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El deterioro y el desfase atracan en el puerto de Manzanillo
MONTECRISTI. Los moradores del Pepillo Salcedo todavía esperan con ilusión que algún día llegue por el puerto de Manzanillo el progreso de su municipio. Pero sus esperanzas se alejan junto con los barcos que ahora abandonan el muelle con planes de no regresar, y los sueños se carcomen en las mismas gavetas que guardan los fracasados planes de readecuación del puerto, unos cuatro en los últimos 17 años.
Este municipio de la provincia Montecristi, ubicado en la frontera domínico-haitiana y colindante con Dajabón, se baña en las aguas de la bahía de Manzanillo, de donde adquiere su nombre el Puerto Libertador de Manzanillo.
Sus 21 mil habitantes actuales, según los cálculos del alcalde Ignacio Rosa (eran 9,136 cuando el Censo Nacional de Población del 2010), regentean sus ingresos en los puesto de trabajo que permita la actividad portuaria y de la tímida actividad pesquera que tiene poco mercado en un pueblo al que “la gente no pasa, sino que tiene que venir y hay poco que venir a buscar”, comenta un comunitario.
Por eso el alcalde Rosa aboga por más inversión en el puerto para que crezca el intercambio de mercancías y la comunidad puedan ampliar el número de poco más de 100 boyeros que en la actualidad trabajan en la terminal.
La realidad va contraria a los deseos. Hasta el año pasado, el puerto recibía cuatro embarcaciones a la semana y este año apenas dos, informa su gerente Nelson Cruz. La salida de los barcos fue para acortar rutas y no por las condiciones del puerto, aclara. Pero admite que si los servicios que se ofrecen fueran más diversos, habría más navieras interesadas en atracar en el lugar.
El puerto de Manzanillo lo construyeron en 1950, cuando se estableció en el país la Dominican Fruit Company o Grenada Company, empresa norteamericana dedicada al embarque de guineos.El año pasado, por el puerto se exportaron 3,600 contenedores y más del 95% era banano que sale a países como Suecia, Inglaterra, Alemania y España. La carga restante correspondió a frutos menores como mango, aguacate y algunos agregados de construcción.
La importación, que no pasa del 5% de las operaciones, es de carbón mineral, clinker y combustible, conforme datos suministrados por la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom).
Marítima Dominicana fue el agente naviero que movió más carga, con el 88%, seguida de Reefer General con un 11% y Codonave con un 1%.
De enero a septiembre de 2017, en los puertos del país se movieron 20,241,165 toneladas métricas de carga, de las que Manzanillo apenas manejó 307,185. Río Haina, con 8.1 millones y Caucedo, con 6.9 millones, lideran el servicio.
Unas 3,902 embarcaciones se movilizaron por los 14 puertos del país , de las que solo 156 lo hcieron por Manzanillo, menos que las 163 en igual período de 2016.
Requiere inversiónEl espigón de 444 pies de largo y 22 de ancho del puerto de Manzanillo no permite que atraquen a la vez más de dos barcos grandes o cuatro pequeños. Algunos de sus muros lucen destruidos en su estructura de cemento y parte de la verja de metal. El gerente Cruz atribuye el deterioro al efecto de la tormenta Irma que azotó el país en septiembre pasado, pero asegura que ya se hace el levantamiento de costo para repararlo.
Cruz tiene la visión de que Manzanillo sea un puerto binacional por su cercanía (unos 22 kilómetros) con Haití. Pero hacer las transformaciones que requiere conllevaría unos US$100 millones, una inversión que sólo podrá asumirse con una alianza público-privada, estima.
Por lo pronto, aspira a que el presidente Danilo Medina ceda unas 300 tareas que están próximos a la entrada del muelle y donde permanecen los galpones de la antigua Grenada Company, hoy Proyecto la Cruz de Manzanillo, para ofrecer almacenamiento. Los 14 mil metros cuadrados de patio lucen atiborrados de contenedores.
Además de un calado natural de 14 metros que lo hace excepcional en el Caribe, el puerto de Manzanillo es de vital importancia para el empresariado de la zona norte del país que demanda su recuperación.
Una de las ventajas que advierte Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), es su cercanía con el principal centro de distribución hacia Estados Unidos, la Florida, lo que coloca la carga que sale desde Manzanillo con una economía de tiempo de más de doce horas. “Esto produce un ahorro de tiempo y de dinero”, resalta.
También se ahorra en transporte terrestre que es uno de lo más caros en el Caribe, dice. “Una de las zonas más afectadas por distancia de los puertos es el Cibao, debido a que no existe una puerta de salida en el Norte, obligando a la industria a transportar su carga por Santo Domingo”, comenta. Transportar un contenedor a Santiago cuesta aproximadamente US$750.0, cuando en Centroamérica ronda los US$550.0 por una distancia similar, indica Filpo.
Planes fracasados
En 2001, el Gobierno concesionó el puerto al grupo francés Balguerie y a Trans Dominicana de Desarrollo, que invertiría RD$200 millones en un período de tres años, pero no se ejecutó.
Dos años más tarde, se informó que unos inversionistas de los Emiratos Árabes aumentarían la inversión a US$4,100 millones.
Luego, en julio de 2004, un decreto cedió la administración del puerto a Cementos Cibao, pero también quedó sin efecto.
Para el 2011, se traspasó la concesión a la Corporación Portuaria del Atlántico, compuesta por más de 70 empresarios, pero otro decreto del presidente Medina lo revocó por supuesto incumplimiento, en 2012.
La decisión de Medina generó una litis que se libra en la Cámara de Comercio, como tribunal arbitral, y que se intenta zanjar con un acuerdo donde se reconozca la inversión que hicieron los empresarios y la deuda de estos con el Estado, informó Apordom, sin ofrecer montos.
diariolibre.com
1,000
Dólares es el costo estimado de exportar un contenedor de banano.
1.4
Millones de pesos es la facturación promedio mensual del Puerto de Manzanillo.
La espina dorsal de los productores de banano
Para los representantes del Grupo Banamiel y de la Asociación Dominicana de Bananeros (Adobanano), principales comercializadores de banano de la Línea Noroeste, el puerto debe ser ampliado. Los barcos que dejaron de llegar a Manzanillo son dos de los tres que transportaban el guineo y, según las informaciones que maneja el sector, están completando espacios con la oferta de Colombia y Ecuador.
Para Horacio López, gerente general de Banamiel, Manzanillo se ajusta a los requerimientos del sector, pero tiene desfase frente a la tendencia de barcos cada vez más grandes. Señala que el servicio se ha empobrecido y que del 90% de la mercancía que salía por Manzanillo hasta diciembre pasado, en enero fue el 50%. El restante se fue vía Caucedo.
Julio César Estévez, director operativo de Adobanano, hace gestiones para conseguir nuevas embarcaciones. “Es imprescindible tener a Manzanillo laborando”, dice. “Aquí no hay acumulamiento, pero en Caucedo hay que llegar hasta 48 horas antes para poder supervisar, por los grandes volúmenes”. Adobanano, con sede en Mao y una matrícula de 1,850 miembros, exportó unas 350 mil toneladas el año pasado; mientras Banamiel, en Hatillo Palma, manejó cifras de 3,698.405 cajas de 18.2 kilos.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.