Las tensiones se incrementaron en todo el país por el controversial plebiscito.

En Madrid, miles se manifestaron en contra de los separatistas que intentan dividir a la nación. Demandaron que los líderes catalanes del movimiento fueran enviados a prisión.

En Barcelona, la capital de Cataluña, miles más salieron a las calles para exhortar a su próspera región a seguir siendo parte de España.

El plazo de la policía de las 6 de la mañana para que los padres, menores y activistas desalojen los edificios públicos está diseñado para evitar que la votación se lleve a cabo, debido a que los centros electorales abren tres horas después.

 El Tribunal Constitucional español suspendió la votación hace más de tres semanas. Por su parte, el gobierno federal calificó la votación de ilegal. La policía ha recibido instrucciones de impedir que se vote el domingo y en los últimos días ha confiscado papeletas y publicidad.

El gobierno catalán ha afirmado que seguirá adelante de todos modos y ha instado a los 5,3 millones de votantes registrados en la región a que participen.

 El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España dijo el sábado que el plan del gobierno catalán es antidemocrático y que va «en contra de las metas e ideales que la Unión Europea» trata de fomentar.

 «Lo que están impulsando no es democracia. Es una burla a la democracia, una parodia de la democracia», dijo el ministro Alfonso Dastis a The Associated Press.

El Ministerio del Interior de España dijo que la policía ya había clausurado la mayoría de las 2.315 escuelas que servirían como centros de votación y que inhabilitó un software que se iba a utilizar en el referendo.

 Enric Millo, el funcionario español más importante en la región del noreste, dijo que los padres y estudiantes fueron encontrados en 163 escuelas mientras hacían actividades cuando la policía clausuró las instalaciones el sábado, pero que todavía restaba revisar otras 1,000. En un reporte actualizado, el ministerio sólo dijo que «algunas» escuelas continuaban ocupadas.

 La policía de la región recibió órdenes de no utilizar la fuerza, pero también de desalojar las escuelas para las 6 horas del domingo, antes de la apertura de los centros programada para las 9 horas.

 Millo indicó que cualquier persona que permanezca en las escuelas después de las 6 de la mañana deberá ser retirada de acuerdo con las órdenes de un juez, pero predijo que no habrá problemas significantes.                «Nuestra función será la de garantizar la seguridad durante el transcurso de un día», dijo Millo.

Las autoridades ya han confiscado 10 millones de papeletas en los últimos días, lo que hace más complicado el panorama a los funcionarios catalanes para sostener una votación efectiva.

Millo dijo que el gobierno iba a tolerar un sistema de votación en las calles pero que ningún resultado sería considerado como una prueba electoral válida.

 «Siempre se puede poner una mesa en la calle, con algunas cubetas y papeles dentro», dijo. «Pero lo que las autoridades catalanas han prometido es un referendo efectivo con garantías legales y vinculante, eso es algo que hoy podemos asegurar que no se va a celebrar», agregó el funcionario.

 En la escuela Congres-Indians en Barcelona, designada como centro de votación, el activista Quim Roy dijo que enviaría a sus dos hijas a casa antes del plazo de la policía debido a que le preocupaba que hubiera violencia. Dijo que otros padres planeaban hacer lo mismo.  «Quién sabe lo que va a pasar cuando venga la Guardia Civil», dijo Roy.  «Si me dicen que no puedo estar en una escuela pública para ejercer mis derechos democráticos, tendrán que sacarme de aquí. No me resistiré, pero tendrán que cargar conmigo», señaló.

 Los asistentes organizaron sesiones de yoga, proyecciones de películas y picnics para el sábado para mantener el ánimo a medida que la confrontación con el gobierno federal crecía.

 Roy dijo que en la escuela no había ni urnas ni papeletas el sábado. Se encogió de hombros, comentando que «aparecerán».     En la escuela primaria La Sagrera en Barcelona, el padre Saverio Trioni dijo que 20 padres de familia y sus hijos pasaron la noche el viernes, pero «esperamos que haya más para esta noche. El plan es que haya al menos 100», comentó. En esa institución realizan un festival de música para mantener a todos ocupados.

Sin embargo, Trioni dijo que «abandonaremos el lugar si nos lo ordenan».

Un grupo cívico que había convocado a los padres de familia mantener las escuelas en Cataluña abiertas indicó que el referendo podría estar en peligro a menos de que se abran más centros de votación.      El portavoz de Open Schools Ramón Font dijo a The Associated Press que no sabía cuántas escuelas estaban ocupadas por activistas, pero pronosticaba que para el domingo por la mañana fueran muchas más que el número que la policía catalana reportó.

 «Si el número de escuelas abiertas no aumenta, entonces la capacidad de ejercer nuestro derecho para nuestra independencia estará en grave peligro. Será muy difícil poder votar», advirtió Font.

En Madrid, miles de personas se reunieron en la plaza central para manifestarse en contra del gobierno regional de Cataluña.

Simpatizantes de la unidad española se reunieron en la Plaza de la Cibeles el sábado por la mañana y gritaron «!Viva España» y «!Puigdemont a la cárcel!».

 El presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, quien está a favor de la separación de la región de España, figura entre aquellos que han promovido el referendo independentista.

 En Barcelona, Francisco Morales, un jubilado de 69 años, dijo que salió a marchar el sábado para defender la unidad de España contra las «mentiras» de los separatistas catalanes. Morales, junto con su esposa, estaban entre los miles de manifestantes que protestaron en contra del referendo independentista.

«No queremos una división. Le han dicho a la gente que no pueden ser catalanes y españoles al mismo tiempo. Son mentiras», dijo Morales. «Los políticos que apoyan la independencia están torciendo la ley para destrozar este país».

 El principal grupo cívico promotor de la independencia de Cataluña dice que la participación de 1 millón de votantes —menos de la quinta parte del electorado— bastaría para declarar el referendo de secesión un «éxito abrumador», dados los esfuerzos del gobierno central para impedir la votación.

 El presidente de Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, dijo que la represión con la presencia de efectivos policiales cerca de los lugares de votación puede inhibir la participación.

 Las autoridades catalanas habían expresado la esperanza de que votaran más de las 2,3 millones de personas que lo hicieron en un simulacro de plebiscito en 2014, cuando más del 80% votó por la independencia.

El gobierno catalán ha jurado declarar la independencia de España dentro de las 48 horas siguientes al referendo si gana el «sí», cualquiera que sea el nivel de participación.