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El difícil trance del Pacto Fiscal

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Por Juan Bolívar Díaz

Presionado por el agobiante déficit fiscal, el gobierno se vio obligado a aplazar el inicio de la concertación del Pacto Fiscal, mientras los diversos sectores sociales establecen un pliego de “principios orientadores”.

El equipo económico del gobierno se vio precisado a suspender el inicio del proceso de consultas para el prometido Pacto Fiscal, presionado por la precariedad financiera, con el país medio apagado y a la espera de consultas con una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que vendría esta semana.

Mientras tanto los sectores empresarial, sindical y social avanzaron acordando nueve “Principios Orientadores” con énfasis en la integralidad y equidad, calidad del gasto para el desarrollo humano y productivo, promoción de la competitividad y en la transparencia y la reducción del despilfarro y la malversación.

Disyuntiva del gobierno

La suspensión del encuentro con que el presidente Danilo Medina se proponía iniciar las consultas para su Pacto Fiscal en el marco del Consejo Económico Social (CES) constituyó una verdadera sorpresa. Cogió desprevenido hasta al presidente del organismo, Monseñor Agripino Núñez Collado, a quien no se le pudo comunicar directamente antes de hacerla pública la noche del martes 28, a menos de dos días de la reunión acordada la semana anterior.

El Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, fundamentó el aplazamiento “en que se le permita al Gobierno concluir la evaluación de los diferentes escenarios que estamos analizando sobre la situación fiscal, pero con especial atención a lo que tiene que ver con la reducción del gasto público a lo que este Gobierno le está poniendo la mayor de las atenciones”.

Otro motivo aducido fue que es importante consultar con el FMI, dada la decisión del presidente Danilo Medina de negociar un nuevo acuerdo con este organismo, para lo cual el gobierno estaría esperando una misión que vendría al país esta semana.

En realidad el gobierno estaba en la disyuntiva de iniciar un proceso de concertación que se anticipa difícil por las condiciones que adelantan tanto el FMI como los diversos sectores sociales, o primero concentrar su atención en terminar de evaluar la situación fiscal heredada para atender urgencias como amortiguar la deuda de mil millones de dólares con los generadores eléctricos que ya estaban reduciendo la oferta con el consiguiente incremento de los apagones.

La prioridad fue la reunión del presidente Medina el miércoles con  los generadores eléctricos y la decisión de colocar bonos por 500 millones de dólares en el mercado financiero nacional para pagar la mitad de la deuda. No se ha explicado por qué esos bonos, aprobados a la carrera por el Congreso Nacional mes y medio antes, no habían sido ofertados.

El presupuesto para el 2013

La verdadera disyuntiva del gobierno está en si podrá presentar al Congreso Nacional, dentro del plazo constitucional, el proyecto de presupuesto para el 2013, sin un siquiera un previo preacuerdo con el FMI y sin contar con el Pacto Fiscal que le abriría puertas a un incremento de los ingresos fiscales. La letra g del numeral 2 del artículo 128 de la Constitución indica que el proyecto de presupuesto debe llegar al Congreso a más tardar el 1 de Octubre. Ni soñar que en cuatro semanas de septiembre se pueda pactar la reforma fiscal integral y consensuada reclamada y prometida.

Otro desafío es cumplir el artículo 242 de la Constitución que dispone enviar al Congreso el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y sus correspondientes actualizaciones durante la segunda legislatura del año en que se inicia el período de gobierno, previa consulta al Consejo de Ministros, indicando que “los resultados e impactos de su ejecución se realizarán en un marco de sostenibilidad fiscal”. Para esto tiene hasta mediado de enero cuando concluye la legislatura, ahora de 150 días.

El gobierno tendría que ejecutar una fuerte reducción del gasto con un proyecto de presupuesto conservador, sujeto a un posterior incremento de ingresos a consignar en otro “presupuesto complementario” o  pedir dispensa pública del plazo constitucional en espera del consenso social. La situación se agrava por el compromiso, reiterado en el discurso inaugural de Medina, de dedicar desde el 2013 el 4 por ciento del  PBI a la educación preuniversitaria, lo que implica duplicar la asignación de este año. Y ahí está el déficit de más de 100 mil millones de pesos con que terminará el 2012.

Se tiene entendido que el FMI viene con firmes reclamos de reducción del déficit fiscal, uno de cuyos ingredientes fundamentales es el ajuste de la tarifa energética, lo que el gobierno quiere incluir en el Pacto Fiscal para morigerar su costo político. En síntesis, presupuesto, acuerdo con el FMI y Pacto Fiscal constituyen un laberinto que el gobierno tiene que romper por algún lado. El más claro sería el pacto, pero es también el más difícil, a no ser que el gobierno presente un heroico programa de reducción y racionalización del gasto que facilite el consenso.

Los impuestos dividen

Esta semana, durante el almuerzo con el Grupo de Comunicaciones Corripio, los tres sectores que integran el CES dejaron clara su estrategia de negociación del Pacto Fiscal: primero tenemos que establecer la reducción del gasto y de la malversación, después que nos digan la  calidad, en qué se va a gastar, y solo entonces podremos discutir donde elevar las contribuciones.

El sacerdote jesuita y sociólogo Mario Serrano y el economista Roque Féliz, del Centro Bonó y del “Sector Social” tienen claro que los impuestos dividen el bloque de la sociedad civil, porque no son los mismos los intereses que ellos defienden, a los de los empresarios y sindicalistas, lo que reconocieron Cirse Almánzar, de la Asociación de Industrias, y Rafael Abréu del sector laboral.

Así como es de difícil que el gobierno reduzca significativamente el gasto, lo es que los sectores sociales acepten nuevas cargas impositivas. Los trabajadores evadirán la ampliación de la base del Itebis, porque afectaría hasta el más pobre consumidor, y los empresarios el desmonte de muchas de las exenciones impositivas, porque reduce la competitividad. El último intento concertador del gobierno de Leonel Fernández terminó dejando de lado a los sindicalistas y el sector social para pactar un parche fiscal con el alto empresariado, incluso pasándole por encima a sus organizaciones.

La práctica de comprometerse a reducir el gasto o lanzar programas de austeridad que no se cumplen es de lo que incentiva la resistencia de los sectores sociales a que se eleve la carga impositiva. Es paradigmática la burlada ley 497-06, con que Leonel Fernández pactó una de sus cinco reformas tributarias. En el 2002 Hipólito Mejía firmó con el Consejo Nacional de la Empresa Privada un “Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico”, que congelaba la nómina pública y después de eso la misma casi se ha duplicado hasta alcanzar la astronómica cifra de 653 mil. Sólo entre enero y mayo pasados se habría incrementado en 23 mil, al compás de la última campaña electoral. También se recuerdan los centenares de compromisos de la última cumbre con la sociedad civil (enero-febrero 2009)  pactados e ignorados por el presidente Fernández.

No con las manos vacías

La presidenta de la Asociación de Industrias, Ligia Bonetti de Valiente  dejó claro esta semana que no se sentarán en la mesa del diálogo con las manos vacías. Ponderó el interés del nuevo gobierno por consensuar un pacto fiscal, y reiteró las demandas de integralidad del mismo, de mejorar la calidad del gasto en orden a aumentar la producción, la productividad y la competitividad para mejores empleos y el desarrollo socioeconómico nacional.

Los sectores representados en el CES no han perdido el tiempo desde que antes de la juramentación el equipo del nuevo presidente les comunicó la convocatoria para el Pacto Fiscal. Ya han celebrado varias reuniones. Y en una ampliada, celebrada el miércoles lograron acordar un pliego de “Principios orientadores del Pacto Fiscal”, que se anexa resumido.

Muchos dirigentes empresariales, sociales y sindicales, han jurado que esta vez los políticos no los van a engañar, y que el gobierno tendrá que reducir su gasto y la malversación de los recursos públicos si quiere pactar.  Han celebrado el programa de austeridad y el código de ética del presidente Medina, pero esperan múltiples medidas  específicas para reducir el gasto, la malversación y la corrupción.

El pliego elaborado por el CES incluye nueve principios básicos: integralidad, gestión fiscal orientada al desarrollo humano y productivo sostenible, participación y contraloría social, racionalidad y calidad de la gestión del gasto público y corresponsabilidad fiscal. También equidad, eficiencia, sostenibilidad fiscal y competitividad, crecimiento y desarrollo económico sostenible.

El primer planteamiento, de integralidad, especifica que el Pacto Fiscal debe abarcar la totalidad de los gastos e ingresos del Estado, incluyendo los organismos descentralizados y autónomos, con todas las tasas, tarifas y contribuciones, y también los dividendos de las empresas públicas, rendimientos por concesiones públicas y otros ingresos provenientes de fuentes especiales. Igualmente que el presupuesto público debe incluir la programación del uso de los recursos manejados por las entidades autónomas.

Ha ganado terreno la convicción de que el Estado es uno solo y que sus entidades autónomas y descentralizadas, incluyendo los poderes legislativos y judicial, y el municipal no pueden escapar de la austeridad, de las prioridades de gasto y del control de la malversación, porque en algunos es aún mayor que en el gobierno central.

En definitiva, tanto el FMI como los sectores sociales se la están poniendo difícil al nuevo gobierno. Es una de las herencias que le dejó la política de derroche y endeudamiento de Leonel Fernández.-

1.- Integralidad. Debe abarcar la totalidad de gastos e ingresos del Estado, (tasas, tarifas, contribuciones, dividendos de empresas públicas) incluyendo las entidades autónomas y descentralizadas.

2.- Gestión fiscal para el desarrollo humano y productivo. Impulsará una mejor distribución del ingreso y las riquezas y el aumento de la inversión pública social.

3.- Participación y Contraloría Social. Estará basado en la transparencia, la participación y el control social en su diseño, implementación y monitoreo.

4.- Racionalidad y calidad del gasto público. Garantizará la calidad del gasto, superando la discrecionalidad el despilfarro y la malversación, con criterios de eficiencia y eficacia.

5.- Corresponsabilidad fiscal. Conllevará mecanismos legales que garanticen cumplir las responsabilidades fiscales, con un régimen de consecuencias y penalidades.

6.- Equidad. Reducirá y superará la evasión y la informalidad y progresividad en función de la capacidad de pago, niveles de ganancia, renta y patrimonio.

7.- Eficiencia. Deberá ser sencillo, eficiente y ágil, evitando impuestos distorsionantes para los actores económicos y sociales.

8.- Sostenibilidad Fiscal. Propiciará el equilibrio entre gastos e ingresos  para garantizar la sostenibilidad, sin depender del endeudamiento.

9.- Competitividad y desarrollo sostenible. Estimulará la competitividad de los sectores productivos y fomentará el emprendimiento, la inversión, la producción y las exportaciones, innovación y creación de mejores empleos.      

Artículo publicado originalmente en el periódico HOY

 

 

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Cuba, el país “más seguro del mundo” es cada vez más inseguro

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Con cada vez más frecuencia, la prensa independiente publica titulares sobre robos con fuerza, asesinatos y peleas callejeras

Cuba.-Decenas de jóvenes hacen fila cerca de la calzada de Santa Catalina, en La Habana. Se han anunciado actividades por la inauguración del verano este 8 de junio en La Finca de los Monos. En los videos que varios usuarios han compartido en redes sociales, se empieza a notar un alboroto. La gente corre de un lado a otro. Gritan. Varios se han ido a las manos. Un grupo de mujeres se jala del pelo. Lo que prometía ser un sábado de recreación ha terminado en una orquesta de golpes. Se divisan unos jóvenes caminando con machete y armas blancas. Hay personas heridas, tiradas en el suelo. En algún momento llegan los oficiales de la policía. La gente habla de varios muertos y heridos. El gobierno se resta responsabilidad y desmiente el hecho de que hubiera algún fallecido. La pelea tumultuaria de la Finca de los Monos, de la que incluso habló la prensa estatal cubana cuando la norma es que se haga silencio ante este tipo de sucesos, despertó una vez más el debate por la violencia que, según muchos, se está viviendo últimamente en las calles de Cuba.

Con cada vez más frecuencia, la prensa independiente publica titulares sobre robos con fuerza, asesinatos, peleas callejeras. Sobre un joven del municipio de Campechuela, al oriente del país, cuyo cuerpo destrozado han encontrado sus propios familiares y amigos ante la “ineptitud” de la policía, según dijeron en Facebook. Los dos jóvenes que planearon el asesinato de un señor en Camagüey para robarle su triciclo eléctrico. La sentencia a cadena perpetua de un ciudadano cubano por asesinar a un campesino para robarle sus reses. El saldo de un muerto y varios heridos durante un concierto del cantante Jerry La Bandera. Y otros.

En medio de la crisis económica que atraviesa Cuba, la peor de su historia, según dijo en una reciente entrevista a EL PAÍS el economista cubano Carmelo Mesa-Lago, ha aumentado también la percepción de la violencia. “Es muy difícil acceder a las estadísticas, tener una referencia estadística para decir que sí ha aumentado el crimen. Ahora, es innegable que se percibe no solo el aumento de la criminalidad, sino también la naturaleza de la violencia”, asegura el abogado defensor Nelson González, con más de 30 años trabajando en el sistema judicial cubano. “Unos dirán que siempre han existido robos con violencia, asesinatos, homicidios, o cualquier otra manifestación de crimen violento, pero hoy en día se ven más esas expresiones. El país tiene un deterioro de todo. Un deterioro del sistema de valores, una crisis económica que impacta todas las áreas de la vida”.

Entre los logros de los que siempre presumió la Revolución cubana estaba el de la seguridad social. En una ocasión, en un acto por el 45 aniversario del Ministerio del Interior (MININT), Fidel Castro aseguró que “Cuba es el país más seguro del mundo”, algo que repitió no pocas veces en muchos de sus discursos. Varios rankings mundiales siguen ubicando a Cuba entre los países más seguros. La plataforma Numbeo asegura que la isla tiene el más bajo índice de criminalidad en la región, junto a Panamá y Canadá.

A inicios de año, la politóloga española Arantxa Tirado expresó en X que Cuba era “el país más seguro de todo el hemisferio occidental”, luego de desmentir al gobernante Nayib Bukele, quien quiso reservar ese lugar para El Salvador. El comentario de la politóloga generó reacciones por parte de usuarios cubanos, quienes avivaron una vez más el debate sobre el sentimiento de inseguridad que, quizás por primera vez, se está experimentando de manera colectiva en el país.

Los resultados de una encuesta digital de la plataforma Cubadata, que midió la inseguridad ciudadana en la isla, muestran que el 61% de los encuestados aseguró haber sido víctima de algún tipo de violencia o delincuencia en Cuba en 2022. De ese grupo, solo el 14,6% dijo haber denunciado el hecho ante las autoridades del país.

Aun así, la posición del Gobierno cubano ha sido no solo la de silenciar, sino la de desmentir que realmente exista un aumento de la violencia. Hace unos días el mandatario Miguel Díaz-Canel dijo que en Cuba “no hay desaparecidos ni asesinatos”. El pasado marzo una funcionaria de la Fiscalía de la República aseguró que no hay un aumento de la criminalidad, sino que la apertura gradual de internet y el acceso de más cubanos a las redes sociales incrementa “la visibilidad” de este tipo de sucesos que antes quedaban a las sombras, y son “espacios donde también se distorsionan los acontecimientos”.

En medio de esta situación, no pocas veces el gobierno sale públicamente a desmentir que haya un aumento de la violencia en el país, y culpa a la prensa independiente o a las supuestas campañas orquestadas por los opositores a la Revolución de difundir este tipo de noticias. Beatriz de la Peña La O, jefa del Departamento de Investigación de la Dirección de Procesos Penales, dijo en un programa estatal que solo el 9% de los delitos que se cometen en Cuba son violentos. Especificó además que solo el 1% son homicidios y el 3% son asesinatos, de los cuales el 89% están relacionados con problemas personales y un 11% se cometen por ánimo de lucro. Estas son cifras imposibles de verificar por la poca transparencia con que el Gobierno cubano maneja y publica sus datos. “En números, en cuantía, en proceso, no hay mayor cantidad de asesinatos”, dijo la funcionaria, quien también relaciona el acceso a internet con la percepción del aumento de la violencia.

A falta de espacios estatales para visibilizar este tipo de crímenes, y de una respuesta muchas veces ineficiente por parte de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) o el Ministerio del Interior, los cubanos han creado grupos en redes sociales para denunciar los crímenes. De manera independiente al Estado, los observatorios de género en Cuba también se han hecho cargo de llevar un registro de las víctimas por violencia feminicida, algo que las autoridades suelen esconder, pero que ha despertado las alarmas en los últimos tiempos.

En 2023, se registraron 89 feminicidios en Cuba, casi el triple de las que pudieron registrar cada uno de los dos años anteriores. En lo que va de 2024, las víctimas de feminicidio verificadas suman 23, de acuerdo con el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y el Observatorio de Feminicidios de Yo Sí te Creo en Cuba (YSTCC). Incluso en medio de este panorama, que supera las cifras de feminicidios de países con una población mayor como España (22 mujeres en 2023, según el Ministerio de Igualdad), el Gobierno cubano no solo no aprueba la tan aclamada Ley integral contra la violencia de género por parte de las activistas, o esconde las cifras de mujeres ultimadas por parejas o exparejas, sino que Díaz-Canel ha insistido en que los feminicidios son “una construcción mediática ajena por completo a la realidad cubana”.

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Análisis Noticiosos

Demandan a Biden por orden ejecutiva que blinda la frontera

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La orden ejecutiva emitida por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha generado una batalla judicial con la Unión de Libertades Civiles, la ACLU, la cual ha informado este miércoles de que ha demandado la medida del presidente demócrata que cierra la frontera con México cuando se superan las 2.500 detenciones diarias a lo largo de una semana, cuyo  litigio no es una sorpresa, ya que  la organización defensora de los derechos humanos había anunciado su intención de llevar la acción ejecutiva a los tribunales, a fin  frenar de forma casi definitiva el acceso a las protecciones que brinda el asilo para la vasta mayoría de los que llegan a la frontera”.

“No nos han dejado otra alternativa más que demandar”, ha señalado Lee Gelernt, el subdirector de ACLU. “La Administración no tiene autoridad unilateral para pasar sobre el Congreso y prohibir el asilo basándose en cómo entra alguien al país”, añadió Gelernt en un comunicado. Estas eran algunas de las críticas que el presidente recibió incluso dentro del partido demócrata.

El senador Chris Murphy dijo la semana pasada que veía con buenos ojos la intención del Gobierno de reforzar la vigilancia en la frontera. Ponía en duda, no obstante, que el Ejecutivo tuviera el poder para frenar el proceso de asilo en su totalidad por sí solo.

Los obstáculos de Biden al asilo, producto de su viraje a la derecha en la campaña electoral, han sido severamente criticados por los grupos defensores de derechos humanos. “Es una vergüenza que el Gobierno de Estados Unidos responda así a la gente que huye de la tortura y la persecución política, quienes llegan a nuestra frontera en busca de ayuda”, señala Keren Zwick, una de las abogadas que llevará el proceso en los tribunales de Washington D.C.

La demanda, de 29 páginas, ha sido interpuesta en la capital por cinco organizaciones legales que representan a dos oenegés, Las Américas y Raíces (Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services). Javier Hidalgo, el director de la estrategia legal de Raíces, asegura que la orden de Biden da marcha atrás al espíritu de las varias normas aprobadas desde 1965 con el objetivo de proteger a quienes arribaban a la tierra de las libertades.

El texto de la querella deja claro algunas de las barreras de entrada que Biden pone a quienes buscan solicitar el asilo. “Incluso cuando un no ciudadano manifiesta su temor y pasa el primer filtro para obtener cierta protección, las nuevas guías reducen drásticamente el tiempo que tienen para buscar y encontrar un abogado antes de su entrevista de Miedo creíble”, indica la demanda.

Los inmigrantes tenían 24 horas para encontrar consejo legal. Hace un año, el tiempo era 48 horas. La orden de Biden les da ahora solo cuatro horas. “En la práctica, esto elimina cualquier posibilidad de recibir ayuda legal y mucho menos representación para la inmensa mayoría de los detenidos en custodia”, señala el texto.

“Es escandaloso, aunque no sorprendente, que las mismas personas que llegaron al poder prometiendo restablecer nuestro compromiso con protecciones humanitarias estén dispuestos a sacrificar las vidas de las personas negras y cafés para obtener algunos puntos políticos”, aseguró Hidalgo.

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Análisis Noticiosos

Cambio climático asciende al primer nivel de agenda sanitaria mundial

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Los 194 estados miembros de la OMS aprueban por unanimidad una resolución con la que se comprometen a integrar el calentamiento del planeta en sus políticas nacionales de salud

Ginebra.-El vínculo entre el cambio climático y la salud ha ascendido al primer nivel de las prioridades políticas mundiales. Así lo demuestran las dos decisiones adoptadas la semana pasada durante la 77ª Asamblea Mundial de la Organización de la Salud (OMS): una resolución respaldada por unanimidad por los 194 Estados miembros de este organismo de la ONU, que han acordado integrar el calentamiento global en su planificación sanitaria nacional, y la aprobación de la 14ª estrategia global del organismo, que sitúa el cambio climático como uno de sus seis objetivos clave. Ambas decisiones recogen el guante que lanzó el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la inauguración de la asamblea el pasado lunes, cuando afirmó que “quizás la mayor amenaza contra la salud de nuestro tiempo viene del cambio climático”.

Aunque la resolución reconoce que “el limitado acceso a la financiación es uno de los mayores obstáculos para desarrollar sistemas sanitarios sostenibles y resilientes a los embates del clima”, se comprometen, en la medida de las posibilidades de cada país, a aumentar las inversiones para lograrlo. Por ejemplo, aluden directamente a la necesidad de reconvertir los actuales sistemas de salud “que contribuyen a la contaminación medioambiental en un 5%”. Para ello, consideran que es fundamentar seguir realizando esfuerzos para “elevar la atención sobre el clima y la salud”.

“El impacto severo en la salud del cambio climático es claro y real”, afirma Ailan Li, subdirectora general de Cobertura Sanitaria Universal de la OMS. En países como Perú, “las epidemias mortales de dengue son cada vez más intensas, magnificadas por el aumento de las temperaturas y las lluvias exacerbadas por el cambio climático”, explicó la portavoz de este país como ejemplo de la relación entre el aumento de las temperaturas y la explosión de enfermedades.

Además de la expansión de dolencias que se propagan a través de las picaduras de los mosquitos, un fenómeno que certifican los datos de la OMS, otros países como Barbados, también impulsor de la iniciativa, aludieron a la “especial vulnerabilidad” de los “pequeños Estados insulares en desarrollo”. “Sufrimos” de forma más intensa “el aumento del calor, la escasez de agua y las amenazas de fenómenos como los huracanes”, lamentó el representante de la delegación barbadense, que afirmó que su país está ya “desarrollando sistemas para adaptarse al cambio climático” y ha elaborado leyes sobre “el uso del agua”.

Los progresos de la salud, en riesgo

“Es muy alentador ver que muchos planes nacionales de acción ya se han elaborado y que hay búsqueda de soluciones locales que ya se han empezado a aplicar”, considera Li. La doctora advierte que “los progresos en la mejora de la salud están en riesgo por el cambio climático”, pero que no se puede olvidar que, aunque la crisis climática afecta a todo el mundo, lo hace de “forma desproporcionada con los más vulnerables” que son, a su vez, los que menos gases de efecto invernadero emiten. Según Li, tanto con la aprobación de la 14ª estrategia global del organismo como con la “ronda de inversiones” que se celebrará próximamente, la OMS “podrá respaldar a los países para que creen sistemas de salud resilientes”.

“La adopción de la resolución de cambio climático y salud” durante la Asamblea Mundial de la OMS “demuestra un claro compromiso político” por parte de los gobiernos y de este organismo de la ONU “para ampliar la acción climática como una prioridad de salud pública”, afirma un portavoz de la Alianza Global del Clima y la Salud.

Sin embargo, Médicos Sin Fronteras hace hincapié en que la crisis climática “requiere acabar con la dependencia de los combustibles fósiles”. Coincide con este argumento Rosie Tasker, de la Alianza Global del Clima y la Salud, que, aunque aplaude la resolución, critica que “carezca de cualquier mención de cómo los combustibles fósiles están conduciendo a la crisis climática” o de la necesidad de transitar hacia energías renovables como “imperativo de salud pública”.

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