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El coronavirus es una arma poderosa para quitar vidas y al propio tiempo para sacar a la superficie la vocación mafiosa.
Charles Canaán, quien nació en el año 1964 en Nueva York, candidato a diputado por la provincia Hermanas Mirabal, fue escogido en las primarias del 6 de octubre del 2019, pero no reunía los requisitos para ostentar la postulación en razón de que era ciudadano norteamericano y no había presentado su renuncia a la misma diez años antes como dispone la Constitución de la República en sus artículos 79, numeral 2, y 82.
Promotor artístico Félix Cabrera
Otro caso que también generó muchas dudas en torno a si reunía o no los requisitos para ser aspirante en las primarias peledeístas con el propósito de convertirse en candidato a senador por la misma provincia Hermanas Mirabal, lo fue el promotor artístico Félix Cabrera, quien perdió internamente del senador Canaán, quien lleva varios períodos en la misma posición.
Este tipo de fraude electoral no es difícil de cometer en virtud de que la doble nacionalidad permite, si así lo quiere el interesado, solo presentar el pasaporte dominicano sin hablar de su condición de ciudadano americano, ya que incluso puede hacerlo hasta para entrar al territorio dominicano, lo cual parece que hizo Charles.
Es muy bien conocido, sobre todo por los abogados, que los delitos electorales de este tipo no tienen ninguna atención, ya que son detalles que no son conocidos muy bien en el seno de los partidos, mucho menos en un pueblo como Salcedo y en el caso que sea detectado esa candidatura debe ser impugnada ante el Tribunal Superior Electoral para que haya un proceso contencioso, pero que no es tan fácil darle seguimiento al mismo.
Se desconoce si Charles era miembro del PLD, aunque por lo menos Estados Unidos no tuvo ninguna presencia como tal, pero de lo que sí se está seguro es que logró la candidatura a diputado en una contienda interna en la que se distribuyó dinero y para ese propósito contó con el auspicio de su primo, el senador Luis Rene Canaán Rojas, quien se ha visto involucrado en una serie de escándalos de corrupción en la República Dominicana.
Charles era propietario de una de las compañías de cargas más importantes de la ciudad de Nueva York, la cual opera desde el condado de El Bronx y la misma se había visto involucrada en una serie de contrabandos que incluía dólares y armas de fuego.
El fallecido candidato a diputado de la provincia Hermanas Mirabal recibe el virus parece que por sus constantes viajes a la República Dominicana, ya que lo hacía semanalmente, salía de la ciudad de Nueva York los jueves y regresaba los lunes.
Luis Reneé Canaán
El senador Luis René Canaán Rojas es quien sirve de padrino a Salcedo Cargo Express para darle solución a los problemas que se le han presentado en la Dirección General de Aduanas en el país y para cuyo fin pone sus influencias en las instancias oficiales para que no hubiera consecuencias.
El senador Canaán Rojas fue la persona que recibió el dinero para garantizar los votos en el Congreso Nacional para la aprobación del préstamo de 94 millones de dólares para la compra de los ocho aviones Súper Tucanos.
De acuerdo a los informes enviados en su momento por Brasil a la República Dominicana y las indagatorias realizadas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Canaán Rojas fue quien recibió de manos del coronel de la Fuerza Aérea, Carlos Piccini Núñez, quien aún guarda prisión por el caso, el dinero conferido por los ejecutivos de la Empresa Brasileira de Aeronáutica S. A. (Embraer), con miras a garantizar los votos en el Congreso Nacional para la aprobación del empréstito con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES ).
Canaán Rojas y Piccini Núñez
Canaán Rojas y Piccini Núñez llegaron a realizar viajes juntos a la ciudad de Nueva York y Brasil para concertar los arreglos del soborno con los representantes de la empresa brasileña, refiere el informe que tiene el Ministerio Público.
La asistencia jurídica internacional en materia penal proporcionada por el Ministerio Público de Brasil al dominicano, precisa que los sobornos entregados al senador ascendieron a 3 millones 520 mil dólares y que para su transferencia fueron utilizadas las empresas 4D Business Group S. A., propiedad de Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, ambos familiares del legislador.
También Saperofa, propiedad de Samuel Pereyra Rojas, sobrino del congresista, y Ferrboc, propiedad de los tíos, Santos Pérez y Sonia Inmaculada Rojas Tabar, hermana de la madre del senador.
Las transferencias ilícitas recibidas por estas entidades fueron entregadas por Embraer Representation LLC., filial estadounidense con la participación de los ejecutivos: Eduardo Munhos de Campos, Orlando José Ferrerira Neto, Luiz de Almeida Acir Padilha Júnior, Albert Phillip Close, Luiz Alberto Lage Da Fonseca, Luiz Eduardo Zorzenon Fumagalli, Eduardo Augusto Fernandes Fagundes, Ricardo Marcelo Bester y el lobista Elio Moti Sonnenfeld.
El caso de corrupción de directivos de la referida empresa se encuentra en la acción penal No. 0022500-03.2014.4.02.5101, por ante el Juzgado Federal Criminal de Río de Janeiro, Brasil, y coincide con los hechos establecidos con las pesquisas del Pepca.
Los documentos señalan además que Pedro Rafael Peña Antonio, mayor general piloto, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana y luego como teniente general piloto y Secretario de Estado de la Secretaría de las Fuerzas Armadas, cabeza del ministerio de Defensa, fue la persona que dirigió e impulsó todo lo relativo a las transacciones ejecutadas por ejecutivos de la empresa brasileira, cuyas operaciones ilícitas fueron canalizadas a través del coronel Piccini Núñez, que captó las empresas receptoras de los recursos y coordinó la posterior entrega de los mismos al senador por de la provincia Hermanas Mirabal, quien utilizó en este proceso al fallecido aspirante a legislador.
Otro caso en el que se vio involucrado el senador Canaán fue en un contrabando de dólares y armas y en cuyo momento se publicó la siguiente información al respecto:
Agentes federales del FBI y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, investigan el envío de US$1.456.570 enrollados y dentro tubos metálicos de camiones en tanques y enviados a República Dominicana a través de Salcedo Cargo Express, propiedad del empresario Charlie Canaán, con sede en El Bronx y la provincia Hermanas Mirabal.
El propietario de la embarcadora, quien es primo hermano del senador por la provincia Hermanas Mirabal, (Salcedo), Luis René Canaán, no es situado como persona de interés en la investigación federal.
Los investigadores creen que el dinero proviene del tráfico de drogas, y que fue acumulado por los narcos que lo enviaron y sería lavado por testaferros al servicio de los narcotraficantes.
Los consolidadores de cargas en Estados Unidos no pueden abrir los embases por regulaciones de la Agencia Marítima Federal, y de esa manera, les es imposible verificar el contenido de los tanques y las cajas, excepto lo que declaran los remitentes.
Una versión sostuvo que sospechosos con sede en Bonao eran buscados por las autoridades dominicanas y que el dinero fue enviado a una empresa fantasma con dirección en Santiago de los Caballeros.
Lisette Selman, vocera de Aduanas
La vocera de Aduanas en ese momento, Lisette Selman, dijo que la detección del contrabando se hizo gracias a un trabajo de inteligencia entre autoridades de Estados Unidos y la República Dominicana.
Dijo que la labor de inteligencia incluyó intercambios de información entre las aduanas de ambos países.
Salcedo Cargo Express emitió un comunicado cuando se produjo la confiscación en el que decía que: “queremos informarles a nuestros clientes, que en la verificación del día de hoy, las autoridades aduanales encontraron un ilícito y es importante que sepan que seguimos laborando de manera normal y seguiremos siendo los mejores dando el servicio a nuestros clientes”.
Añade que “la Dirección General de Aduanas tendrá nuevos requerimientos para el envío de mercancías como son identificación personal de quien envía y quien recibe, ya que desaprensivos utilizan con frecuencia esta facilidad de envíos, cuyo propósito es viabilizar ayudas de los dominicanos en Estados Unidos a sus familiares en el país, para burlar el fisco e introducir ilícitos, como armas, municiones y dinero, muchas veces producto de lavado, razón por la cual la Dirección General de Aduanas, se ha visto en la necesidad de afinar e intensificar las inspecciones a los envíos”, añade el comunicado.
La empresa dijo pidió contribuir con las leyes de aduanas de la República Dominicana y así, se agilizará las entregas de sus paquetes.
Canaán fue investigado en ese momento por el Burot Federal de Investigaciones, conocida por sus siglas en inglés como FBI, pero no se le formularon cargos por no encontrarse pruebas de que servía de enlace para los envíos ilegales.
Sin embargo, la ocurrencia reiterada de la irregularidad constituyó una razón de preocupación en el país, sobre todo porque los escándalos siguientes evidenciaban la participación de esa empresa en una serie de maniobras que también implicaba evadir impuestos en complicidad con personas que operaban dentro de la Dirección General de Aduanas.
Las investigaciones arrojaron el resultado de que Salcedo Cargo Express transportó dólares y armas de una forma muy sospechosa, lo cual pudo de alguna manera comprobarse con la participación del senador Canaán en una serie de cadenas para incurrir en delitos muy graves de lavado de dinero, pero que el Ministerio Público lo excluía de los expedientes por el papel jugado por el legislador en la elección y posterior reelección del presidente Danilo Medina en el año 2016.
La empresa de carga fue sorprendida en el año 2010 en varios contrabandos a través de sus contenedores, entre los que se encuentra el transporte de U$1.4 millones de dólares que fueron ocupados por la Dirección General de Aduanas.
El 23 de julio de 2010 fueron detectados otros US$438,980 en una caja consignada a Patria de Jesús Vargas, cuyo envío fue realizado por Salcedo Cargo Express, representada por Huáscar Canaán, primo del senador por la provincia Hermanas Mirabal, Luis René y hermano de Charles.
En dicha ocasión, el remitente del envío fue Juan José Marte de Jesús, con dirección en Nueva York, y quien lo recibía era su madre, Patria de Jesús Vargas, residente en Cancino, Santo Domingo.
Edificio de Aduanas
En ese momento la Dirección General de Aduanas informó que los propietarios de las empresas Salcedo Cargo Express y Central Shipping SRL, serían sometidos a la Justicia por el decomiso, lo cual nunca ocurrió por las influencias del senador de la provincia Hermanas Mirabal, Luis René Canaán.
La DGA indicó que esta modalidad de envío es utilizada por delincuentes que actúan en sociedad con los propietarios de las compañías de mudanzas con frecuencia para burlar el fisco e introducir armas, municiones o dólares, razón por la que se han visto en la necesidad de intensificar las inspecciones. Tanto ha sido asi, que Salcedo Cargo Express fue una vía para que una de las personas del bajo mundo hiciera llegar al país más de 25 millones de dólares y muchas de las propiedades adquiridas con ese dinero fueron confiscadas en la República Dominicana, siempre de acuerdo a la información proporcionada por el propio Charles a una persona allegada.
En otro caso escándaloso que ocurrió en Santiago, la segunda ciudad en importancia del país, fue el hecho de que empleados vinculados al partido de gobierno se asociaron con dueños de las mencionadas compañías de carga para para introducir al país contrabandos de altas sumas de dinero y armas de fuego de alto calibre, así como mercancías valoradas en alrededor de 100 millones de pesos.
Los funcionarios aduanales recibían sumas diversas para no verificar los contenedores con las mercancías, algunos de los cuales llegaban al muelle de Haina Oriental y eran llevados de manera sospechosa a Santiago, estrategia que provocó una investigación hasta que se destapó el escándalo que involucraba a la misma compañía de Salcedo Cargo Express, propiedad de Charles Canaán.
En ese momento el consultor jurídico de la DGA, Gerardo Rivas, informó que al menos cuatro personas fueron arrestadas en allanamientos realizados en distintos sectores de Santiago, entre los que identificó a Adalberto Rosa Rosario, Santiago Felipe, Miguel Ángel Lazala, Jorge Moronta y Gerald Estévez Cabrera, todos hijos o vinculados con dirigentes del PLD.
Esas personas fueron detenidas en allanamientos dirigidos por fiscales adjuntos de Santiago, auxiliados por miembros del Departamento de Inteligencia de Aduanas y efectivos de la Policía, los cuales requisaron también varios almacenes donde estaban guardadas las mercaderías subvaluadas.
Aclaró que en los furgones no se detectaron sustancias narcóticas. “Ellos mismos han dicho que recibían dinero para no revisar los contenedores”, agregó Rivas al ofrecer detalles del proceso que se les seguía a los vinculados a las redes dedicadas al tráfico de mercancías procedente de EE. UU.
Los detenidos fueron llevados a la oficina de quien fungía como fiscal de Santiago, Yeni Berenice Reynoso, a los fines de que esa instancia adoptara las medidas de lugar y ésta advirtió que el caso iría hasta las últimas consecuencias.
Los investigadores de la DGA determinaron que desde Haina eran trasladados a Santiago algunos contenedores, sin estar destinados a esa ciudad, lo que obligó a profundizar las investigaciones que concluyeron con el desmantelamiento de la red.
Gerardo Rivas consultor jurídico de la DGA
“Se estaba advirtiendo que furgones que llegaban a Santo Domingo los solicitaban para Santiago, lo que efectivamente creó una alerta y Aduanas comenzó a investigar”, dijo Gerardo Rivas, consultor Jurídico del organismo.
Fue por ese seguimiento que la institución realizó las detecciones durante registros hechos en almacenes fiscales o de desconsolidación donde las denominadas ‘shipping’ llevaban la mercaderías.
La fiscal ya del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, volvió a cuestionar la justicia por el caso del desfalco de más de RD$100 millones de pesos a la Dirección General de Aduanas (DGA), que generó un escándalo en el 2010 por involucrar a hijos de funcionarios y legisladores cuya decisión fue el descargo a tres de los acusados y otros tres fueron condenados.
La funcionaria judicial ya antes había advertido y criticado el hecho de que las pruebas que avalaban este caso se desaparecieron del Ministerio Público del Distrito Judicial de Santiago.
Reynoso afirmó cuando se emitió la sentencia en uno de dos tuits que la misma “tiene serios defectos jurídicos” porque, a su entender, “el retiro del querellante es irrelevante para una sanción penal, en un caso de acción pública”, y criticó que en el expediente de corrupción “se condenaba al cómplice y se descarga a los autores”.
Se recuerda que cuando estalló el escándalo Reynoso estaba asignada a la Fiscalía de Santiago, donde se enfrentó a la procuradora de la Corte de Apelación, Vielka Calderón, quien solicitó la variación de la medida de coerción de prisión de ocho meses por una garantía económicas a tres de los implicados, Miguel de Jesús Lazala, Herald Estévez Peña y Adalberto Rosa
Otro de los acusados es hijo de Petra Canela, exdirectora del Programa de Reducción de Apagones (PRA) y dirigente provincial del PLD. En tanto que Adalberto Rosa, hijo del exdiputado peledeísta que lleva su mismo nombre y exdirector del Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO), quien defendió la conducta de su vástago.
La acusación refería que los citados recibían entre RD$800 mil y RD$900 mil por dejar pasar los contenedores sin revisión.
El caso después de ocho años en los tribunales, el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del distrito judicial de Santiago, absolvió del fraude o soborno a Héctor Manuel García Ortega, Herald Estévez Peña y Miguel de Jesús Lazala.
Los tres condenados a 8, 5 y 2 años de prisión por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal por fraude, lavado de activos y tráfico de armas de fuego en perjuicio de la DGA, fueron José Rafael Marte, Gilbrand Abukarma Martínez y Adalberto de la Rosa Rosario
Marte fue sentenciado a ocho años; Abukarma Martínez, a cinco, y a Adalberto de la Rosa Rosario, a dos años. Los dos primeros por lavado de activos y actividades ilícitas provenientes de recursos del narcotráfico, y De la Rosa Rosario por el porte ilegal del arma de fuego.
Se recuerda que en noviembre del 2013 la Dirección General de Aduanas retiró la querella en contra de los acusados, pero la fiscal en ese momento del Distrito Judicial de Santiago, Luisa Liranzo, quien sustituyó a Reynoso, decidió mantenerla.
Algunos de los acusados en la estafa y que eran parientes de funcionarios, pasaron a ser testigos en el caso, según las publicaciones periodísticas de entonces. Entre los que fueron apresados y sacados del expediente figuran el colector de Aduanas del Aeropuerto Internacional del Cibao, Luis Felipe Santiago.
La fiscal del Distrito Nacional, Berenice Reinoso, ironizó sobre la sentencia en un segundo y último tuit al difundir lo siguiente: “Parece que los cientos de miles de dólares y las armas de alto calibre que se ocuparon, que no fueron declaradas, llegaron por telepatía al país”.
La candidatura a diputado por la provincia Hermanas Mirabal de Charles Canaán parece ser una de las últimas travesuras del senador Luis Rene Canaán, quien pese a existir pruebas muy contundentes en su contra nunca ha sido tocado ni con el pétalo de una rosa, ya que sabe jugar con las influencias políticas, dado que primero fue leonelista y ahora es un furibundo danilista.
El entremado de corrupción que involucra al senador por la provincia Hermanas Mirabal parece que lo llevó a fortalecer sus vínculos con el poder con la decisión de presentar como candidato a diputado por la misma jurisdicción a Charlis Canaan, quien no tenía una militancia peledeísta reconocida y mucho menos un liderazgo para ganar una contienda interna, pero que su colocación a fuerza de dinero en el Congreso Nacional garantiza una serie de inmunidades y de consideraciones que muy difícilmente le pueda traer una sanción por sus bellaquerías, amén de que aunque el principal protagonista de esta historia podría quedarse con su curul en el Senado de la República.
Lo peor de todo es que parece que la mayoría de los que han ocupado las curules de la Circunscripción 1, correspondientes a los Estados Unidos y Canadá, han incurrido en la misma violación, porque hasta el momento no hay ninguna constancia de que hayan renunciado diez años antes a su condición de ciudadanos de los Estados Unidos como lo establecen los artículos 79, numeral 2, y el 82 de la Constitución de la República.
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IA entra a justicia dominicana: entre la eficiencia tecnológica y el desafío de preservar el criterio humano
El uso de herramientas inteligentes comienza a transformar procedimientos judiciales y la práctica jurídica en República Dominicana. La promesa es una justicia más rápida y eficiente, pero su expansión abre interrogantes sobre privacidad, transparencia, responsabilidad, debido proceso y el papel insustituible de jueces y abogados.
Por Elba Rosa García
La inteligencia artificial dejó de ser un asunto reservado a especialistas en tecnología para entrar en uno de los espacios más sensibles de la vida democrática: la administración de justicia.
República Dominicana comienza a experimentar esa transformación. Herramientas capaces de procesar grandes cantidades de información, asistir en la elaboración de documentos y automatizar determinadas tareas ya forman parte de iniciativas desarrolladas dentro del Poder Judicial.
El cambio promete eficiencia, pero también plantea una pregunta que trasciende la tecnología: ¿hasta dónde debe permitirse que la inteligencia artificial intervenga en procesos donde están en juego derechos, patrimonio, libertad y decisiones que pueden modificar la vida de una persona?
La IA ya está entrando a los tribunales
En julio de 2026, el Poder Judicial informó que avanza en la incorporación de soluciones apoyadas en inteligencia artificial con el propósito de optimizar la gestión judicial, fortalecer la transparencia y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios de justicia.
Entre las iniciativas anunciadas figura una implementación piloto de Microsoft Copilot en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y en determinadas áreas administrativas y de apoyo a tribunales.
De acuerdo con la institución, estas herramientas permiten apoyar tareas repetitivas, asistir en la redacción jurídica y facilitar el análisis de información legal. El Poder Judicial sostiene, sin embargo, que la tecnología debe funcionar como instrumento auxiliar y no sustituir la función jurisdiccional ni el criterio humano.
Ese último aspecto constituye probablemente el punto central de la discusión.
Una cosa es ayudar al juez y otra decidir por él
La inteligencia artificial puede localizar información en segundos, organizar documentos, comparar grandes cantidades de datos y generar borradores. Pero administrar justicia no consiste solamente en procesar información.
Juzgar supone interpretar normas, valorar pruebas, ponderar derechos, motivar decisiones y comprender circunstancias humanas que difícilmente pueden reducirse a una operación matemática.
El debate ya ha llegado al Tribunal Constitucional dominicano.
Durante el Congreso Mundial de Derecho Constitucional de 2026, el magistrado Amaury A. Reyes Torres abordó el impacto de la inteligencia artificial en la función jurisdiccional y sostuvo que una decisión producida mediante IA generativa no puede considerarse final sin revisión o confirmación humana. También llamó la atención sobre cuestiones como la trazabilidad, la protección de información sensible, el uso ético y la denominada “caja negra” de determinados sistemas tecnológicos.
La reflexión revela que el problema no consiste simplemente en determinar si la justicia utilizará inteligencia artificial.
La cuestión verdaderamente importante será establecer qué puede hacer la IA, qué no debe hacer y quién responde por sus resultados.
El riesgo de una justicia de “caja negra”
Cuando un juez dicta una decisión, debe explicar jurídicamente las razones que sustentan su conclusión.
Pero ¿qué sucede cuando un sistema informático recomienda un determinado resultado y no puede conocerse claramente cómo llegó hasta él?
Ahí aparece uno de los grandes problemas jurídicos de la inteligencia artificial: la explicabilidad.
En un Estado de derecho no debería bastar con afirmar que un algoritmo produjo determinado resultado. Cuando una decisión afecta derechos, la persona necesita conocer las razones, cuestionarlas y disponer de mecanismos efectivos para impugnarlas.
El debido proceso, la tutela judicial efectiva, la igualdad y la seguridad jurídica adquieren así una dimensión tecnológica que hasta hace pocos años parecía lejana.
Los abogados tampoco quedan fuera de la transformación
El cambio no se limita a los tribunales.
Los abogados ya tienen acceso a sistemas capaces de resumir expedientes, estructurar argumentos, comparar documentos, preparar borradores contractuales y asistir en investigaciones jurídicas.
Utilizadas correctamente, estas herramientas pueden ahorrar tiempo y permitir que el profesional concentre mayores esfuerzos en el razonamiento jurídico y la estrategia del caso.
Pero existe una frontera que no debe perderse de vista: la inteligencia artificial puede asistir al abogado, pero no asumir su responsabilidad profesional.
Una respuesta generada automáticamente puede contener errores, omitir elementos relevantes o presentar como cierta información que no ha sido debidamente comprobada. En materia jurídica, un dato incorrecto puede comprometer la defensa de una persona o la credibilidad del profesional.
Por eso, verificar las fuentes, comprobar la jurisprudencia y revisar personalmente cualquier documento producido con asistencia tecnológica se convierte en una nueva obligación práctica del jurista contemporáneo.
Privacidad y expedientes judiciales
Existe otro problema menos visible, pero igualmente importante: los datos.
Los expedientes pueden contener información financiera, familiar, empresarial, médica, penal o patrimonial. Introducir indiscriminadamente esos datos en plataformas tecnológicas externas podría generar riesgos de confidencialidad y protección de información sensible.
Precisamente por ello, el Poder Judicial ha señalado que sus proyectos se desarrollan bajo criterios de seguridad, gobernanza tecnológica, trazabilidad, transparencia y supervisión humana.
La transformación digital de la justicia tendrá que avanzar, por tanto, acompañada de reglas estrictas sobre qué información puede ser procesada, dónde se almacena, quién puede acceder a ella y durante cuánto tiempo permanece disponible.
Los deepfakes: un nuevo desafío para la prueba
La inteligencia artificial también introduce dificultades fuera de los sistemas institucionales.
Hoy es posible generar o alterar imágenes, voces y videos con niveles crecientes de realismo. Una grabación que parece auténtica puede haber sido manipulada; una voz aparentemente perteneciente a determinada persona puede ser artificial.
Las consecuencias para el proceso judicial son evidentes.
La autenticidad, integridad, cadena de custodia y valoración de la prueba digital adquieren una importancia creciente en un entorno donde ver o escuchar algo ya no necesariamente significa que haya ocurrido de esa manera.
En junio de este año, el Poder Judicial recibió una misión de asistencia técnica vinculada con la Unión Europea para analizar la actualización del marco normativo dominicano frente a la inteligencia artificial y los delitos tecnológicos. Entre los fenómenos mencionados estuvieron fraudes, extorsiones, suplantaciones de identidad y deepfakes.
El Derecho comienza a correr detrás de la tecnología
La velocidad de la innovación presenta otro desafío.
La tecnología evoluciona en meses; las leyes necesitan discusión, consensos, aprobación y aplicación.
En la nueva legislatura iniciada en agosto, el Congreso dominicano mantiene entre su agenda diferentes reformas y proyectos vinculados con justicia, ciberseguridad e inteligencia artificial, en momentos en que esta última impacta áreas como educación, salud, empleo, seguridad y servicios públicos.
Regular demasiado pronto o con excesiva rigidez podría limitar innovaciones beneficiosas. Pero llegar demasiado tarde podría dejar a ciudadanos e instituciones sin respuestas claras frente a nuevos riesgos.
El equilibrio será complejo.
La tecnología debe servir a la justicia
La inteligencia artificial puede convertirse en una extraordinaria aliada para un sistema judicial que necesita rapidez, organización, accesibilidad y reducción de tareas repetitivas.
Pero eficiencia y justicia no son necesariamente sinónimos.
Una decisión puede producirse rápidamente y ser injusta. Un algoritmo puede procesar miles de casos y reproducir errores a gran escala. Una herramienta puede aumentar la productividad y, al mismo tiempo, generar riesgos para la privacidad.
Por eso, la transformación que comienza a experimentar la justicia dominicana no debería medirse exclusivamente por la cantidad de procesos que logren automatizarse.
El verdadero indicador será determinar si la tecnología contribuye a ofrecer una justicia más rápida sin hacerla menos humana; más moderna sin hacerla menos transparente; y más eficiente sin debilitar las garantías fundamentales de quienes acuden a los tribunales.
La inteligencia artificial llegó al Derecho y difícilmente retrocederá.
Ahora corresponde al Derecho establecer sus límites.
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Motoconchismo en República Dominicana: entre el sustento de miles de familias y el desafío de la seguridad vial
Una actividad que resuelve necesidades de transporte y genera ingresos, pero cuya informalidad y elevada exposición a los accidentes obligan al país a replantear su regulación
Por Elba García
Para una parte importante de la población dominicana, el motoconcho representa mucho más que una motocicleta estacionada en una esquina esperando pasajeros. Es fuente de ingresos, transporte rápido, conexión entre comunidades y, en numerosos sectores donde el transporte colectivo resulta insuficiente, una alternativa prácticamente indispensable.
Sin embargo, detrás de esa utilidad social y económica existe una realidad preocupante: la motocicleta ocupa un lugar central en la grave problemática de seguridad vial que enfrenta la República Dominicana.
El motoconchismo se encuentra así entre dos realidades difíciles de separar. Por un lado, proporciona sustento a miles de trabajadores y facilita la movilidad de ciudadanos; por otro, su crecimiento desorganizado, la informalidad de una parte del sector y el incumplimiento de las normas de tránsito aumentan los riesgos tanto para conductores como para pasajeros y peatones.
Un país sobre dos ruedas
La magnitud del fenómeno puede apreciarse observando la composición del parque vehicular dominicano. Al cierre de 2025, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contabilizaba 3,846,694 motocicletas, equivalentes al 57.9 % de los 6,640,871 vehículos registrados en el país. En apenas un año, la cantidad de motocicletas aumentó en 314,727 unidades, un crecimiento de 8.9 %.
No todas esas motocicletas están destinadas al motoconcho, naturalmente, pero las cifras permiten dimensionar hasta qué punto este vehículo se ha integrado a la movilidad cotidiana de los dominicanos.
En barrios urbanos, municipios y comunidades rurales, el motoconcho llega allí donde muchas veces no lo hacen los autobuses, carros públicos o corredores organizados. Permite recorrer distancias cortas con rapidez y, para muchas personas que no poseen vehículo propio, constituye la forma más inmediata de llegar al trabajo, la escuela, un centro médico o una parada de transporte colectivo.
Esa flexibilidad explica parte de su permanencia y expansión.
Fuente de trabajo y supervivencia
El otro rostro del motoconcho es económico.
Para numerosos trabajadores, conducir una motocicleta para transportar pasajeros constituye una oportunidad de obtener ingresos sin depender de un empleo asalariado tradicional. En una economía donde la informalidad laboral continúa teniendo un peso significativo, la motocicleta se convierte en una herramienta de trabajo relativamente accesible.
La actividad también produce un movimiento económico indirecto: talleres de reparación, venta de repuestos, neumáticos, lubricantes, combustible y otros servicios relacionados dependen en alguna medida del enorme universo de motocicletas que circula diariamente.
Por eso, cualquier política pública destinada a enfrentar los problemas del motoconchismo debe evitar una simplificación: el motoconchista no puede ser considerado únicamente como un problema de tránsito. Es también un trabajador y un prestador de un servicio que responde a una necesidad real de movilidad.
El precio humano de la motocicleta
Pero los beneficios económicos y sociales conviven con una realidad dramática.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) informó en julio de 2026 que durante 2025 fallecieron 2,992 personas en siniestros de tránsito en República Dominicana y más del 65 % de las víctimas eran motociclistas.
La cifra no significa que todas esas víctimas fueran motoconchistas, pero demuestra la vulnerabilidad extraordinaria de quienes utilizan motocicletas en las vías dominicanas.
El problema tampoco se limita a las muertes. El Plan Estratégico Institucional 2025-2028 del INTRANT señala que entre 2021 y 2024 se registraron 473,850 personas lesionadas en accidentes de tránsito, una carga considerable tanto para las familias como para el sistema sanitario y la economía nacional.
Cada accidente grave puede representar hospitalización, cirugía, rehabilitación, incapacidad laboral, pérdida de ingresos y, en los casos más extremos, la muerte de quien sostiene económicamente a una familia.
Informalidad: el gran desafío
Una de las principales debilidades históricas del motoconchismo ha sido la informalidad.
Paradas improvisadas, motocicletas sin las condiciones adecuadas, conductores sin la documentación requerida, ausencia de identificación uniforme y poca capacitación vial han dificultado convertir esta actividad en un verdadero servicio organizado de transporte.
En 2026 las autoridades intensificaron las acciones para cambiar esa realidad.
Entre el 3 y el 24 de junio, el INTRANT y otros organismos estatales intervinieron 488 paradas de motoconcho en diferentes puntos del territorio nacional como parte de un proceso de regularización. Las jornadas incluyeron levantamiento documental, fiscalización y depuración de operadores.
Uno de los resultados destacados por la institución fue el incremento de 107.5 % en la emisión de nuevas licencias categoría 1 para motocicletas, al pasar de 1,843 en marzo a 3,824 en junio de 2026.
La tendencia evidencia que la fiscalización, cuando está acompañada de mecanismos que permitan cumplir la normativa, puede conducir progresivamente hacia la formalización.
Seguridad ciudadana y confianza
La regulación tiene otra dimensión: la seguridad del pasajero.
Quien aborda un motoconcho entrega temporalmente su seguridad a una persona que muchas veces desconoce. De ahí la importancia de establecer mecanismos efectivos de identificación de los operadores y de las motocicletas utilizadas para prestar el servicio.
Un sistema organizado permitiría saber quién conduce, si posee licencia vigente, si la motocicleta está debidamente registrada y si cumple con los requisitos establecidos por las autoridades.
Eso protegería al pasajero, pero también al propio motoconchista responsable, porque contribuiría a diferenciar al trabajador formal de quien utiliza una motocicleta al margen de las normas.
El casco no puede ser opcional
La transformación del sector tampoco puede descansar exclusivamente sobre operativos policiales.
Debe acompañarse de educación vial permanente y de una cultura de prevención. El uso correcto del casco protector tanto por el conductor como por el pasajero, el respeto a los semáforos, la prohibición de circular en sentido contrario, el control de velocidad y la eliminación de maniobras temerarias tienen que convertirse en prácticas habituales.
El motoconchista profesional debería asumir que transportar una persona implica una responsabilidad adicional: no solamente llegar rápido, sino llevar al pasajero seguro hasta su destino.
De igual manera, los usuarios deben comprender que aceptar viajar sin casco o con un conductor que viola reiteradamente las normas también los coloca innecesariamente en peligro.
¿Eliminar o transformar?
Plantear la desaparición del motoconchismo no parece responder a la realidad social dominicana.
La actividad cumple una función que el sistema de transporte público todavía no ha podido sustituir completamente, especialmente en sectores periféricos y comunidades donde las rutas tradicionales no llegan con suficiente frecuencia.
El desafío consiste entonces en transformar el motoconcho informal en un servicio regulado, identificable y seguro.
Esto requiere registro de operadores, licencias correspondientes, motocicletas en condiciones técnicas adecuadas, uso obligatorio de equipos de protección, capacitación periódica, organización de las paradas y una fiscalización que sea constante y no solamente producto de operativos ocasionales.
También supone incorporar al propio sector a las soluciones. Las asociaciones de motoconchistas pueden desempeñar un papel importante en la organización de paradas, identificación de conductores y promoción del cumplimiento de las normas.
Entre necesidad y transformación
El motoconchismo dominicano refleja, en cierto modo, las contradicciones del sistema nacional de movilidad.
Surgió y se expandió porque había una necesidad. Generó empleos porque había personas que necesitaban trabajar. Creció en numerosos lugares porque el transporte convencional no podía responder completamente a la demanda.
Pero aquello que nació como una solución espontánea necesita evolucionar.
República Dominicana no tiene que escoger entre proteger el trabajo de los motoconchistas o garantizar la seguridad vial. Ambas cosas pueden y deben coexistir.
Formalizar el sector, capacitar a sus trabajadores y hacer cumplir la ley permitiría conservar sus beneficios económicos y sociales mientras se reducen sus consecuencias negativas.
El verdadero problema, por tanto, quizás no sea la existencia del motoconcho. El problema es permitir que un servicio utilizado diariamente por miles de ciudadanos continúe funcionando sin alcanzar los niveles de organización y seguridad que exige una sociedad moderna.
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República Dominicana crea empleos, pero la informalidad sigue siendo el gran desafío del mercado laboral
Por Elba García
El aumento de la población ocupada convive con una informalidad de 54.1 %. El desafío nacional ya no consiste únicamente en generar puestos de trabajo, sino en conseguir que más empleos ofrezcan productividad, estabilidad y protección social.
La República Dominicana continúa mostrando capacidad para generar empleos, pero detrás de las cifras positivas del mercado laboral permanece una realidad que condiciona la calidad del crecimiento económico: más de la mitad de los ocupados continúa en la informalidad.
El Boletín Trimestral del Mercado Laboral del Banco Central correspondiente a enero-marzo de 2026 sitúa la proporción de ocupados informales en 54.1 % y la de formales en 45.9 %. El dato obliga a mirar más allá del número total de personas con trabajo y preguntarse por la calidad, estabilidad y protección asociadas a esos empleos.
Una economía que recupera dinamismo
El debate adquiere mayor relevancia en momentos en que la actividad económica dominicana muestra señales de recuperación. El Banco Central informó que el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) creció 6.4 % interanual en junio de 2026; durante abril-junio la expansión promedio fue de 5.0 %, y en el primer semestre el crecimiento acumulado alcanzó 4.5 %. Construcción, minería, zonas francas y servicios estuvieron entre las actividades de mayor dinamismo.
Ese desempeño confirma que crecimiento y generación de actividad productiva están presentes. Sin embargo, el reto consiste en lograr que una mayor proporción de ese dinamismo se traduzca en empleos formales y sostenibles.
Tener trabajo no siempre significa tener protección
La informalidad es un fenómeno más complejo que el simple hecho de trabajar por cuenta propia. Desde la perspectiva del desarrollo, plantea interrogantes sobre protección social, estabilidad de los ingresos, productividad, acceso al crédito y capacidad de trabajadores y pequeños negocios para incorporarse plenamente a la economía organizada.
Por eso, una política laboral moderna no puede limitarse a contar cuántas personas están ocupadas. Debe observar también bajo qué condiciones trabajan y qué posibilidades tienen de progresar.
El pequeño negocio también enfrenta barreras
La formalización tampoco puede abordarse únicamente desde la fiscalización. Para muchos pequeños negocios, el tránsito hacia la formalidad implica costos, trámites y obligaciones que pueden resultar difíciles de asumir. El desafío de las políticas públicas es conseguir que formalizarse represente una ventaja real: acceso a financiamiento, capacitación, mercados, protección y oportunidades de crecimiento.
Una estrategia efectiva necesita combinar simplificación administrativa, incentivos, educación financiera, productividad y cumplimiento de las obligaciones legales. Perseguir la informalidad sin comprender sus causas podría terminar debilitando a unidades productivas que generan sustento para miles de familias.
El desafío de los jóvenes
Para los jóvenes, la discusión tiene una dimensión adicional. El primer empleo suele ser la puerta de entrada a la experiencia, al crédito y a la independencia económica. Cuando esa puerta conduce principalmente a ocupaciones precarias o informales, el país corre el riesgo de reproducir durante años una estructura laboral de baja productividad.
La formación técnica, la educación vinculada a las necesidades productivas y las competencias digitales serán cada vez más importantes ante la transformación tecnológica del mercado de trabajo.
Crecer no será suficiente
La República Dominicana necesita continuar creciendo. Pero el desarrollo no puede medirse únicamente por la velocidad de expansión de la economía. También importa la capacidad de ese crecimiento para elevar la productividad, los ingresos y la seguridad económica de las familias.
La informalidad de 54.1 % registrada en el primer trimestre de 2026 resume uno de los grandes desafíos pendientes. El país ha demostrado que puede generar actividad económica; la próxima tarea es conseguir que una mayor parte de esa actividad se convierta en oportunidades formales, productivas y sostenibles.
La verdadera medida del progreso no estará solamente en cuántos dominicanos trabajan, sino también en cómo trabajan, qué protección reciben y qué posibilidades tienen de construir un futuro mejor.
FUENTES DE REFERENCIA
- Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral del Mercado Laboral, enero-marzo de 2026.
- Banco Central de la República Dominicana, “Economía dominicana registra expansión de 6.4 % en junio 2026”, 23 de julio de 2026.