Internacionales
El coronavirus rompe las costuras de la política migratoria de Trump
La pandemia lleva al Gobierno de Estados Unidos a llamar a médicos extranjeros y a blindar a inmigrantes indocumentados que trabajan en el campo
El presidente Donald Trump, en una de sus conferencias de prensa.JIM LO SCALZO / EFE
Washington / Los Ángeles.- La Administración Trump urge a los profesionales médicos extranjeros, sobre todo a aquellos que trabajan con la Covid-19, a contactar con los consulados para acelerar la tramitación de sus visados y que puedan incorporarse cuanto antes a la lucha de Estados Unidos contra el coronavirus. También califica de “esenciales” empleos, como la recogida de las cosechas, que sabe que hacen los inmigrantes indocumentados. Y anuncia que no realizará redadas en busca de sin papeles, para evitar que el temor de estos a acudir al médico genere focos de contagio.
La pandemia del coronavirus ha subrayado la importancia de los trabajadores inmigrantes en la economía estadounidense. Y ha puesto en evidencia algunas contradicciones en la política de mano dura con la inmigración que constituye uno de los pilares del discurso del presidente Donald Trump. Se da la paradoja de que, mientras la guardia fronteriza acelera la expulsión en caliente de los indocumentados retenidos en sus centros, la Administración poco menos que blinda a los indocumentados en el campo, y facilita la entrada a inmigrantes cualificados para paliar la escasez de profesionales médicos con los que combatir la pandemia en primera línea.
Ocurre justo en el momento en que el país se despierta del dulce sueño del pleno empleo, y se enfrenta a unas cifras de paro históricas. Más de 16 millones de personas, uno de cada 10 trabajadores del país, han solicitado la prestación por desempleo entre las dos últimas semanas de marzo y la primera de abril. Los expertos no dudan de que les seguirán millones más. Donald Trump, que ha hecho suyo el eslogan de “comprar estadounidense y contratar a estadounidense”, se encuentra ahora entre dos fuerzas: los empresarios que le urgen a relajar la mano dura con la inmigración para contener el descalabro de la economía, y los activistas anti inmigración, a los que ha azuzado durante más de tres años, que reaccionan airados a cualquier atisbo de cambio de actitud justo en el momento más crítico.
“Queremos que vengan”, dijo Trump, el 1 de abril, sobre los inmigrantes que vienen a trabajar al campo. “No estamos cerrando la frontera para que no pueda entrar toda esa gente. Han estado ahí años y años, y he dado mi palabra a los granjeros: van a continuar viniendo”.
En el campo de California está empezando estos días la recogida de la fresa. En dos semanas, serán las cerezas y los arándanos. En mayo, albaricoques y nectarinas. Un estudio de la Universidad de California calcula que trabajan 800.000 personas en la industria agrícola de ese Estado. La estimación más baja es que el 60% son indocumentados. Estos días de aislamiento, son las manos que garantizan que hay fruta y verdura fresca en los supermercados.
Estos trabajadores siempre han temido a la policía. Desde que California aprobó la orden de cuarentena, se añade otra razón para pedirles los papeles: la policía vigila que solo salgan a la calle trabajadores “esenciales”. La ironía del momento es que los indocumentados de los campos son a la vez trabajadores esenciales. Sin ellos no funciona la cadena de suministro de alimentos. “Si no fuera por ellos, cuánta gente se encontraría sin comida en la tienda”, dice por teléfono Manuel Cunha, presidente de Nisei Farmers League, un sindicato importante de Fresno, California.
Hace siete semanas, Cunha empezó a enviar a las asociaciones de productores una carta tipo para que la firmaran. Es una especie de salvoconducto. “En apenas un párrafo, se dice el nombre del trabajador, el granjero para el que trabaja y el teléfono. Si le para un agente de policía o del sheriff, solo tiene que enseñar la carta, llaman al granjero y este les confirma que esa persona se está desplazando a trabajar”. Las asociaciones han repartido las cartas entre las enormes producciones agrícolas de Fresno, afirma, y calcula que ya han impreso unas 400.000.
Ha tenido que llegar una pandemia mundial para que las administraciones de Estados Unidos reconozcan por escrito que no se puede prescindir de los inmigrantes irregulares. Tampoco aterrorizarlos. El pasado 18 de marzo, la policía de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) anunció que paralizaba las redadas y detenciones indiscriminadas de indocumentados. Solo seguirán adelante las detenciones de delincuentes peligrosos. El criterio en la presidencia de Trump es detener a la mayor cantidad de gente posible.
El comunicado de ICE decía expresamente que no habrá detenciones cerca de servicios de salud, como hospitales. “La gente no debería evitar la atención médica por miedo a la actividad de la policía de inmigración”, afirma. El cambio de criterio, aunque temporal, extiende a la sanidad lo que ya era evidente en el ámbito de la seguridad pública en todas las grandes ciudades de EE UU, donde la policía no pide a nadie los papeles para que no tengan miedo de denunciar crímenes o testificar. A esto se le llama políticas de santuario y es una de las obsesiones de Trump. El coronavirus ha obligado a Trump a declarar de facto todos los hospitales santuarios.
La crisis también ha obligado al Gobierno a buscar fuera de sus fronteras profesionales con los que combatir la pandemia en los hospitales del país. “Animamos a los profesionales médicos que buscan trabajo en Estados Unidos con un visado de trabajo o de intercambio, especialmente aquellos que trabajan en temas de Covid-19, a contactar con la embajada o consulado más cercano para obtener una cita”. El mensaje lo lanzó el 26 de marzo el Departamento de Estado. Seis días antes, se habían suspendido los servicios rutinarios de visados en las embajadas de todo el mundo, reducidas a servicios esenciales y concentradas en la repatriación de estadounidenses.
El mensaje, publicado en la página web del Departamento de Estado y difundido por redes sociales, desató un aluvión de llamadas de profesionales médicos para interesarse por la aparente invitación a iniciar un proceso que, en condiciones normales, puede demorarse durante años. También críticas en las redes por lo que se interpretaba como la promoción de una fuga de cerebros que podría ser letal para países que luchan contra una pandemia que pone al límite sus recursos. Al día siguiente, el Departamento de Estado tuvo que emitir una “aclaración”: el mensaje se dirigía solo, dijeron, a aquellos profesionales que ya habían sido admitidos para trabajos o estudios en Estados Unidos.“Debo confesar que quizá lo que publicamos no era tan claro como debía haberlo sido”, reconocía Ian Brownlee, de la Oficina de Asuntos Consulares, en una sesión informativa telefónica con periodistas. “Se trata de gente que ya estaba lista para venir, no buscamos a otros”, aclaró. Preguntado acerca de por qué entonces publicar el anuncio, si no se estaba ofreciendo un tratamiento especial, Brownlee respondió que tendría que mirar “cómo todo esto sucedió”.
No ha sido la única medida reconsiderada (o aclarada) después de desatar una polémica. El 5 de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que aumentaría en 35.000 los visados para trabajadores temporales disponibles este año. Se trata de un visado que permite a los empleadores traer a trabajadores extranjeros para actividades temporales no agrícolas, como la hostelería o el turismo. Los empresarios suelen defender que se aumente el cupo, pero los partidarios de reducir la inmigración consideran que la práctica abarata los salarios e impide a los estadounidenses acceder a esos empleos.
El pasado 2 de abril, tras la publicación de los alarmantes datos de empleo, el Gobierno anunció que el plan de ampliar el cupo quedaba suspendido “debido a las actuales circunstancias económicas”. El problema es que muchos empresarios consideran que los trabajadores extranjeros son cruciales para determinados empleos que cuesta cubrir con ciudadanos estadounidenses. Y más cuando ahora pueden obtener más ingresos con las prestaciones de desempleo y otras ayudas contempladas en el gigantesco plan de estímulo a la economía. “Los inmigrantes están trabajando en los supermercados, en el campo, procesando la comida, en la construcción. Son las personas que, en momentos de emergencia, mantienen este país funcionando”, defiende Sindy Benavides, directora de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. “Confío en que esta crisis haga que, como sociedad, comprendamos esto”.
elpais.com
Europa Press
España.-El Partido Popular español, haciendo uso de su mayoría en el Senado, ha aprobado una iniciativa en la que reclama al Gobierno un informe detallado motivando las razones de cada uno de los vuelos del Falcon con destino final o escala de repostaje en la República Dominicana desde la llegada de Sánchez a Moncloa, así como explicar si participaron en estos viajes el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García o la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
Se trata de una moción –iniciativa no legislativa–, que los ‘populares’ han aprobado en el Pleno del Senado para reclamar un informe detallado con las fechas y razones de los vuelos de autoridades con los aviones Falcon o Airbus.
Asimismo, el PP quiere que el Gobierno identifique y detalle «de manera individualizada» a los cargos públicos, asesores y demás acompañantes, excluyendo a militares y personal perteneciente a la Casa Real, que hayan formado parte de cada uno de esos vuelos a República Dominicana.
En particular, los ‘populares’ quieren saber si el ex ministro Don Jose Luis Ábalos, su ex asesor Don Koldo García o la esposa del presidente, Doña Begoña Gómez, han participado en alguno de esos viajes, más allá de los de esta última a la Cumbre Iberoamericana.
«Dado el secretismo gubernamental que se ha impuesto en torno a esos numerosos desplazamientos a República Dominicana, las múltiples incógnitas y los motivos de esos vuelos se han convertido durante más de un año en preguntas reiteradas al Gobierno acerca de cuál era el objetivo de los mismos y quienes eran los ocupantes de esos aviones, que el ejecutivo o bien ha eludido responder o bien ha contestado con vagas evasivas», denuncia el PP.
Internacionales
Estados Unidos deporta a Osiel Cárdenas Guillén, el sanguinario exlíder del Cartel del Golfo
El capo de 57 años ha sido ingresado al penal del Altiplano y enfrenta tres procesos federales
Los Ángeles.-Osiel Cárdenas Guillén va de vuelta a México, el país en el que impuso su ley del terror como líder del Cártel del Golfo (CDG). El narcotraficante, conocido en el bajo mundo con el apodo de mata amigos, ha sido deportado este lunes desde Estados Unidos, donde cumplió algo más de la mitad de una condena de 25 años por su buena conducta. El capo no será hombre libre en su país. Las autoridades federales mexicanas han confirmado a este diario que Cárdenas, de 57 años, ha sido trasladado al penal del Altiplano donde enfrentará tres procesos, por delincuencia organizada, delitos contra la salud y lavado de dinero.
La entrega del capo ha sido confirmada esta tarde por las autoridades de Seguridad Interior en San Antonio, Texas. “Después de 14 años en prisión, Osiel Cárdenas, un ciudadano mexicano y antiguo líder del Golfo y Los Zetas ha sido regresado a México”, informó la institución en las redes sociales. La rendición del capo ante las autoridades mexicanas tuvo lugar en un puente fronterizo del Valle del Río Grande, una zona que colinda con el Estado de Tamaulipas, la región desde la que Cárdenas operó para traficar cocaína y marihuana a suelo estadounidense.
Cárdenas fue liberado a finales de agosto de la prisión de Terre Haute, en el Estado de Indiana. El capo estaba sujeto a cinco años de libertad condicional tras recobrar su libertad. Pero su deportación era inminente desde entonces, cuando su custodia pasó a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Las autoridades migratorias han cortado su periodo de libertad a cuatro meses. La Fiscalía mexicana reclamaba al capo, también conocido como El ingeniero, por varios procesos judiciales federales vinculados al tráfico de drogas.
Cárdenas llegó a Estados Unidos desde México en enero de 2007, apenas meses después de que el presidente Felipe Calderón asumiera el cargo e iniciara una serie acciones judiciales y sobre el terreno en contra de los cárteles del narcotráfico. Una de sus decisiones fue enviar al sanguinario líder del CDG a enfrentar a las autoridades estadounidenses. Osiel no llegó solo, fue parte de un traslado que incluyó a 14 personas que estaban en prisiones mexicanas, entre ellas Héctor El Güero Palma, uno de los viejos socios de Joaquín El Chapo Guzmán en el Cártel de Sinaloa.
El entonces capo fue recluido en una prisión de máxima seguridad de Texas. Su juicio fue aplazado en dos ocasiones y el interés mediático que despertó en Estados Unidos se fue diluyendo. Fue finalmente sentenciado de forma secreta tres años después de su llegada al país, en febrero de 2010. La jueza encargada de la sentencia dictó un “secreto perpetuo” sobre las condiciones de su condena, de 25 años. Nadie, fuera de Osiel, sus abogados y los fiscales, presenciaron la audiencia. El sistema de rastreo de prisioneros registró meses después que Cárdenas fue trasladado a un penal de mediana seguridad a las afueras de Atlanta, Georgia. Después fue movido una vez más al centro de Florida.
El exlíder del Cártel del Golfo fue detenido en 2003 en la ciudad de Matamoros (Tamaulipas), de donde es originario. El mata amigos se hizo un nombre en el mundo criminal de la frontera después de eliminar a socios y rivales para así escalar posiciones dentro del cártel de la frontera, que quedó acéfalo después de la captura de Juan García Ábrego, un veterano traficante que operaba en Tamaulipas. A Cárdenas se le atribuye haber creado a Los Zetas, una organización criminal muy violenta que llegó a tener casi 10.000 hombres armados durante los años del Calderonato.
elpais.com
Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, anunció este lunes que nominó a Leah Francis Campos como embajadora de ese país en la República Dominicana. El anuncio lo hizo Trump en su cuenta de Truth (su red social). Se llenaría un puesto que estaba vacante desde el 2021, cuando Robin Bernstein dejó el país con el cambio de poder en la Casa Blanca.
Trump citó que Leah sirvió a Estados Unidos como oficial de casos de la CIA antes de convertirse en asesora principal para el hemisferio occidental en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
Además, dijo que es madre de cuatro hijos y «proviene de una familia de patriotas».
«Su hermana, la destacada Rachel Campos-Duffy, de FoxNews, y su cuñado Sean Duffy, que será secretario de Transporte, también son unos patriotas maravillosos», citó el magnate, que regresará a la Casa Blanca el 6 de enero del 2025.
Además, citó: «Leah llevará su amor por el país y su compromiso con nuestra seguridad y prosperidad nacional a su puesto como embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana».
Llenado de vacante
Durante el gobierno de Joe Biden, Estados Unidos no tuvo embajador en el país. Solo instaló encargados de negocios. El primero de ellos, Robert W. Thomas, que salió del país a principios de este año; luego Isiah Parnell, que asumió el cargo en mayo, y Patricia Aguilera.
A finales del 2023, Biden nominó al boricua Juan Carlos Iturregui, pero no se materializó.