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El coronavirus es una arma poderosa para quitar vidas y al propio tiempo para sacar a la superficie la vocación mafiosa.
Charles Canaán, quien nació en el año 1964 en Nueva York, candidato a diputado por la provincia Hermanas Mirabal, fue escogido en las primarias del 6 de octubre del 2019, pero no reunía los requisitos para ostentar la postulación en razón de que era ciudadano norteamericano y no había presentado su renuncia a la misma diez años antes como dispone la Constitución de la República en sus artículos 79, numeral 2, y 82.
Promotor artístico Félix Cabrera
Otro caso que también generó muchas dudas en torno a si reunía o no los requisitos para ser aspirante en las primarias peledeístas con el propósito de convertirse en candidato a senador por la misma provincia Hermanas Mirabal, lo fue el promotor artístico Félix Cabrera, quien perdió internamente del senador Canaán, quien lleva varios períodos en la misma posición.
Este tipo de fraude electoral no es difícil de cometer en virtud de que la doble nacionalidad permite, si así lo quiere el interesado, solo presentar el pasaporte dominicano sin hablar de su condición de ciudadano americano, ya que incluso puede hacerlo hasta para entrar al territorio dominicano, lo cual parece que hizo Charles.
Es muy bien conocido, sobre todo por los abogados, que los delitos electorales de este tipo no tienen ninguna atención, ya que son detalles que no son conocidos muy bien en el seno de los partidos, mucho menos en un pueblo como Salcedo y en el caso que sea detectado esa candidatura debe ser impugnada ante el Tribunal Superior Electoral para que haya un proceso contencioso, pero que no es tan fácil darle seguimiento al mismo.
Se desconoce si Charles era miembro del PLD, aunque por lo menos Estados Unidos no tuvo ninguna presencia como tal, pero de lo que sí se está seguro es que logró la candidatura a diputado en una contienda interna en la que se distribuyó dinero y para ese propósito contó con el auspicio de su primo, el senador Luis Rene Canaán Rojas, quien se ha visto involucrado en una serie de escándalos de corrupción en la República Dominicana.
Charles era propietario de una de las compañías de cargas más importantes de la ciudad de Nueva York, la cual opera desde el condado de El Bronx y la misma se había visto involucrada en una serie de contrabandos que incluía dólares y armas de fuego.
El fallecido candidato a diputado de la provincia Hermanas Mirabal recibe el virus parece que por sus constantes viajes a la República Dominicana, ya que lo hacía semanalmente, salía de la ciudad de Nueva York los jueves y regresaba los lunes.
Luis Reneé Canaán
El senador Luis René Canaán Rojas es quien sirve de padrino a Salcedo Cargo Express para darle solución a los problemas que se le han presentado en la Dirección General de Aduanas en el país y para cuyo fin pone sus influencias en las instancias oficiales para que no hubiera consecuencias.
El senador Canaán Rojas fue la persona que recibió el dinero para garantizar los votos en el Congreso Nacional para la aprobación del préstamo de 94 millones de dólares para la compra de los ocho aviones Súper Tucanos.
De acuerdo a los informes enviados en su momento por Brasil a la República Dominicana y las indagatorias realizadas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Canaán Rojas fue quien recibió de manos del coronel de la Fuerza Aérea, Carlos Piccini Núñez, quien aún guarda prisión por el caso, el dinero conferido por los ejecutivos de la Empresa Brasileira de Aeronáutica S. A. (Embraer), con miras a garantizar los votos en el Congreso Nacional para la aprobación del empréstito con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES ).
Canaán Rojas y Piccini Núñez
Canaán Rojas y Piccini Núñez llegaron a realizar viajes juntos a la ciudad de Nueva York y Brasil para concertar los arreglos del soborno con los representantes de la empresa brasileña, refiere el informe que tiene el Ministerio Público.
La asistencia jurídica internacional en materia penal proporcionada por el Ministerio Público de Brasil al dominicano, precisa que los sobornos entregados al senador ascendieron a 3 millones 520 mil dólares y que para su transferencia fueron utilizadas las empresas 4D Business Group S. A., propiedad de Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, ambos familiares del legislador.
También Saperofa, propiedad de Samuel Pereyra Rojas, sobrino del congresista, y Ferrboc, propiedad de los tíos, Santos Pérez y Sonia Inmaculada Rojas Tabar, hermana de la madre del senador.
Las transferencias ilícitas recibidas por estas entidades fueron entregadas por Embraer Representation LLC., filial estadounidense con la participación de los ejecutivos: Eduardo Munhos de Campos, Orlando José Ferrerira Neto, Luiz de Almeida Acir Padilha Júnior, Albert Phillip Close, Luiz Alberto Lage Da Fonseca, Luiz Eduardo Zorzenon Fumagalli, Eduardo Augusto Fernandes Fagundes, Ricardo Marcelo Bester y el lobista Elio Moti Sonnenfeld.
El caso de corrupción de directivos de la referida empresa se encuentra en la acción penal No. 0022500-03.2014.4.02.5101, por ante el Juzgado Federal Criminal de Río de Janeiro, Brasil, y coincide con los hechos establecidos con las pesquisas del Pepca.
Los documentos señalan además que Pedro Rafael Peña Antonio, mayor general piloto, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana y luego como teniente general piloto y Secretario de Estado de la Secretaría de las Fuerzas Armadas, cabeza del ministerio de Defensa, fue la persona que dirigió e impulsó todo lo relativo a las transacciones ejecutadas por ejecutivos de la empresa brasileira, cuyas operaciones ilícitas fueron canalizadas a través del coronel Piccini Núñez, que captó las empresas receptoras de los recursos y coordinó la posterior entrega de los mismos al senador por de la provincia Hermanas Mirabal, quien utilizó en este proceso al fallecido aspirante a legislador.
Otro caso en el que se vio involucrado el senador Canaán fue en un contrabando de dólares y armas y en cuyo momento se publicó la siguiente información al respecto:
Agentes federales del FBI y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, investigan el envío de US$1.456.570 enrollados y dentro tubos metálicos de camiones en tanques y enviados a República Dominicana a través de Salcedo Cargo Express, propiedad del empresario Charlie Canaán, con sede en El Bronx y la provincia Hermanas Mirabal.
El propietario de la embarcadora, quien es primo hermano del senador por la provincia Hermanas Mirabal, (Salcedo), Luis René Canaán, no es situado como persona de interés en la investigación federal.
Los investigadores creen que el dinero proviene del tráfico de drogas, y que fue acumulado por los narcos que lo enviaron y sería lavado por testaferros al servicio de los narcotraficantes.
Los consolidadores de cargas en Estados Unidos no pueden abrir los embases por regulaciones de la Agencia Marítima Federal, y de esa manera, les es imposible verificar el contenido de los tanques y las cajas, excepto lo que declaran los remitentes.
Una versión sostuvo que sospechosos con sede en Bonao eran buscados por las autoridades dominicanas y que el dinero fue enviado a una empresa fantasma con dirección en Santiago de los Caballeros.
Lisette Selman, vocera de Aduanas
La vocera de Aduanas en ese momento, Lisette Selman, dijo que la detección del contrabando se hizo gracias a un trabajo de inteligencia entre autoridades de Estados Unidos y la República Dominicana.
Dijo que la labor de inteligencia incluyó intercambios de información entre las aduanas de ambos países.
Salcedo Cargo Express emitió un comunicado cuando se produjo la confiscación en el que decía que: “queremos informarles a nuestros clientes, que en la verificación del día de hoy, las autoridades aduanales encontraron un ilícito y es importante que sepan que seguimos laborando de manera normal y seguiremos siendo los mejores dando el servicio a nuestros clientes”.
Añade que “la Dirección General de Aduanas tendrá nuevos requerimientos para el envío de mercancías como son identificación personal de quien envía y quien recibe, ya que desaprensivos utilizan con frecuencia esta facilidad de envíos, cuyo propósito es viabilizar ayudas de los dominicanos en Estados Unidos a sus familiares en el país, para burlar el fisco e introducir ilícitos, como armas, municiones y dinero, muchas veces producto de lavado, razón por la cual la Dirección General de Aduanas, se ha visto en la necesidad de afinar e intensificar las inspecciones a los envíos”, añade el comunicado.
La empresa dijo pidió contribuir con las leyes de aduanas de la República Dominicana y así, se agilizará las entregas de sus paquetes.
Canaán fue investigado en ese momento por el Burot Federal de Investigaciones, conocida por sus siglas en inglés como FBI, pero no se le formularon cargos por no encontrarse pruebas de que servía de enlace para los envíos ilegales.
Sin embargo, la ocurrencia reiterada de la irregularidad constituyó una razón de preocupación en el país, sobre todo porque los escándalos siguientes evidenciaban la participación de esa empresa en una serie de maniobras que también implicaba evadir impuestos en complicidad con personas que operaban dentro de la Dirección General de Aduanas.
Las investigaciones arrojaron el resultado de que Salcedo Cargo Express transportó dólares y armas de una forma muy sospechosa, lo cual pudo de alguna manera comprobarse con la participación del senador Canaán en una serie de cadenas para incurrir en delitos muy graves de lavado de dinero, pero que el Ministerio Público lo excluía de los expedientes por el papel jugado por el legislador en la elección y posterior reelección del presidente Danilo Medina en el año 2016.
La empresa de carga fue sorprendida en el año 2010 en varios contrabandos a través de sus contenedores, entre los que se encuentra el transporte de U$1.4 millones de dólares que fueron ocupados por la Dirección General de Aduanas.
El 23 de julio de 2010 fueron detectados otros US$438,980 en una caja consignada a Patria de Jesús Vargas, cuyo envío fue realizado por Salcedo Cargo Express, representada por Huáscar Canaán, primo del senador por la provincia Hermanas Mirabal, Luis René y hermano de Charles.
En dicha ocasión, el remitente del envío fue Juan José Marte de Jesús, con dirección en Nueva York, y quien lo recibía era su madre, Patria de Jesús Vargas, residente en Cancino, Santo Domingo.
Edificio de Aduanas
En ese momento la Dirección General de Aduanas informó que los propietarios de las empresas Salcedo Cargo Express y Central Shipping SRL, serían sometidos a la Justicia por el decomiso, lo cual nunca ocurrió por las influencias del senador de la provincia Hermanas Mirabal, Luis René Canaán.
La DGA indicó que esta modalidad de envío es utilizada por delincuentes que actúan en sociedad con los propietarios de las compañías de mudanzas con frecuencia para burlar el fisco e introducir armas, municiones o dólares, razón por la que se han visto en la necesidad de intensificar las inspecciones. Tanto ha sido asi, que Salcedo Cargo Express fue una vía para que una de las personas del bajo mundo hiciera llegar al país más de 25 millones de dólares y muchas de las propiedades adquiridas con ese dinero fueron confiscadas en la República Dominicana, siempre de acuerdo a la información proporcionada por el propio Charles a una persona allegada.
En otro caso escándaloso que ocurrió en Santiago, la segunda ciudad en importancia del país, fue el hecho de que empleados vinculados al partido de gobierno se asociaron con dueños de las mencionadas compañías de carga para para introducir al país contrabandos de altas sumas de dinero y armas de fuego de alto calibre, así como mercancías valoradas en alrededor de 100 millones de pesos.
Los funcionarios aduanales recibían sumas diversas para no verificar los contenedores con las mercancías, algunos de los cuales llegaban al muelle de Haina Oriental y eran llevados de manera sospechosa a Santiago, estrategia que provocó una investigación hasta que se destapó el escándalo que involucraba a la misma compañía de Salcedo Cargo Express, propiedad de Charles Canaán.
En ese momento el consultor jurídico de la DGA, Gerardo Rivas, informó que al menos cuatro personas fueron arrestadas en allanamientos realizados en distintos sectores de Santiago, entre los que identificó a Adalberto Rosa Rosario, Santiago Felipe, Miguel Ángel Lazala, Jorge Moronta y Gerald Estévez Cabrera, todos hijos o vinculados con dirigentes del PLD.
Esas personas fueron detenidas en allanamientos dirigidos por fiscales adjuntos de Santiago, auxiliados por miembros del Departamento de Inteligencia de Aduanas y efectivos de la Policía, los cuales requisaron también varios almacenes donde estaban guardadas las mercaderías subvaluadas.
Aclaró que en los furgones no se detectaron sustancias narcóticas. “Ellos mismos han dicho que recibían dinero para no revisar los contenedores”, agregó Rivas al ofrecer detalles del proceso que se les seguía a los vinculados a las redes dedicadas al tráfico de mercancías procedente de EE. UU.
Los detenidos fueron llevados a la oficina de quien fungía como fiscal de Santiago, Yeni Berenice Reynoso, a los fines de que esa instancia adoptara las medidas de lugar y ésta advirtió que el caso iría hasta las últimas consecuencias.
Los investigadores de la DGA determinaron que desde Haina eran trasladados a Santiago algunos contenedores, sin estar destinados a esa ciudad, lo que obligó a profundizar las investigaciones que concluyeron con el desmantelamiento de la red.
Gerardo Rivas consultor jurídico de la DGA
“Se estaba advirtiendo que furgones que llegaban a Santo Domingo los solicitaban para Santiago, lo que efectivamente creó una alerta y Aduanas comenzó a investigar”, dijo Gerardo Rivas, consultor Jurídico del organismo.
Fue por ese seguimiento que la institución realizó las detecciones durante registros hechos en almacenes fiscales o de desconsolidación donde las denominadas ‘shipping’ llevaban la mercaderías.
La fiscal ya del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, volvió a cuestionar la justicia por el caso del desfalco de más de RD$100 millones de pesos a la Dirección General de Aduanas (DGA), que generó un escándalo en el 2010 por involucrar a hijos de funcionarios y legisladores cuya decisión fue el descargo a tres de los acusados y otros tres fueron condenados.
La funcionaria judicial ya antes había advertido y criticado el hecho de que las pruebas que avalaban este caso se desaparecieron del Ministerio Público del Distrito Judicial de Santiago.
Reynoso afirmó cuando se emitió la sentencia en uno de dos tuits que la misma “tiene serios defectos jurídicos” porque, a su entender, “el retiro del querellante es irrelevante para una sanción penal, en un caso de acción pública”, y criticó que en el expediente de corrupción “se condenaba al cómplice y se descarga a los autores”.
Se recuerda que cuando estalló el escándalo Reynoso estaba asignada a la Fiscalía de Santiago, donde se enfrentó a la procuradora de la Corte de Apelación, Vielka Calderón, quien solicitó la variación de la medida de coerción de prisión de ocho meses por una garantía económicas a tres de los implicados, Miguel de Jesús Lazala, Herald Estévez Peña y Adalberto Rosa
Otro de los acusados es hijo de Petra Canela, exdirectora del Programa de Reducción de Apagones (PRA) y dirigente provincial del PLD. En tanto que Adalberto Rosa, hijo del exdiputado peledeísta que lleva su mismo nombre y exdirector del Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO), quien defendió la conducta de su vástago.
La acusación refería que los citados recibían entre RD$800 mil y RD$900 mil por dejar pasar los contenedores sin revisión.
El caso después de ocho años en los tribunales, el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del distrito judicial de Santiago, absolvió del fraude o soborno a Héctor Manuel García Ortega, Herald Estévez Peña y Miguel de Jesús Lazala.
Los tres condenados a 8, 5 y 2 años de prisión por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal por fraude, lavado de activos y tráfico de armas de fuego en perjuicio de la DGA, fueron José Rafael Marte, Gilbrand Abukarma Martínez y Adalberto de la Rosa Rosario
Marte fue sentenciado a ocho años; Abukarma Martínez, a cinco, y a Adalberto de la Rosa Rosario, a dos años. Los dos primeros por lavado de activos y actividades ilícitas provenientes de recursos del narcotráfico, y De la Rosa Rosario por el porte ilegal del arma de fuego.
Se recuerda que en noviembre del 2013 la Dirección General de Aduanas retiró la querella en contra de los acusados, pero la fiscal en ese momento del Distrito Judicial de Santiago, Luisa Liranzo, quien sustituyó a Reynoso, decidió mantenerla.
Algunos de los acusados en la estafa y que eran parientes de funcionarios, pasaron a ser testigos en el caso, según las publicaciones periodísticas de entonces. Entre los que fueron apresados y sacados del expediente figuran el colector de Aduanas del Aeropuerto Internacional del Cibao, Luis Felipe Santiago.
La fiscal del Distrito Nacional, Berenice Reinoso, ironizó sobre la sentencia en un segundo y último tuit al difundir lo siguiente: “Parece que los cientos de miles de dólares y las armas de alto calibre que se ocuparon, que no fueron declaradas, llegaron por telepatía al país”.
La candidatura a diputado por la provincia Hermanas Mirabal de Charles Canaán parece ser una de las últimas travesuras del senador Luis Rene Canaán, quien pese a existir pruebas muy contundentes en su contra nunca ha sido tocado ni con el pétalo de una rosa, ya que sabe jugar con las influencias políticas, dado que primero fue leonelista y ahora es un furibundo danilista.
El entremado de corrupción que involucra al senador por la provincia Hermanas Mirabal parece que lo llevó a fortalecer sus vínculos con el poder con la decisión de presentar como candidato a diputado por la misma jurisdicción a Charlis Canaan, quien no tenía una militancia peledeísta reconocida y mucho menos un liderazgo para ganar una contienda interna, pero que su colocación a fuerza de dinero en el Congreso Nacional garantiza una serie de inmunidades y de consideraciones que muy difícilmente le pueda traer una sanción por sus bellaquerías, amén de que aunque el principal protagonista de esta historia podría quedarse con su curul en el Senado de la República.
Lo peor de todo es que parece que la mayoría de los que han ocupado las curules de la Circunscripción 1, correspondientes a los Estados Unidos y Canadá, han incurrido en la misma violación, porque hasta el momento no hay ninguna constancia de que hayan renunciado diez años antes a su condición de ciudadanos de los Estados Unidos como lo establecen los artículos 79, numeral 2, y el 82 de la Constitución de la República.
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Partidocracia pone en peligro estado de derecho con control y manipulación del sistema de justicia a través del CNM.
Por Elba García
La evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y los demás miembros del sistema está en manos de los partidos políticos, ya que la configuración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha sido concebida para responder a los intereses de la partidocracia.
Esta realidad pone en peligro la independencia que debe prevalecer en el sistema de justicia para que en el país se pueda fortalecer el estado de derecho y la democracia, lo cual no parece un problema tan fácil de resolver.
En estos momentos está sobre la mesa el amplio margen de discrecionalidad que tiene el CNM para decidir la permanencia de un juez en el sistema de justicia, cuyos miembros provienen en su mayoría de los partidos políticos sin ninguna formación jurídica para evaluar a esos magistrados.
Una de las evidencias de la forma como jueces ponen en manos del sistema de partidos su carrera fue lo ocurrido en el 2025 con la decisión del CNM de no ratificar a Pilar Jiménez, Manuel Read y Moisés Ferrer cuando concluyó su periodo constitucional de siete años, siendo la primera vez que este órgano excluyó magistrados mediante el referido mecanismo, lo que generó críticas por la falta de parámetros objetivos para medir el desempeño judicial.
Ahora, es decir, el pasado 3 de agosto, el Consejo Nacional de la Magistratura aprobó el cronograma correspondiente a los 11 jueces de la SCJ que concluyeron su ciclo constitucional, de los cuales tres agotaron los dos periodos de siete años permitidos por la carta magna y en consecuencia deben ser sustituidos.
Sin embargo, cuatro de ellos, incluido el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, además de Nancy Salcedo, María Garabito y Manuel Herrera Carbucia anunciaron que no buscarán su ratificación, aunque no lo han dicho, pero ha trascendido que no creen en el sistema de evaluación que descansa en la partidocracia. De hecho, el saliente presidente del más alto tribunal del país fue el resultado de ese poder que tienen los partidos políticos para escoger los jueces del país.
El control de los partidos políticos para la escogencia de los jueces nacionales genera una gran incertidumbre por el hecho de que personas que no tienen la preparación ni la formación para someter a una evaluación a magistrados que tienen toda una carrera judicial, coloca a éstos en una situación incómoda e inaceptable.
Ya existe un precedente de cómo se escogen los jueces de las altas corte con el recordado Pacto de las Corbatas Azules entre Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, que dio como resultado el primer Tribunal Constitucional encabezado por Milton Rey Guevara.
El pasado 3 de agosto, el CNM aprobó el cronograma correspondiente a los 11 jueces de la SCJ, cuyo ciclo constitucional concluyó este año. Tres agotaron el tiempo en que deben permanecer en las posiciones, pero otros cuatro, -el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina; Nancy Salcedo, María Garabito y en las últimas se unió Manuel Ramon Herrera Carbuccia, comunicaron que no buscarán la ratificación.
Las críticas al modelo no sólo se centran en los criterios consignados en el Reglamento 2-25 del Consejo Nacional de la Magistratura, el cual contempla aspectos técnicos, éticos y personales, como productividad, calidad de las decisiones, tiempo de respuesta, aportes jurídicos, integridad, independencia, reputación intelectual e imagen pública, sino en la interpretación y aplicación del mismo.
Empero, El CNM no dispone una calificación o ponderación específica para esos criterios ni define qué nivel de desempeño debe alcanzar un juez para ser ratificado, por lo que la decisión final queda en manos del órgano que está bajo control de los partidos políticos, donde se mide el vínculo del aspirante a juez a los fines de garantizar el control de sus funciones.
El precedente sentado por la evaluación, cuyas actas del 2025 hablan claro al respecto y no dejan dudas, además, de la agenda principalmente política que desarrollan los partidos políticos en esta instancia y muestra que ella compromete los informes de desempeño, ya que en casos muy concretos consejeros expusieron criterios opuestos sobre un mismo juez, pero a partir del mismo expediente.
Pero desde antes de esta situación, el país conoció la retaliación que se siguió durante la presidencia de Danilo Medina en contra de la jueza de carrera Miriam German, quien fue excluida del sistema sobre la base de criterios políticos más que técnicos judiciales.
El propio CNM suspendió las evaluaciones para revisar el entonces Reglamento 1-19, lo que dio paso al 2-25, el cual no fue afectado sustancialmente, dado que mantuvo los puntos que producen las principales críticas en su contra, porque carece de una escala de calificación y una ponderación objetiva para determinar cuándo el desempeño es suficiente para que se produzca la ratificación.
En lo que respecta a los tres jueces excluidos del sistema de justicia mediante la evaluación del CNM, hubo en dos de los tres casos una votación empatada y la decisión final descansó en el presidente Luis Abinader en su condición de presidente del órgano en cuestión, quien durante sus dos mandatos ha mostrado una marcada tendencia a no respetar el sistema de justicia constitucional con el desacato mediante decretos de una serie de leyes y jurisprudencia provenientes del Tribunal Constitucional.
La configuración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) otorga al oficialismo tres votos de siete, los cuales son el de Abinader, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos y el de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, mientras que los partidos de la oposición están representados por Omar Fernández, hijo de Leonel Fernández, y el diputado Tobías Crespo. Los demás integrantes son el presidente de la SCJ, la jueza Nancy Salcedo y el que preside el Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez, lo que deja claro el control de los partidos políticos en un órgano que juega un papel de primer orden en la independencia del poder judicial.
Ahí está la explicación de que no hay demanda que tenga ganancia de causa en contra de los partidos políticos, cuyas decisiones no pasan de la declaración de inadmisibilidad de los casos como se puede comprobar con lo que ocurre regularmente en el Tribunal Superior Electoral (TSE).
La Fundación Institucionalidad y Justicia sostiene que el CNM carece de una estructura técnica especializada para hacer las evaluaciones de los jueces y en consecuencia ha planteado sustituir el modelo por un periodo de designación para los jueces de las altas cortes.
Otro que se ha expresado al respecto es el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ha criticado que la permanencia de los jueces dependa de un órgano de una composición predominanmente política, lo que a su juicio puede afectar la independencia judicial y propiciar gestiones y cabildeos cuando se próxima la evaluación.
No obstante, Subero Isa es un defensor del sistema de partidos y del control que mantienen éstos sobre todo el Estado, cuya posición ahora avala desde la Consultaría Jurídica del Poder Ejecutivo con un asesoramiento al presidente Abinader para que desacate la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional.
Lo menos que debía ocurrir para mejorar la situación creada es la aprobación de una nueva ley o la modificación de la existente para conformar un nuevo Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyos miembros tienen que venir de las universidades nacionales, el Colegio de Abogados de la República Dominicana, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y jueces de carrera, pero no personas que representan los intereses de los partidos políticos.
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Transparencia Internacional con medición de lucha contra corrupción en R.D. se sale de contexto.
Por Elba García
Son innumerables las afirmaciones de organismos internacionales que hablan de logros en la democracia dominicana, que nadie entiende porque su valoración parte de lo que venden mediáticamente sectores interesados.
El más reciente de estos informes se refiere a que en el país existe una verdadera lucha contra la corrupción, sin tomar en cuenta que se trata de una confrontación político partidaria para unos quitarles credibilidad a otros.
El primer problema para valorar correctamente lo que ocurre en la justicia con la corrupción administrativa, cuyo mal afecta a todos los partidos que han tenido el control del Estado, es que el Ministerio Público más que un mecanismo para combatir el fenómeno representa un instrumento para perseguir al contrario ya salido del poder y que es imputado de incurrir en mal uso de recursos públicos, pero generalmente los casos, aunque sean verdad, terminan en impunidad.
En la actualidad una serie de procesos se ventilan en la justicia, pero los resultados son regularmente la absolución de los acusados y cuando ello no ocurre así en el tiempo prudente es porque el Ministerio Público y la defensa de los imputados llevan los casos mediante incidentales a periodos muy largos sin que haya una solución a los mismos.
La base de lo que ocurre sólo tiene como fin satisfacer mediáticamente las ansias de justicia de la sociedad dominicana, pero que en la realidad ello nunca ocurre, todo como resultado de que la justicia está controlada por los mismos que promueven la corrupción administrativa a través del Consejo Nacional de la Magistratura y de otros órganos del Estado.
El trabajo de valoración de la transparencia en la República Dominicana no parte de una interpretación objetiva o más bien realista por la organización que acaba de publicarla, el que hace más daño que bien por tratarse de una especie de distorsión de la verdad, tal vez para llevar a una actitud conformista del ciudadano.
El estudio más reciente que impacta a la República Dominicana ha sido hecho público por el presidente de Transparencia Internacional, quien afirma que en el país existe una verdadera lucha contra la corrupción, pero que luce que el mismo carece de la objetividad necesaria para hacer tal afirmación.
Amplios sectores de la vida nacional entienden que esa supuesta lucha contra la corrupción que menciona Transparencia Internacional parte de una valoración fuera de contexto cuando no toma como referencia lo que ocurre con el Ministerio Público y todo el sistema de justicia.
Algunos medios de comunicación dan mucha relevancia a lo dicho por Transparencia Internacional, precisamente por el origen que tiene, pero no se detienen a sopesar lo que ocurre en el Estado dominicano por estar controlado por los partidos políticos, los cuales han creado las herramientas necesarias para evitar que la figura de la impunidad sea prácticamente erradicarla del escenario nacional.
La sanción de los delitos penales comunes son tal vez los que de alguna manera tienen una respuesta relativamente más convincente, aunque siempre la severidad de la justicia está determinada por el nivel de contaminación de los que controlan el sistema, como la ya conocida partidocracia.
La referencia realizada por Transparencia Internacional la atribuyen al papel del Gobierno, los fiscales y el sistema judicial, los cuales juegan un rol en este campo que los convierte en los principales actores del deterioro de elementos tan vitales para el logro del propósito anunciado como la seguridad jurídica, el fortalecimiento institucional y en consecuencia de la mejoría de la democracia, lo que deja en tela de juicio la afirmación de la mencionada organización de que lo que ocurre puede generar una mejoría de los niveles de confianza pública, pese a que es todo lo contrario.
La valoración de Transparencia Internacional destaca que estos actores, desde sus respectivas responsabilidades, forman parte de un proceso institucional que ha colocado la lucha contra la corrupción como un elemento relevante dentro de la gestión pública y del fortalecimiento de la democracia, cuando la realidad es que en el país hay serias preocupaciones por el camino que toma la justicia con el no cumplimiento de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Sin lugar a dudas que durante décadas América Latina ha enfrentado el desafío de lograr instituciones más sólidas y confiables, pero que en muchos casos en ese contexto regional la valoración de Transparencia Internacional luce ser el resultado de un análisis hecho en un cuarto frío que no tiene nada que ver con la verdad.
Tanto es así que, si se parte del caso Odebrecht, cuyos imputados todos fueron absueltos por los tribunales nacionales, cuando no ocurrió lo mismo en otras naciones del hemisferio, como por ejemplo Perú, donde varios expresidentes de la República guardan prisión por estos hechos, se puede ver la falsa valoracion en esta materia de la referidad entidad interncaional.
Pero más recientemente en el país varios exministros del gobierno de Danilo Medina fueron absueltos a pesar de que a nivel social la gente mantiene la idea de que se enriquecieron con los recursos públicos, cuyo caso más emblemático es del ahora aspirante presidencial Gonzalo Castillo.
Es muy probable que este tipo de informe obedezca al interés del Gobierno de fortalecer los factores que observan los inversionistas antes de tomar cualquier decisión para poner su dinero en un proyecto nacional.
Todo el mundo sabe que la inversión nacional y extranjera no depende únicamente de las oportunidades de mercado, sino también de la confianza, la seguridad jurídica y la estabilidad de las reglas, las cuales todavía son un sueño en el país.
La proyección de una fortaleza institucional genera mejores condiciones para atraer capital, impulsar proyectos productivos y ampliar sus posibilidades de crecimiento, pero que las afirmaciones en este sentido pueden ser el resultado de una interpretación caprichosa, a los fines de que sea verdaderamente un componente estratégico para el desarrollo económico.
La valoración de Transparencia Internacional es posible que tenga su explicación en el hecho de que el país será sede del 1 al 4 de diciembre de 2026 de la Conferencia Internacional Anticorrupción, un encuentro global que reunirá a más de dos mil participantes provenientes de alrededor de 140 países.
La celebración de este importante foro internacional sobre la base de una premisa falsa no hace bien a la democracia en el hemisferio y el mundo, ya que el mismo es un escenario para el debate mundial sobre transparencia, integridad pública y fortalecimiento institucional, los cuales no están presentes en el Estado dominicano.
Sin embargo, el fenómeno de los informes de diferentes tipos como el de la pobreza y este de la transparencia y lucha contra la corrupción, parecen ser una forma de vender el país sobre la base de una percepción más que de la realidad.
La reputación internacional de un país se construye a partir de la verdad y debe ajustarse a factores como la estabilidad democrática, el desempeño económico, la calidad institucional y la confianza, los cuales deben estar por encima del debate político.
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Inseguridad del Gobierno al distintiguir entre promulgar una ley que viola o que se ajusta a proceptos constitucionales.
Por José Cabral
El presidente Abinader ha sido el que más, pese a que pregona lo contrario, que ha puesto en un total descrédito los decretos de leyes y de otros actos de la administración pública que son aplicables y de obligatorio cumplimiento para todo el pueblo dominicano, cuya inseguridad o falta de certeza juridica del principal funcionario del Gobierno implica la nulidad de los mismos, la pérdida de confianza ciudadana y de los diversos tipos de responsabilidad legal, lo cual ocurre cuando se toman decisiones sin claridad sobre las normas aplicables.
Cuando esto ocurre el documento pierde validez juridica si carece de los elementos esenciales de la ley de leyes, afectando los derechos de los ciudadanos, lo que expone al servidor público, máxime si se trata del presidente de la República, a sanciones administrativas, disciplinarias, civiles e incluso penales por extralimitación de funciones, sobre todo cuando el acto involucra la figura de la precaricación.
Las dudas en esta materia son una causa para que se produzca una paralisis institucional, dado que la ocurrencia de las mismas constantemente frenan la eficacia y la agilidad que se exige al servicio público moderno, lo que produce un impacto social que se expresa mediante la incertidumbre en los ciudadanos afectados que no tienen la claridad sobre sus derechos ni predictibilidad en los trámites del Estado.
Se entiende que la vulnerabilidad a este respecto estimula la corrupcion, ya que la falta de criterios firmes abre espacios a la arbitrariedad o a interpretaciones sesgadas de la ley.
Son innumerables los decretos publicados por el presidente que han sido anulados por el Tribunal Constitucional (TC) por representar una violación de leyes y de la Constitución de la República, lo que pone en peligro la seguridad jurídica, la institucionalidad y la vida democrática de la nación.
El sistema jurídico dominicano se rige por una jerarquía en la que ocupa el lugar preponderante y cimero la Constitución y luego van las leyes orgánicas y ordinarias y en ese mismo orden los decretos, las resoluciones y otros actos que no pueden estar por encima de los que ocupan lugares primeros en el orden legal.
Evidentemente que el gobierno de Luis Abinader no tiene la menor idea de este concepto de jerarquía, lo cual provoca que regularmente emita decretos que rompen con el principio de legalidad y de juridicidad por el que deben regirse los mismos.
Para cuidar detalles como este es que existe la Consultoría del Poder Ejecutivo, a los fines de asesorar al presidente de la República de lo que puede hacerse o no en el marco de la administración pública para evitar que el mandatario pierda su credibilidad como se produce en la gestión de Luis Abinader.
En la actualidad cursan varias acciones de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional para anular la promulgación de leyes por parte del Poder Ejecutivo que violan la jerarquía jurídica, amén de que ya ha ocurrido lo propio con decisiones del presidente que proyectan ignorancia o sencillamente constituyen un desacato que rompe con la seguridad jurídica, la institucionalidad y el orden democrático.
Una de las «metidas de patas» del presidente Abinader fue la promulgación de la Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes cuando las mismas son el resultado de la facultad interpretativa del TC a través del mandato otorgado a este órgano extra poder por el constituyente mediante los artículos 184 y 185 de la Constitución de la Republica y el 47 de la Ley 137-11.
Ahora, si bien la promulgación de la ilegal ley por violar o desacatar una jurisprudencia del alto tribunal proyecta una mala imagen del presidente Abinader, pero peor ocurre con quien ostenta la dirección de la Consultoría del Poder Ejecutivo, cuyo titular al momento de las acciones antijurídicas es nada más y nada menos que el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa.
La nulidad más reciente de un decreto de Abinader, que atenta en contra de la jerarquía jurídica, tiene que ver con la violación de la Constitución mediante la vulneración de derechos fundamentales, usurpación de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional.
El TC ha recurrido a la facultad que tiene de anular decretos como el relacionado a la creación de escalas de rangos, pensiones o reglamentos orgánicos cuando el presidente excede su potestad y vulnera la Constitución de la República.
Muy recientemente el alto tribunal emitió la sentencia TC/0287/26 que anuló el decreto 178-25 del pasado 02 de abril del 2025 expedido por el presidente Luis Abinader, el cual tenía el propósito de implementar una escala de rangos entre alistados y suboficiales de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana desde raso hasta sargento mayor de comando abarcando a los suboficiales dentro sus tres categorías de subtenientes, respectivamente.
Como se ve, el presidente de la República ha buscado modificar el otorgamiento de rangos mediante un decreto cuando las Fuerzas Armadas se rigen por una ley orgánica, que jerárquicamente es superior a la facultad que tiene en esta materia el jefe del Poder Ejecutivo.
Abinader con el referido decreto se llevó de paro la Ley 139-13, orgánica de las Fuerzas Armadas, que es la que otorga la autoridad para hacer los ascensos de rangos que el presidente ha tratado de disponer de forma ilegal, lo cual conllevó la nulidad de la referida norma.
Este escenario se repite regularmente, cuyo proceder del mandatario no sólo revela una mala asesoría legal, sino también un nivel de ignorancia que crea preocupación en la ciudadanía, ya que se pone en peligro la seguridad jurídica, la institucionalidad y la democracia nacional.
Los casos de este tipo son numerosos y los mismos ponen en tela de juicio la capacidad de un presidente que no tiene claros estos detalles, lo que constituye un atentado al régimen legal de la nación, ya que ello también implica incumplir, sobre todo cuando hay violación de derechos fundamentales, con las normas ya no sólo del derecho interno, sino también del externo.