Latinoamericanas
El coronavirus pone a Brasil al borde de una recesión
El Gobierno estima un crecimiento próximo a cero, pero el mercado prevé un desplome del 4,4% del PIB en 2020. Las empresas ya aplican recortes, despidos o reducen sueldos y jornadas
São Paulo.– Diez días atrás, cuando la OMS clasificó el brote de COVID-19 como una pandemia y Brasil confirmó que había 52 personas que tenían la enfermedad en el país, el Gobierno de Jair Bolsonaro redujo la previsión del crecimiento brasileño de este año del 2,4% al 2,1%. Este viernes, con 12 muertes, 904 casos confirmados y un decreto de estado de calamidad pública en el país, la revisión de los cálculos del equipo económico ha sido mucho más drástica: el país se dirige al estancamiento y crecerá solo un 0,02% en 2020. Sin embargo, los mercados y las instituciones privadas hacen una estimación mucho más pesimista. Según un pronóstico de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), la economía brasileña puede contraerse un 4,4% en 2020 y corre el riesgo de seguir sintiendo efectos negativos “significativos” hasta 2023.
Por ahora, algunas empresas intentan posponer lo inevitable, bajo una economía que ya venía en lenta recuperación. Las compañías aéreas brasileñas, por ejemplo, uno de los sectores más afectados por la crisis por la disminución de vuelos, han optado por reducir la jornada laboral y los sueldos como la aerolínea Gol Linhas Aéreas. La jornada laboral y las remuneraciones de los empleados internos y de los aeropuertos se reducirá en un 35%, mientras que los directores, vicepresidentes y el director tendrán una reducción salarial del 40% durante los meses de abril, mayo y junio. Sin embargo, la empresa no descarta revisar la medida según la evolución de la crisis generada por la pandemia. El Sindicato Nacional del Sector Aéreo informó de que las compañías aéreas han presentado sus programas sin ni siquiera dar la posibilidad de escuchar propuestas de los trabajadores del gremio.
El Gobierno, a su vez, tiene la intención de ayudar a las empresas afectadas a seguir el ejemplo de Gol. En los próximos días, se promulgará una medida provisional para flexibilizar las regulaciones laborales durante el estado de calamidad pública, ya que la legislación vigente solo permite que las empresas reduzcan hasta un 25% la jornada laboral y los salarios de los empleados en situaciones como esta. “No es algo simple, pero la idea es conservar el empleo. Sería mucho más grave que, ante tal crisis, una persona pierda su trabajo y tenga que sobrevivir sin sueldo”, justificó el secretario especial de Seguridad Social y Trabajo, Bruno Bianco. Sería la fórmula ideal de mantener el empleo y garantizar al menos ingresos de subsistencia durante el estado de calamidad.
Mientras empresas y Gobierno tratan de llegar a un equilibrio, algunas empresas ya empezaron a recortar. A Fernanda, empleada de un restaurante que abrió hace apenas seis meses en el Museo de Artes de São Paulo (Masp), le comunicaron el martes pasado que ella y sus 30 colegas estaban incluidos en un proceso de despido colectivo. El día anterior, ya se les había pedido a todos que no fueran a trabajar, ya que el museo anunció su cierre indefinidamente, siguiendo la determinación del Gobierno estatal.
“Los museos fueron los primeros en cerrar, porque no ofrecen un servicio esencial y generan aglomeraciones”, constata la empleada, todavía aturdida con el despido. El viernes le comunicaron que su despido se había suspendido durante una semana, pero sabe que la situación es difícil. “Es un sitio nuevo, todavía no han tenido ingresos suficientes, se han visto obligados a cerrar, los jefes no tenían otra opción, es muy triste”. Otro trabajador reveló a EL PAÍS que la empresa para la que trabaja, también del área de la cultura, ha despedido a un gran número de personas por la cancelación y el aplazamiento de varios eventos.
Las grandes fábricas también están empezando a hacer ajustes y a parar. Varios fabricantes de automóviles, como Ford, Volkswagen, General Motors y Mercedes-Benz, han anunciado que suspenderán la producción en los próximos días por tiempo indefinido y darán a los empleados vacaciones colectivas. Son más de 50.000 los empleados que se quedarán en casa debido a la propagación de la enfermedad.
El equipo del ministro de Economía, Paulo Guedes, ha anunciado esta semana que anticipará un 25% del beneficio para desempleados (un seguro de desempleo que se paga por tres a cinco meses) a los trabajadores que cobran hasta dos salarios mínimos (2.090 reales o 416 dólares) y cuyos salarios y jornadas laborales se hayan visto reducidos para mitigar los efectos de la Covid-19 en la actividad económica. El ministerio informó que el valor más bajo que se pagará será de 261,25 reales (52 dólares) y el más alto, de 381,22 reales (76 dólares).
Para especialistas, las medidas del Gobierno de Bolsonaro son tímidas ante la magnitud de la crisis. “No está a la altura, considerando el tamaño de la urgencia sanitaria y la desaceleración económica en curso”, sostiene un informe de XP Investimentos. El profesor de Economía Otto Nogami recuerda que Brasil se sostuvo durante los últimos años a través del consumo lastrado en el crédito. “Con la parálisis, ¿qué pasará con el endeudamiento de las familias, impulsado por el desempleo? Ese será otro problema”, evalúa.
A inicio de semana, el Gobierno anunció una inyección de 30.000 millones para ayudar a mitigar los efectos de la crisis y dar apoyos, especialmente, a las empresas. Después de críticas por descuidar a los trabajadores informales, que representan casi mitad de la fuerza laboral en Brasil –hay 38 millones de empleados sin contrato o por cuenta propia—, se propuso dar 200 reales (40 dólares) mensuales de ayuda por tres meses para este grupo. Una gota en el océano de la crisis.
elpais.com
Agencia AFP
Perú.-El resultado de la elección presidencial de Perú era aún incierto este lunes, con la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez en empate técnico para convertirse en el noveno mandatario del país en una década.
Con más del 93% de las actas escrutadas, Fujimori reunía el 50,02% de los votos, frente a un 49,98% de Sánchez.
Esa ventaja de menos de medio punto corre el riesgo de evaporarse a medida que sigan llegando los votos de las zonas rurales, donde Sánchez ha dominado. Para declarar un ganador deberán además ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 400.000 votos, lo que puede llevar días.
«Tenemos que esperar hasta el final. Lo que corresponde en estos momentos es paciencia y serenidad. Vamos a respetar el resultado sea cual sea», dijo Fujimori a la prensa este lunes al salir de su vivienda.
Entre cantos de «¡Sí se pudo!», Sánchez dijo reconocer que hay un «empate». «Que prosiga el conteo en los estándares de una elección transparente», expresó la noche del domingo en una plaza ante cientos de seguidores.
Muchos dijeron esperar que las elecciones pongan fin a la criminalidad que azota al país y la turbulencia política que dejó al Perú con ocho presidentes desde 2016.
«Es un empate técnico, está para cualquiera. Es un resultado que se puede revertir en las siguientes horas, no se está hablando todavía de ganador o ganadora», aseguró este lunes a la AFP el especialista en temas electorales José Tello.
– Festejos en los dos bandos –
Administradora de 51 años, Fujimori apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía y derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
«Estoy alegre porque sé que va a hacer un buen gobierno. ¿Por qué? Porque ella quiere limpiar la imagen de su padre», aseguró Gladys Silva, ama de casa de 56 años, en la concentración en Lima.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó al expresidente Castillo. Como lealtad, lleva el sombrero campesino que le regaló, prometió indultarlo, y lo visitó el domingo en la cárcel.
«Queremos un cambio porque estamos cansados de la corrupción, del fujimorismo que maneja al país como su chacra (hacienda)», dijo Marlene Veramendi, de 46 años, en el otro festejo.
La votación, a la que estuvieron llamados 27 millones de electores, transcurrió sin incidentes a diferencia de la caótica primera ronda de abril.
– «Débil legitimidad» –
Keiko, como la llaman, prometió «orden» y prosperidad, y advirtió del peligro del «comunismo».
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso -donde ella tiene influencia- que derriba presidentes.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana tendría inmunidad, pero quedaría vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
«El ganador tendrá a la mitad del país en contra y una débil legitimidad» por lo que, sin mayoría legislativa, deberá «construir una coalición para gobernar», dijo a la AFP el politólogo Paulo Vilca.
El vencedor sustituirá, a partir del 28 de julio, al presidente interino José María Balcázar por un mandato de cinco años.
– Delincuencia imparable –
Pese al hartazgo político, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad. Han proliferado las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentaron nueve veces en cinco años.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar con la criminalidad con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propuso encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de las élites políticas con los criminales.
Su base social está en el campo empobrecido, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, donde la tasa de homicidios se triplicó entre 2020 y 2025, hasta los 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4%. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori aboga por el neoliberalismo y la atracción de inversiones, y Sánchez ofreció alzas salariales y una economía más estatal.
Agencia AFP
Perú.-La derechista Keiko Fujimori aventaja levemente al izquieridista Roberto Sánchez en los sondeos a boca de urna en un reñido balotaje presidencial (segundoa vuelta) este domingo en Perú, marcado por la inestabilidad política y la criminalidad.
Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), se enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.
Fujimori obtiene 50,7% frente 49,3% de Sánchez, según la encuestadora privada Ipsos; y 50,5% contra 49,5%, de acuerdo con Datum, lo que muestra prácticamente un empate técnico.
Las mesas de votación cerraron a las 17H00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.
Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.
Los dos candidatos no superaron juntos el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.
– «Comunismo» o «dictadura» –
«Voté por Keiko porque representa estabilidad. Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar», declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista, que lleva siempre el sombrero que le regaló Castillo, acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso que derriba presidentes, donde ella tiene influencia.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque es vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
Ninguno tiene mayoría legislativa. El futuro presidente deberá tejer alianzas si quiere concluir su mandato, opinó el analista Jeffey Radzinsky.
El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.
– Extorsiones, lo más crítico –
Pese a la desilusión política, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentanon nueve veces en cinco años.
«Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia», aseguró a la AFP Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, tras votar en el norte de Lima.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar -dice- con la «lacra social» con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.
Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que de 2020 a 2025 triplicó la tasa de homicidios, para llegar a un índice de 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4% y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori defiende las propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones.
Sánchez ofreció alzas salariales y tratamiento de tranquilizar a los inversionistas al prometer que mantendrá la apertura económica e independencia del banco estratégico central.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.