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Editorial

El Desistimiento Como Arma de Doble Filo .

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La supuesta víctima de una denunciada violación sexual, alegadamente cometida por el suspendido director del Instituto Agrario Dominicano (AID), Leonardo Faña, ha decidido retirar la denuncia para, según ha dicho, gozar de una cierta tranquilidad.

La decisión no parece que haya sido la mejor, porque ante la narración de lo ocurrido son muy pocos los que dudan que los hechos no hayan acontecido, sobre todo cuando la denuncia de agresión sexual proviene de una funcionaria pública que fue nombrada por el mismo inculpado, lo cual supone un cierto agradecimiento de ella hacia él.

El desistimiento en si mismo lo que hace es crear mayor confusión y aumentar los daños en contra de la víctima y también del supuesto agresor, porque entonces  no son pocos los que deducen que en el caso ha intervenido algún tipo de paga para dejar sin efecto la denuncia.

Aunque sea o no así, lo cierto es que la denunciante debió valorar a la hora de tomar esa decisión en virtud  de que ya hay daños para ambas partes, porque el nombre de ese funcionario público ha quedado de todos modos muy mancillado y si bien se busca con el desistimiento que las cosas se queden a ese nivel, el Código Procesal Penal manda la continuación de la investigación por parte del Ministerio Público, como exactamente ha ocurrido.

En realidad, es inverosímil que una persona tome la decisión de denunciar un crimen de esa envergadura y luego decida retirar la acusación, a menos que no haya intervenido alguna paga, lo cual podría devenir por parte del supuesto victimario en una demanda en daños y perjuicios.

Naturalmente, ella está en su derecho de retirar la denuncia, porque también se entiende lo que la víctima ha alegado de que quiere paz entre los suyos, pero parece que ella no sabe que el proceso sigue su curso y que los resultados tendrán que arrojar la verdad de lo ocurrido y que además tendrán que publicarse por los medios de comunicación social.

 El desistimiento no implica que los hechos no ocurrieron e incluso la víctima no ha dicho que la historia fue inventada ni nada parecido, lo cual quiere decir que aun con la decisión tomada,  la Procuraduría de la Corte de Apelación del Distrito Nacional tendrá que establecer la verdad de los hechos.

De manera, que si lo que la víctima buscaba con el desistimiento es tener tranquilidad porque el caso no se ventilaría en los medios de comunicación, está muy equivocada, porque el Ministerio Público independientemente del retiro de la denuncia tiene que seguir con el curso de la investigación porque ya tomó un carácter público.

Es importante dejar sentado que si es verdad que los hechos ocurrieron como fueron narrados por la supuesta víctima de agresión sexual, la sanción para el responsable no van a disminuir por el desistimiento, sino que podría agregarse otro elemento, que es la negociación, es decir, que para que se retirara la denuncia intervino algún tipo de acuerdo monetario, naturalmente ello también tendría que ser probado jurídicamente, aunque en el imaginario popular ya esto ha ocurrido, lo cual empeora la situación del imputado en el presente caso, ya que es otro ilícito penal.

Por esta razón, el desistimiento, aunque parezca una solución, en realidad se trata de una arma de doble filo si se parte del hecho de que en el país se ha producido lo que se ha dado en llamar la independencia del Ministerio Público y en virtud de que la Procuraduría de la Corte de Apelación del Distrito Nacional  está obligada a acogerse al mandato de la ley y si se comprueba que los hechos realmente ocurrieron, entonces el caso podría derivar en una sanción penal luego de demostrarse en el tribunal, pero igual podría ocurrir si la denuncia se trata de un invento,  porque de ser así la victima pasa a ser la victimaria y lo contrario, con lo cual le causa un gran daño al ahora imputado y  a la sociedad.

El desistimiento en favor del supuesto  abusador permite que  éste  siga  en sus andanzas sin recibir el castillo que establecen las leyes.

Sólo hay que esperar que salga a la superficie la verdad de lo ocurrido, pero de cualquier modo que se vea el retiro de la denuncia constituye una arma de doble filo para la supuesta víctima y también  para el victimario, ya que ninguno de ellos se beneficia con la decisión tomada, porque parece haberse   agregado la figura de la negociación en la imaginación de la gente en la que siempre está presente la mercancía llamada dinero, lo cual daña mucho la dignidad de ambos involucrados.

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Editorial

En el país el principal problema no es ideológico, sino ético moral.

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El reportaje histórico-interpretativo de esta semana parte del legado ético moral de los tres grandes líderes de las últimas décadas, naturalmente guardando las diferencias entre ellos, lo que lleva a este periódico a sostener que su legado parece que ha servido de poco.

Los tres, Balaguer, Pena Gómez y Bosch, representan una época que luce que no volverá, porque la sociedad dominicana ha entrado en un marcado deterioro en los detalles que constituyeron las principales fortalezas de estos prohombres.

Estamos hablando de la visión ética de los tres, uno más que otro, pero que actuaron durante toda su trayectoria no apegados a lo que es el comportamiento de la figura del depredador del patrimonio público, el cual acompaña la historia nacional desde los tiempos de la colonia.

La muerte de los tres líderes ha traído consigo una profundización del problema ético en la política, ya que se ha visto que el asunto es tan serio que nadie entra a esta actividad para servir, sino para servirse, cuyas aspiraciones no es llevarse del Estado 1,50 o cien millones de pesos, sino miles.

Los casos de corrupción que no paran son el mejor ejemplo de la realidad por la que atraviesa la sociedad dominicana, ya que se puede afirmar que con el dinero público sustraído se pueden construir varias republicas dominicanas y más grande que la que tenemos.

El panorama nacional luce bastante feo, dado que los déficits fiscales de la nación están asociados a un gasto público definitivamente poco racional y explicado por los niveles tan altos de corrupción administrativa, cuya deuda externa también impactada por ese deseo de acumulación de bienes materiales de los actores de la vida política nacional.

Es muy común escuchar que si se quiere acumular riquezas hay que incursionar en la actividad política partidista o vender drogas o ascender al control del patrimonio público y cuando esto no ocurra perseguir una contrata del Estado para de entrada llevarse a sus bolsillos no menos de un 80 por ciento del presupuesto de la misma, la cual tiene la opción de aumentar el monto originalmente aprobado mediante adendas que cuadruplican el valor de la obra.

Todo ello deja claro que el problema del país es ético-moral, pero que este discurso no encaja con ninguno de los partidos que tienen reales posibilidades de ascender al poder, porque ya han sido probados y los mismos continuarán  pregonando lo que no practican.

Es decir, que el legado de los líderes políticos ya fallecidos, no le sirve de mucho al país, ya que la formación de los actores de la vida política nacional consiste más en llenar sus bolsillos que apegarse al legado de prohombres que pregonaron durante toda su vida política la ética y la moral en el manejo de la administración pública.

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Editorial

Otra vez el lenguaje de sustituir la fuerza por la razón.

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No hay un solo escenario en el que la administración estadounidense no busque sustituir la fuerza por la razón.

El primer lugar escogido fue Venezuela, donde fue apresado dentro de su territorio el presidente de ese país, quien independientemente de su legitimidad o no, debe ser enjuiciado por los tribunales de su país, no de los Estados Unidos.

La ofensiva a través del uso o de la amenaza de la fuerza fue seguido en contra de Groenlandia, isla autónoma de Dinamarca, e igual amenaza sufre el pueblo haitiano con buques de guerra en sus costas.

 Pero la imposición de la fuerza, aunque en una versión política, no militar, también ha sido vista en Honduras, Costa Rica, Chile, Argentina, entre otras naciones del continente, por parte de la nueva versión de gobernar del presidente Donald Trump.

 Aunque todo luce como una locura que no cabe en pleno siglo 21, cuando el derecho internacional está lo suficientemente empoderado, es como una versión del régimen nazi, cuyo principal protagonista actúa sin miramientos y sin importarle las consecuencias de su conducta.

La realidad es que se sienta un precedente de tensión y violencia que cambia una serie de patrones culturales que se han impuesto en las sociedades civilizadas y modernas de estos tiempos.

Este periódico lo había advertido de que Donald Trump era un peligro para la paz mundial, quien, incluso, ha logrado doblegar  la institucionalidad que ha exhibido históricamente los Estados Unidos, ejemplo de aplicación de un buen derecho y cuyo sistema de justicia es admirado en todo el planeta.

Sin embargo, inexplicablemente Trump se ha puesto por encima del orden y la ley, lo que distorsiona el espíritu que tradicionalmente ha caracterizado a la nación más poderosa del mundo, fruto de que allí prevaleció un Estado netamente capitalista sin influencias federales, como resultado de un alto desarrollo de las fuerzas productivas y de la conciencia social.

En el contexto de los embates de una visión autoritaria y vulneradora de derechos, Trump ahora mete sus manos en Haití mediante la amenaza de la fuerza a través de las armas e impone a un gobernante que no garantiza el logro del objetivo perseguido por la comunidad internacional de construir un Estado que haga duradera una democracia que promueva el estado de derecho y la paz anhelada por el pueblo más débil y pobre de todo el hemisferio.

El desgraciado precedente que persigue hacer sucumbir el derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y a la auto determinación de los pueblos toma cuerpo ante la mirada complaciente de gente que antepone el miedo frente la vergüenza y la dignidad humana.

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Editorial

La educación superior, ¿instrumento de desarrollo o de atraso?

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La educación superior es cuestionada permanentemente por aquellos que conocen del asunto, porque en el país las universidades se han convertido en un negocio vulgar.

Formar a troche y moche es la filosofía que prevalece en la mayoría de las universidades nacionales, donde un buen nivel académico y mucho más preocuparse por la investigación científica es un asunto del pasado y que parece que nunca volverá.

Lo peligroso de este concepto de comercializar con la educación es que genera la salida hacia las calles, que entran al mercado laboral, profesionales como médicos, abogados e ingenieros que poco les importa los resultados de su trabajo.

Porque su poca formación no es solo académico, sino tambien ético, ya que son educados en un entorno en el que no tiene ningún valor una buena conducta, sólo el componente dinero.

Hace algún tiempo que luego de la celebración de una feria de la salud se vio a un joven profesional de la Medicina muy preocupado mientras estaba en la oficina de la empresa organizadora de la misma y cuando se le preguntó por qué lucia así, dijo que tenía una paciente que había venido de los Estados Unidos para hacerse una cirugía plástica, pero que mostraba las plaquetas muy bajas y que si se concreta la operación podía morir.

Agregó que su dilema era si hacía o no la cirugía porque entendía que frente a la situación ella podía morir, pero que el dueño de la clínica le decía que le pusiera sangre y la interviniera, lo que dejó evidente su poco amor por la vida de sus pacientes y que sólo le interesaba el dinero.

Ese cuadro es el pan nuestro de cada día, a lo que se agrega el hecho de que en muchos casos no sólo se produce un problema ético, sino también de poca preparación o formación profesional y cuando ambos se juntan los resultados jamás pueden ser buenos.

La cuestión es que el aspecto ético generalmente es imperceptible y el Estado no cuenta con mecanismos para detectarlo o vigilarlo, ya que incluso los colegios profesionales que deben jugar ese papel están también desnaturalizados como parte del problema integral que padece la sociedad.

Se impone que las universidades dominicanas sean vigiladas para que mejoren académicamente y que fortalezcan la ética en  la enseñanza para que el país esté en manos de médicos más preparados, pero lo propio hay que decir de los abogados e ingenieros, así como de los demás profesionales académicos que también son parte del festival de graduaciones universitarias sobre la base del dinero, de las ganancias económicas, sin importar suplir la necesidad nacional de formar los científicos y técnicos que contribuyan con el desarrollo nacional.

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