documento leído a la prensa por Roberto Rosario se afirma que en algunos casos manipularon, revisaron y contaron votos con anterioridad a la medida de conteo anunciada por la JCE.
“Por ejemplo, en el sector de Villa Mella, del municipio SDN, entre las 4 y 8 de la noche del día 7 de octubre se procedió a esa anomalía”, señaló.
Junto a la instancia, de 14 páginas, los delegados políticos y técnicos depositaron un audio contentivo de las instrucciones verbales dadas por el director de elecciones, Mario Núñez, quien según las informaciones actuó por mandato de las máximas autoridades de la institución.
Señaló que de dicho audio se extrae la orden al personal de la institución para que pudieran acceder al kit electoral lo cual ocurrió antes del conteo dispuesto por el organismo electoral.
“Este solo hecho contamina todo el proceso y demuestra que la cadena de custodia fue rota por la propia institución”, dijo.
Rosario resaltó que la medida que dispuso la apertura de esos kits es inconsistente con la conducta exhibida por la institución.
Afirmó que en torno a la solicitud del conteo de votos físicos en el nivel presidencial requerida antes de las votaciones, el titular de la entidad argumentó públicamente que esa medida generaría un caos, pues dicho cotejo se extendería por más de 7 meses con lo cual fue descalificada la petición, empero, inexplicablemente fue ordenada para ser realizada en menos de 24 horas.
Fernández sometió un recurso ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) una demanda en referimiento urgente que busca evitar la proclamación de Gonzalo Castillo como candidato presidencial del PLD.
Al cierre de esta edición, que se produjo pasada la 1:30 de la madrugada, el Tribunal Superior Electoral conocía el referido recurso sometido por Fernández contra la Junta Central Electoral, el Partido de la Liberación Dominicana y Gonzalo Castillo, para evitar que se proclame al candidatos ganador en el nivel presidencial de las primarias del partido oficial, celebrado el pasado domingo.
Los jueces del Tribunal Superior Electoral Román Jaquez Liranzo, presidente; Rafaelina Peralta, Ramón Arístides Arias, Cristian Perdomo y Santiago Sosa escucharon los alegatos de la barra de defensa del PLD integrada por Julio Cury, Eduardo Jorge Prats, Cristóbal Rodríguez, Carlos Salcedo y Ruben Puntier.
Asimismo, escucharon a los abogados de Gonzalo Castillo: Laura Acosta y Luis Rivas, y a los de la JCE: Herminio Caputo, consultor jurídico; Pedro Reyes Calderón y Nelson Santana Artiles.
A Leonel Fernández lo defendieron Manuel Fermín, Namphy Rodríguez y Manuel Núñez, entre otros.
Los delegados del expresidente Leonel Fernández , Ruben Maldonado y Fernándo Fernández insisten en que la Junta Central Electoral debe someterse al ordenamiento jurídico vigente y a su propia legalidad.
Sostuvieron que el órgano electoral debe revertir las decisiones impugnadas para ser ejecutadas de conformidad con las leyes y reglamentos ya citados, como consecuencia de los reparos contenidos en la instancia.
Concluyeron pidiendo a la a ese organismo que se abstenga de proclamar candidaturas en el nivel presidencial sin que previamente se hayan agotado todas las medidas de instrucción y resolutivas requeridas, en particular la realización de la auditoria técnica forense a los equipos utilizados en las elecciones primarias del día 6.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.