Editorial
El Desistimiento Como Arma de Doble Filo .
La supuesta víctima de una denunciada violación sexual, alegadamente cometida por el suspendido director del Instituto Agrario Dominicano (AID), Leonardo Faña, ha decidido retirar la denuncia para, según ha dicho, gozar de una cierta tranquilidad.
La decisión no parece que haya sido la mejor, porque ante la narración de lo ocurrido son muy pocos los que dudan que los hechos no hayan acontecido, sobre todo cuando la denuncia de agresión sexual proviene de una funcionaria pública que fue nombrada por el mismo inculpado, lo cual supone un cierto agradecimiento de ella hacia él.
El desistimiento en si mismo lo que hace es crear mayor confusión y aumentar los daños en contra de la víctima y también del supuesto agresor, porque entonces no son pocos los que deducen que en el caso ha intervenido algún tipo de paga para dejar sin efecto la denuncia.
Aunque sea o no así, lo cierto es que la denunciante debió valorar a la hora de tomar esa decisión en virtud de que ya hay daños para ambas partes, porque el nombre de ese funcionario público ha quedado de todos modos muy mancillado y si bien se busca con el desistimiento que las cosas se queden a ese nivel, el Código Procesal Penal manda la continuación de la investigación por parte del Ministerio Público, como exactamente ha ocurrido.
En realidad, es inverosímil que una persona tome la decisión de denunciar un crimen de esa envergadura y luego decida retirar la acusación, a menos que no haya intervenido alguna paga, lo cual podría devenir por parte del supuesto victimario en una demanda en daños y perjuicios.
Naturalmente, ella está en su derecho de retirar la denuncia, porque también se entiende lo que la víctima ha alegado de que quiere paz entre los suyos, pero parece que ella no sabe que el proceso sigue su curso y que los resultados tendrán que arrojar la verdad de lo ocurrido y que además tendrán que publicarse por los medios de comunicación social.
El desistimiento no implica que los hechos no ocurrieron e incluso la víctima no ha dicho que la historia fue inventada ni nada parecido, lo cual quiere decir que aun con la decisión tomada, la Procuraduría de la Corte de Apelación del Distrito Nacional tendrá que establecer la verdad de los hechos.
De manera, que si lo que la víctima buscaba con el desistimiento es tener tranquilidad porque el caso no se ventilaría en los medios de comunicación, está muy equivocada, porque el Ministerio Público independientemente del retiro de la denuncia tiene que seguir con el curso de la investigación porque ya tomó un carácter público.
Es importante dejar sentado que si es verdad que los hechos ocurrieron como fueron narrados por la supuesta víctima de agresión sexual, la sanción para el responsable no van a disminuir por el desistimiento, sino que podría agregarse otro elemento, que es la negociación, es decir, que para que se retirara la denuncia intervino algún tipo de acuerdo monetario, naturalmente ello también tendría que ser probado jurídicamente, aunque en el imaginario popular ya esto ha ocurrido, lo cual empeora la situación del imputado en el presente caso, ya que es otro ilícito penal.
Por esta razón, el desistimiento, aunque parezca una solución, en realidad se trata de una arma de doble filo si se parte del hecho de que en el país se ha producido lo que se ha dado en llamar la independencia del Ministerio Público y en virtud de que la Procuraduría de la Corte de Apelación del Distrito Nacional está obligada a acogerse al mandato de la ley y si se comprueba que los hechos realmente ocurrieron, entonces el caso podría derivar en una sanción penal luego de demostrarse en el tribunal, pero igual podría ocurrir si la denuncia se trata de un invento, porque de ser así la victima pasa a ser la victimaria y lo contrario, con lo cual le causa un gran daño al ahora imputado y a la sociedad.
El desistimiento en favor del supuesto abusador permite que éste siga en sus andanzas sin recibir el castillo que establecen las leyes.
Sólo hay que esperar que salga a la superficie la verdad de lo ocurrido, pero de cualquier modo que se vea el retiro de la denuncia constituye una arma de doble filo para la supuesta víctima y también para el victimario, ya que ninguno de ellos se beneficia con la decisión tomada, porque parece haberse agregado la figura de la negociación en la imaginación de la gente en la que siempre está presente la mercancía llamada dinero, lo cual daña mucho la dignidad de ambos involucrados.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana