Latinoamericanas
El coronavirus pone a Brasil al borde de una recesión
El Gobierno estima un crecimiento próximo a cero, pero el mercado prevé un desplome del 4,4% del PIB en 2020. Las empresas ya aplican recortes, despidos o reducen sueldos y jornadas
São Paulo.– Diez días atrás, cuando la OMS clasificó el brote de COVID-19 como una pandemia y Brasil confirmó que había 52 personas que tenían la enfermedad en el país, el Gobierno de Jair Bolsonaro redujo la previsión del crecimiento brasileño de este año del 2,4% al 2,1%. Este viernes, con 12 muertes, 904 casos confirmados y un decreto de estado de calamidad pública en el país, la revisión de los cálculos del equipo económico ha sido mucho más drástica: el país se dirige al estancamiento y crecerá solo un 0,02% en 2020. Sin embargo, los mercados y las instituciones privadas hacen una estimación mucho más pesimista. Según un pronóstico de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), la economía brasileña puede contraerse un 4,4% en 2020 y corre el riesgo de seguir sintiendo efectos negativos “significativos” hasta 2023.
Por ahora, algunas empresas intentan posponer lo inevitable, bajo una economía que ya venía en lenta recuperación. Las compañías aéreas brasileñas, por ejemplo, uno de los sectores más afectados por la crisis por la disminución de vuelos, han optado por reducir la jornada laboral y los sueldos como la aerolínea Gol Linhas Aéreas. La jornada laboral y las remuneraciones de los empleados internos y de los aeropuertos se reducirá en un 35%, mientras que los directores, vicepresidentes y el director tendrán una reducción salarial del 40% durante los meses de abril, mayo y junio. Sin embargo, la empresa no descarta revisar la medida según la evolución de la crisis generada por la pandemia. El Sindicato Nacional del Sector Aéreo informó de que las compañías aéreas han presentado sus programas sin ni siquiera dar la posibilidad de escuchar propuestas de los trabajadores del gremio.
El Gobierno, a su vez, tiene la intención de ayudar a las empresas afectadas a seguir el ejemplo de Gol. En los próximos días, se promulgará una medida provisional para flexibilizar las regulaciones laborales durante el estado de calamidad pública, ya que la legislación vigente solo permite que las empresas reduzcan hasta un 25% la jornada laboral y los salarios de los empleados en situaciones como esta. “No es algo simple, pero la idea es conservar el empleo. Sería mucho más grave que, ante tal crisis, una persona pierda su trabajo y tenga que sobrevivir sin sueldo”, justificó el secretario especial de Seguridad Social y Trabajo, Bruno Bianco. Sería la fórmula ideal de mantener el empleo y garantizar al menos ingresos de subsistencia durante el estado de calamidad.
Mientras empresas y Gobierno tratan de llegar a un equilibrio, algunas empresas ya empezaron a recortar. A Fernanda, empleada de un restaurante que abrió hace apenas seis meses en el Museo de Artes de São Paulo (Masp), le comunicaron el martes pasado que ella y sus 30 colegas estaban incluidos en un proceso de despido colectivo. El día anterior, ya se les había pedido a todos que no fueran a trabajar, ya que el museo anunció su cierre indefinidamente, siguiendo la determinación del Gobierno estatal.
“Los museos fueron los primeros en cerrar, porque no ofrecen un servicio esencial y generan aglomeraciones”, constata la empleada, todavía aturdida con el despido. El viernes le comunicaron que su despido se había suspendido durante una semana, pero sabe que la situación es difícil. “Es un sitio nuevo, todavía no han tenido ingresos suficientes, se han visto obligados a cerrar, los jefes no tenían otra opción, es muy triste”. Otro trabajador reveló a EL PAÍS que la empresa para la que trabaja, también del área de la cultura, ha despedido a un gran número de personas por la cancelación y el aplazamiento de varios eventos.
Las grandes fábricas también están empezando a hacer ajustes y a parar. Varios fabricantes de automóviles, como Ford, Volkswagen, General Motors y Mercedes-Benz, han anunciado que suspenderán la producción en los próximos días por tiempo indefinido y darán a los empleados vacaciones colectivas. Son más de 50.000 los empleados que se quedarán en casa debido a la propagación de la enfermedad.
El equipo del ministro de Economía, Paulo Guedes, ha anunciado esta semana que anticipará un 25% del beneficio para desempleados (un seguro de desempleo que se paga por tres a cinco meses) a los trabajadores que cobran hasta dos salarios mínimos (2.090 reales o 416 dólares) y cuyos salarios y jornadas laborales se hayan visto reducidos para mitigar los efectos de la Covid-19 en la actividad económica. El ministerio informó que el valor más bajo que se pagará será de 261,25 reales (52 dólares) y el más alto, de 381,22 reales (76 dólares).
Para especialistas, las medidas del Gobierno de Bolsonaro son tímidas ante la magnitud de la crisis. “No está a la altura, considerando el tamaño de la urgencia sanitaria y la desaceleración económica en curso”, sostiene un informe de XP Investimentos. El profesor de Economía Otto Nogami recuerda que Brasil se sostuvo durante los últimos años a través del consumo lastrado en el crédito. “Con la parálisis, ¿qué pasará con el endeudamiento de las familias, impulsado por el desempleo? Ese será otro problema”, evalúa.
A inicio de semana, el Gobierno anunció una inyección de 30.000 millones para ayudar a mitigar los efectos de la crisis y dar apoyos, especialmente, a las empresas. Después de críticas por descuidar a los trabajadores informales, que representan casi mitad de la fuerza laboral en Brasil –hay 38 millones de empleados sin contrato o por cuenta propia—, se propuso dar 200 reales (40 dólares) mensuales de ayuda por tres meses para este grupo. Una gota en el océano de la crisis.
elpais.com
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
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