Opinión
El difícil tránsito de una ley
La pregunta obligada es cuántos años nos tomará aprobar los 30 reglamentos de la nueva ley de tránsito y cuántas personas más morirán antes de que comencemos a afrontar el caos del transporte terrestre y la peor epidemia nacional.
Podrían resultar decepcionados los que se ilusionaron con que la aprobación de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tras unos 8 años de conciliaciones y debates en el Congreso Nacional, marcaría el inicio de la revolución del transporte que anunció el presidente Danilo Medina al iniciar su segundo período de gobierno el 16 de agosto pasado.
Dos meses después de promulgada la ley, asistimos a un insólito debate sobre si está o no en vigencia, y autoridades del sector, como el director general de Tránsito Terrestre, Luis Estrella, consideran que para que empiece a regir habrá que aprobar los 30 reglamentos que la misma contempla, un verdadero exceso que desconoce la lentitud reglamentaria que caracteriza al Estado dominicano. Duplica los 16 reglamentos de la nueva ley de la Policía Nacional que, promulgada el 15 de julio pasado, todavía no estrena el primero.
La Ley de Defensa de la Competencia 42-08, lleva más de 8 años esperando su reglamento, por lo cual no se ha podido aplicar plenamente. Michel Cohén, primera presidenta de Pro-Competencia terminó su gestión el año pasado sin haber logrado la reglamentación que reclamó sistemáticamente.
Hay muchos otros ejemplos, pero baste señalar la Ley Orgánica de la Administración Pública 247-12, que arriba a su quinto año, y la Ley 105-13, sobre Regulación Salarial del Estado, en camino a su cuarto año, esperando un reglamento que según la misma, debió promulgarse en 6 meses, plazo que cumplió el Ministerio de Administración Pública, para tropezar con una gaveta de la Presidencia de la República. Tras varios años de estudios, consultorías nacionales e internacionales y consensos, ahora se dice que no hay recursos para aplicarla.
Si quieren irse más lejos, por ahí anda la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que dispone los pactos eléctrico y fiscal, el primero con dos años de discusiones y el segundo relegado por soberana decisión de la máxima autoridad responsables de las aplicación de la leyes y del ordenamiento institucional.
Peor aún es que la Constitución del 2010 dispuso una veintena de leyes orgánicas para su aterrizaje, la mayoría de las cuales no se han abordado 7 años después, algunas tan urgentes y manoseadas como las del Régimen Electoral y la de Partidos Políticos.
La ley de Movilidad, Transporte y Tránsito es lo que podríamos denominar un desafío de vida o muerte, si tomamos en cuenta que ls República Dominicana es el segundo país de mayor mortalidad por accidente de tránsito en el mundo, después de una minúscula isla del Pacífico conocida como Niue, de unos 5 mil habitantes. Nuestra tasa de 41.7 muertos por accidentes vehiculares por cada 100 mil habitantes, es mucho más del doble que el promedio americano que es 16.l. Los datos no son un invento para “desacreditar” el paraíso nacional, sino de la Organización Mundial de la Salud.
La pregunta obligada es cuántos años nos tomará aprobar los 30 reglamentos de la nueva ley de tránsito y cuántas personas más morirán antes de que comencemos a afrontar el caos del transporte terrestre y la peor epidemia nacional.
Puede entenderse que sean necesarios reglamentos para poner en vigencia el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, llamado a refundir unos 8 organismos de la materia sobrepuestos. Pero en otra parte del mundo se pensaría que rigen aspectos como la normativa de transporte en motocicletas, que originan más de la mitad de las muertes que conforman una auténtica epidemia nacional. Menos aún se puede entender que más de dos meses después de una ley tan esperada, el presidente de la nación no haya comenzado su “revolución” del transporte designando el director del instituto que tendrá las misión de elaborar los reglamentos.
A Dios que reparte suerte con la trascendente ley, cuyo nombre es tan largo como el calvario que le espera.-
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.
Por Nelson Encarnación
Algunas personas han llegado a afirmar que el juego de béisbol no es un deporte, sino un pasatiempo que sirve de entretenimiento a toda la familia, la que puede tener un importante consumo mientras transcurre un partido de nueve entradas, por lo general lento.
Sin embargo, somos más los que sostenemos lo contrario, no porque seamos fanáticos o seguidores, sino porque una contienda en la que medie la aplicación de estrategias no puede ser un simple pasatiempo.
Las estrategias son fundamentales en el juego de pelota, sin las cuales el resultado no puede ser el esperado, aunque no siempre estas funcionen. Como en toda actividad humana, inclusive en la guerra.
Hechas estas disquisiciones, pasamos a no entender qué ha provocado el impresionante descalabro, el resbalón sin final que ha abatido a los Leones del Escogido.
No se explica que un equipo que en los primeros 20 juegos del presente campeonato obtuvo quince victorias, haya caído a un abismo, tan profundo que, al día de hoy, está en la peligrosa ruta de quedar fuera de la siguiente ronda.
Es como estar con respiración asistida, mantenerse vivo gracias a la buena fortaleza física que se acumuló—15 victorias contra 5 derrotas—, pero no suficiente como para rebasar de manera exitosa un estado comatoso.
¿Qué hará la gerencia del equipo capitalino para tratar de revertir la ruta hacia el fondo? No preveo una opción, sobre todo, al recordar lo declarado hace un par de años por uno de los dueños del “Duro de matar”.
¿Qué dijo ese ejecutivo? Que al equipo le es económicamente más rentable quedar fuera en la serie regular que pasar a las siguientes. Algo así o algo peor, según recuerdo.
Cuando leí aquello tuve que remontarme a los pleitos con mi difunto padre—liceísta furibundo—que no asimilaba derrota frente al “eterno rival”, y yo, como escogidista, le daba la cuerda, corriendo riesgo de unos correazos por irreverente. De este tamaño ha sido mi escogidismo.
¿Hay escasez de cartera en la gerencia del equipo rojo? No lo creo. ¿Falta estrategia para la ofensiva? Lo creo un poco. ¿Cayó por un barranco irrecuperable el pitcheo de los Leones? Me quedo con esta.
Frente al despeñadero actual, los rojos no tenemos muchas esperanzas. Y por favor, no echemos la culpa al mánager Pujols.