Latinoamericanas
El deterioro de la seguridad en Colombia lleva al Gobierno de Duque al borde de una crisis política
Las masacres y los abusos policiales ponen contra las cuerdas al ministro de Defensa. A los últimos episodios se sumó el miércoles un ataque contra los escoltas de la exsenadora Piedad Córdoba
One person holds up a sign that reads »More than 50 massacres, more than 190 people killed.»
Bogotá.-Cuando se cumplen dos años de la llegada de Iván Duque a la presidencia de Colombia, los constantes asesinatos de líderes sociales, las matanzas y ahora las denuncias de abusos por parte de las Fuerzas Amadas a civiles tienen al Ejecutivo al borde de una crisis política. El mandatario ganó las elecciones gracias también a la bandera de la seguridad que enarbola su partido, el Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe. Su estrategia, sin embargo, ha fracasado. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, fue citado por una decena de senadores para dar explicaciones por las más de 60 masacres que van en lo corrido del año. Mientras tanto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha criticado la falta de empatía del Gobierno con las víctimas de violencia policial y la Corte Suprema de Justicia ordenó al gabinete de Duque a ofrecer disculpas por los excesos de la Policía durante las movilizaciones sociales de 2019.
El Gobierno ha insistido en que por detrás de las protestas de septiembre en Bogotá están el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC y otras organizaciones criminales que “amenazan a la sociedad colombiana aprovechando la protección del régimen dictatorial de [Nicolás] Maduro”. Pero esa versión no convence a analistas ni a líderes políticos como a la alcaldesa de Bogotá, que se ha enfrentado públicamente al ministro Trujillo. “¿El candidato ministro de Defensa reconoce que fruto de su incompetencia entregó al ELN y a disidencias de las FARC el reingreso a las ciudades? ¿Reconoce que fracasó como ministro de Defensa? ¿Casualmente, solo se dio cuenta de su fracaso a la par del sistemático abuso policial?”, le respondió López por Twitter, haciendo referencia a sus aspiraciones presidenciales.
“Hay un deterioro indudable de la seguridad, el Gobierno está acorralado por la violencia policial y su respuesta es mostrar la bandera del miedo para hacerse indispensable de cara a las próximas elecciones”, explica el analista Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
La reaparición de Márquez
A la complejidad del panorama se suma la reaparición de los disidentes de las FARC y antiguos negociadores del acuerdo de paz, Iván Márquez y Jesús Santrich, que representan un grupo minoritario que se apartó de los acuerdos de paz de los que ahora se cumplen cuatro años. Tras un año del lanzamiento de la llamada Nueva Marquetalia, este grupo disidente, reaparecieron con un comunicado para pedir la renuncia del presidente Duque. La imagen de Márquez, Santrich y Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias El Paisa, con armas largas y uniformes nuevos con unos arbustos detrás de ellos causó indignación en los ciudadanos. “La declaración de los integrantes de la autodenominada Nueva Marquetalia, con sus armas amenazantes, es cínica y ofensiva. Ellos traicionaron el acuerdo de paz, a sus 13.000 compañeros que hoy cumplen y al país. Deben ser perseguidos con toda la fuerza militar del estado”, dijo Juan Fernando Cristo, exministro de Interior del Gobierno de Juan Manuel Santos.
Sin embargo, de acuerdo con un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, pese a que en los últimos dos años los grupos post FARC o disidencias, así como el ELN y los llamados Grupos Armados Organizados “han casi que doblado su presencia armada territorial”, analistas consideran que la de la Nueva Marquetalia es la menos fuerte. “Es la que más impacto mediático y político causa porque sus miembros fueron negociadores, pero es la de menor poder”, agrega Ávila. Las autoridades creen que sus mandos se encuentran del lado venezolano de la frontera.
Según Pares, las disidencias de las FARC son 28 grupos divididos en tres sectores aislados: un grupo integrado por alias Gentil Duarte, que opera en Putumayo y Vichada; otro de los llamados aislados, como los grupos de Oliver Sinisterra y los Contadores, ubicados en Nariño, en el sur del país, y dedicados al narcotráfico; y la disidencia de la Nueva Marquetalia, que no ha tenido éxito, según los analistas, al querer agrupar a esas facciones.
Por otro lado, se encuentra el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla activa en Colombia, que según este informe “pasó de estar en 99 municipios a más de 160 en 2020”; y el Clan del Golfo, un grupo neo-paramilitar que “opera en algo más de 200 municipios actualmente”. Todos se financian con el narcotráfico.
El Gobierno aún no ha dado información detallada sobre la dimensión de la presencia de estos grupos, pero los debates en el Congreso serán la oportunidad para conocer la magnitud del deterioro de la seguridad en el país andino. “Queremos que el ministro nos diga qué es lo que está pasando con la seguridad, por qué se ha salido de madres; y, por otro lado, qué está pasando con las fuerzas armadas, por qué están actuando de manera tan errática y dispararon a 10 personas en Bogotá”, dijo al programa Semana en vivo el congresista del Partido de La U Roy Barreras, uno de los ponentes de los debates.
elpais.com
Agencia Efe
La Paz.- El Gobierno de Bolivia informó este domingo que entre el 1 de enero y el 20 de abril las fuerzas antidroga del país confiscaron más de 20 toneladas de cocaína y a 119,17 toneladas de marihuana, algo que «supera» los resultados de otras gestiones.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, dijo a los medios que en este tiempo también se destruyeron 24 laboratorios de cristalización y 504 fábricas de pasta base de cocaína además que se aprehendió a 1.048 personas e incautaron 16 aeronaves.
Estas cifras son parte de las 3.236 intervenciones que realizaron los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), explicó.
Asimismo, Mamani señaló que se confiscaron más de 114 toneladas de hojas de coca «estaban siendo desviadas a actividades ilícitas del narcotráfico», que incluye la que se produce en Perú y que los narcotraficantes trasladan hasta Bolivia.
El viceministro destacó los operativos que se efectuaron entre el 10 al 18 de este mes en los que se decomisó «más de una tonelada de cocaína» compuesta por 264,9 kilos de cloridrato o de alta pureza y 787 kilos de pasta base de la droga.
Las acciones de las fuerzas antinarcóticos se efectuaron en el municipio de Villa Tunari, en el Trópico del departamento central de Cochabamba, lo que representa una «afectación al narcotráfico en más de 3.166.764 dólares», apuntó Mamani.
Asimismo, mencionó que durante un operativo esta madrugada un grupo de 100 personas con palos, petardos, machetes y armas de fuego emboscaron en la población de Puerto Villarroel a un grupo de efectivos antidrogas que se dirigían a hacer un operativo.
El viceministro reportó que como resultado hay un efectivo herido y una otra persona afectada por un disparo, además que se registraron daños de consideración en dos vehículos oficiales.
También este fin de semana se incautaron 11,5 kilos de cocaína, oculta en un tablero de ajedrez que se enviaba como encomienda a España y que fue detectada por un can antidroga en una revisión de rutina en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz.
AGENCIA EFE
Ciudad de México.-La Embajada de Estados Unidos en México emitió este sábado una alerta de viaje por la inseguridad en Chiapas, estado de la frontera sur mexicana que afronta una ola de violencia del crimen organizado y disputas de los cárteles del narcotráfico.
La advertencia se produce «debido a la creciente violencia y preocupaciones de seguridad en Chiapas», por lo que los funcionarios estadounidenses tienen restricciones para viajar a la zona, según la información disponible en el sitio oficial de la Embajada.
El Gobierno estadounidense delimitó un área de peligro que incluye la mayor parte de la frontera entre Chiapas y Guatemala desde la costa del Pacífico hasta la Reserva de la Biósfera Montes Azules.
También abarca ciudades como Netzahualcóyotl, Ocosingo, El Ocote, San Francisco Pujiltic y Mapastepec.
En cambio, permite los viajes a Tapachula, la mayor ciudad de la frontera de México con Centroamérica.
«Monitoree la prensa local para actualizaciones y, en caso de emergencia, llame al 911. Revise sus planes de seguridad personal y siga las instrucciones de las autoridades locales», concluye la alerta.
La alerta se produce mientras crece la violencia en Chiapas por las disputas de los carteles del narcotráfico para controlar la frontera de México con Centroamérica.
Más de 100.000 niños y adolescentes resultaron afectados en 2023 en el estado por las disputas de los grupos criminales, según un informe de la Red por los Derechos de la Infancias en México (Redim) y la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias).
Además, la advertencia coincide con la gira que realiza este fin de semana Claudia Sheinbuam, la candidata presidencial del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien visitará la frontera sur.
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Persiste el caos en Haití que espera el pleno establecimiento del Consejo de Transición