Análisis Noticiosos
El difícil trance del Pacto Fiscal
Por Juan Bolívar Díaz
Presionado por el agobiante déficit fiscal, el gobierno se vio obligado a aplazar el inicio de la concertación del Pacto Fiscal, mientras los diversos sectores sociales establecen un pliego de “principios orientadores”.
El equipo económico del gobierno se vio precisado a suspender el inicio del proceso de consultas para el prometido Pacto Fiscal, presionado por la precariedad financiera, con el país medio apagado y a la espera de consultas con una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que vendría esta semana.
Mientras tanto los sectores empresarial, sindical y social avanzaron acordando nueve “Principios Orientadores” con énfasis en la integralidad y equidad, calidad del gasto para el desarrollo humano y productivo, promoción de la competitividad y en la transparencia y la reducción del despilfarro y la malversación.
Disyuntiva del gobierno
La suspensión del encuentro con que el presidente Danilo Medina se proponía iniciar las consultas para su Pacto Fiscal en el marco del Consejo Económico Social (CES) constituyó una verdadera sorpresa. Cogió desprevenido hasta al presidente del organismo, Monseñor Agripino Núñez Collado, a quien no se le pudo comunicar directamente antes de hacerla pública la noche del martes 28, a menos de dos días de la reunión acordada la semana anterior.
El Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, fundamentó el aplazamiento “en que se le permita al Gobierno concluir la evaluación de los diferentes escenarios que estamos analizando sobre la situación fiscal, pero con especial atención a lo que tiene que ver con la reducción del gasto público a lo que este Gobierno le está poniendo la mayor de las atenciones”.
Otro motivo aducido fue que es importante consultar con el FMI, dada la decisión del presidente Danilo Medina de negociar un nuevo acuerdo con este organismo, para lo cual el gobierno estaría esperando una misión que vendría al país esta semana.
En realidad el gobierno estaba en la disyuntiva de iniciar un proceso de concertación que se anticipa difícil por las condiciones que adelantan tanto el FMI como los diversos sectores sociales, o primero concentrar su atención en terminar de evaluar la situación fiscal heredada para atender urgencias como amortiguar la deuda de mil millones de dólares con los generadores eléctricos que ya estaban reduciendo la oferta con el consiguiente incremento de los apagones.
La prioridad fue la reunión del presidente Medina el miércoles con los generadores eléctricos y la decisión de colocar bonos por 500 millones de dólares en el mercado financiero nacional para pagar la mitad de la deuda. No se ha explicado por qué esos bonos, aprobados a la carrera por el Congreso Nacional mes y medio antes, no habían sido ofertados.
El presupuesto para el 2013
La verdadera disyuntiva del gobierno está en si podrá presentar al Congreso Nacional, dentro del plazo constitucional, el proyecto de presupuesto para el 2013, sin un siquiera un previo preacuerdo con el FMI y sin contar con el Pacto Fiscal que le abriría puertas a un incremento de los ingresos fiscales. La letra g del numeral 2 del artículo 128 de la Constitución indica que el proyecto de presupuesto debe llegar al Congreso a más tardar el 1 de Octubre. Ni soñar que en cuatro semanas de septiembre se pueda pactar la reforma fiscal integral y consensuada reclamada y prometida.
Otro desafío es cumplir el artículo 242 de la Constitución que dispone enviar al Congreso el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y sus correspondientes actualizaciones durante la segunda legislatura del año en que se inicia el período de gobierno, previa consulta al Consejo de Ministros, indicando que “los resultados e impactos de su ejecución se realizarán en un marco de sostenibilidad fiscal”. Para esto tiene hasta mediado de enero cuando concluye la legislatura, ahora de 150 días.
El gobierno tendría que ejecutar una fuerte reducción del gasto con un proyecto de presupuesto conservador, sujeto a un posterior incremento de ingresos a consignar en otro “presupuesto complementario” o pedir dispensa pública del plazo constitucional en espera del consenso social. La situación se agrava por el compromiso, reiterado en el discurso inaugural de Medina, de dedicar desde el 2013 el 4 por ciento del PBI a la educación preuniversitaria, lo que implica duplicar la asignación de este año. Y ahí está el déficit de más de 100 mil millones de pesos con que terminará el 2012.
Se tiene entendido que el FMI viene con firmes reclamos de reducción del déficit fiscal, uno de cuyos ingredientes fundamentales es el ajuste de la tarifa energética, lo que el gobierno quiere incluir en el Pacto Fiscal para morigerar su costo político. En síntesis, presupuesto, acuerdo con el FMI y Pacto Fiscal constituyen un laberinto que el gobierno tiene que romper por algún lado. El más claro sería el pacto, pero es también el más difícil, a no ser que el gobierno presente un heroico programa de reducción y racionalización del gasto que facilite el consenso.
Los impuestos dividen
Esta semana, durante el almuerzo con el Grupo de Comunicaciones Corripio, los tres sectores que integran el CES dejaron clara su estrategia de negociación del Pacto Fiscal: primero tenemos que establecer la reducción del gasto y de la malversación, después que nos digan la calidad, en qué se va a gastar, y solo entonces podremos discutir donde elevar las contribuciones.
El sacerdote jesuita y sociólogo Mario Serrano y el economista Roque Féliz, del Centro Bonó y del “Sector Social” tienen claro que los impuestos dividen el bloque de la sociedad civil, porque no son los mismos los intereses que ellos defienden, a los de los empresarios y sindicalistas, lo que reconocieron Cirse Almánzar, de la Asociación de Industrias, y Rafael Abréu del sector laboral.
Así como es de difícil que el gobierno reduzca significativamente el gasto, lo es que los sectores sociales acepten nuevas cargas impositivas. Los trabajadores evadirán la ampliación de la base del Itebis, porque afectaría hasta el más pobre consumidor, y los empresarios el desmonte de muchas de las exenciones impositivas, porque reduce la competitividad. El último intento concertador del gobierno de Leonel Fernández terminó dejando de lado a los sindicalistas y el sector social para pactar un parche fiscal con el alto empresariado, incluso pasándole por encima a sus organizaciones.
La práctica de comprometerse a reducir el gasto o lanzar programas de austeridad que no se cumplen es de lo que incentiva la resistencia de los sectores sociales a que se eleve la carga impositiva. Es paradigmática la burlada ley 497-06, con que Leonel Fernández pactó una de sus cinco reformas tributarias. En el 2002 Hipólito Mejía firmó con el Consejo Nacional de la Empresa Privada un “Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico”, que congelaba la nómina pública y después de eso la misma casi se ha duplicado hasta alcanzar la astronómica cifra de 653 mil. Sólo entre enero y mayo pasados se habría incrementado en 23 mil, al compás de la última campaña electoral. También se recuerdan los centenares de compromisos de la última cumbre con la sociedad civil (enero-febrero 2009) pactados e ignorados por el presidente Fernández.
No con las manos vacías
La presidenta de la Asociación de Industrias, Ligia Bonetti de Valiente dejó claro esta semana que no se sentarán en la mesa del diálogo con las manos vacías. Ponderó el interés del nuevo gobierno por consensuar un pacto fiscal, y reiteró las demandas de integralidad del mismo, de mejorar la calidad del gasto en orden a aumentar la producción, la productividad y la competitividad para mejores empleos y el desarrollo socioeconómico nacional.
Los sectores representados en el CES no han perdido el tiempo desde que antes de la juramentación el equipo del nuevo presidente les comunicó la convocatoria para el Pacto Fiscal. Ya han celebrado varias reuniones. Y en una ampliada, celebrada el miércoles lograron acordar un pliego de “Principios orientadores del Pacto Fiscal”, que se anexa resumido.
Muchos dirigentes empresariales, sociales y sindicales, han jurado que esta vez los políticos no los van a engañar, y que el gobierno tendrá que reducir su gasto y la malversación de los recursos públicos si quiere pactar. Han celebrado el programa de austeridad y el código de ética del presidente Medina, pero esperan múltiples medidas específicas para reducir el gasto, la malversación y la corrupción.
El pliego elaborado por el CES incluye nueve principios básicos: integralidad, gestión fiscal orientada al desarrollo humano y productivo sostenible, participación y contraloría social, racionalidad y calidad de la gestión del gasto público y corresponsabilidad fiscal. También equidad, eficiencia, sostenibilidad fiscal y competitividad, crecimiento y desarrollo económico sostenible.
El primer planteamiento, de integralidad, especifica que el Pacto Fiscal debe abarcar la totalidad de los gastos e ingresos del Estado, incluyendo los organismos descentralizados y autónomos, con todas las tasas, tarifas y contribuciones, y también los dividendos de las empresas públicas, rendimientos por concesiones públicas y otros ingresos provenientes de fuentes especiales. Igualmente que el presupuesto público debe incluir la programación del uso de los recursos manejados por las entidades autónomas.
Ha ganado terreno la convicción de que el Estado es uno solo y que sus entidades autónomas y descentralizadas, incluyendo los poderes legislativos y judicial, y el municipal no pueden escapar de la austeridad, de las prioridades de gasto y del control de la malversación, porque en algunos es aún mayor que en el gobierno central.
En definitiva, tanto el FMI como los sectores sociales se la están poniendo difícil al nuevo gobierno. Es una de las herencias que le dejó la política de derroche y endeudamiento de Leonel Fernández.-
1.- Integralidad. Debe abarcar la totalidad de gastos e ingresos del Estado, (tasas, tarifas, contribuciones, dividendos de empresas públicas) incluyendo las entidades autónomas y descentralizadas.
2.- Gestión fiscal para el desarrollo humano y productivo. Impulsará una mejor distribución del ingreso y las riquezas y el aumento de la inversión pública social.
3.- Participación y Contraloría Social. Estará basado en la transparencia, la participación y el control social en su diseño, implementación y monitoreo.
4.- Racionalidad y calidad del gasto público. Garantizará la calidad del gasto, superando la discrecionalidad el despilfarro y la malversación, con criterios de eficiencia y eficacia.
5.- Corresponsabilidad fiscal. Conllevará mecanismos legales que garanticen cumplir las responsabilidades fiscales, con un régimen de consecuencias y penalidades.
6.- Equidad. Reducirá y superará la evasión y la informalidad y progresividad en función de la capacidad de pago, niveles de ganancia, renta y patrimonio.
7.- Eficiencia. Deberá ser sencillo, eficiente y ágil, evitando impuestos distorsionantes para los actores económicos y sociales.
8.- Sostenibilidad Fiscal. Propiciará el equilibrio entre gastos e ingresos para garantizar la sostenibilidad, sin depender del endeudamiento.
9.- Competitividad y desarrollo sostenible. Estimulará la competitividad de los sectores productivos y fomentará el emprendimiento, la inversión, la producción y las exportaciones, innovación y creación de mejores empleos.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY
Análisis Noticiosos
Ultraderecha aspira a ganar las siete elecciones presidenciales en Latinoamérica
Por Efe
Este año y el próximo buscarán entrar en los palacios presidenciales de Bolivia, Honduras Chile, Costa Rica, Colombia, Perú y Brasil con planes de gobierno que repudien a la «derecha blanda», a la que acusan de pretener «gestionar lo que la izquierda construyó», evitar el conflicto y no ofrecer resistencia.
Los miembros del Foro Madrid, una alianza internacional de partidos, líderes y organizaciones conservadoras y de derecha y ultraderecha de España e Iberoamérica, manifestaron hoy que su objetivo es ganar las siete elecciones generales previstas en la región para este año y el que viene, según proclamaron en la clausura del encuentro celebrado ayer y hoy en Asunción.
Los participantes en el IV Encuentro Regional del Foro Madrid, que fue ianugurado este jueves por el presidente paraguayo, Santiago Peña, aseguraron que las opciones conservadoras y ultraconservadoras tienen una gran oportunidad de ganar las elecciones que tendrán lugar de aquí a finales de 2026.
«Por primera vez en muchas décadas existe una posibilidad real de abrir una nueva era de libertad y prosperidad con la derrota del socialismo en la región y en todo Occidente», dijo la coordinadora de proyectos de Foro Madrid, Edmaly Maucó, al leer la declaración aprobada al final de la cita celebrada este jueves y viernes en Asunción.
Este año habrá elecciones generales en agosto en Bolivia, y en Honduras y Chile en noviembre, mientras que en 2026 se celebrarán comicios en Costa Rica, Colombia, Perú y Brasil.
Según la declaración final del encuentro, los países de la región han sufrido «en carne propia los estragos» de gobiernos de izquierda, y «han comprendido que el socialismo corrompe las sociedades, destruye la economía, arrasa con las libertades».
«Desde Asunción enviamos a toda la región y al mundo un mensaje de optimismo y esperanza: el triunfo de las libertades, la democracia y el Estado de derecho en Iberoamérica es posible y está al alcance de todos nuestros pueblos», señala el texto.
Santiago Abascal y el presidente de Paraguay
El Foro Madrid es promovido por la Fundación Disenso, el laboratorio de ideas del partido español de ultraderecha Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, participó ayer jueves en la inauguración de la reunión, junto con el presidente de Paraguay, Santiago Peña.
El director de Foro Madrid, Eduardo Cader, afirmó este viernes que las fuerzas de derecha pueden volver al poder a menos que, según él, «la izquierda recurra al fraude» o las inhabilitaciones de las candidaturas adversarias.
«Cada elección será una batalla, y cada victoria requerirá coraje, estrategia y, sobre todo, unidad», enfatizó.
Cader cargó contra la que llamó «derecha blanda», a la que atribuyó la pretensión de «gestionar lo que la izquierda construyó», evitar el conflicto y no ofrecer resistencia.
Análisis Noticiosos
Empieza una temporada de huracanes más activa que el promedio y con la amenaza de los recortes de Estados Unidos
A los despidos en la NOAA, se suma la suspensión de varios programas de USAID dirigidos a la gestión del riesgo de desastres
Bogotá.-La temporada de huracanes en al Atlántico acaba de empezar cuando el sinsabor que dejaron tormentas como Milton, Beryl o Helene en 2024 aún no se ha ido. Con un pronóstico de entre 13 y 19 tormentas tropicales, de las cuales entre seis y diez se pueden convertir en huracanes, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos ha dicho que, a pesar de esperar una temporada menos activa que la del año pasado, lo que viene en 2025 sigue por encima del promedio normal.
Monitorear huracanes con una NOAA minimizada
Las cifras no son claras, pero lo cierto es que la NOAA, encargada de hacer investigación y monitoreo de las tormentas a lo largo de todo el continente, ha sido víctima del tijeretazo de Trump. Medios como la BBC reportan despidos de casi 800 trabajadores, mientras que expertos cercanos al sector han escuchado que a uno de cada cinco trabajadores les han terminado su contrato.
Esto, asegura Mario Salgado, oficial para Conocimiento del Riesgo de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riegos de Desastres (UNDRR) de las Américas y el Caribe, se podría traducir en menos datos y de menor calidad. “Es un trabajo que se hace con casi 120 radares Doppler, 16 satélites ambientales y lo que se conoce como cazadores de huracanes”, recuerda. Y, aunque hasta el momento no hay cómo saber si todo este sistema se está viendo golpeado, las señales serán evidentes cuando se rastree la primera tormenta de 2025.
“Hasta ese momento, podremos medir qué tan grande es el impacto”, agrega el doctor Rafael Méndez Tejeda, profesor de la Universidad de Puerto Rico en Carolina y miembro del Comité de Cambio Climático del Gobierno de la isla. “No hay que olvidar que la NOAA está dentro del Departamento de Comercio de Estados Unidos porque, precisamente, los pronósticos sirven para informar las decisiones de los cruceros, de los buques petroleros, de los aviones”. Así que, si el cambio climático no le preocupa a Trump, quizá sí lo haga el comercio.
Prepararse sin USAID
Si una posible falta de información inquieta, el desasosiego es aún mayor sobre cómo se vivirá la primera temporada de huracanes tras la pausa de las ayudas de USAID a lo largo de América Latina y el Caribe. Cálculos realizados por el Centro del Desarrollo Global (CGD) a partir de los últimos documentos compartidos por el Congreso en marzo, estiman que 265.038.208 dólares fueron cortados para la preparación ante catástrofes a nivel mundial.
“USAID ha sido una fuente muy confiable de financiamiento para diferentes actividades de reducción, preparación y respuesta de desastres”, insiste Salgado. “En la región, una de las iniciativas que se ha visto altamente afectada es la de sistemas de alerta temprana para todas las personas que, es, además, una iniciativa encomendada por el secretario General de las Naciones Unidas”. Un aviso de 24 horas, recuerda, puede reducir las pérdidas económicas y de subsistencia en hasta un 30%.
Toda esa cadena, desde la alerta temprana hasta poder recuperarse tras un huracán, se ha tambaleado en la región. Saber hasta qué punto es difícil por la poca transparencia del Gobierno de Estados Unidos, pero hay casos específicos. La periodista de ciencia Justine Calma reveló en The Verge que el Programa Regional de Asistencia en Casos de Desastre (RDAP) que USAID financiaba desde 1989 fue terminado en América Latina y el Caribe. Este incluía actividades como realizar simulacros, comprar insumos para los refugios de evacuación o garantizar acceso a recursos para personas en condición de discapacidad.
En una carta pública, la Red Mundial de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción del Riesgo de Catástrofes (GNDR) también denunció que un proyecto dirigido a Honduras, Colombia y Guatemala para aumentar la resiliencia de las comunidades en riesgo de catástrofes, incluyendo las relacionadas con el cambio climático, fue cancelado.
Desde Honduras, Juan José Reyes, jefe del Sistema de Alerta Temprana, confirma ambas cosas: que no se ha “percibido una baja en la información técnica de la NOAA” hasta el momento y que la ausencia de USAID sí ha limitado ciertas acciones de gestión del riesgo. En el valle de Sula, en concreto, se hacían ejercicios de alerta temprana de inundaciones junto a la agencia estadunidense. De todas formas, Reyes prefiere quedarse con un parte de esperanza. “Se va a cubrir el hueco”, dice, comentando que hay otros cooperantes, como Alemania e Irlanda, que ya los apoyan.
La sensación es similar en el Caribe. La semana pasada, ante la temporada de huracanes, Elizabeth Riley, directora de la Agencia Caribeña para el Manejo de Emergencias por Desastres (CDEMA), explicó que los recortes de USAID no han perjudicado a la agencia directamente, ya que no recibe financiación de Estados Unidos. Sin embargo, confirmó que los países bajo esta sombrilla, incluyendo los 15 miembros de la Comunidad del Caribe, Caricom, han visto algunos frentes desprotegidos con la suspensión de los programas de asistencia.
Otros Estados, sin embargo, ya están llenando un rompecabezas que veían desmoronarse. CDEMA y el Reino Unido, por ejemplo, firmaron un memorando para garantizar el apoyo financiero para la respuesta rápida ante emergencias como las que se podrían dar con las venideras tormentas. Cada país miembro puede recibir hasta 375.000 dólares de apoyo por esta alianza.
La temporada de huracanes será una de las primeras pruebas de realidad para medir el nuevo orden mundial que quiere instaurar Trump. “Personalmente, creo que lo que vamos a ver no es una falta de información, sino una privatización de esta”, lanza con cierto miedo Salgado. Los datos científicos, del clima, de los huracanes, se necesitan para los seguros y para los bonos catastróficos que emiten los países para cubrir los riesgos soberanos. “Nadie se puede dar el lujo de desaparecer esa información, pero la duda es si su acceso seguirá siendo gratis”, se pregunta. Como concluye Tejeda, ahora mismo “se puede dar un pronóstico del tiempo, pero no un pronóstico de Trump”.
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Washington.-El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado a favor de la Administración de Donald Trump y permite que se retire el permiso de residencia temporal (TPS) a 350.000 venezolanos. La Corte respondió a una solicitud de emergencia presentada por el Gobierno, que quiere acabar con la protección humanitaria que la Administración de Joe Biden concedió a los venezolanos por entender que el país era demasiado peligroso bajo el régimen de Nicolás Maduro. El caso sigue ahora en tribunales inferiores, pero el dictamen del Tribunal Supremo deja a los afectados vulnerables ante las deportaciones.
“Mi hija y yo no podemos regresar de forma segura a Venezuela, que está en crisis. La pérdida inmediata de nuestro TPS causa un increíble daño. Ahora tememos ser deportados y tendremos dificultades para mantenernos”, declaró E.R., demandante en el caso.
La orden del Supremo, de mayoría conservadora, solo contó con el voto en contra de la jueza liberal Ketanji Brown Jackson y suspende el fallo de un juez federal de San Francisco, que mantuvo vigente el TPS para los venezolanos. Este estatus permite a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos vivir y trabajar legalmente porque sus países de origen se consideran inseguros debido a los desastres naturales o los conflictos civiles.
En respuesta a la demanda presentada por venezolanos afectados y varias organizaciones de defensa de los migrantes, el juez federal Ed Chen dictaminó en marzo que la cancelación del TPS violaba las normas procesales y probablemente estaba motivada por animosidad racial. El magistrado dijo que la eliminación del programa “amenaza con causar daños irreparables a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de vida se verán gravemente afectados, costar a Estados Unidos miles de millones de dólares en actividad económica y perjudicar la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”. El dictamen fue confirmado por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.
La decisión de la Corte Suprema solo afecta a quienes obtuvieron el TPS en 2023. Unos 250.000 venezolanos a quienes se les otorgó en 2021 no se verán afectados y conservan su estatus legal y autorización de empleo.
La cancelación del TPS fue una de las primeras medidas de la campaña antiinmigración emprendida por la Administración Trump. La defensa del Gobierno había declarado ante el Alto Tribunal que una extensión de 18 meses, como aprobó Biden antes de dejar la presidencia, “perjudicaría la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos, al tiempo que saturaría las comisarías, los refugios municipales y los servicios de ayuda en comunidades locales que habían llegado a la quiebra”.
Esas fueron también las razones que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, alegó para anular la prórroga otorgada por Biden en febrero, antes de que entrara en vigor. Además de considerar que los venezolanos eran una carga para los recursos locales, Noem justificó que muchos de ellos son miembros de la pandilla venezolana El Tren de Aragua, considerada organización terrorista por el Gobierno de Trump, por lo que representaban una amenaza para la seguridad pública.
“Esta es la mayor medida que retira el estatus migratorio a un grupo de no ciudadanos en la historia moderna de Estados Unidos”, declaró Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) de UCLA y uno de los abogados de los demandantes. “Que la Corte Suprema la haya autorizado en una orden de dos párrafos sin justificación es verdaderamente impactante. El efecto humanitario y económico se sentirá de inmediato y repercutirá durante generaciones”.
Este caso es el más reciente de una serie de apelaciones de emergencia que la Administración Trump ha presentado ante la Corte Suprema. La semana pasada, el Gobierno solicitó cancelar el programa de parole humanitario, que dejaría a más de medio millón de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela sin su permiso de residencia.
La semana pasada, el Supremo falló en contra del Gobierno por la deportación de venezolanos invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, que data del siglo XVIII y solo se ha usado en tiempos de conflicto armado. El Alto Tribunal reprochó a la Administración no haber informado a los migrantes sobre sus planes de deportación y aunque no se pronuncia directamente sobre la norma, que se decide en los tribunales, el fallo del Supremo supone en la práctica la suspensión de su aplicación.
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