Latinoamericanas
El deterioro de la seguridad en Colombia lleva al Gobierno de Duque al borde de una crisis política
Las masacres y los abusos policiales ponen contra las cuerdas al ministro de Defensa. A los últimos episodios se sumó el miércoles un ataque contra los escoltas de la exsenadora Piedad Córdoba
One person holds up a sign that reads »More than 50 massacres, more than 190 people killed.»
Bogotá.-Cuando se cumplen dos años de la llegada de Iván Duque a la presidencia de Colombia, los constantes asesinatos de líderes sociales, las matanzas y ahora las denuncias de abusos por parte de las Fuerzas Amadas a civiles tienen al Ejecutivo al borde de una crisis política. El mandatario ganó las elecciones gracias también a la bandera de la seguridad que enarbola su partido, el Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe. Su estrategia, sin embargo, ha fracasado. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, fue citado por una decena de senadores para dar explicaciones por las más de 60 masacres que van en lo corrido del año. Mientras tanto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha criticado la falta de empatía del Gobierno con las víctimas de violencia policial y la Corte Suprema de Justicia ordenó al gabinete de Duque a ofrecer disculpas por los excesos de la Policía durante las movilizaciones sociales de 2019.
El Gobierno ha insistido en que por detrás de las protestas de septiembre en Bogotá están el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC y otras organizaciones criminales que “amenazan a la sociedad colombiana aprovechando la protección del régimen dictatorial de [Nicolás] Maduro”. Pero esa versión no convence a analistas ni a líderes políticos como a la alcaldesa de Bogotá, que se ha enfrentado públicamente al ministro Trujillo. “¿El candidato ministro de Defensa reconoce que fruto de su incompetencia entregó al ELN y a disidencias de las FARC el reingreso a las ciudades? ¿Reconoce que fracasó como ministro de Defensa? ¿Casualmente, solo se dio cuenta de su fracaso a la par del sistemático abuso policial?”, le respondió López por Twitter, haciendo referencia a sus aspiraciones presidenciales.
“Hay un deterioro indudable de la seguridad, el Gobierno está acorralado por la violencia policial y su respuesta es mostrar la bandera del miedo para hacerse indispensable de cara a las próximas elecciones”, explica el analista Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
La reaparición de Márquez
A la complejidad del panorama se suma la reaparición de los disidentes de las FARC y antiguos negociadores del acuerdo de paz, Iván Márquez y Jesús Santrich, que representan un grupo minoritario que se apartó de los acuerdos de paz de los que ahora se cumplen cuatro años. Tras un año del lanzamiento de la llamada Nueva Marquetalia, este grupo disidente, reaparecieron con un comunicado para pedir la renuncia del presidente Duque. La imagen de Márquez, Santrich y Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias El Paisa, con armas largas y uniformes nuevos con unos arbustos detrás de ellos causó indignación en los ciudadanos. “La declaración de los integrantes de la autodenominada Nueva Marquetalia, con sus armas amenazantes, es cínica y ofensiva. Ellos traicionaron el acuerdo de paz, a sus 13.000 compañeros que hoy cumplen y al país. Deben ser perseguidos con toda la fuerza militar del estado”, dijo Juan Fernando Cristo, exministro de Interior del Gobierno de Juan Manuel Santos.
Sin embargo, de acuerdo con un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, pese a que en los últimos dos años los grupos post FARC o disidencias, así como el ELN y los llamados Grupos Armados Organizados “han casi que doblado su presencia armada territorial”, analistas consideran que la de la Nueva Marquetalia es la menos fuerte. “Es la que más impacto mediático y político causa porque sus miembros fueron negociadores, pero es la de menor poder”, agrega Ávila. Las autoridades creen que sus mandos se encuentran del lado venezolano de la frontera.
Según Pares, las disidencias de las FARC son 28 grupos divididos en tres sectores aislados: un grupo integrado por alias Gentil Duarte, que opera en Putumayo y Vichada; otro de los llamados aislados, como los grupos de Oliver Sinisterra y los Contadores, ubicados en Nariño, en el sur del país, y dedicados al narcotráfico; y la disidencia de la Nueva Marquetalia, que no ha tenido éxito, según los analistas, al querer agrupar a esas facciones.
Por otro lado, se encuentra el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla activa en Colombia, que según este informe “pasó de estar en 99 municipios a más de 160 en 2020”; y el Clan del Golfo, un grupo neo-paramilitar que “opera en algo más de 200 municipios actualmente”. Todos se financian con el narcotráfico.
El Gobierno aún no ha dado información detallada sobre la dimensión de la presencia de estos grupos, pero los debates en el Congreso serán la oportunidad para conocer la magnitud del deterioro de la seguridad en el país andino. “Queremos que el ministro nos diga qué es lo que está pasando con la seguridad, por qué se ha salido de madres; y, por otro lado, qué está pasando con las fuerzas armadas, por qué están actuando de manera tan errática y dispararon a 10 personas en Bogotá”, dijo al programa Semana en vivo el congresista del Partido de La U Roy Barreras, uno de los ponentes de los debates.
elpais.com
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
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