Latinoamericanas
El deterioro de la seguridad en Colombia lleva al Gobierno de Duque al borde de una crisis política
Las masacres y los abusos policiales ponen contra las cuerdas al ministro de Defensa. A los últimos episodios se sumó el miércoles un ataque contra los escoltas de la exsenadora Piedad Córdoba
One person holds up a sign that reads »More than 50 massacres, more than 190 people killed.»
Bogotá.-Cuando se cumplen dos años de la llegada de Iván Duque a la presidencia de Colombia, los constantes asesinatos de líderes sociales, las matanzas y ahora las denuncias de abusos por parte de las Fuerzas Amadas a civiles tienen al Ejecutivo al borde de una crisis política. El mandatario ganó las elecciones gracias también a la bandera de la seguridad que enarbola su partido, el Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe. Su estrategia, sin embargo, ha fracasado. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, fue citado por una decena de senadores para dar explicaciones por las más de 60 masacres que van en lo corrido del año. Mientras tanto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha criticado la falta de empatía del Gobierno con las víctimas de violencia policial y la Corte Suprema de Justicia ordenó al gabinete de Duque a ofrecer disculpas por los excesos de la Policía durante las movilizaciones sociales de 2019.
El Gobierno ha insistido en que por detrás de las protestas de septiembre en Bogotá están el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC y otras organizaciones criminales que “amenazan a la sociedad colombiana aprovechando la protección del régimen dictatorial de [Nicolás] Maduro”. Pero esa versión no convence a analistas ni a líderes políticos como a la alcaldesa de Bogotá, que se ha enfrentado públicamente al ministro Trujillo. “¿El candidato ministro de Defensa reconoce que fruto de su incompetencia entregó al ELN y a disidencias de las FARC el reingreso a las ciudades? ¿Reconoce que fracasó como ministro de Defensa? ¿Casualmente, solo se dio cuenta de su fracaso a la par del sistemático abuso policial?”, le respondió López por Twitter, haciendo referencia a sus aspiraciones presidenciales.
“Hay un deterioro indudable de la seguridad, el Gobierno está acorralado por la violencia policial y su respuesta es mostrar la bandera del miedo para hacerse indispensable de cara a las próximas elecciones”, explica el analista Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
La reaparición de Márquez
A la complejidad del panorama se suma la reaparición de los disidentes de las FARC y antiguos negociadores del acuerdo de paz, Iván Márquez y Jesús Santrich, que representan un grupo minoritario que se apartó de los acuerdos de paz de los que ahora se cumplen cuatro años. Tras un año del lanzamiento de la llamada Nueva Marquetalia, este grupo disidente, reaparecieron con un comunicado para pedir la renuncia del presidente Duque. La imagen de Márquez, Santrich y Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias El Paisa, con armas largas y uniformes nuevos con unos arbustos detrás de ellos causó indignación en los ciudadanos. “La declaración de los integrantes de la autodenominada Nueva Marquetalia, con sus armas amenazantes, es cínica y ofensiva. Ellos traicionaron el acuerdo de paz, a sus 13.000 compañeros que hoy cumplen y al país. Deben ser perseguidos con toda la fuerza militar del estado”, dijo Juan Fernando Cristo, exministro de Interior del Gobierno de Juan Manuel Santos.
Sin embargo, de acuerdo con un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, pese a que en los últimos dos años los grupos post FARC o disidencias, así como el ELN y los llamados Grupos Armados Organizados “han casi que doblado su presencia armada territorial”, analistas consideran que la de la Nueva Marquetalia es la menos fuerte. “Es la que más impacto mediático y político causa porque sus miembros fueron negociadores, pero es la de menor poder”, agrega Ávila. Las autoridades creen que sus mandos se encuentran del lado venezolano de la frontera.
Según Pares, las disidencias de las FARC son 28 grupos divididos en tres sectores aislados: un grupo integrado por alias Gentil Duarte, que opera en Putumayo y Vichada; otro de los llamados aislados, como los grupos de Oliver Sinisterra y los Contadores, ubicados en Nariño, en el sur del país, y dedicados al narcotráfico; y la disidencia de la Nueva Marquetalia, que no ha tenido éxito, según los analistas, al querer agrupar a esas facciones.
Por otro lado, se encuentra el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla activa en Colombia, que según este informe “pasó de estar en 99 municipios a más de 160 en 2020”; y el Clan del Golfo, un grupo neo-paramilitar que “opera en algo más de 200 municipios actualmente”. Todos se financian con el narcotráfico.
El Gobierno aún no ha dado información detallada sobre la dimensión de la presencia de estos grupos, pero los debates en el Congreso serán la oportunidad para conocer la magnitud del deterioro de la seguridad en el país andino. “Queremos que el ministro nos diga qué es lo que está pasando con la seguridad, por qué se ha salido de madres; y, por otro lado, qué está pasando con las fuerzas armadas, por qué están actuando de manera tan errática y dispararon a 10 personas en Bogotá”, dijo al programa Semana en vivo el congresista del Partido de La U Roy Barreras, uno de los ponentes de los debates.
elpais.com
Latinoamericanas
Justicia otorga la prisión domiciliaria a la expresidenta argentina Cristina Fernández
Agencia AFP
La Justicia argentina concedió este martes la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Kirchner tras la ratificación de su condena la semana pasada a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por corrupción, según un fallo judicial.
El tribunal resolvió disponer la detención de Kirchner, de 72 años, «a partir del día de la fecha y bajo la modalidad de prisión domiciliaria» en su apartamento en Buenos Aires y ordenó que se le coloque «un dispositivo de vigilancia electrónico», detalla el documento.
Latinoamericanas
Presidentes de Brasil y República Dominicana sostienen reunión bilateral en el marco de encuentro Brasil-Caribe
Brasilia. – El presidente dominicano Luis Abinader y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvieron una reunión privada la tarde de este viernes, donde discutieron sobre la posibilidad de varios acuerdos que beneficien a ambas naciones.
Los mandatarios trataron sobre cooperación en materia de seguridad, fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, comercio, turismo y aviación.
También abordaron sobre el tema haitiano la importancia que tiene el encuentro Brasil-Caribe, para que de manera conjunta se pueda concientizar a la comunidad internacional.
El presidente Abinader explicó a Lula los esfuerzos que hace la República Dominicana para que la crisis que afecta Haití no afecte la seguridad del país.
Otras reuniones bilaterales
Además del encuentro con el presidente de Brasil, el presidente Abinader sostuvo reuniones bilaterales con Sergio Diaz-Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
Otra reunión importante del presidente Abinader fue con la señora Ma Amor Mottley, Primera Ministra de Barbados, con quien repasó temas relacionados con la región del Caribe e intercambiaron opiniones sobre la crisis haitiana.
Acompañaron al presidente Abinader en estos encuentros, el canciller Roberto Álvarez y el embajador en Brasil , Robert Tanaka.
Latinoamericanas
Bukele: “Me tiene sin cuidado que me llamen dictador, lo prefiero a que maten salvadoreños en la calle”
El presidente salvadoreño carga contra las organizaciones de derechos humanos y la prensa en su discurso anual al país
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como colofón a su más reciente embestida autoritaria, dejó claro este domingo que no le importa que los medios o la comunidad internacional lo llamen “dictador” y se dedicó durante 80 minutos en cadena nacional a atacar a las voces críticas dentro y fuera del país. “A los medios internacionales, ¿saben qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero eso a que maten salvadoreños en la calle. Cuando agarro el teléfono veo que dicen: ‘dictador, dictador, dictador’. Prefiero eso a leer: ‘asesinato, asesinato, asesinato”’.
Rodeado de un imponente operativo militar y policial, Bukele entró al Teatro Nacional por la alfombra roja frente a miles de salvadoreños y dio un discurso en lugar de la rendición de cuentas que está obligado por ley a dar cada año. Este es el primer discurso que Bukele da en su segundo periodo presidencial, excediendo los cinco años que establece la constitución. Este es un hito histórico en El Salvador, ya que el último presidente en reelegirse fue el dictador Maximiliano Hernández Martínez, quien gobernó de 1931 a 1944.
El mandatario continuó haciendo énfasis en las publicaciones periodísticas recientes y pronunciamientos de organismos defensores de derechos humanos que han denunciado una escalada en su autoritarismo. En el mes de mayo, en El Salvador fueron arrestadas al menos 15 personas, entre empresarios de transporte, activistas, defensores de derechos humanos y líderes campesinos. También más de una docena de periodistas ha tenido que salir del país por temor a represalias.
El perfil autoritario de Bukele se ha consolidado a lo largo de sus seis años en el poder pasando de tener un discurso fresco y moderno a uno más autócrata. Sin embargo, no le está afectando aún en su popularidad. Según la última encuesta publicada a finales de mayo por Cid Gallup, Bukele sigue teniendo más del 80% de aprobación de la población.
En su discurso, Bukele hizo referencia al índice de democracia publicado por el medio británico The Economist en febrero. En este, El Salvador aparece en el puesto 95 de 167, con una valoración por debajo del 5, donde 0 es nada democrático y 10 es muy democrático. El mandatario, en ese caso, aprovechó para compararse con España. “Me impresiona cómo países con monarquías salen mejor evaluados que nosotros. Hace unos años tuvimos como invitado al rey de España, todo un caballero, por cierto. Y nosotros respetamos la autodeterminación de los pueblos que quieren una monarquía. Pero, al final, es quien hace el índice y a conveniencia de quien le convenga”, dijo. En el mismo índice publicado por The Economist, España salió en el puesto 21 con un puntaje de 8,13.
“Algunos dicen que antes había democracia en El Salvador y ahora no. ¿Han leído eso, verdad? Pero lo cierto es que antes se podía elegir entre lo malo y lo peor. El que diga que no es así es porque esa era su fuente de ingresos. Los únicos que lo dicen son los que no conocen o los que vivían de eso”, añadió.
El mandatario aseguró que las recientes críticas a sus medidas punitivas y la persecución a activistas son parte de una “agenda globalista que tiene miedo a un efecto dominó”. “Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen. Yo me pongo a pensar, cómo podemos combatir la corrupción si toda la oposición tiene inmunidad. Ahora algunos se pusieron el carné de perseguidos políticos. Ser periodista del club les permite infringir la ley sin consecuencias”, dijo.
“Ellos no están ahí para defender causas, están ahí para conseguir impunidad de la corrupción y del crimen para sus miembros. Ellos quieren imponer su narrativa, lo cual hacen todos los partidos políticos del mundo”, añadió.
Bukele además aseguró que la cobertura periodística internacional se trata de un “ataque coordinado” y que hay “fuerzas externas” que lo patrocinan. “Ellos no son periodistas, son activistas políticos que están haciendo negocio”, dijo.
El mandatario también aprovechó para justificar la Ley de Agentes Extranjeros aprobada el pasado 20 de mayo, con la que su gobierno podrá decidir qué organización puede trabajar en El Salvador y cuál no, además de cargar con un 30% de impuestos sobre sus ingresos a quienes él mismo decida. “Creo que (la supuesta injerencia extranjera) debería estar prohibida en todos los países del mundo. Pero aun así la vamos a permitir. Lo único que le vamos a pedir es que paguen sus impuestos”, dijo.
Además, aseguró que las organizaciones de ayuda humanitaria estarán exentas de ese impuesto, pero las que realicen actividades “políticas” deberán pagar. La ley establece que será el mismo presidente quien defina los “conceptos” de la ley, es decir, que será él quien determinará lo que significa hacer política o no.