Opinión
El derecho a indignarse…
Por. Isaías Ramos
La Semana Santa siempre ha sido un momento propicio para la reflexión, la meditación y la conexión con ese hilo espiritual que, en muchas ocasiones, con los trajines del diario vivir, se va extinguiendo. Es un momento propicio para reflexionar sobre nuestro propósito de vida y para escudriñar lo que pasa a nuestro alrededor en todo el entorno de nuestra nación y del mundo.
Es a partir de esa reflexión que la conciencia social, moral y patriótica se acrecienta y surge ese poderoso sentimiento de indignación cuando vemos que algo no anda bien. Es una respuesta natural ante las injusticias y la desigualdad que engendra esa élite política y económica que nos gobierna y actúa en contra de los intereses del pueblo.
Es indignante cuando te das cuenta que el Estado Social y Democrático de Derecho consignado en nuestra Constitución es pura ficción escrita en papel y solo se actúa para el beneficio de unos pocos privilegiados.
Resulta indignante saber que los que están llamados a defender al pueblo y sus derechos y a la propia Constitución son los mismos que están dilapidando y festinando nuestros recursos naturales y económicos.
Es indignante ver cómo suben la canasta básica y que esa situación acrecienta el hambre entre la población más vulnerable y mientras que el gobierno malgasta casi 300 millones de pesos diarios en “subsidiar” al sector eléctrico y de combustibles.
Es indignante que la violencia callejera crece cada día más porque no se atacan las causas primarias que la generan.
Es frustrante que el Estado haya dejado a su suerte a todo un pueblo sin brindarle ninguna opción que no sea escapar de esta desgracia y preferir muchas veces correr el riesgo de morir devorado por un tiburón o enfrentar los peligros del Darién.
Es indignante ver cómo agendan disminuir el estado de derecho para terminar de entregar a la población como ovejas mansas a esos lobos representados en carteles, oligopolios, monopolios y poderes financieros que no tienen rostro, corazón ni alma, y que solo buscan satisfacer sus ambiciones y codicias. Para esos fines han avanzado a pasos agigantados, legalizando las estructuras que llevan y llevarán a cabo el robo y saqueo inmisericorde y sin piedad. Con ese propósito ya cuentan con la ley de Alianza Público-Privada y la ley de Fideicomiso Público. Además, intentan aprobar la ley del agua para entregarla a esos mismos grupos y la ley de trata de personas para satisfacer a organismos internacionales y entregarle parte de nuestra soberanía territorial.
Si continuamos tolerando esta situación de desigualdad e injusticia , podríamos terminar como el sapo que no siente el cambio gradual de la temperatura del agua y termina cocido, o como el pollo que es desplumado por el dictador Stalin.
Es propicio aclarar que tampoco estamos de acuerdo en que se aproveche esa indignación para llevar resentimientos que solo nos conducen al odio, al afán de venganza y al deseo del poder por el poder. Recordemos las sabias palabras del apóstol San Pablo: «Airaos, pero no pequéis».
En el Frente Cívico y Social estamos convencidos de que la indignación debe canalizarse hacia la construcción de un proyecto de nación que erradique estas conductas aberrantes. Para lograrlo, es necesario liberar las instituciones judiciales del poder político y trabajar por la justicia social en beneficio de todo el pueblo. Es importante trabajar día y noche para crear las infraestructuras necesarias que garanticen los derechos económicos y sociales, y de esta manera, instaurar la dignidad humana de todo el pueblo dominicano.
¡Despierta RD!
Por Robinson Lebrón
En el año 1994 a raíz de la crisis política producto del presunto fraude colosal provocado en las elecciones generales celebrada el 16 de mayo de ese mismo año, encabezado por el líder del Partido Reformista Social Cristiano Joaquín Balaguer, en contra del Dr. José Francisco Peña Gómez y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), generó el llamado pacto por la Democracia, en el que se planteó la modificación de la constitución, y en esta una series de cambios que incluyó la reducción del mandato presidencial a dos años para luego entregarlo a su más cercano competidor.
Esa propuesta fue rechazada por el candidato del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de entonces, el doctor José Francisco Peña Gómez. Ante esta situación, el presidente Joaquín Balaguer aceptó reducir su período a 18 meses y cedió a la celebración de elecciones presidenciales el 16 de noviembre del año 1995.
Sin embargo, mediante un trastrueque de documentos, se firmó un “Pacto por la Democracia” diferente al acordado por los dos líderes. Y es que Joaquín Balaguer también se había mantenido en conversaciones con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El convenio firmado definitivamente en la Mansión Presidencial, el día 10 de agosto del año 1994, instituía, entre otros aspectos, convocar a la Asamblea Nacional a fin de reformar la Constitución para establecer una nueva fecha de elecciones presidenciales, el 16 de mayo de 1996, y no en noviembre de 1995 como se había acordado, con lo cual se separaban de las elecciones municipales y congresuales, que serían en mayo de 1998; prohibir la reelección en dos períodos consecutivos, y establecer la segunda vuelta si ningún candidato obtenía más del 50 por ciento de los votos, así como reformas al sistema judicial, en la podemos mencionar la creación del consejo nacional de la magistratura.
Posteriormente en el año 2002 el entonces presidente constitucional 2000-2004 Rafael Hipólito Mejía Domínguez, con la intención de mantenerse en el poder más allá del periodo para el cual fue electo el 16 de mayo del año 2000, somete ante el congreso de la Republica Dominicana un proyecto de reforma al entonces Articulo 49 de dicha Constitución que establecía lo siguiente:
Cito: “El poder ejecutivo se ejerce por el presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo, no pudiendo ser electo para el periodo constitucional siguiente”.
Cabe destacar que lograda la reforma constitución en el periodo antes mencionado (2000-2004), quedó modificado el Artículo 49 de dicha Constitución que establecía lo siguiente:
Enumero: El poder ejecutivo se ejerce por el presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo, el presidente de la Republica podrá optar un segundo y único periodo de manera consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la Republica.
El Articulo 124 de la Constitución de la República Dominicana que entra en vigencia el día 10 de enero del año 2010 retoma la disposición de la Elección Presidencial del Poder Ejecutivo que se ejercerá por el o la Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo y no podrá ser electo para el período constitucional siguiente, el cual posteriormente fue reformado a petición del entonces presidente constitucional del periodo 2012-2016 el Licdo. Danilo Medina Sánchez, y quedó nueva ves instaurada la reelección presidencial para el siguiente periodo de forma consecutiva, con el impedimento de que el presidente pueda optar por otro periodo de forma consecutivo. Lo que queda claro que el presidente no podrá jamás volver a aspirar a la presidencia ni la vicepresidencia de la nación.
Por consiguiente, los ciudadanos y ciudadanas en sus diferentes niveles sociales están totalmente convencidos y convencidas que el punto especifico de la relección presidencial no representa una novedad en nuestra amada carta magna.
En cuanto a la intención de la independencia del ministerio público, dicho estatutos establece su funcionamiento y queda claro que, aunque es un funcionario que depende de la designación del poder ejecutivo, las acciones de sus funciones y sus funcionarios deben estar dirigida a la persecución penal de los crímenes y delitos que afecten a la comunidad y deben ser totalmente independientes y apegados a los principios, constitucionales, legales, éticos y morales.
La iniciativa del poder ejecutivo en la persona del excelentísimo señor presidente, Luis Rodolfo Abinader Corona debe ser vista y analizada minuciosamente, ya que si bien es cierto este propone que el máximo representante del ministerio público sea elegido por 4 años, y que sea el consejo nacional de la magistratura quien lo escoja, no menos cierto es que deja la posibilidad que este importante funcionario sea propuesto por el propio poder ejecutivo en la persona del o la presidente de la Republica Dominicana, es preciso recordar que quien preside el consejo nacional de la magistratura es quien preside el poder ejecutivo.
El autor es abogado y Docente Universitario.
Por Isaías Ramos
La noticia sobre el tren metropolitano en la República Dominicana debería generar esperanza. Sin embargo, en vez de celebración, ha sembrado una inquietud profunda. La reciente decisión del Fideicomiso para el Desarrollo del Transporte Masivo (FITRAM) de cancelar el proceso de licitación para la construcción de la infraestructura del Tren Metropolitano de Santo Domingo y replantearlo bajo el modelo de alianza público-privada, seguida tan solo 24 horas después por la declaración de Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), quien expresó su disposición de apoyar en los diseños, estructuración y financiamiento privado, nos trae amargos recuerdos de proyectos que prometieron desarrollo, pero terminaron saqueando al país para beneficio de unos pocos. Hoy, más que nunca, el pueblo dominicano debe exigir transparencia y evitar convertirse en víctima de otro gran atraco.
En su espacio semanal, el presidente anunció que el tren se financiará a través de una concesión o alianza público-privada, pero sin especificar términos ni condiciones. Esto debería encender todas las alarmas: las alianzas público-privadas, fideicomisos públicos y concesiones suelen presentarse como herramientas de progreso, pero en la práctica terminan convirtiéndose en mecanismos de pillaje, latrocinio y depredación, donde las pérdidas se socializan y las ganancias se privatizan. En este sistema tan opaco, ¿cómo podemos asegurar que el bienestar del pueblo será realmente el centro de esta iniciativa?
Recordemos cómo otros modelos, como el tristemente célebre «peaje sombra», resultaron una carga insostenible para el pueblo. Este sistema de financiamiento le costó al país más de dos mil millones de dólares, sin que nadie rindiera cuentas. Es solo uno de los muchos ejemplos de cómo en las últimas décadas la nación ha sido saqueada, acumulando una deuda económica y social insostenible. ¿Permitiremos que el tren metropolitano se convierta en otro fracaso monumental? La República Dominicana no puede soportar otro “peaje sombra” ni seguir endeudándose en esquemas que empobrecen al Estado mientras enriquecen a las empresas financieras.
El transporte es un derecho fundamental, no una oportunidad de negocio. Cada dominicano merece un transporte público digno y accesible; la movilidad no es un lujo ni un privilegio, sino una necesidad básica. Un sistema de transporte accesible es clave para construir una sociedad justa, conectando a las personas con oportunidades y servicios esenciales. Pero cuando los intereses privados dominan las decisiones y la transparencia es inexistente, esta promesa de un transporte accesible se convierte en una ilusión vacía.
También vemos cómo los fideicomisos públicos, que deberían proteger el interés de los ciudadanos, muchas veces parecen diseñados para canalizar recursos hacia intereses privados. RD Vial es un claro ejemplo de esto: la mitad de cada peso recaudado se destina únicamente al pago de intereses de la deuda acumulada, dejando apenas el resto para operación, mantenimiento e inversión. Existe además el riesgo de impago, lo que podría llevar a que nuestras carreteras terminen en manos de corporaciones o, peor aún, de fondos buitres. Este tipo de estructura obliga a preguntarse: ¿quién está realmente beneficiándose?
Cada vez que estos proyectos se ejecutan sin escuchar ni informar al pueblo, miles de familias quedan excluidas, luchando por acceso a servicios básicos mientras las inversiones fluyen hacia zonas privilegiadas. Es el momento de exigir transparencia y un compromiso auténtico con el bienestar social. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se están utilizando sus recursos y cómo estos proyectos afectarán sus vidas y economías. Los términos de los proyectos que involucren al Estado, ya sea con fondos públicos o privados, no pueden seguir siendo secretos o ambiguos. No permitamos que estos acuerdos se decidan a puerta cerrada, con condiciones ocultas y sin el escrutinio de quienes finalmente pagarán la cuenta.
Desde el Frente Cívico y Social (FCS), hacemos un llamado a la reflexión sobre el tipo de país que queremos construir. Cada ciudadano merece una infraestructura que realmente esté a su servicio, no una que lo endeude o lo excluya. Hoy, más que nunca, estamos convencidos de que el pueblo dominicano está despertando, y que la llama de la justicia social arde con fuerza en nuestros corazones. Hemos comprendido que los bienes comunes no son mercancías para ser negociadas por una élite insensible, sino derechos fundamentales que nos pertenecen a todos.
Este despertar no es solo un grito de resistencia; es un llamado vibrante a construir juntos una nueva realidad, donde el poder del pueblo sea invencible y los sueños colectivos se conviertan en nuestra mayor fortaleza.
¡Despierta, RD!
Por Nelson Encarnación
La noche del 4 de noviembre de 1980, tras conocer su derrota frente al republicano Ronald Reagan, el presidente Jimmy Carter aseguraba que el desenlace electoral no representaba una decepción del pueblo estadounidense con su administración, sino que era el reflejo de la frustración.
Hablaba Carter sobre un descalabro reputacional de los Estados Unidos, en aquel momento representado en la toma de su embajada en Irán justamente un año antes de las elecciones, el 4 de noviembre de 1979, cuyos capítulos pasaron por negociaciones fallidas y una operación de rescate que terminó en un estrepitoso desastre con varios militares fallecidos.
No poder regresar a casa a los estadounidenses retenidos en Teherán, supuso la frustración de los electores que le dieron la espalda a un presidente que luego sería un importante referente de integridad, lo cual perdura hasta hoy cuando acaba de cumplir 100 años de vida.
Para el Partido Demócrata, en las elecciones de hace una semana, no existía un horizonte tan sombrío como el de 1980, pero no hay duda de que importantes segmentos de votantes no estaban a gusto con la administración de Joe Biden.
Los trabajadores, por ejemplo, un bastión tradicional de los demócratas, le dieron la espalda a Kamala Harris en estados que habían mantenido lealtad a los azules, y que, de manera insospechada, votaron a Donald Trump.
Mientras se producía ese desapego hacia los demócratas, se ponía de manifiesto la capacidad única de Trump para conectar con una amplia base de votantes estadounidenses y atráesela.
Esta conexión con Trump y desconexión con los demócratas, no se limita a las promesas de políticas específicas del republicano, sino que tiene que ver con una combinación de su estilo de liderazgo, su dominio de los medios de comunicación y su habilidad para apelar a las emociones, temores y aspiraciones de sectores de la sociedad.
Es decir, un encantador de serpientes, capaz de mentir sin ningún rubor, se encuentra compitiendo con un partido que presenta un candidato visiblemente disminuido, incapaz de mantener un debate fluido y con ostensibles limitaciones físicas y cognitivas.
El presidente Biden, aferrado a una candidatura inviable, de la cual se baja apenas tres meses antes en medio de fuertes tensiones internas en su partido, no dejó margen para armar una opción competidora. En realidad, mucho logró Kamala.