Análisis Noticiosos
El dilema de Danilo ante la Corte Interamericana
Por Juan Bolívar Díaz
La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucional el instrumento de ratificación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obligaría al presidente Danilo Medina a someterla de nuevo al Congreso Nacional o cargar la responsabilidad de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos.
La denuncia de la Convención conlleva un año de preaviso, período en que seguirían surtiendo efecto violaciones de derechos humanos y no invalidaría las condenas emitidas por la CIDH, cuyo incumplimiento podría ser dilucidado en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y otros foros internacionales.
Una carga bien pesada. Es criterio generalizado entre especialistas en derecho constitucional y relaciones internacionales que la sentencia 256-14 del TC constituye una carga muy pesada para el Gobierno del presidente Medina, que ha consumido tiempo y energía durante los últimos 14 meses tratando de paliar la reprobación universal desde la emisión de la sentencia 168/13 que dejó sin nacionalidad a decenas de miles de dominicanos descendientes de inmigrantes irregulares, en gran proporción haitianos.
Entre septiembre de 2013 y mayo pasado el Gobierno tuvo que concentrar esfuerzos para afrontar las consecuencias de la sentencia que desconoció retroactiva mente hasta 1929 los registros de nacimiento de decenas de miles de personas, lo que generó un amplio rechazo internacional y una profunda división nacional. Durante ese período, el presidente Danilo Medina y sus principales colaboradores del Ministerio de la Presidencia tuvieron que emplearse a fondo para buscar “una salida humanitaria” a la masiva y grave exclusión.
La mayoría de los dirigentes del partido de Gobierno y de sus aliados parecieron ignorar la posición del mandatario y se sumaron a los planteamientos ultranacionalistas que reivindican una soberanía absoluta que los tratados internacionales han relativizado. Creyeron encontrarla en la aprobación y promulgación de la Ley 169-14 que devuelve la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes irregulares que no hayan incurrido en falsedad de escritura pero obligaba a inscribirse como extranjeros al segmento que nunca fue inscrito en el Registro Civil.
En medio de denuncias sobre incumplimiento de esta ley y acabando de ampliar el estrecho plazo que se otorgó a los nacidos en el país carentes de registro civil, el Gobierno se enfrentó a la sentencia condenatoria de la CIDH y al reactivo dictamen del TC que complica las relaciones exteriores del Estado dominicano, con grave responsabilidad sobre el presidente Medina, situación en la que el Gobierno no quería verse comprometido.
Serias consecuencias. Expertos, como Eduardo Jorge Prats, han sostenido que para denunciar la Convención se requiere una previa reforma constitucional, en virtud del artículo 74.3 de la Carta Magna que indica que “Los tratados, pactos y convenios relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado.
La denuncia conlleva muchos riesgos. El primero será afrontar un escenario internacional todavía más desfavorable que el que en el último año trajo al país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al secretario general de las Naciones Unidas, al presidente de la Unión Europea y al vicepresidente de Estados Unidos, movidos por el interés de abrir a la nación espacio de reconciliación con el derecho internacional.
Baste advertir que esta semana se produjo un hecho tan inesperado como la declaración del Gobierno de Uruguay que deploró el intento de desconocer la CIDH “porque podría tener consecuencias jurídicas que debilitarían el compromiso de República Dominicana con el sistema interamericano de derechos humanos” y reafirmó la posición uruguaya de “firme respaldo” al mismo y a sus dos órganos fundamentales, la Comisión y la Corte Interamericanas.
Así como en el país han sido escasos los expertos que han defendido las sentencias del TC, en el exterior lo que puede esperarse es comunicados como el de esta semana de 52 organizaciones encabezadas por Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación Robert Kennedy y la Oficina para América Latina de la Conferencia Nacional de Iglesias de Estados Unidos. El Caucus Negro del Congreso estadounidense y un grupo de estados africanos han mantenido expectativa de que la desnacionalización masiva sea revocada, y se dice que prestos a declarar boicots contra la República Dominicana, bajo acusación de discriminación racial y apatridia. Todo lo que puede esperarse será dañino para la imagen de un país muy dependiente del turismo, remesas, la inversión y el crédito internacional. Situarse fuera del derecho internacional implica riesgos.
Mandarla al Congreso. Las demandas internas para que el Gobierno evite denunciar la Convención y convertirse en paria de los derechos humanos, incluyeron esta semana a 36 organizaciones, y no son muchas más por temor al chantaje nacionalista pero la preocupación abarca a importantes sectores empresariales.
Frenando el derrotero de simple rechazo de la sentencia de la CIDH, el canciller Andrés Navarro anunció al comenzar la semana que el Gobierno había decidido iniciar una serie de consultas con los expertos constitucionalistas y en derecho internacional. Se sabe que varios de los más acreditados han sido ya escuchados y que fuera de los militantes en los grupos nacionalistas, hay consenso sobre la “orfandad jurídica” de la sentencia del TC.
En un panel realizado el miércoles en Teleantillas, los juristas Carlos Salcedo, Francisco Alvarez Valdez, Naseff Perdomo y Fernanda Frías coincidieron en declarar vergonzosa y carente de argumento la sentencia. Ellos, como antes Jorge Prats y Flavio Darío Espinal, señalaron que una salida para el presidente Medina, sin contradecir la sentencia del TC, podría ser enviar al Congreso la declaración de adhesión a la CIDH solicitándole una nueva ratificación.
Eso no sería del agrado de los radicales nacionalistas, pero remitiría el debate a un escenario legítimo y pluripartidista y el presidente no cargaría él solo con la responsabilidad de denunciar el sistema de derechos humanos con argumentos risibles.
Consultar a la misma CIDH. El punto 22 del dispositivo de la reciente condena de la CIDH da un plazo de un año al Estado dominicano a partir de su notificación para “rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma”, por lo que el Gobierno no tiene que precipitar ninguna decisión.
Tiene derecho incluso a apelar a la misma corte acogiéndose al artículo 67 de la Convención, que aunque plantea que el fallo de la corte es definitivo e inapelable, “En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretaría a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la notificación del fallo”.
Con ratificar que se estudia la situación y pedir la consulta, que podría incluir la pregunta de si es posible desconocer la corte sin denunciar la Convención, se ganaría tiempo y el Gobierno podría desplegar una estrategia destinada a buscar apoyo para ver con frialdad las consecuencias de la ruptura y de un “ilícito internacional”, como lo calificó el exembajador ante la OEA Roberto Alvarez, que generaría por lo menos aislamiento.
Si en el ínterin se decide cumplir la Ley 169-14, entregando las actas de nacimiento retenidas ilegítimamente, podría fortalecerse la posición de que el Estado trata de evitar la apatridia. En organismos internacionales hay desconcierto porque a seis meses de promulgada esa ley apenas un puñado de los desnacionalizados han recibido sus documentos.
Para todo eso se precisa un mayor protagonismo presidencial, por ejemplo para persuadir a la Junta Central Electoral para que acate definitivamente la ley que dispone la entrega de las actas de nacimiento y cédulas a los hijos de inmigrantes irregulares que no hayan sido responsables de falsificación de documentos, que son la inmensa mayoría.
Si Danilo Medina quiere seguir gobernando sin contradecir a los ultranacionalistas, no tiene ninguna opción que no sea cargar con la responsabilidad histórica de denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos y dejar a la sociedad dominicana sin ese recurso.
LA CLAVE
Sobre la JCE
Se precisa un mayor protagonismo presidencial para persuadir a la Junta Central Electoral para que acate definitivamente la ley que dispone la entrega de las actas de nacimiento y cédulas a los hijos de inmigrantes irregulares que no hayan sido responsables de falsificación de documentos.
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.Análisis Noticiosos
La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.
Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.
Por la redacción
La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.
Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.
Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.
En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.
Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana
El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.
La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.
Por eso, puede existir una aparente reducción de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.
El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.
En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.
Los robos siguen siendo parte importante del problema
Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.
En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.
Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.
Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.
La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..
El reto no es solo detener, sino prevenir
Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.
La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.
Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.
Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.
También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.
La confianza ciudadana es parte de la seguridad
Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.
Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.
La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.
Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.
Una realidad con dos caras
Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.
Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.
Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.
La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.
El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles
La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.
Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.
Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.
Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.
Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.
La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.