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El deterioro y el desfase atracan en el puerto de Manzanillo
MONTECRISTI. Los moradores del Pepillo Salcedo todavía esperan con ilusión que algún día llegue por el puerto de Manzanillo el progreso de su municipio. Pero sus esperanzas se alejan junto con los barcos que ahora abandonan el muelle con planes de no regresar, y los sueños se carcomen en las mismas gavetas que guardan los fracasados planes de readecuación del puerto, unos cuatro en los últimos 17 años.
Este municipio de la provincia Montecristi, ubicado en la frontera domínico-haitiana y colindante con Dajabón, se baña en las aguas de la bahía de Manzanillo, de donde adquiere su nombre el Puerto Libertador de Manzanillo.
Sus 21 mil habitantes actuales, según los cálculos del alcalde Ignacio Rosa (eran 9,136 cuando el Censo Nacional de Población del 2010), regentean sus ingresos en los puesto de trabajo que permita la actividad portuaria y de la tímida actividad pesquera que tiene poco mercado en un pueblo al que “la gente no pasa, sino que tiene que venir y hay poco que venir a buscar”, comenta un comunitario.
Por eso el alcalde Rosa aboga por más inversión en el puerto para que crezca el intercambio de mercancías y la comunidad puedan ampliar el número de poco más de 100 boyeros que en la actualidad trabajan en la terminal.
La realidad va contraria a los deseos. Hasta el año pasado, el puerto recibía cuatro embarcaciones a la semana y este año apenas dos, informa su gerente Nelson Cruz. La salida de los barcos fue para acortar rutas y no por las condiciones del puerto, aclara. Pero admite que si los servicios que se ofrecen fueran más diversos, habría más navieras interesadas en atracar en el lugar.
El puerto de Manzanillo lo construyeron en 1950, cuando se estableció en el país la Dominican Fruit Company o Grenada Company, empresa norteamericana dedicada al embarque de guineos.El año pasado, por el puerto se exportaron 3,600 contenedores y más del 95% era banano que sale a países como Suecia, Inglaterra, Alemania y España. La carga restante correspondió a frutos menores como mango, aguacate y algunos agregados de construcción.
La importación, que no pasa del 5% de las operaciones, es de carbón mineral, clinker y combustible, conforme datos suministrados por la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom).
Marítima Dominicana fue el agente naviero que movió más carga, con el 88%, seguida de Reefer General con un 11% y Codonave con un 1%.
De enero a septiembre de 2017, en los puertos del país se movieron 20,241,165 toneladas métricas de carga, de las que Manzanillo apenas manejó 307,185. Río Haina, con 8.1 millones y Caucedo, con 6.9 millones, lideran el servicio.
Unas 3,902 embarcaciones se movilizaron por los 14 puertos del país , de las que solo 156 lo hcieron por Manzanillo, menos que las 163 en igual período de 2016.
Requiere inversiónEl espigón de 444 pies de largo y 22 de ancho del puerto de Manzanillo no permite que atraquen a la vez más de dos barcos grandes o cuatro pequeños. Algunos de sus muros lucen destruidos en su estructura de cemento y parte de la verja de metal. El gerente Cruz atribuye el deterioro al efecto de la tormenta Irma que azotó el país en septiembre pasado, pero asegura que ya se hace el levantamiento de costo para repararlo.
Cruz tiene la visión de que Manzanillo sea un puerto binacional por su cercanía (unos 22 kilómetros) con Haití. Pero hacer las transformaciones que requiere conllevaría unos US$100 millones, una inversión que sólo podrá asumirse con una alianza público-privada, estima.
Por lo pronto, aspira a que el presidente Danilo Medina ceda unas 300 tareas que están próximos a la entrada del muelle y donde permanecen los galpones de la antigua Grenada Company, hoy Proyecto la Cruz de Manzanillo, para ofrecer almacenamiento. Los 14 mil metros cuadrados de patio lucen atiborrados de contenedores.
Además de un calado natural de 14 metros que lo hace excepcional en el Caribe, el puerto de Manzanillo es de vital importancia para el empresariado de la zona norte del país que demanda su recuperación.
Una de las ventajas que advierte Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), es su cercanía con el principal centro de distribución hacia Estados Unidos, la Florida, lo que coloca la carga que sale desde Manzanillo con una economía de tiempo de más de doce horas. “Esto produce un ahorro de tiempo y de dinero”, resalta.
También se ahorra en transporte terrestre que es uno de lo más caros en el Caribe, dice. “Una de las zonas más afectadas por distancia de los puertos es el Cibao, debido a que no existe una puerta de salida en el Norte, obligando a la industria a transportar su carga por Santo Domingo”, comenta. Transportar un contenedor a Santiago cuesta aproximadamente US$750.0, cuando en Centroamérica ronda los US$550.0 por una distancia similar, indica Filpo.
Planes fracasados
En 2001, el Gobierno concesionó el puerto al grupo francés Balguerie y a Trans Dominicana de Desarrollo, que invertiría RD$200 millones en un período de tres años, pero no se ejecutó.
Dos años más tarde, se informó que unos inversionistas de los Emiratos Árabes aumentarían la inversión a US$4,100 millones.
Luego, en julio de 2004, un decreto cedió la administración del puerto a Cementos Cibao, pero también quedó sin efecto.
Para el 2011, se traspasó la concesión a la Corporación Portuaria del Atlántico, compuesta por más de 70 empresarios, pero otro decreto del presidente Medina lo revocó por supuesto incumplimiento, en 2012.
La decisión de Medina generó una litis que se libra en la Cámara de Comercio, como tribunal arbitral, y que se intenta zanjar con un acuerdo donde se reconozca la inversión que hicieron los empresarios y la deuda de estos con el Estado, informó Apordom, sin ofrecer montos.
diariolibre.com
1,000
Dólares es el costo estimado de exportar un contenedor de banano.
1.4
Millones de pesos es la facturación promedio mensual del Puerto de Manzanillo.
La espina dorsal de los productores de banano
Para los representantes del Grupo Banamiel y de la Asociación Dominicana de Bananeros (Adobanano), principales comercializadores de banano de la Línea Noroeste, el puerto debe ser ampliado. Los barcos que dejaron de llegar a Manzanillo son dos de los tres que transportaban el guineo y, según las informaciones que maneja el sector, están completando espacios con la oferta de Colombia y Ecuador.
Para Horacio López, gerente general de Banamiel, Manzanillo se ajusta a los requerimientos del sector, pero tiene desfase frente a la tendencia de barcos cada vez más grandes. Señala que el servicio se ha empobrecido y que del 90% de la mercancía que salía por Manzanillo hasta diciembre pasado, en enero fue el 50%. El restante se fue vía Caucedo.
Julio César Estévez, director operativo de Adobanano, hace gestiones para conseguir nuevas embarcaciones. “Es imprescindible tener a Manzanillo laborando”, dice. “Aquí no hay acumulamiento, pero en Caucedo hay que llegar hasta 48 horas antes para poder supervisar, por los grandes volúmenes”. Adobanano, con sede en Mao y una matrícula de 1,850 miembros, exportó unas 350 mil toneladas el año pasado; mientras Banamiel, en Hatillo Palma, manejó cifras de 3,698.405 cajas de 18.2 kilos.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.