El Gobierno estima un crecimiento próximo a cero, pero el mercado prevé un desplome del 4,4% del PIB en 2020. Las empresas ya aplican recortes, despidos o reducen sueldos y jornadas

São Paulo.– Diez días atrás, cuando la OMS clasificó el brote de COVID-19 como una pandemia y Brasil confirmó que había 52 personas que tenían la enfermedad en el país, el Gobierno de Jair Bolsonaro redujo la previsión del crecimiento brasileño de este año del 2,4% al 2,1%. Este viernes, con 12 muertes, 904 casos confirmados y un decreto de estado de calamidad pública en el país, la revisión de los cálculos del equipo económico ha sido mucho más drástica: el país se dirige al estancamiento y crecerá solo un 0,02% en 2020. Sin embargo, los mercados y las instituciones privadas hacen una estimación mucho más pesimista. Según un pronóstico de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), la economía brasileña puede contraerse un 4,4% en 2020 y corre el riesgo de seguir sintiendo efectos negativos “significativos” hasta 2023.

Por ahora, algunas empresas intentan posponer lo inevitable, bajo una economía que ya venía en lenta recuperación. Las compañías aéreas brasileñas, por ejemplo, uno de los sectores más afectados por la crisis por la disminución de vuelos, han optado por reducir la jornada laboral y los sueldos como la aerolínea Gol Linhas Aéreas. La jornada laboral y las remuneraciones de los empleados internos y de los aeropuertos se reducirá en un 35%, mientras que los directores, vicepresidentes y el director tendrán una reducción salarial del 40% durante los meses de abril, mayo y junio. Sin embargo, la empresa no descarta revisar la medida según la evolución de la crisis generada por la pandemia. El Sindicato Nacional del Sector Aéreo informó de que las compañías aéreas han presentado sus programas sin ni siquiera dar la posibilidad de escuchar propuestas de los trabajadores del gremio.

El Gobierno, a su vez, tiene la intención de ayudar a las empresas afectadas a seguir el ejemplo de Gol. En los próximos días, se promulgará una medida provisional para flexibilizar las regulaciones laborales durante el estado de calamidad pública, ya que la legislación vigente solo permite que las empresas reduzcan hasta un 25% la jornada laboral y los salarios de los empleados en situaciones como esta. “No es algo simple, pero la idea es conservar el empleo. Sería mucho más grave que, ante tal crisis, una persona pierda su trabajo y tenga que sobrevivir sin sueldo”, justificó el secretario especial de Seguridad Social y Trabajo, Bruno Bianco. Sería la fórmula ideal de mantener el empleo y garantizar al menos ingresos de subsistencia durante el estado de calamidad.

Mientras empresas y Gobierno tratan de llegar a un equilibrio, algunas empresas ya empezaron a recortar. A Fernanda, empleada de un restaurante que abrió hace apenas seis meses en el Museo de Artes de São Paulo (Masp), le comunicaron el martes pasado que ella y sus 30 colegas estaban incluidos en un proceso de despido colectivo. El día anterior, ya se les había pedido a todos que no fueran a trabajar, ya que el museo anunció su cierre indefinidamente, siguiendo la determinación del Gobierno estatal.

“Los museos fueron los primeros en cerrar, porque no ofrecen un servicio esencial y generan aglomeraciones”, constata la empleada, todavía aturdida con el despido. El viernes le comunicaron que su despido se había suspendido durante una semana, pero sabe que la situación es difícil. “Es un sitio nuevo, todavía no han tenido ingresos suficientes, se han visto obligados a cerrar, los jefes no tenían otra opción, es muy triste”. Otro trabajador reveló a EL PAÍS que la empresa para la que trabaja, también del área de la cultura, ha despedido a un gran número de personas por la cancelación y el aplazamiento de varios eventos.

Las grandes fábricas también están empezando a hacer ajustes y a parar. Varios fabricantes de automóviles, como Ford, Volkswagen, General Motors y Mercedes-Benz, han anunciado que suspenderán la producción en los próximos días por tiempo indefinido y darán a los empleados vacaciones colectivas. Son más de 50.000 los empleados que se quedarán en casa debido a la propagación de la enfermedad.

El equipo del ministro de Economía, Paulo Guedes, ha anunciado esta semana que anticipará un 25% del beneficio para desempleados (un seguro de desempleo que se paga por tres a cinco meses) a los trabajadores que cobran hasta dos salarios mínimos (2.090 reales o 416 dólares) y cuyos salarios y jornadas laborales se hayan visto reducidos para mitigar los efectos de la Covid-19 en la actividad económica. El ministerio informó que el valor más bajo que se pagará será de 261,25 reales (52 dólares) y el más alto, de 381,22 reales (76 dólares).

Para especialistas, las medidas del Gobierno de Bolsonaro son tímidas ante la magnitud de la crisis. “No está a la altura, considerando el tamaño de la urgencia sanitaria y la desaceleración económica en curso”, sostiene un informe de XP Investimentos. El profesor de Economía Otto Nogami recuerda que Brasil se sostuvo durante los últimos años a través del consumo lastrado en el crédito. “Con la parálisis, ¿qué pasará con el endeudamiento de las familias, impulsado por el desempleo? Ese será otro problema”, evalúa.

A inicio de semana, el Gobierno anunció una inyección de 30.000 millones para ayudar a mitigar los efectos de la crisis y dar apoyos, especialmente, a las empresas. Después de críticas por descuidar a los trabajadores informales, que representan casi mitad de la fuerza laboral en Brasil –hay 38 millones de empleados sin contrato o por cuenta propia—, se propuso dar 200 reales (40 dólares) mensuales de ayuda por tres meses para este grupo. Una gota en el océano de la crisis.

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