Latinoamericanas
El deterioro de la seguridad en Colombia lleva al Gobierno de Duque al borde de una crisis política
Las masacres y los abusos policiales ponen contra las cuerdas al ministro de Defensa. A los últimos episodios se sumó el miércoles un ataque contra los escoltas de la exsenadora Piedad Córdoba
One person holds up a sign that reads »More than 50 massacres, more than 190 people killed.»
Bogotá.-Cuando se cumplen dos años de la llegada de Iván Duque a la presidencia de Colombia, los constantes asesinatos de líderes sociales, las matanzas y ahora las denuncias de abusos por parte de las Fuerzas Amadas a civiles tienen al Ejecutivo al borde de una crisis política. El mandatario ganó las elecciones gracias también a la bandera de la seguridad que enarbola su partido, el Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe. Su estrategia, sin embargo, ha fracasado. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, fue citado por una decena de senadores para dar explicaciones por las más de 60 masacres que van en lo corrido del año. Mientras tanto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha criticado la falta de empatía del Gobierno con las víctimas de violencia policial y la Corte Suprema de Justicia ordenó al gabinete de Duque a ofrecer disculpas por los excesos de la Policía durante las movilizaciones sociales de 2019.
El Gobierno ha insistido en que por detrás de las protestas de septiembre en Bogotá están el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC y otras organizaciones criminales que “amenazan a la sociedad colombiana aprovechando la protección del régimen dictatorial de [Nicolás] Maduro”. Pero esa versión no convence a analistas ni a líderes políticos como a la alcaldesa de Bogotá, que se ha enfrentado públicamente al ministro Trujillo. “¿El candidato ministro de Defensa reconoce que fruto de su incompetencia entregó al ELN y a disidencias de las FARC el reingreso a las ciudades? ¿Reconoce que fracasó como ministro de Defensa? ¿Casualmente, solo se dio cuenta de su fracaso a la par del sistemático abuso policial?”, le respondió López por Twitter, haciendo referencia a sus aspiraciones presidenciales.
“Hay un deterioro indudable de la seguridad, el Gobierno está acorralado por la violencia policial y su respuesta es mostrar la bandera del miedo para hacerse indispensable de cara a las próximas elecciones”, explica el analista Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
La reaparición de Márquez
A la complejidad del panorama se suma la reaparición de los disidentes de las FARC y antiguos negociadores del acuerdo de paz, Iván Márquez y Jesús Santrich, que representan un grupo minoritario que se apartó de los acuerdos de paz de los que ahora se cumplen cuatro años. Tras un año del lanzamiento de la llamada Nueva Marquetalia, este grupo disidente, reaparecieron con un comunicado para pedir la renuncia del presidente Duque. La imagen de Márquez, Santrich y Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias El Paisa, con armas largas y uniformes nuevos con unos arbustos detrás de ellos causó indignación en los ciudadanos. “La declaración de los integrantes de la autodenominada Nueva Marquetalia, con sus armas amenazantes, es cínica y ofensiva. Ellos traicionaron el acuerdo de paz, a sus 13.000 compañeros que hoy cumplen y al país. Deben ser perseguidos con toda la fuerza militar del estado”, dijo Juan Fernando Cristo, exministro de Interior del Gobierno de Juan Manuel Santos.
Sin embargo, de acuerdo con un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, pese a que en los últimos dos años los grupos post FARC o disidencias, así como el ELN y los llamados Grupos Armados Organizados “han casi que doblado su presencia armada territorial”, analistas consideran que la de la Nueva Marquetalia es la menos fuerte. “Es la que más impacto mediático y político causa porque sus miembros fueron negociadores, pero es la de menor poder”, agrega Ávila. Las autoridades creen que sus mandos se encuentran del lado venezolano de la frontera.
Según Pares, las disidencias de las FARC son 28 grupos divididos en tres sectores aislados: un grupo integrado por alias Gentil Duarte, que opera en Putumayo y Vichada; otro de los llamados aislados, como los grupos de Oliver Sinisterra y los Contadores, ubicados en Nariño, en el sur del país, y dedicados al narcotráfico; y la disidencia de la Nueva Marquetalia, que no ha tenido éxito, según los analistas, al querer agrupar a esas facciones.
Por otro lado, se encuentra el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla activa en Colombia, que según este informe “pasó de estar en 99 municipios a más de 160 en 2020”; y el Clan del Golfo, un grupo neo-paramilitar que “opera en algo más de 200 municipios actualmente”. Todos se financian con el narcotráfico.
El Gobierno aún no ha dado información detallada sobre la dimensión de la presencia de estos grupos, pero los debates en el Congreso serán la oportunidad para conocer la magnitud del deterioro de la seguridad en el país andino. “Queremos que el ministro nos diga qué es lo que está pasando con la seguridad, por qué se ha salido de madres; y, por otro lado, qué está pasando con las fuerzas armadas, por qué están actuando de manera tan errática y dispararon a 10 personas en Bogotá”, dijo al programa Semana en vivo el congresista del Partido de La U Roy Barreras, uno de los ponentes de los debates.
elpais.com
Agencia AFP
Perú.-El resultado de la elección presidencial de Perú era aún incierto este lunes, con la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez en empate técnico para convertirse en el noveno mandatario del país en una década.
Con más del 93% de las actas escrutadas, Fujimori reunía el 50,02% de los votos, frente a un 49,98% de Sánchez.
Esa ventaja de menos de medio punto corre el riesgo de evaporarse a medida que sigan llegando los votos de las zonas rurales, donde Sánchez ha dominado. Para declarar un ganador deberán además ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 400.000 votos, lo que puede llevar días.
«Tenemos que esperar hasta el final. Lo que corresponde en estos momentos es paciencia y serenidad. Vamos a respetar el resultado sea cual sea», dijo Fujimori a la prensa este lunes al salir de su vivienda.
Entre cantos de «¡Sí se pudo!», Sánchez dijo reconocer que hay un «empate». «Que prosiga el conteo en los estándares de una elección transparente», expresó la noche del domingo en una plaza ante cientos de seguidores.
Muchos dijeron esperar que las elecciones pongan fin a la criminalidad que azota al país y la turbulencia política que dejó al Perú con ocho presidentes desde 2016.
«Es un empate técnico, está para cualquiera. Es un resultado que se puede revertir en las siguientes horas, no se está hablando todavía de ganador o ganadora», aseguró este lunes a la AFP el especialista en temas electorales José Tello.
– Festejos en los dos bandos –
Administradora de 51 años, Fujimori apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía y derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
«Estoy alegre porque sé que va a hacer un buen gobierno. ¿Por qué? Porque ella quiere limpiar la imagen de su padre», aseguró Gladys Silva, ama de casa de 56 años, en la concentración en Lima.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó al expresidente Castillo. Como lealtad, lleva el sombrero campesino que le regaló, prometió indultarlo, y lo visitó el domingo en la cárcel.
«Queremos un cambio porque estamos cansados de la corrupción, del fujimorismo que maneja al país como su chacra (hacienda)», dijo Marlene Veramendi, de 46 años, en el otro festejo.
La votación, a la que estuvieron llamados 27 millones de electores, transcurrió sin incidentes a diferencia de la caótica primera ronda de abril.
– «Débil legitimidad» –
Keiko, como la llaman, prometió «orden» y prosperidad, y advirtió del peligro del «comunismo».
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso -donde ella tiene influencia- que derriba presidentes.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana tendría inmunidad, pero quedaría vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
«El ganador tendrá a la mitad del país en contra y una débil legitimidad» por lo que, sin mayoría legislativa, deberá «construir una coalición para gobernar», dijo a la AFP el politólogo Paulo Vilca.
El vencedor sustituirá, a partir del 28 de julio, al presidente interino José María Balcázar por un mandato de cinco años.
– Delincuencia imparable –
Pese al hartazgo político, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad. Han proliferado las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentaron nueve veces en cinco años.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar con la criminalidad con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propuso encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de las élites políticas con los criminales.
Su base social está en el campo empobrecido, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, donde la tasa de homicidios se triplicó entre 2020 y 2025, hasta los 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4%. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori aboga por el neoliberalismo y la atracción de inversiones, y Sánchez ofreció alzas salariales y una economía más estatal.
Agencia AFP
Perú.-La derechista Keiko Fujimori aventaja levemente al izquieridista Roberto Sánchez en los sondeos a boca de urna en un reñido balotaje presidencial (segundoa vuelta) este domingo en Perú, marcado por la inestabilidad política y la criminalidad.
Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), se enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.
Fujimori obtiene 50,7% frente 49,3% de Sánchez, según la encuestadora privada Ipsos; y 50,5% contra 49,5%, de acuerdo con Datum, lo que muestra prácticamente un empate técnico.
Las mesas de votación cerraron a las 17H00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.
Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.
Los dos candidatos no superaron juntos el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.
– «Comunismo» o «dictadura» –
«Voté por Keiko porque representa estabilidad. Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar», declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista, que lleva siempre el sombrero que le regaló Castillo, acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso que derriba presidentes, donde ella tiene influencia.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque es vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
Ninguno tiene mayoría legislativa. El futuro presidente deberá tejer alianzas si quiere concluir su mandato, opinó el analista Jeffey Radzinsky.
El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.
– Extorsiones, lo más crítico –
Pese a la desilusión política, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentanon nueve veces en cinco años.
«Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia», aseguró a la AFP Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, tras votar en el norte de Lima.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar -dice- con la «lacra social» con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.
Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que de 2020 a 2025 triplicó la tasa de homicidios, para llegar a un índice de 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4% y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori defiende las propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones.
Sánchez ofreció alzas salariales y tratamiento de tranquilizar a los inversionistas al prometer que mantendrá la apertura económica e independencia del banco estratégico central.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.