Internacionales
El coronavirus rompe las costuras de la política migratoria de Trump
La pandemia lleva al Gobierno de Estados Unidos a llamar a médicos extranjeros y a blindar a inmigrantes indocumentados que trabajan en el campo
El presidente Donald Trump, en una de sus conferencias de prensa.JIM LO SCALZO / EFE
Washington / Los Ángeles.- La Administración Trump urge a los profesionales médicos extranjeros, sobre todo a aquellos que trabajan con la Covid-19, a contactar con los consulados para acelerar la tramitación de sus visados y que puedan incorporarse cuanto antes a la lucha de Estados Unidos contra el coronavirus. También califica de “esenciales” empleos, como la recogida de las cosechas, que sabe que hacen los inmigrantes indocumentados. Y anuncia que no realizará redadas en busca de sin papeles, para evitar que el temor de estos a acudir al médico genere focos de contagio.
La pandemia del coronavirus ha subrayado la importancia de los trabajadores inmigrantes en la economía estadounidense. Y ha puesto en evidencia algunas contradicciones en la política de mano dura con la inmigración que constituye uno de los pilares del discurso del presidente Donald Trump. Se da la paradoja de que, mientras la guardia fronteriza acelera la expulsión en caliente de los indocumentados retenidos en sus centros, la Administración poco menos que blinda a los indocumentados en el campo, y facilita la entrada a inmigrantes cualificados para paliar la escasez de profesionales médicos con los que combatir la pandemia en primera línea.
Ocurre justo en el momento en que el país se despierta del dulce sueño del pleno empleo, y se enfrenta a unas cifras de paro históricas. Más de 16 millones de personas, uno de cada 10 trabajadores del país, han solicitado la prestación por desempleo entre las dos últimas semanas de marzo y la primera de abril. Los expertos no dudan de que les seguirán millones más. Donald Trump, que ha hecho suyo el eslogan de “comprar estadounidense y contratar a estadounidense”, se encuentra ahora entre dos fuerzas: los empresarios que le urgen a relajar la mano dura con la inmigración para contener el descalabro de la economía, y los activistas anti inmigración, a los que ha azuzado durante más de tres años, que reaccionan airados a cualquier atisbo de cambio de actitud justo en el momento más crítico.
“Queremos que vengan”, dijo Trump, el 1 de abril, sobre los inmigrantes que vienen a trabajar al campo. “No estamos cerrando la frontera para que no pueda entrar toda esa gente. Han estado ahí años y años, y he dado mi palabra a los granjeros: van a continuar viniendo”.
En el campo de California está empezando estos días la recogida de la fresa. En dos semanas, serán las cerezas y los arándanos. En mayo, albaricoques y nectarinas. Un estudio de la Universidad de California calcula que trabajan 800.000 personas en la industria agrícola de ese Estado. La estimación más baja es que el 60% son indocumentados. Estos días de aislamiento, son las manos que garantizan que hay fruta y verdura fresca en los supermercados.
Estos trabajadores siempre han temido a la policía. Desde que California aprobó la orden de cuarentena, se añade otra razón para pedirles los papeles: la policía vigila que solo salgan a la calle trabajadores “esenciales”. La ironía del momento es que los indocumentados de los campos son a la vez trabajadores esenciales. Sin ellos no funciona la cadena de suministro de alimentos. “Si no fuera por ellos, cuánta gente se encontraría sin comida en la tienda”, dice por teléfono Manuel Cunha, presidente de Nisei Farmers League, un sindicato importante de Fresno, California.
Hace siete semanas, Cunha empezó a enviar a las asociaciones de productores una carta tipo para que la firmaran. Es una especie de salvoconducto. “En apenas un párrafo, se dice el nombre del trabajador, el granjero para el que trabaja y el teléfono. Si le para un agente de policía o del sheriff, solo tiene que enseñar la carta, llaman al granjero y este les confirma que esa persona se está desplazando a trabajar”. Las asociaciones han repartido las cartas entre las enormes producciones agrícolas de Fresno, afirma, y calcula que ya han impreso unas 400.000.
Ha tenido que llegar una pandemia mundial para que las administraciones de Estados Unidos reconozcan por escrito que no se puede prescindir de los inmigrantes irregulares. Tampoco aterrorizarlos. El pasado 18 de marzo, la policía de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) anunció que paralizaba las redadas y detenciones indiscriminadas de indocumentados. Solo seguirán adelante las detenciones de delincuentes peligrosos. El criterio en la presidencia de Trump es detener a la mayor cantidad de gente posible.
El comunicado de ICE decía expresamente que no habrá detenciones cerca de servicios de salud, como hospitales. “La gente no debería evitar la atención médica por miedo a la actividad de la policía de inmigración”, afirma. El cambio de criterio, aunque temporal, extiende a la sanidad lo que ya era evidente en el ámbito de la seguridad pública en todas las grandes ciudades de EE UU, donde la policía no pide a nadie los papeles para que no tengan miedo de denunciar crímenes o testificar. A esto se le llama políticas de santuario y es una de las obsesiones de Trump. El coronavirus ha obligado a Trump a declarar de facto todos los hospitales santuarios.
La crisis también ha obligado al Gobierno a buscar fuera de sus fronteras profesionales con los que combatir la pandemia en los hospitales del país. “Animamos a los profesionales médicos que buscan trabajo en Estados Unidos con un visado de trabajo o de intercambio, especialmente aquellos que trabajan en temas de Covid-19, a contactar con la embajada o consulado más cercano para obtener una cita”. El mensaje lo lanzó el 26 de marzo el Departamento de Estado. Seis días antes, se habían suspendido los servicios rutinarios de visados en las embajadas de todo el mundo, reducidas a servicios esenciales y concentradas en la repatriación de estadounidenses.
El mensaje, publicado en la página web del Departamento de Estado y difundido por redes sociales, desató un aluvión de llamadas de profesionales médicos para interesarse por la aparente invitación a iniciar un proceso que, en condiciones normales, puede demorarse durante años. También críticas en las redes por lo que se interpretaba como la promoción de una fuga de cerebros que podría ser letal para países que luchan contra una pandemia que pone al límite sus recursos. Al día siguiente, el Departamento de Estado tuvo que emitir una “aclaración”: el mensaje se dirigía solo, dijeron, a aquellos profesionales que ya habían sido admitidos para trabajos o estudios en Estados Unidos.“Debo confesar que quizá lo que publicamos no era tan claro como debía haberlo sido”, reconocía Ian Brownlee, de la Oficina de Asuntos Consulares, en una sesión informativa telefónica con periodistas. “Se trata de gente que ya estaba lista para venir, no buscamos a otros”, aclaró. Preguntado acerca de por qué entonces publicar el anuncio, si no se estaba ofreciendo un tratamiento especial, Brownlee respondió que tendría que mirar “cómo todo esto sucedió”.
No ha sido la única medida reconsiderada (o aclarada) después de desatar una polémica. El 5 de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que aumentaría en 35.000 los visados para trabajadores temporales disponibles este año. Se trata de un visado que permite a los empleadores traer a trabajadores extranjeros para actividades temporales no agrícolas, como la hostelería o el turismo. Los empresarios suelen defender que se aumente el cupo, pero los partidarios de reducir la inmigración consideran que la práctica abarata los salarios e impide a los estadounidenses acceder a esos empleos.
El pasado 2 de abril, tras la publicación de los alarmantes datos de empleo, el Gobierno anunció que el plan de ampliar el cupo quedaba suspendido “debido a las actuales circunstancias económicas”. El problema es que muchos empresarios consideran que los trabajadores extranjeros son cruciales para determinados empleos que cuesta cubrir con ciudadanos estadounidenses. Y más cuando ahora pueden obtener más ingresos con las prestaciones de desempleo y otras ayudas contempladas en el gigantesco plan de estímulo a la economía. “Los inmigrantes están trabajando en los supermercados, en el campo, procesando la comida, en la construcción. Son las personas que, en momentos de emergencia, mantienen este país funcionando”, defiende Sindy Benavides, directora de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. “Confío en que esta crisis haga que, como sociedad, comprendamos esto”.
elpais.com
Florida, Fort Lauderdale, EEUU.-En el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en Florida, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) se enfrentan a un delito que hace años era poco común, pero hoy aparece todos los días: la pornografía infantil.
Se trata de un crimen federal que ha ido en aumento y ha encendido las alarmas en distintos puntos de entrada del país, según las autoridades.
“Yo he estado aquí 20 años. Hace 15 años lo veíamos poco; ahora lo vemos a diario”, afirma el oficial CBP Barrezueta, encargado de la división que investiga tráfico de personas, terrorismo y narcóticos en el aeropuerto.
Los delitos de pornografía infantil han aumentado un 34% desde el año fiscal 2020, de acuerdo con datos de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos. En el año fiscal 2024 se registraron 1,375 casos.
El distrito medio de Florida —que abarca desde Jacksonville hasta Fort Myers— fue el que cerró con más personas sentenciadas por este delito: 71 en ese mismo período.
“Desafortunadamente, ha subido mucho ese crimen”, sostiene Barrezueta, al tiempo que indica que los implicados provienen de “todo el mundo”.
Las edades de las víctimas son diversas. Los oficiales han encontrado material que involucra desde bebés de pocos meses hasta adolescentes de 17 o 18 años.
“Me gustaría decir que hay una edad más común, pero hay de todos”, admite Barrezueta.
Periodistas latinoamericanos conversaron con oficiales de CBP en el aeropuerto como parte de un programa de cobertura sobre inmigración organizado por el Departamento de Estado estadounidense y la firma Inquire First.
Oficial Barrezueta, del equipo de Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés).Fuente Externa
Pero el trabajo de este equipo en Fort Lauderdale no siempre estuvo enfocado en la pornografía infantil.
Barrezueta explica que el grupo comenzó investigando prostitución y redes de tráfico de personas. En sus inicios, oficiales del aeropuerto viajaron a Miami para entrenarse en ese tipo de casos.
“Comenzamos aquí con dos oficiales”, recuerda. En la actualidad, son cuatro.
Durante esos primeros años detectaban principalmente redes que traían personas desde América Latina para trabajar en condiciones cercanas a la esclavitud o con pagos muy por debajo de lo prometido.
También encontraron casos en los que mujeres eran trasladadas desde Sudamérica y Centroamérica para vender sus óvulos con fines reproductivos.
“Alguna gente sabía a qué venía. Otra gente no sabía”, dice.
Un crimen impulsado por internet
Según Barrezueta, el auge de la pornografía infantil está muy ligado a la facilidad con la que hoy se puede acceder y compartir contenido en internet.
“Antes tenías que buscar, conocer a alguien para compartir revistas o lo que sea; ahora en Google Search (buscador de Google), en cinco segundos (se hace)”, explica.
En los últimos años, asegura, los casos que detectan y presentan para persecución judicial prácticamente se han duplicado.
La magnitud del problema llevó a que el aeropuerto de Fort Lauderdale, junto con Miami y otros aeropuertos del sur de Florida, organizara recientemente un simposio para autoridades aeroportuarias de EEUU.
Oficiales de distintos aeropuertos del país, e incluso de otros países, acudieron para aprender cómo investigar este tipo de delitos.
“Nuestro equipo fue uno de los primeros que se enfocó en esto”, dice Barrezueta. “Ahora viajamos a otros aeropuertos para enseñarles cómo hacerlo”, agrega.
Investigaciones que comienzan en redes sociales
Muchas investigaciones comienzan con alertas enviadas por empresas tecnológicas.
En Estados Unidos, las plataformas digitales están obligadas por ley a reportar a las autoridades cuando detectan usuarios que podrían estar accediendo o compartiendo pornografía infantil.
Esos reportes llegan a un centro nacional especializado, que luego remite la información a los investigadores. A partir de ahí comienza el trabajo de los oficiales.
“Cuando cogemos a una persona, vemos con quién está contactado y comenzamos a hacer más investigaciones a gente que puede estar involucrada en compartir las imágenes y los videos que no nos han permitido”, explica.
Casos detectados en cruceros
Aunque el delito aparece en todo tipo de viajeros, los oficiales han detectado numerosos casos vinculados a trabajadores de cruceros.
Muchos pasan meses embarcados —contratos de tres, seis o nueve meses— y, según Barrezueta, algunos terminan compartiendo material ilegal entre contactos.
“Muchos de nuestros casos vienen de los cruceros, porque nuestras operaciones especialmente se han enfocado en el pasado con los trabajadores que están en los cruceros y encontramos muchos que comparten” contenidos de abuso sexual de menores, dice.
“Me imagino que se aburren y comienzan a hablar y a compartir cosas que no deben”, añade.
Los oficiales de CBP no ofrecieron más detalles sobre estos casos.
Explotación de personas
Durante sus investigaciones, los oficiales también se enfrentan a redes de explotación de personas.
En algunos casos, las víctimas llegan a Estados Unidos engañadas con promesas de trabajo. Otras veces, saben que van a realizar ciertas actividades, pero desconocen las condiciones en las que terminarán trabajando.
Los oficiales han encontrado casos en los que las personas entran al país como turistas con promesas de empleo legal.
Una vez dentro, los responsables les retienen los documentos, les pagan menos de lo acordado o les impiden abandonar el lugar donde trabajan.
“No van a poder escapar después”, dice Barrezueta.
Miami, EE.UU.-Estados Unidos y casi 20 países latinoamericanos y caribeños firmaron este jueves un acuerdo para combatir a los grupos «narcoterroristas» en la conferencia inaugural de las ‘Américas contra los carteles’, en Miami, donde destacó la ausencia de representantes de México, Colombia y Brasil.
El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, leyó la declaración conjunta que «reafirma las relaciones» entre Washington y sus vecinos, «respetando la soberanía» y «reconociendo la importancia estratégica del hemisferio», donde buscan «promover la paz a través de la fuerza».
«Y declara nuestra intención de ampliar la cooperación multilateral y bilateral para mejorar la seguridad en el hemisferio, cooperaron en esfuerzos gubernamentales de seguridad fronteriza, combatir el ‘narcoterrorismo’ y narcotráfico, asegurando infraestructura crítica y otras áreas por determinarse», agregó.
El acuerdo compromete a las naciones «a abordar futuras amenazas al interés mutuo y unirse para combatir juntos el ‘narcoterrorismo’ y otras amenazas compartidas en el Hemisferio Occidental», según el secretario.
Hegseth lideró la conferencia en la sede del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en Doral, en el sur de Florida, donde congregó a representantes de casi 20 países de Latinoamérica y el Caribe, como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Honduras y República Dominicana.
La conferencia, que reunió a gobiernos «con ideas afines» y excluyó a naciones como México, Colombia, Brasil y Nicaragua, ocurre como preámbulo de la cumbre ‘Escudo de las Américas’ que el presidente Donald Trump albergará el sábado en Miami con mandatarios de la derecha latinoamericana.
El jefe del Pentágono avisó que Washington está listo para lanzar en solitario una «ofensiva» militar contra los carteles, por lo que urgió a los latinoamericanos a combatir a los «narcoterroristas».
Mientras que Stephen Miller, asesor de seguridad nacional de Trump, pidió luchar contra los narcotraficantes como si fuesen grupos terroristas como ISIS (Estado Islámico) o Al-Qaeda, además de aseverar que la inmigración ilegal es una «forma de terrorismo».
La reunión ocurre días después de la primera operación militar conjunta de Estados Unidos y Ecuador contra organizaciones «narcoterroristas» en el país suramericano, tras una visita de Francis Donovan, comandante del Southcom.
Además, la Administración de Trump ha bombardeado 44 embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe desde septiembre pasado, lo que ha dejado al menos 150 muertos, bajo la operación ‘Lanza del Sur’.
Agencia EFE
El Ejército de Israel anunció en la madrugada de este lunes una nueva oleada de ataques contra Irán, particularmente contra el «corazón de Teherán», la capital de la república islámica, en una ofensiva que no cesa desde que Estados Unidos e Israel bombardearon el país el sábado, desatando una escalada bélica regional.
«La Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Jefatura de Inteligencia, acaba de lanzar una nueva oleada de ataques contra objetivos del régimen terrorista de Irán en el corazón de Teherán», informaron en su canal de Telegram las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI).
Medios iraníes como la agencia Tasnim reportaron explosiones en la capital del país persa.
Desde el bombardeo conjunto de Israel y EE.UU. contra Teherán, que se saldó con la muerte de más de 200 personas, incluido el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, la ofensiva no ha cesado.
Por su parte, Irán ha respondido a los ataques con oleadas de bombardeos contra Israel, donde han fallecido al menos nueve personas, y contra países de la región aliados de Washington y que acogen bases militares de Estados Unidos, como Kuwait, Baréin, Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes, donde se registraron tres víctimas mortales.