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El costo de producir agua purificada en el país
Barcelona.- Los separatistas catalanes prometieron ayer sábado ignorar el ultimátum de la policía de desalojar las escuelas que ocupan para utilizarlas como centros de votación en el referendo para su independencia de España. A medida que la policía clausuraba las instituciones, algunos padres decidieron enviar a sus hijos a casa y se prepararon para posibles confrontaciones con la policía desde el amanecer de hoy domingo.Las tensiones se incrementaron en todo el país por el controversial plebiscito.
En Madrid, miles se manifestaron en contra de los separatistas que intentan dividir a la nación. Demandaron que los líderes catalanes del movimiento fueran enviados a prisión.
En Barcelona, la capital de Cataluña, miles más salieron a las calles para exhortar a su próspera región a seguir siendo parte de España.
El plazo de la policía de las 6 de la mañana para que los padres, menores y activistas desalojen los edificios públicos está diseñado para evitar que la votación se lleve a cabo, debido a que los centros electorales abren tres horas después.
El Tribunal Constitucional español suspendió la votación hace más de tres semanas. Por su parte, el gobierno federal calificó la votación de ilegal. La policía ha recibido instrucciones de impedir que se vote el domingo y en los últimos días ha confiscado papeletas y publicidad.
El gobierno catalán ha afirmado que seguirá adelante de todos modos y ha instado a los 5,3 millones de votantes registrados en la región a que participen.
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España dijo el sábado que el plan del gobierno catalán es antidemocrático y que va «en contra de las metas e ideales que la Unión Europea» trata de fomentar.
«Lo que están impulsando no es democracia. Es una burla a la democracia, una parodia de la democracia», dijo el ministro Alfonso Dastis a The Associated Press.
El Ministerio del Interior de España dijo que la policía ya había clausurado la mayoría de las 2.315 escuelas que servirían como centros de votación y que inhabilitó un software que se iba a utilizar en el referendo.
Enric Millo, el funcionario español más importante en la región del noreste, dijo que los padres y estudiantes fueron encontrados en 163 escuelas mientras hacían actividades cuando la policía clausuró las instalaciones el sábado, pero que todavía restaba revisar otras 1,000. En un reporte actualizado, el ministerio sólo dijo que «algunas» escuelas continuaban ocupadas.
La policía de la región recibió órdenes de no utilizar la fuerza, pero también de desalojar las escuelas para las 6 horas del domingo, antes de la apertura de los centros programada para las 9 horas.
Millo indicó que cualquier persona que permanezca en las escuelas después de las 6 de la mañana deberá ser retirada de acuerdo con las órdenes de un juez, pero predijo que no habrá problemas significantes. «Nuestra función será la de garantizar la seguridad durante el transcurso de un día», dijo Millo.
Las autoridades ya han confiscado 10 millones de papeletas en los últimos días, lo que hace más complicado el panorama a los funcionarios catalanes para sostener una votación efectiva.
Millo dijo que el gobierno iba a tolerar un sistema de votación en las calles pero que ningún resultado sería considerado como una prueba electoral válida.
«Siempre se puede poner una mesa en la calle, con algunas cubetas y papeles dentro», dijo. «Pero lo que las autoridades catalanas han prometido es un referendo efectivo con garantías legales y vinculante, eso es algo que hoy podemos asegurar que no se va a celebrar», agregó el funcionario.
En la escuela Congres-Indians en Barcelona, designada como centro de votación, el activista Quim Roy dijo que enviaría a sus dos hijas a casa antes del plazo de la policía debido a que le preocupaba que hubiera violencia. Dijo que otros padres planeaban hacer lo mismo. «Quién sabe lo que va a pasar cuando venga la Guardia Civil», dijo Roy. «Si me dicen que no puedo estar en una escuela pública para ejercer mis derechos democráticos, tendrán que sacarme de aquí. No me resistiré, pero tendrán que cargar conmigo», señaló.
Los asistentes organizaron sesiones de yoga, proyecciones de películas y picnics para el sábado para mantener el ánimo a medida que la confrontación con el gobierno federal crecía.
Roy dijo que en la escuela no había ni urnas ni papeletas el sábado. Se encogió de hombros, comentando que «aparecerán». En la escuela primaria La Sagrera en Barcelona, el padre Saverio Trioni dijo que 20 padres de familia y sus hijos pasaron la noche el viernes, pero «esperamos que haya más para esta noche. El plan es que haya al menos 100», comentó. En esa institución realizan un festival de música para mantener a todos ocupados.
Sin embargo, Trioni dijo que «abandonaremos el lugar si nos lo ordenan».
Un grupo cívico que había convocado a los padres de familia mantener las escuelas en Cataluña abiertas indicó que el referendo podría estar en peligro a menos de que se abran más centros de votación. El portavoz de Open Schools Ramón Font dijo a The Associated Press que no sabía cuántas escuelas estaban ocupadas por activistas, pero pronosticaba que para el domingo por la mañana fueran muchas más que el número que la policía catalana reportó.
«Si el número de escuelas abiertas no aumenta, entonces la capacidad de ejercer nuestro derecho para nuestra independencia estará en grave peligro. Será muy difícil poder votar», advirtió Font.
En Madrid, miles de personas se reunieron en la plaza central para manifestarse en contra del gobierno regional de Cataluña.
Simpatizantes de la unidad española se reunieron en la Plaza de la Cibeles el sábado por la mañana y gritaron «!Viva España» y «!Puigdemont a la cárcel!».
El presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, quien está a favor de la separación de la región de España, figura entre aquellos que han promovido el referendo independentista.
En Barcelona, Francisco Morales, un jubilado de 69 años, dijo que salió a marchar el sábado para defender la unidad de España contra las «mentiras» de los separatistas catalanes. Morales, junto con su esposa, estaban entre los miles de manifestantes que protestaron en contra del referendo independentista.
«No queremos una división. Le han dicho a la gente que no pueden ser catalanes y españoles al mismo tiempo. Son mentiras», dijo Morales. «Los políticos que apoyan la independencia están torciendo la ley para destrozar este país».
El principal grupo cívico promotor de la independencia de Cataluña dice que la participación de 1 millón de votantes —menos de la quinta parte del electorado— bastaría para declarar el referendo de secesión un «éxito abrumador», dados los esfuerzos del gobierno central para impedir la votación.
El presidente de Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, dijo que la represión con la presencia de efectivos policiales cerca de los lugares de votación puede inhibir la participación.
Las autoridades catalanas habían expresado la esperanza de que votaran más de las 2,3 millones de personas que lo hicieron en un simulacro de plebiscito en 2014, cuando más del 80% votó por la independencia.
El gobierno catalán ha jurado declarar la independencia de España dentro de las 48 horas siguientes al referendo si gana el «sí», cualquiera que sea el nivel de participación.
Internacionales
Dominicano enfrenta cargos en Estados Unidos por presunto fraude de más de US$166 mil en ayudas sociales
Rodolfo Armando Fernández Guzmán es señalado de utilizar la identidad de un ciudadano estadounidense para acceder a programas de alimentación, servicios médicos y asistencia de vivienda en Massachusetts.
MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS. – Las autoridades federales estadounidenses presentaron cargos contra el dominicano Rodolfo Armando Fernández Guzmán, acusado de apropiarse de la identidad de un ciudadano norteamericano para obtener presuntamente beneficios gubernamentales valorados en US$166,479.25.
De acuerdo con los documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el acusado habría utilizado información personal ajena para acceder a distintos programas de asistencia social destinados a familias y personas que cumplen determinados requisitos económicos.
Las investigaciones señalan que Fernández Guzmán obtuvo presuntamente beneficios de alimentación, cobertura médica y subsidios de vivienda mediante el uso fraudulento de una identidad estadounidense.
Más de 166 mil dólares en beneficios bajo investigación
Según la acusación federal, los recursos supuestamente obtenidos por el dominicano corresponden a tres programas de asistencia pública:
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US$22,402 del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), destinado a facilitar la adquisición de alimentos.
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US$98,481.25 en beneficios de MassHealth, el sistema de cobertura médica de Massachusetts.
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US$45,596 mediante el programa de asistencia habitacional conocido como Sección 8, que ayuda a familias de bajos ingresos con el pago de alquileres.
El monto total de los beneficios cuestionados asciende a US$166,479.25, según las cantidades detalladas por las autoridades federales.
También habría conseguido documentos oficiales con identidad ajena
La investigación establece que Fernández Guzmán presuntamente empleó los datos personales de la víctima para tramitar documentos de identificación en dos estados norteamericanos.
Entre los documentos mencionados figuran dos tarjetas estatales de identificación, un permiso provisional para conducir y tres licencias de conducir emitidas en Massachusetts y Arizona.
Las autoridades consideran que estas actuaciones formarían parte de un esquema de suplantación de identidad que permitió al acusado realizar diversos trámites utilizando información personal que no le pertenecía.
El expediente también recoge que Fernández Guzmán habría sido condenado anteriormente por dos delitos graves en Arizona y que las sentencias de prisión fueron registradas bajo la identidad del ciudadano afectado.
Este último señalamiento también forma parte de las alegaciones presentadas por las autoridades y deberá ser valorado conforme a las pruebas correspondientes.
Caso forma parte de ofensiva federal contra fraudes sociales
El proceso contra el dominicano está incluido en una operación de alcance nacional desarrollada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Agricultura (USDA) y su Oficina del Inspector General.
La iniciativa busca identificar y perseguir presuntos esquemas de fraude relacionados con programas de asistencia económica financiados con fondos públicos.
Según las informaciones oficiales, las actuaciones iniciadas desde septiembre involucran a más de 40 acusados y abarcan posibles pérdidas cercanas a los US$45 millones.
De esa cantidad, aproximadamente US$42 millones corresponden a presuntas irregularidades vinculadas con el programa de asistencia alimentaria SNAP.
Las investigaciones han identificado diferentes modalidades delictivas, entre ellas la utilización de identidades sustraídas, dispositivos destinados a obtener información de tarjetas electrónicas y establecimientos comerciales presuntamente utilizados para desviar fondos públicos.
Autoridades intensifican investigaciones
En el operativo participan distintas dependencias federales encargadas de investigar delitos económicos y proteger los recursos destinados a programas de asistencia social.
Las actuaciones incluyen la colaboración de 13 fiscalías federales y otras autoridades estadounidenses.
El expediente contra Fernández Guzmán se tramita en el Distrito de Massachusetts, donde las autoridades deberán presentar los elementos probatorios que sustenten las imputaciones.
El caso pone de relieve la preocupación de las instituciones estadounidenses por los mecanismos de fraude que pueden afectar programas creados para atender necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda.
Acusado conserva presunción de inocencia
Aunque las autoridades federales han presentado señalamientos sobre el supuesto uso de documentos ajenos y la obtención irregular de beneficios públicos, estas imputaciones todavía deben ser demostradas en el proceso judicial.
La presentación de cargos no constituye una declaración de culpabilidad.
Fernández Guzmán mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial que establezca su responsabilidad penal.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos y Diario Libre USA, 26 de octubre de 2026.
Washington, Estados Unidos. – La ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre ocurrida en la base militar de Fort Hood en 2009, será transmitida en vivo y tendrá carácter público, según informó este jueves un funcionario del Pentágono a la agencia AFP.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que el procedimiento será difundido en directo y señaló que se ofrecerán más detalles posteriormente. De concretarse, sería el primer fusilamiento ejecutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.
Horas antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anunciado que la ejecución se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento y que el público tendría la posibilidad de presenciarla.
“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público”, expresó Hegseth durante una conversación con el influencer y activista conservador Jack Posobiec.
Las declaraciones fueron difundidas en un video compartido en la red social X por varias cuentas oficiales del Departamento de Defensa.
La masacre de Fort Hood
Nidal Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército estadounidense, fue condenado a muerte por el ataque perpetrado en noviembre de 2009 en la instalación militar de Fort Hood, en Texas.
El tiroteo dejó 13 personas muertas y 30 heridas. Doce de las víctimas mortales y 30 de los heridos pertenecían a las Fuerzas Armadas.
Durante el ataque, Hasan fue alcanzado por disparos de una agente de la Policía civil, lo que le provocó una parálisis parcial.
El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense y dio lugar a un proceso judicial que culminó con su condena a muerte.
El anuncio sobre la modalidad de ejecución ha generado atención por el carácter público que las autoridades pretenden darle y por el uso de un método que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no emplean para ejecutar a un condenado desde hace más de seis décadas.
Agencia AP
Washington, Estados Unidos.-El presidente Donald Trump afirmó el jueves que no ordenará la reanudación de los ataques militares contra Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.
Trump, mientras hacía campaña por los republicanos esta semana, insinuó que confiaba en que el desenlace de la guerra podría llegar en los días previos o posteriores a las elecciones, y también dejó entrever que seguía abierto a reanudar operaciones militares a gran escala contra Irán.
Durante semanas, Trump ha estado amenazando con que una escalada posterior a las elecciones en la guerra de siete meses de antigüedad sigue siendo una opción viable, pese a sus promesas iniciales a los estadounidenses de una campaña militar que duraría solo unas semanas.
Trump añadió que su equipo ha estado “manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”.
Estados Unidos e Irán firmaron en junio un acuerdo interino de corta duración, destinado a establecer un alto el fuego de 60 días y un marco para un acuerdo de paz permanente.
Las negociaciones parecían estar estancadas desde que Trump, a finales del mes pasado, rechazó públicamente la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos cumplía ciertas condiciones.
Irán, sin embargo, indicó la semana pasada que había recibido una contrapropuesta de Estados Unidos. Y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, manifestó el jueves queprobablemente habrá una respuesta formal en cuestión de días.
Pero al mismo tiempo, Trump sugirió que tenía sentimientos encontrados sobre poner fin a la guerra en este momento.
“Creo que el acuerdo no es realmente algo que yo quiera hacer, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que pare”, aseveró el mandatario.
pérdida de los flujos de petróleo
Irán ha perdido su casi control asfixiante sobre los flujos de petróleo a través de la vital vía marítima, con el Comando Central de Estados Unidos escoltando a los petroleros a través del estrecho por la noche con sus sistemas de localización apagados.
Eso, con la ayuda de oleoductos que evitan el estrecho, ha permitido a los países del Golfo Pérsico exportar petróleo a niveles casi anteriores a la guerra.
Pero Irán ha intensificado los ataques contra petroleros que pasan por el estrecho en los últimos días. Y en general, el tráfico marítimo sigue muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra, al igual que los envíos de gas natural licuado y productos combustibles.
Los operadores de petroleros dispuestos a arriesgarse a pasar por el peligroso trayecto bajo la protección del Comando Central están en algunos casos cobrando tarifas de 1 millón de dólares al día o más, según analistas del transporte marítimo.
La situación se ha complicado aún más, ya que Arabia Saudí y el gobierno de Yemen han lanzado una campaña militar destinada a expulsar del estrecho de Bab el-Mandeb, otra ruta comercial crítica de Oriente Medio para el petróleo y otros bienes, a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes, a su vez, están atacando aeropuertos saudíes e infraestructura clave en el reino con ataques de drones y misiles.
La publicación de Trump se produce mientras el ejército ha enviado más recursos a la región. Funcionarios de Estados Unidos han dicho que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y sus buques escolta podrían llegar tan pronto como a finales de octubre.
El anuncio de Trump se hizo el mismo día en que el USS Abraham Lincoln debía llegar a su puerto base en San Diego tras un despliegue de duración récord en apoyo de la guerra contra Irán. Ha habido reportes de estrés entre la tripulación y de mala salud mental, así como de escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.
El USS George Washington, que normalmente tiene su base en Asia, relevó al Lincoln en agosto. El otro portaaviones en Oriente Medio, el USS George H.W. Bush, ha estado desplegado durante unos seis meses, pero hizo escala en Phuket, Tailandia, para una visita al puerto hace varios días.