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El coronavirus es una arma poderosa para quitar vidas y al propio tiempo para sacar a la superficie la vocación mafiosa.
Charles Canaán, quien nació en el año 1964 en Nueva York, candidato a diputado por la provincia Hermanas Mirabal, fue escogido en las primarias del 6 de octubre del 2019, pero no reunía los requisitos para ostentar la postulación en razón de que era ciudadano norteamericano y no había presentado su renuncia a la misma diez años antes como dispone la Constitución de la República en sus artículos 79, numeral 2, y 82.
Promotor artístico Félix Cabrera
Otro caso que también generó muchas dudas en torno a si reunía o no los requisitos para ser aspirante en las primarias peledeístas con el propósito de convertirse en candidato a senador por la misma provincia Hermanas Mirabal, lo fue el promotor artístico Félix Cabrera, quien perdió internamente del senador Canaán, quien lleva varios períodos en la misma posición.
Este tipo de fraude electoral no es difícil de cometer en virtud de que la doble nacionalidad permite, si así lo quiere el interesado, solo presentar el pasaporte dominicano sin hablar de su condición de ciudadano americano, ya que incluso puede hacerlo hasta para entrar al territorio dominicano, lo cual parece que hizo Charles.
Es muy bien conocido, sobre todo por los abogados, que los delitos electorales de este tipo no tienen ninguna atención, ya que son detalles que no son conocidos muy bien en el seno de los partidos, mucho menos en un pueblo como Salcedo y en el caso que sea detectado esa candidatura debe ser impugnada ante el Tribunal Superior Electoral para que haya un proceso contencioso, pero que no es tan fácil darle seguimiento al mismo.
Se desconoce si Charles era miembro del PLD, aunque por lo menos Estados Unidos no tuvo ninguna presencia como tal, pero de lo que sí se está seguro es que logró la candidatura a diputado en una contienda interna en la que se distribuyó dinero y para ese propósito contó con el auspicio de su primo, el senador Luis Rene Canaán Rojas, quien se ha visto involucrado en una serie de escándalos de corrupción en la República Dominicana.
Charles era propietario de una de las compañías de cargas más importantes de la ciudad de Nueva York, la cual opera desde el condado de El Bronx y la misma se había visto involucrada en una serie de contrabandos que incluía dólares y armas de fuego.
El fallecido candidato a diputado de la provincia Hermanas Mirabal recibe el virus parece que por sus constantes viajes a la República Dominicana, ya que lo hacía semanalmente, salía de la ciudad de Nueva York los jueves y regresaba los lunes.
Luis Reneé Canaán
El senador Luis René Canaán Rojas es quien sirve de padrino a Salcedo Cargo Express para darle solución a los problemas que se le han presentado en la Dirección General de Aduanas en el país y para cuyo fin pone sus influencias en las instancias oficiales para que no hubiera consecuencias.
El senador Canaán Rojas fue la persona que recibió el dinero para garantizar los votos en el Congreso Nacional para la aprobación del préstamo de 94 millones de dólares para la compra de los ocho aviones Súper Tucanos.
De acuerdo a los informes enviados en su momento por Brasil a la República Dominicana y las indagatorias realizadas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Canaán Rojas fue quien recibió de manos del coronel de la Fuerza Aérea, Carlos Piccini Núñez, quien aún guarda prisión por el caso, el dinero conferido por los ejecutivos de la Empresa Brasileira de Aeronáutica S. A. (Embraer), con miras a garantizar los votos en el Congreso Nacional para la aprobación del empréstito con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES ).
Canaán Rojas y Piccini Núñez
Canaán Rojas y Piccini Núñez llegaron a realizar viajes juntos a la ciudad de Nueva York y Brasil para concertar los arreglos del soborno con los representantes de la empresa brasileña, refiere el informe que tiene el Ministerio Público.
La asistencia jurídica internacional en materia penal proporcionada por el Ministerio Público de Brasil al dominicano, precisa que los sobornos entregados al senador ascendieron a 3 millones 520 mil dólares y que para su transferencia fueron utilizadas las empresas 4D Business Group S. A., propiedad de Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, ambos familiares del legislador.
También Saperofa, propiedad de Samuel Pereyra Rojas, sobrino del congresista, y Ferrboc, propiedad de los tíos, Santos Pérez y Sonia Inmaculada Rojas Tabar, hermana de la madre del senador.
Las transferencias ilícitas recibidas por estas entidades fueron entregadas por Embraer Representation LLC., filial estadounidense con la participación de los ejecutivos: Eduardo Munhos de Campos, Orlando José Ferrerira Neto, Luiz de Almeida Acir Padilha Júnior, Albert Phillip Close, Luiz Alberto Lage Da Fonseca, Luiz Eduardo Zorzenon Fumagalli, Eduardo Augusto Fernandes Fagundes, Ricardo Marcelo Bester y el lobista Elio Moti Sonnenfeld.
El caso de corrupción de directivos de la referida empresa se encuentra en la acción penal No. 0022500-03.2014.4.02.5101, por ante el Juzgado Federal Criminal de Río de Janeiro, Brasil, y coincide con los hechos establecidos con las pesquisas del Pepca.
Los documentos señalan además que Pedro Rafael Peña Antonio, mayor general piloto, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana y luego como teniente general piloto y Secretario de Estado de la Secretaría de las Fuerzas Armadas, cabeza del ministerio de Defensa, fue la persona que dirigió e impulsó todo lo relativo a las transacciones ejecutadas por ejecutivos de la empresa brasileira, cuyas operaciones ilícitas fueron canalizadas a través del coronel Piccini Núñez, que captó las empresas receptoras de los recursos y coordinó la posterior entrega de los mismos al senador por de la provincia Hermanas Mirabal, quien utilizó en este proceso al fallecido aspirante a legislador.
Otro caso en el que se vio involucrado el senador Canaán fue en un contrabando de dólares y armas y en cuyo momento se publicó la siguiente información al respecto:
Agentes federales del FBI y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, investigan el envío de US$1.456.570 enrollados y dentro tubos metálicos de camiones en tanques y enviados a República Dominicana a través de Salcedo Cargo Express, propiedad del empresario Charlie Canaán, con sede en El Bronx y la provincia Hermanas Mirabal.
El propietario de la embarcadora, quien es primo hermano del senador por la provincia Hermanas Mirabal, (Salcedo), Luis René Canaán, no es situado como persona de interés en la investigación federal.
Los investigadores creen que el dinero proviene del tráfico de drogas, y que fue acumulado por los narcos que lo enviaron y sería lavado por testaferros al servicio de los narcotraficantes.
Los consolidadores de cargas en Estados Unidos no pueden abrir los embases por regulaciones de la Agencia Marítima Federal, y de esa manera, les es imposible verificar el contenido de los tanques y las cajas, excepto lo que declaran los remitentes.
Una versión sostuvo que sospechosos con sede en Bonao eran buscados por las autoridades dominicanas y que el dinero fue enviado a una empresa fantasma con dirección en Santiago de los Caballeros.
Lisette Selman, vocera de Aduanas
La vocera de Aduanas en ese momento, Lisette Selman, dijo que la detección del contrabando se hizo gracias a un trabajo de inteligencia entre autoridades de Estados Unidos y la República Dominicana.
Dijo que la labor de inteligencia incluyó intercambios de información entre las aduanas de ambos países.
Salcedo Cargo Express emitió un comunicado cuando se produjo la confiscación en el que decía que: “queremos informarles a nuestros clientes, que en la verificación del día de hoy, las autoridades aduanales encontraron un ilícito y es importante que sepan que seguimos laborando de manera normal y seguiremos siendo los mejores dando el servicio a nuestros clientes”.
Añade que “la Dirección General de Aduanas tendrá nuevos requerimientos para el envío de mercancías como son identificación personal de quien envía y quien recibe, ya que desaprensivos utilizan con frecuencia esta facilidad de envíos, cuyo propósito es viabilizar ayudas de los dominicanos en Estados Unidos a sus familiares en el país, para burlar el fisco e introducir ilícitos, como armas, municiones y dinero, muchas veces producto de lavado, razón por la cual la Dirección General de Aduanas, se ha visto en la necesidad de afinar e intensificar las inspecciones a los envíos”, añade el comunicado.
La empresa dijo pidió contribuir con las leyes de aduanas de la República Dominicana y así, se agilizará las entregas de sus paquetes.
Canaán fue investigado en ese momento por el Burot Federal de Investigaciones, conocida por sus siglas en inglés como FBI, pero no se le formularon cargos por no encontrarse pruebas de que servía de enlace para los envíos ilegales.
Sin embargo, la ocurrencia reiterada de la irregularidad constituyó una razón de preocupación en el país, sobre todo porque los escándalos siguientes evidenciaban la participación de esa empresa en una serie de maniobras que también implicaba evadir impuestos en complicidad con personas que operaban dentro de la Dirección General de Aduanas.
Las investigaciones arrojaron el resultado de que Salcedo Cargo Express transportó dólares y armas de una forma muy sospechosa, lo cual pudo de alguna manera comprobarse con la participación del senador Canaán en una serie de cadenas para incurrir en delitos muy graves de lavado de dinero, pero que el Ministerio Público lo excluía de los expedientes por el papel jugado por el legislador en la elección y posterior reelección del presidente Danilo Medina en el año 2016.
La empresa de carga fue sorprendida en el año 2010 en varios contrabandos a través de sus contenedores, entre los que se encuentra el transporte de U$1.4 millones de dólares que fueron ocupados por la Dirección General de Aduanas.
El 23 de julio de 2010 fueron detectados otros US$438,980 en una caja consignada a Patria de Jesús Vargas, cuyo envío fue realizado por Salcedo Cargo Express, representada por Huáscar Canaán, primo del senador por la provincia Hermanas Mirabal, Luis René y hermano de Charles.
En dicha ocasión, el remitente del envío fue Juan José Marte de Jesús, con dirección en Nueva York, y quien lo recibía era su madre, Patria de Jesús Vargas, residente en Cancino, Santo Domingo.
Edificio de Aduanas
En ese momento la Dirección General de Aduanas informó que los propietarios de las empresas Salcedo Cargo Express y Central Shipping SRL, serían sometidos a la Justicia por el decomiso, lo cual nunca ocurrió por las influencias del senador de la provincia Hermanas Mirabal, Luis René Canaán.
La DGA indicó que esta modalidad de envío es utilizada por delincuentes que actúan en sociedad con los propietarios de las compañías de mudanzas con frecuencia para burlar el fisco e introducir armas, municiones o dólares, razón por la que se han visto en la necesidad de intensificar las inspecciones. Tanto ha sido asi, que Salcedo Cargo Express fue una vía para que una de las personas del bajo mundo hiciera llegar al país más de 25 millones de dólares y muchas de las propiedades adquiridas con ese dinero fueron confiscadas en la República Dominicana, siempre de acuerdo a la información proporcionada por el propio Charles a una persona allegada.
En otro caso escándaloso que ocurrió en Santiago, la segunda ciudad en importancia del país, fue el hecho de que empleados vinculados al partido de gobierno se asociaron con dueños de las mencionadas compañías de carga para para introducir al país contrabandos de altas sumas de dinero y armas de fuego de alto calibre, así como mercancías valoradas en alrededor de 100 millones de pesos.
Los funcionarios aduanales recibían sumas diversas para no verificar los contenedores con las mercancías, algunos de los cuales llegaban al muelle de Haina Oriental y eran llevados de manera sospechosa a Santiago, estrategia que provocó una investigación hasta que se destapó el escándalo que involucraba a la misma compañía de Salcedo Cargo Express, propiedad de Charles Canaán.
En ese momento el consultor jurídico de la DGA, Gerardo Rivas, informó que al menos cuatro personas fueron arrestadas en allanamientos realizados en distintos sectores de Santiago, entre los que identificó a Adalberto Rosa Rosario, Santiago Felipe, Miguel Ángel Lazala, Jorge Moronta y Gerald Estévez Cabrera, todos hijos o vinculados con dirigentes del PLD.
Esas personas fueron detenidas en allanamientos dirigidos por fiscales adjuntos de Santiago, auxiliados por miembros del Departamento de Inteligencia de Aduanas y efectivos de la Policía, los cuales requisaron también varios almacenes donde estaban guardadas las mercaderías subvaluadas.
Aclaró que en los furgones no se detectaron sustancias narcóticas. “Ellos mismos han dicho que recibían dinero para no revisar los contenedores”, agregó Rivas al ofrecer detalles del proceso que se les seguía a los vinculados a las redes dedicadas al tráfico de mercancías procedente de EE. UU.
Los detenidos fueron llevados a la oficina de quien fungía como fiscal de Santiago, Yeni Berenice Reynoso, a los fines de que esa instancia adoptara las medidas de lugar y ésta advirtió que el caso iría hasta las últimas consecuencias.
Los investigadores de la DGA determinaron que desde Haina eran trasladados a Santiago algunos contenedores, sin estar destinados a esa ciudad, lo que obligó a profundizar las investigaciones que concluyeron con el desmantelamiento de la red.
Gerardo Rivas consultor jurídico de la DGA
“Se estaba advirtiendo que furgones que llegaban a Santo Domingo los solicitaban para Santiago, lo que efectivamente creó una alerta y Aduanas comenzó a investigar”, dijo Gerardo Rivas, consultor Jurídico del organismo.
Fue por ese seguimiento que la institución realizó las detecciones durante registros hechos en almacenes fiscales o de desconsolidación donde las denominadas ‘shipping’ llevaban la mercaderías.
La fiscal ya del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, volvió a cuestionar la justicia por el caso del desfalco de más de RD$100 millones de pesos a la Dirección General de Aduanas (DGA), que generó un escándalo en el 2010 por involucrar a hijos de funcionarios y legisladores cuya decisión fue el descargo a tres de los acusados y otros tres fueron condenados.
La funcionaria judicial ya antes había advertido y criticado el hecho de que las pruebas que avalaban este caso se desaparecieron del Ministerio Público del Distrito Judicial de Santiago.
Reynoso afirmó cuando se emitió la sentencia en uno de dos tuits que la misma “tiene serios defectos jurídicos” porque, a su entender, “el retiro del querellante es irrelevante para una sanción penal, en un caso de acción pública”, y criticó que en el expediente de corrupción “se condenaba al cómplice y se descarga a los autores”.
Se recuerda que cuando estalló el escándalo Reynoso estaba asignada a la Fiscalía de Santiago, donde se enfrentó a la procuradora de la Corte de Apelación, Vielka Calderón, quien solicitó la variación de la medida de coerción de prisión de ocho meses por una garantía económicas a tres de los implicados, Miguel de Jesús Lazala, Herald Estévez Peña y Adalberto Rosa
Otro de los acusados es hijo de Petra Canela, exdirectora del Programa de Reducción de Apagones (PRA) y dirigente provincial del PLD. En tanto que Adalberto Rosa, hijo del exdiputado peledeísta que lleva su mismo nombre y exdirector del Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO), quien defendió la conducta de su vástago.
La acusación refería que los citados recibían entre RD$800 mil y RD$900 mil por dejar pasar los contenedores sin revisión.
El caso después de ocho años en los tribunales, el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del distrito judicial de Santiago, absolvió del fraude o soborno a Héctor Manuel García Ortega, Herald Estévez Peña y Miguel de Jesús Lazala.
Los tres condenados a 8, 5 y 2 años de prisión por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal por fraude, lavado de activos y tráfico de armas de fuego en perjuicio de la DGA, fueron José Rafael Marte, Gilbrand Abukarma Martínez y Adalberto de la Rosa Rosario
Marte fue sentenciado a ocho años; Abukarma Martínez, a cinco, y a Adalberto de la Rosa Rosario, a dos años. Los dos primeros por lavado de activos y actividades ilícitas provenientes de recursos del narcotráfico, y De la Rosa Rosario por el porte ilegal del arma de fuego.
Se recuerda que en noviembre del 2013 la Dirección General de Aduanas retiró la querella en contra de los acusados, pero la fiscal en ese momento del Distrito Judicial de Santiago, Luisa Liranzo, quien sustituyó a Reynoso, decidió mantenerla.
Algunos de los acusados en la estafa y que eran parientes de funcionarios, pasaron a ser testigos en el caso, según las publicaciones periodísticas de entonces. Entre los que fueron apresados y sacados del expediente figuran el colector de Aduanas del Aeropuerto Internacional del Cibao, Luis Felipe Santiago.
La fiscal del Distrito Nacional, Berenice Reinoso, ironizó sobre la sentencia en un segundo y último tuit al difundir lo siguiente: “Parece que los cientos de miles de dólares y las armas de alto calibre que se ocuparon, que no fueron declaradas, llegaron por telepatía al país”.
La candidatura a diputado por la provincia Hermanas Mirabal de Charles Canaán parece ser una de las últimas travesuras del senador Luis Rene Canaán, quien pese a existir pruebas muy contundentes en su contra nunca ha sido tocado ni con el pétalo de una rosa, ya que sabe jugar con las influencias políticas, dado que primero fue leonelista y ahora es un furibundo danilista.
El entremado de corrupción que involucra al senador por la provincia Hermanas Mirabal parece que lo llevó a fortalecer sus vínculos con el poder con la decisión de presentar como candidato a diputado por la misma jurisdicción a Charlis Canaan, quien no tenía una militancia peledeísta reconocida y mucho menos un liderazgo para ganar una contienda interna, pero que su colocación a fuerza de dinero en el Congreso Nacional garantiza una serie de inmunidades y de consideraciones que muy difícilmente le pueda traer una sanción por sus bellaquerías, amén de que aunque el principal protagonista de esta historia podría quedarse con su curul en el Senado de la República.
Lo peor de todo es que parece que la mayoría de los que han ocupado las curules de la Circunscripción 1, correspondientes a los Estados Unidos y Canadá, han incurrido en la misma violación, porque hasta el momento no hay ninguna constancia de que hayan renunciado diez años antes a su condición de ciudadanos de los Estados Unidos como lo establecen los artículos 79, numeral 2, y el 82 de la Constitución de la República.
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El camino tortuoso de crear una micro, pequena o mediana empresa en R.D. y cuyo principal desafio es el de sobrevivir.
Por Elba García
En República Dominicana, abrir un pequeño negocio puede comenzar con una idea, unos cuantos ahorros y el deseo de progresar.
Mantenerlo abierto, sin embargo, es otra historia.
Detrás de cada colmado, salón de belleza, taller, cafetería, pequeña tienda, empresa de servicios, fábrica artesanal o negocio familiar existe una estructura que genera empleo, mueve dinero en los barrios y sostiene a miles de familias.
Son las micro, pequeñas y medianas empresas.
Y aunque constituyen una de las principales columnas de la economía dominicana, para muchas de ellas sobrevivir significa enfrentar todos los días una carrera contra los costos, la falta de liquidez y las dificultades para financiarse.
EL PESO DE LAS MIPYMES
Su importancia no es marginal.
La Encuesta Nacional de MIPYMES 2022-2023 contabilizó unas 404 mil unidades empresariales, generadoras de alrededor de 3 millones 52 mil empleos. El MICM señala que el sector representa aproximadamente el 61.6% del empleo total y alrededor del 32% del Producto Interno Bruto.
Por su parte, los registros tributarios muestran la magnitud de su presencia dentro del empresariado formal.
La Dirección General de Impuestos Internos registró 275,950 MIPYMES en 2024, equivalentes al 98.5% de las empresas registradas consideradas en ese boletín.
De ese total, 232,459 eran microempresas, 35,327 pequeñas y 8,164 medianas.
Esto significa que cuando una pequeña empresa atraviesa dificultades, no estamos hablando simplemente del problema particular de un comerciante.
Estamos hablando de empleo, consumo, producción, impuestos y sustento familiar.
¿CUÁNTAS LOGRAN SOBREVIVIR?
Aquí aparece una de las cifras más reveladoras.
La Oficina Nacional de Estadística establece que durante 2025 sobrevivieron 109,192 empresas formales, equivalentes al 87.4% del stock de empresas activas de ese año.
La tasa general de supervivencia fue de 91.4%.
Pero cuando se observa el tamaño de las empresas, aparece una diferencia significativa.
Por cada cien microempresas activas en 2024, aproximadamente 90 continuaron funcionando en 2025.
La tasa de supervivencia de las microempresas fue de 90.2%.
En las pequeñas empresas alcanzó 96%.
Y en las medianas llegó hasta 98%.
Es decir, mientras más pequeño es el negocio, mayor parece ser su vulnerabilidad.
Y esa diferencia importa.
Porque una microempresa dispone generalmente de menos capital de respaldo, menos capacidad para absorber pérdidas y menores posibilidades de resistir varios meses de reducción en sus ventas.
EL COSTO DE MANTENER LAS PUERTAS ABIERTAS
El empresario pequeño no solo necesita vender.
Tiene que pagar alquiler.
Electricidad.
Nómina.
Seguridad Social.
Transporte.
Combustibles.
Impuestos.
Servicios tecnológicos.
Inventarios.
Materias primas.
Mantenimiento.
Y muchas veces tiene que reponer mercancías a precios superiores antes de haber recuperado completamente el dinero invertido en las anteriores.
Cuando esos costos aumentan, una empresa grande puede contar con reservas, negociar mejores precios con proveedores o acudir al financiamiento.
Una microempresa tiene mucho menos espacio para maniobrar.
Los datos internacionales más recientes también retratan parte del problema empresarial dominicano.
La Encuesta Empresarial 2025 del Banco Mundial identificó entre los obstáculos mencionados por las empresas las tasas impositivas, la competencia del sector informal, la electricidad, la disponibilidad de trabajadores adecuadamente preparados y el acceso al financiamiento.
La propia base del estudio muestra empresas que calificaron el acceso al crédito como un obstáculo moderado, importante o muy severo. La encuesta advierte, sin embargo, que los conteos de esa base no deben interpretarse directamente como porcentajes representativos de todas las empresas dominicanas.
EL CRÉDITO: NECESARIO, PERO CARO
El financiamiento constituye otro punto crítico.
Según el Monitor de Industria del MICM, durante el último cuatrimestre de 2024 la tasa de interés promedio aplicada a las MIPYMES fue de aproximadamente 17.2%.
Pero las microempresas pagaban más.
La tasa promedio para ellas alcanzaba 18.4%, frente a 16.9% para las pequeñas y 15.3% para las medianas.
Esto plantea una paradoja:
quien tiene menor capacidad económica puede terminar enfrentando un financiamiento proporcionalmente más costoso.
Y cuando un préstamo se utiliza no para ampliar una empresa, comprar maquinaria o innovar, sino para pagar nómina, alquiler, suplidores o deudas anteriores, el crédito deja de convertirse en una herramienta de crecimiento y puede transformarse en una extensión del problema de liquidez.
¿SIGNIFICA ESTO QUE NO EXISTEN PROGRAMAS DE CRÉDITO?
No.
Y esta precisión es importante.
El Estado dispone de mecanismos dirigidos al sector, aunque necesariamente se debe examinar el criterio del manejo de los mismos, porque generalmente hay favoritismos y se privilegia no al más necesitado, sino al que mayores conexiones políticas tiene.
PROMIPYME informó que durante 2025 desembolsó más de RD$8,169 millones, impactando a 36,981 micro, pequeños y medianos empresarios.
Para junio de 2026, la institución informó que su cartera había alcanzado alrededor de RD$11,846 millones y que los desembolsos acumulados entre 2024 y junio de 2026 superaban los RD$19,800 millones.
PROMIPYME también ha ofrecido créditos alrededor del 12% anual y ha incorporado mecanismos como “Tu Firma es Tu Garantía” y nuevos modelos de evaluación crediticia.
El problema, por tanto, no puede resumirse diciendo que no existe financiamiento, pero de cualquier modo se debe determinar cómo se indica más arriba cuál es el criterio de la colocación o otorgamiento de los mismos.
Pero a la luz de los informes oficiales sobre financiamiento, la pregunta correcta es otra:
¿es suficiente, accesible, oportuno y adecuado para las necesidades de cientos de miles de pequeñas unidades productivas?
EL PROBLEMA DEL TAMAÑO
La vulnerabilidad se concentra precisamente donde está la mayoría.
De las 275,950 MIPYMES registradas por la DGII para 2024, 84.2% eran microempresas.
Y dentro de ese grupo, cerca del 59.7% estaba clasificado como microempresa de subsistencia.
Esto ayuda a explicar el fenómeno.
No estamos hablando únicamente de pequeñas compañías con oficinas estructuradas y capital acumulado.
Estamos hablando también de negocios que dependen diariamente de lo que venden para volver a comprar, pagar sus compromisos y sostener a sus propietarios.
En esos casos, una caída en las ventas, una avería, una factura elevada, una enfermedad, la pérdida de mercancía o varias semanas con poca actividad pueden convertirse en una crisis empresarial.
FORMALIDAD VERSUS SUPERVIVENCIA
Aquí surge otra contradicción.
El país necesita que los pequeños negocios se formalicen.
Pero formalizarse también significa asumir responsabilidades tributarias, laborales y administrativas.
Si el empresario formal compite al mismo tiempo contra unidades económicas que operan fuera de esos costos, aparece una desigualdad competitiva.
Por eso, formalizar no debe consistir únicamente en registrar una empresa.
Debe significar también crear las condiciones para que esa empresa pueda permanecer formal, crecer y generar empleos.
¿QUÉ NECESITAN LAS MIPYMES?
El desafío dominicano parece exigir algo más amplio que simplemente prestar dinero.
Se requiere financiamiento competitivo.
Pero también educación financiera.
Asistencia técnica.
Digitalización.
Acceso a mercados.
Compras públicas.
Innovación.
Capacitación empresarial.
Mecanismos de garantías.
Y políticas que permitan que una empresa pase de sobrevivir a crecer.
Porque prestar dinero a un negocio sin analizar su capacidad para producir, vender y pagar puede resolver una urgencia, pero no necesariamente garantiza su sostenibilidad, lo que no parece garantizar el Estado en esta materia.
Las MIPYMES dominicanas representan una paradoja económica.
Son pequeñas individualmente…
pero gigantes cuando se observa su impacto colectivo.
Generan millones de empleos y constituyen prácticamente todo el tejido empresarial del país.
Sin embargo, son precisamente las unidades más pequeñas las que presentan la menor tasa de supervivencia.
En 2025, mientras las medianas empresas, según estadísticas oficiales, alcanzaron una supervivencia de 98%, las microempresas se situaron en 90.2%.
Detrás de esa diferencia hay historias empresariales que merecen ser estudiadas.
Porque el gran desafío económico no es solamente conseguir que cada año nazcan miles de negocios.
Es lograr que puedan llegar al segundo año.
Al quinto.
Al décimo.
Que puedan contratar trabajadores.
Invertir.
Crecer.
Y transformarse algún día de micro a pequeñas, de pequeñas a medianas y, por qué no, de medianas a grandes.
Porque cuando desaparece una pequeña empresa no siempre cierra solamente un establecimiento.
Muchas veces desaparece un empleo.
Una fuente de ingresos.
Una inversión familiar.
Y quizás el proyecto económico de toda una vida, cuyo desenlace también implica un problema humano.
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Los pesticidas en los alimentos son un riesgo invisible para la salud humana y un desafío para el Estado en R. D.
Es un problema que está presente todos los días sobre nuestras mesas con los productos agrícolas que consumimos como tomates, lechugas, ajíes, pepinos, plátanos, frutas, vegetales, entre otros.
Por Elba García
Estos productos son asociados con una alimentación saludable, pero detrás de cada uno de ellos existe una pregunta que pocas veces se hace el consumidor, como qué cantidad de pesticidas fue utilizada durante su producción y cuántas de esas sustancias podrían permanecer en el alimento que finalmente consumimos.
El uso de plaguicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas forma parte de la agricultura moderna, a los fines de combatir insectos, hongos, malezas y otras amenazas capaces de destruir plantaciones enteras.
Por tanto, el problema no está necesariamente en utilizar productos fitosanitarios autorizados, sino también en que el verdadero peligro aparece cuando se utilizan productos prohibidos en una sociedad sin controles eficientes y donde se aplican dosis superiores a las permitidas, se mezclan sustancias incorrectamente o no se respeta el periodo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
La Organización Mundial de la Salud advierte que los pesticidas pueden ser potencialmente tóxicos para los seres humanos y producir efectos agudos o crónicos dependiendo del producto, la dosis y la forma de exposición y ya en el país ha habido secuelas en este sentido.
El mayor riesgo comienza en el campo, donde los primeros expuestos son los propios trabajadores agrícolas, porque quien prepara el producto, quien llena una mochila de fumigación, quien aplica el químico, quien permanece dentro de la plantación y también las personas que viven cerca de áreas donde se realización las aplicaciones sufre una mayor exposición, especialmente cuando no utilizan correctamente guantes, mascarillas, ropa protectora y demás equipo de seguridad.
Según la OMS, entre sus posibles manifestaciones pueden encontrarse irritaciones de piel y ojos, mareos, náuseas, vómitos, dificultades respiratorias y alteraciones neurológicas, dependiendo de la sustancia involucrada y de la cantidad recibida, pero peor aún se corre el riesgo de padecer de enfermedades catastróficas como cáncer
La misma OMS señala que determinadas exposiciones elevadas o prolongadas a pesticidas pueden relacionarse, según la sustancia, con efectos además sobre el sistema nervioso, la reproducción y otros problemas de salud, las cuales en algún momento provocaron prácticamente una epidemia de cirrosis hepática en el país.
Sin embargo, no todos los pesticidas pueden colocarse bajo una misma categoría de riesgo, ya que cada sustancia posee características toxicológicas diferentes.
El problema abordado en este reportaje toma otra dimensión cuando los productos del campo llegan a la mesa del consumidor, lo que indica que el riesgo no termina necesariamente cuando concluye la fumigación.
Porque una parte de los productos utilizados puede permanecer como residuo en frutas, verduras, cereales y otros productos agrícolas, lo que motiva que haya los llamados límites máximos de residuos, conocidos como LMR.
Estos límites establecen cuánto residuo de una sustancia puede permanecer legalmente en determinado alimento, lo cual en la República Dominicana se dispone de una base oficial máxima de los mismos que contempla diferentes principios activos y los compara, entre otros parámetros, con estándares del CODEX Alimentarius, Estados Unidos y la Unión Europea.
La OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura evalúan periódicamente pesticidas y establecen parámetros científicos destinados a determinar niveles de exposición considerados aceptables para los consumidores.
En el informe conjunto correspondiente a 2025 fueron evaluados 38 pesticidas, incluyendo aspectos de toxicología y exposición alimentaria, lo cual permite establecer que la presencia de un residuo de pesticida en un alimento no significa automáticamente que ese producto es peligroso.
Realmente el riesgo depende de cuál sustancia está presente, y fundamentalmente, de su concentración y del nivel de exposición del consumidor, ya que el problema aparece cuando los residuos superan los límites de seguridad establecidos.
El principal desafío en esta materia ocurre cuando falla el control en muchos países agrícolas, porque no basta con establecer normas, dado que es necesario comprobar que realmente se cumplen.
Un sistema efectivo necesita vigilancia desde la importación y comercialización del pesticida hasta su utilización en la finca y además necesita de agricultores capacitados, y registros de los productos utilizados, lo cual no es tan fácil en el país por los bajos niveles de fiscalización y control del Estado.
De igual modo se imponen inspecciones, laboratorios, toma periódica de muestras, análisis de frutas y vegetales, control de los establecimientos que comercializan agroquímicos, a los fines de promover sanciones cuando se detecten prácticas que puedan poner en peligro la salud humana o el medio ambiente.
La propia Organización Mundial de la Salud sostiene que, debido a que los pesticidas son sustancias intrínsecamente tóxicas utilizadas deliberadamente en el ambiente, su producción, distribución y aplicación requieren regulación estricta, además del monitoreo periódico de residuos en alimentos y en el medio ambiente.
En República Dominicana no existe un marco de regulación y vigilancia de plaguicidas eficiente, pese a que en el 2024 el Ministerio de Agricultura dijo que actualizó disposiciones relacionadas con el registro de los mismos y reafirmó su responsabilidad de supervisar los productos que se formulan, comercializan, utilizan o aplican en territorio dominicano, procurando reducir los riesgos para la salud y el medio ambiente.
En la teoría, aunque no en la práctica, también existen programas oficiales para el monitoreo de residuos en frutas y vegetales nacionales e importados, pese a que el funcionario competente regularmente insiste en la existencia de control.
De cualquier modo, la interrogante al respecto debe versar sobre si son suficientes la vigilancia, la frecuencia de análisis, la capacidad de fiscalización y la educación de todos los productores para garantizar que cada producto agrícola que llega al consumidor cumpla con los niveles establecidos.
Pero si se profundizara la discusión sobre este particular, necesariamente habría que decir que, de acuerdo con un informe de monitoreo divulgado por el Ministerio de Agricultura fueron analizadas 1,188 muestras de frutas y vegetales, de las cuales el 97 por ciento se encuentra conforme con los parámetros técnicos utilizados, mientras que solo una proporción reducida presentó residuos que excedían los niveles establecidos.
De ser como lo plantea el órgano oficial y competente, entonces podría decirse por qué los controles son necesarios, porque cuando la mayoría de las muestras cumple, basta la existencia de productos fuera de los parámetros.
Hay otra realidad que preocupa y es cuando un producto sale del país hacia mercados internacionales, el mismo debe enfrentarse a controles establecidos por los compradores, como los Estados Unidos y la Unión Europea, quienes aplican limites específicos de residuos de pesticidas.
Otro informe que habría que determinar su efectividad es que el Ministerio de Agricultura dijo que reforzó en zonas fronterizas dominicanas medidas que incluían monitoreo de residuos de plaguicidas en productos destinados a exportación hacia Estados Unidos y Europa, lo cual plantea otra pregunta.
¿Debe existir el mismo nivel de vigilancia sobre los alimentos destinados al mercado dominicano que sobre aquellos destinados a la exportación?
La respuesta desde el punto de vista de la salud pública debería conducir a un principio fundamental:
el consumidor dominicano merece los mismos niveles de inocuidad y seguridad alimentaria.
También sería un error generar la percepción de que consumir frutas y vegetales representa automáticamente un peligro, aunque hay una gran diferencia de los productos destinados a la exportación y los que se comercializan en el mercado local.
Aunque la Organización Mundial de la Salud explica que la población general normalmente está expuesta a niveles mucho menores de pesticidas que los trabajadores que los manipulan directamente, el consumidor al final de la jornada resulta ser el más perjudicado por la existencia del elemento cuantitativo.
Además, la evaluación científica internacional busca precisamente establecer límites que permitan utilizar determinados productos agrícolas sin representar riesgos inaceptables para el consumidor.
El problema surge con el uso incorrecto.
Cuando se aplica más cantidad de la recomendada.
Cuando se fumiga demasiado cerca de la cosecha.
Cuando alguien utiliza sustancias no autorizadas.
Cuando los trabajadores manipulan productos sin protección.
Cuando se contaminan fuentes de agua.
O cuando los mecanismos de vigilancia no detectan a tiempo las irregularidades.
No obstante, también debe decirse que el consumidor también puede adoptar algunas medidas básicas, como la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de que se debe lavar adecuadamente frutas y vegetales, y, cuándo es apropiado para determinados alimentos, pelarlos.
Estas medidas pueden contribuir a disminuir ciertos residuos superficiales y otros contaminantes microbiológicos, pero algo debe quedar claro que la responsabilidad principal no puede recaer sobre quien compra los alimentos, porque debe entenderse que el consumidor no cuenta con un laboratorio en su casa, lo que imposibilita si una lechuga contiene determinado pesticida.
Es decir, que no puede determinar con mirar un tomate qué producto químico fue utilizado hace algunos días, pero esta inocuidad alimentaria depende fundamentalmente de controles anteriores a la comercialización.
El gran reto de la República Dominicana como un país con una importante actividad agrícola es que miles de familias viven de la producción de frutas, vegetales, arroz, plátanos, café, cacao, habichuelas y otros productos y que se hace necesario protegerla.
Pero también es necesario proteger a quienes trabajan la tierra y a quienes consumen sus productos, por lo que el problema debe trascender el debate del uso o no de pesticidas, sino qué productos se usan y en qué cantidades.
Además, ¿quién supervisa su aplicación?
¿y si se respetan los tiempos antes de cosechar?
¿con qué frecuencia se analizan los alimentos que llegan a nuestros mercados?
¿qué ocurre cuando un producto supera los límites permitidos?
¿se informa al consumidor?
Porque si bien es cierto que es de primer orden garantizar alimentos suficientes, también es fundamental que los mismos sean seguros, porque en una sociedad donde cada día millones de personas consumen productos provenientes directamente de la agricultura, controlar adecuadamente los pesticidas no debe ser considerado solamente un asunto del campo, sino que se trata de un asunto de salud pública.
Es una cuestión ambiental.
Es un asunto de seguridad alimentaria.
Y, sobre todo, es una responsabilidad que comienza en la finca…
pero termina en la mesa de cada familia dominicana.
De portada
Peregunta obligada del momento ¿Qué pesa más en la sociedad dominicana: el miedo o la vergüenza?
Por Elba García
En la sociedad dominicana existen sentimientos que, aunque muchas veces permanecen ocultos, condicionan decisiones personales, familiares y hasta colectivas. Dos de ellos tienen una presencia particularmente fuerte: el miedo y la vergüenza.
Miedo a denunciar una injusticia. Miedo a perder el empleo. Miedo a enfrentar a quien tiene poder. Miedo a las consecuencias de hablar.
Pero también vergüenza: de reconocer dificultades económicas, de admitir que se sufre violencia, de pedir ayuda, de aceptar un fracaso o de revelar una realidad que no coincide con la imagen que se proyecta ante los demás.
De ahí surge una pregunta que merece una reflexión profunda: ¿qué pesa más en la sociedad dominicana, el miedo o la vergüenza?
El peso del “qué dirán”
Durante generaciones, en numerosos hogares dominicanos se ha repetido una expresión aparentemente sencilla, pero cargada de significado: “¿Qué va a decir la gente?”
La frase forma parte de una cultura en la que la valoración social puede llegar a influir considerablemente sobre las decisiones individuales. Cuando una persona comienza a organizar su vida pensando permanentemente en la opinión de los demás, la vergüenza deja de ser un sentimiento pasajero y puede convertirse en una forma de presión social.
De ahí que algunas personas aparenten una estabilidad económica que realmente no poseen, permanezcan en relaciones profundamente deterioradas para evitar comentarios o escondan conflictos familiares, adicciones, violencia, problemas financieros y otras situaciones que consideran vergonzosas.
En determinadas circunstancias, la apariencia termina ocupando un lugar más importante que la propia realidad.
No se trata únicamente de preservar la intimidad, algo legítimo y necesario, sino de analizar hasta qué punto el temor al juicio social impide reconocer problemas que requieren atención.
El miedo también impone silencio
Junto a la vergüenza aparece otra fuerza igualmente poderosa: el miedo.
Una persona puede conocer una irregularidad y decidir no denunciarla por temor a las consecuencias. Un trabajador puede considerar injusta una situación laboral y guardar silencio porque necesita conservar su empleo. Una víctima puede tardar meses o años en hablar porque teme represalias.
También puede ocurrir que un ciudadano prefiera no enfrentarse a una persona con poder político, económico o social porque entiende que hacerlo podría ocasionarle problemas.
En esos casos, el silencio no necesariamente significa indiferencia, conformidad o complicidad.
Muchas veces significa miedo.
Ese temor adquiere especial relevancia cuando comienza a limitar la participación ciudadana, la denuncia de abusos, la búsqueda de justicia o la capacidad de reclamar derechos.
Una sociedad en la que amplios sectores sienten que hablar puede tener consecuencias negativas corre el riesgo de normalizar situaciones que deberían ser cuestionadas.
Cuando miedo y vergüenza se encuentran
La situación se vuelve todavía más compleja cuando ambos sentimientos aparecen simultáneamente.
Una persona que sufre violencia puede sentir miedo de su agresor y, al mismo tiempo, vergüenza de contar lo que está viviendo.
Una familia con graves dificultades económicas puede temer perder su vivienda, pero también experimentar vergüenza de solicitar ayuda.
Una persona víctima de una estafa puede callar no solamente por temor a las consecuencias, sino porque le cuesta reconocer públicamente que fue engañada.
En esos escenarios, miedo y vergüenza dejan de competir.
Se convierten en aliados del silencio.
Ese silencio puede prolongar situaciones dolorosas, impedir la búsqueda de ayuda y mantener ocultos problemas que, con una intervención oportuna, podrían enfrentarse de otra manera.
¿Cuál pesa más?
No existe una respuesta única aplicable a toda la sociedad dominicana.
El miedo suele aparecer cuando una persona percibe que hablar, actuar o enfrentarse a determinada situación podría producirle consecuencias negativas.
La vergüenza, en cambio, guarda una relación más directa con la mirada ajena: con la posibilidad de ser juzgado, señalado, ridiculizado o rechazado.
Existe, sin embargo, una diferencia importante.
El miedo puede impedir que una persona actúe; la vergüenza puede impedir incluso que reconozca públicamente lo que le está ocurriendo.
Cuando una sociedad concede una importancia excesiva a las apariencias, al prestigio y al “qué dirán”, muchos problemas terminan escondidos detrás de una imagen de normalidad.
La dificultad no consiste en sentir miedo o vergüenza, porque ambos son sentimientos humanos. El verdadero problema aparece cuando comienzan a gobernar las decisiones de las personas.
Las redes sociales y la nueva cultura de la apariencia
Las redes sociales han añadido una dimensión distinta a este fenómeno.
Nunca como ahora había existido una exposición tan permanente de la vida privada. Fotografías de viajes, vehículos, celebraciones, relaciones aparentemente perfectas, éxitos profesionales y estilos de vida cuidadosamente seleccionados forman parte de una vitrina digital que millones de personas observan diariamente.
Sin embargo, una fotografía no siempre cuenta una historia completa.
Detrás de una sonrisa pueden existir conflictos familiares. Detrás de una imagen de prosperidad puede existir endeudamiento. Y detrás de una relación presentada como perfecta puede esconderse una realidad profundamente distinta.
Las redes sociales no son responsables por sí solas de esta conducta, pero pueden reforzar la presión por proyectar éxito, felicidad y estabilidad.
Y vuelve entonces aquella vieja pregunta que durante generaciones ha acompañado a muchas familias:
“¿Qué van a pensar de mí?”
La diferencia es que hoy esa mirada ya no proviene únicamente del vecino, del familiar o del círculo cercano. Puede provenir de cientos o miles de personas conectadas a una pantalla.
Romper la cultura del silencio
Una sociedad saludable no debería obligar a sus ciudadanos a escoger entre vivir con miedo o vivir pendientes de la vergüenza.
Resulta necesario construir espacios sociales, familiares e institucionales donde una persona pueda pedir ayuda sin sentirse inferior; denunciar sin ser estigmatizada; reconocer un fracaso sin considerarse derrotada; y expresar una situación difícil sin convertirse automáticamente en objeto de burla o condena.
Reconocer un problema no representa necesariamente una debilidad.
En muchas ocasiones constituye el primer paso para enfrentarlo.
También es importante comprender que quienes atraviesan situaciones difíciles necesitan acompañamiento, orientación y respuestas institucionales efectivas, no únicamente discursos que les pidan valentía.
Superar el miedo y la vergüenza no depende exclusivamente de decisiones individuales. También exige instituciones confiables, comunidades solidarias y una cultura menos inclinada a juzgar y más dispuesta a comprender.
Una reflexión necesaria
Quizás la pregunta no sea solamente qué pesa más en la sociedad dominicana: el miedo o la vergüenza.
Tal vez convenga formular otras preguntas.
¿Cuántas decisiones dejamos de tomar por miedo?
¿Cuántas verdades escondemos por vergüenza?
¿Cuántas personas permanecen en silencio porque consideran que hablar puede traerles problemas?
¿Y cuántas veces vivimos intentando satisfacer la mirada de los demás en lugar de enfrentar nuestra propia realidad?
El miedo nos advierte: “No lo hagas, porque algo puede ocurrir.”
La vergüenza nos recuerda: “No lo digas, porque van a hablar de ti.”
Entre ambos sentimientos puede instalarse el silencio.
Un silencio que, cuando se prolonga, puede impedir denunciar una injusticia, buscar ayuda, reconocer un problema, defender un derecho o comenzar nuevamente.
Por eso, posiblemente el verdadero desafío de la sociedad dominicana no sea determinar cuál de los dos sentimientos pesa más.
El desafío consiste en lograr que ninguno pese tanto como para impedirnos hablar, actuar y enfrentar la realidad.
Porque una sociedad también comienza a transformarse cuando sus ciudadanos dejan de preguntarse únicamente “¿qué dirán?” y comienzan a preguntarse con mayor frecuencia:
“¿Qué debemos hacer?”