Por Elba García

 El problema del tránsito en la República Dominicna a primera vista podria parecer un asunto de movilidad, caracterizado por tapones interminables y motocicletas que circulan entre vehiculos, pero todavía peor, conductores que irrespetan los semáforos, carros estacionándose en doble fila, transporte público que se detiene en cualquier lugar y peatones obligados a disputar las calles con automóviles.

Lo preocupante del fenómeno es que se vuelve permanente, tolerado y prácticamente normal, lo cual lo convierte en un problema que deja de ser únicamente de tránsito para convertirse en una cuestión de seguridad.

Entonces, desde esta perspectiva surge una interrogante mucho más profunda: ¿Puede el desorden persistente del tránsito urbano ser una manifestación de incapacidad estatal y uno de los síntomas que permiten hablar de fragilidad o incluso de fallas del Estado?

La verdad es que el país presenta características de un “Estado fallido” cuando no está en capacidad de controlar el tránsito, el cual es definitivamente caótico, lo cual se traduce técnicamente hablando en fragilidad estatal.

Pero el análisis tiene que ser mucho más amplio y necesariamente hay que relacionarlo con la capacidad de las instituciones públicas para ejercer autoridad, prestar servicios, garantizar derechos, contener conflictos y responder a las presiones sociales, económicas y políticas.

El Fragile States Index, por ejemplo, analiza 178 países mediante 12 grandes indicadores y numerosos subindicadores para determinar cuándo las presiones que enfrenta un Estado comienzan a superar su capacidad institucional de respuesta y el tránsito ofrece una muy extraordinariamente reveladora, ya que permite medir la capacidad del Estado a simple vista mediante el tránsito vehicular.

En este contexto, debe destacarse que la primera función del Estado es proteger, una de cuyas obligaciones esenciales es garantizar seguridad, lo cual tiene un alcance mayor que perseguir delincuentes.

También supone crear condiciones mínimas para que una persona pueda trasladarse de un punto a otro sin que su vida dependa de la imprudencia de terceros, de la suerte o de la capacidad individual para defenderse dentro de un sistema desorganizado.

Por ejemplo, una avenida es un espacio público, una intersección por igual, así como una acera y quien tiene la responsabilidad última de garantizar que esos espacios puedan utilizarse de manera ordenada, segura y conforme a la ley es el Estado.

Por eso, cuando una motocicleta puede circular en vía contraria; cuando un conductor atraviesa una luz roja; cuando una acera se convierte en parqueo; cuando una parada improvisada paraliza una avenida y cuando esas conductas se reproducen diariamente sin consecuencias suficientes, el problema trasciende al ciudadano infractor.

De esa manera, la pregunta que continúa frente al problema es ¿Dónde está la capacidad coercitiva del Estado para hacer cumplir su propia norma?

Cuando la ley existe, pero no manda como la 63-17 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, amén de que también cuenta con el Intrant y la Digesett,  deja claro que no hay ausencia formal de legislación ni de estructuras estatales.

Todo indica que el desafío aparece en la distancia entre tener una norma y conseguir que la misma gobierne realmente la conducta de la población, entonces se está frente a un derecho escrito, pero que no se aplica, lo que habla de la fortaleza del Estado.

Un Estado efectivo no es simplemente aquel que promulga muchas leyes, sino el que puede anticipar razonablemente que las normas sean aplicadas, lo que no ocurre en la República Dominicana, donde el transito tiene un desorden generalizado y jerarquizado.

Si una persona entiende que conducir en vía contraria, cruzar un semáforo en rojo, estacionarse sobre una acera o conducir sin determinadas condiciones de seguridad tendrá escasas probabilidades de producir una consecuencia, comienza a deteriorarse el poder disuasorio de la norma.

La violación deja entonces de percibirse como excepción y termina convirtiéndose en una dimensión delicada en materia de seguridad y en un comportamiento social normalizado.

De manera que, en determinados espacios urbanos, la circulación termina funcionando bajo una especie de negociación permanente del poder, ya que no siempre avanza quien tiene el derecho de paso, sino quien se impone como la motocicleta que crea su espacio o el transporte que ocupa el carril o el vehículo que bloquea la intersección.

Cuando la regulación formal es sustituida por la capacidad individual de imponerse, se produce una especie de privatización informal del espacio público y esa señal representa un cuestionamiento a la autoridad estatal.

Porque una de las características fundamentales de un Estado funcional es que las reglas sustituyen a la fuerza individual, ya que el ciudadano no debería imponerse para ejercer su derecho, dado que se supone que debería bastarle la existencia de una regla común.

Todo ello indica que la seguridad vial es seguridad pública y durante demasiado tiempo los siniestros de tránsito han sido tratados como un problema distinto de la seguridad ciudadana, pero morir en una calle constituye una pérdida de vida independientemente de que el responsable sea un delincuente armado o una conducta vial peligrosa.

El Banco Mundial ha advertido que la mortalidad vial dominicana se encuentra entre las más elevadas del mundo.

 En un diagnóstico publicado en 2024 señaló una tasa cercana a 35 muertes por cada 100,000 habitantes, más del doble del promedio regional, y recomendó reforzar la fiscalización, la coordinación institucional, el control de motocicletas, la revisión técnica vehicular y el transporte público.

Este dato cambia completamente cualquier percepción, porque ya no se trata de un problema solo de tapones, sino de vidas humanas, de personas que salen de sus casas y no regresan, de familias que pierden proveedores económicos, de muchos que quedan discapacitados, de hospitales que reciben traumatismos, de productividad perdida, de recursos públicos destinados a responder a consecuencia que, en una parte importante, podrían prevenirse.

Otra pregunta que se cae de la mata es donde está el Estado cuando la infracción es generalizada y masiva

En septiembre de 2026, el INTRANT y la DIGESETT informaron que intensificarían los operativos contra motociclistas que violaban luces rojas, realizaban cruces indebidos o circulaban sin casco protector en el Gran Santo Domingo.

Las propias autoridades describieron estas conductas como factores capaces de provocar siniestros.

Anteriormente, durante los primeros meses de 2026, la DIGESETT reportó 16,386 fiscalizaciones a vehículos pesados y 1,292 retenciones por diferentes violaciones de la normativa de tránsito, lo cual parece demostrar que existe una respuesta institucional, pero que los resultados no dejan de ser desastrosos.

Independientemente de las anunciadas acciones del Estado, luce que el mismo no existe o opera con un nivel de deficiencia que lo ubica en uno fallido o no viable

Se percibe una gran diferencia entre un Estado que realiza operativos y otro que consigue establecer orden.

Otro detalle importante es el fracaso de la prevención, dado que la seguridad moderna puede depender únicamente de castigar después de ocurrida la tragedia, lo que se ubica en el contexto de la expresión popular dominicana de que el dominicano le pone candado a la casa después que le roban.

Es importante que se entienda que cuando un conductor sabe que probablemente podrá infringir una norma sin consecuencia, la prevención falla, así como también puede decirse que igual cosa ocurre cuando existen vehículos que circulan en condiciones mecánicas inadecuadas.

Si un sistema de transporte genera puntos permanentes de desorden, la prevención falla y también ocurre cuando la infraestructura constituye un riesgo

El propio Banco Mundial encontró que aproximadamente 78 % de los principales corredores evaluados en el país presentaban condiciones de infraestructura consideradas inseguras, señalando problemas relacionados con mantenimiento, señalización y calidad vial, lo que demuestra que no toda la responsabilidad del problema debe atribuirse al conductor, sino más bien a lo institucional.

Sólo puede existir un sistema seguro cuando simultáneamente hay educación, fiscalización, infraestructura, mantenimiento, señalización, tecnología, planificación urbana y consecuencias efectivas frente al incumplimiento.

Cuando una sola pieza falla, el sistema se debilita, pero cuando ocurren  varias al mismo tiempo, el ciudadano comienza a percibir que no existe verdaderamente un sistema.

Un agente de tránsito no puede estar en cada esquina, pero se observa que cuando en muchas intersecciones está presente un policía, las infracciones se reducen 

La verdadera capacidad institucional surge cuando la combinación de educación, vigilancia, tecnología, sanción y cultura de legalidad provoca que el ciudadano comprenda que la norma continúa existiendo, aunque no haya un agente delante.

Cuando para garantizar el cumplimiento elemental se necesita permanentemente la presencia física de la autoridad, existe un problema estructural.

El monopolio del Estado moderno consiste en  su capacidad de ejercer autoridad legítima dentro de su territorio.

En términos prácticos, significa que las reglas públicas deben prevalecer sobre las decisiones particulares.

Pero cuando una calle funciona según la regla informal de “pasa quien puede”, esa autoridad comienza a diluirse.

La cuestión podria implicar  que el Estado ha perdido territorialmente el control del país.

Porque cuando en determinados espacios cotidianos puede producirse una erosión de la autoridad práctica, ello indica que el pais camino mal.

Entonces se podría hablar perfectamente de un “Estado fallido”, sobre todo cuando la misma debilidad se observa de forma integral como ocurre en la República Dominicana.

La normalización del desorden es un riesgo muy peligroso, máxime cuando la sociedad se acostumbra a ella.

Cuando una sociedad se acostumbra a que los vehículos atraviesen semáforos en rojo, que las motocicletas invadan espacios peatonales, que se bloquee una intersección o que el transporte se detenga indiscriminadamente, comienza a producirse algo más profundo como es que la ilegalidad se transforma en paisaje.

Y una vez que la ilegalidad se convierte en parte normal de la vida cotidiana, recuperar autoridad resulta mucho más difícil, porque la norma deja de considerarse obligación y pasa a interpretarse como recomendación.

Ese proceso tiene consecuencias más allá del tránsito, ya que la cultura de cumplimiento —o de incumplimiento— no necesariamente permanece encerrada en una avenida, sino que puede extenderse hacia múltiples dimensiones de la vida social.

En conclusión, un Estado también se mide en un semáforo, por lo que la crisis del tránsito urbano no se debe interpretar únicamente como un problema de movilidad, sino como asunto se seguridad, de salud pública, de institucionalidad y sobre todo de autoridad, así como del alcance del Estado de derecho.

Cuando existe una legislación que constantemente debe ser recordada mediante operativos extraordinarios; cuando miles de infracciones obligan a mantener campañas permanentes de fiscalización; cuando las carreteras registran niveles extraordinariamente elevados de mortalidad y cuando el ciudadano debe competir diariamente con conductas que ponen en peligro su vida, estamos ante fallas institucionales que afectan una de las obligaciones primarias del Estado: brindar seguridad.

Porque un Estado demuestra fortaleza no solamente cuando castiga un delito grave, sino también cuando consigue que millones de personas acepten diariamente una regla sencilla:

La calle pertenece a todos y la ley está por encima de quien tenga el vehículo más grande, conduzca más rápido o esté dispuesto a imponerse.

Y quizá allí resida la reflexión más importante:

Cuando el ciudadano siente que para sobrevivir en el tránsito debe defenderse por sí mismo porque la norma no consigue protegerlo suficientemente, el problema ya no es solamente vial, sino que es una cuestión de seguridad y de capacidad del Estado.

 Por Elba García

En República Dominicana, abrir un pequeño negocio puede comenzar con una idea, unos cuantos ahorros y el deseo de progresar.

Mantenerlo abierto, sin embargo, es otra historia.

Detrás de cada colmado, salón de belleza, taller, cafetería, pequeña tienda, empresa de servicios, fábrica artesanal o negocio familiar existe una estructura que genera empleo, mueve dinero en los barrios y sostiene a miles de familias.

Son las micro, pequeñas y medianas empresas.

Y aunque constituyen una de las principales columnas de la economía dominicana, para muchas de ellas sobrevivir significa enfrentar todos los días una carrera contra los costos, la falta de liquidez y las dificultades para financiarse.

EL PESO DE LAS MIPYMES

Su importancia no es marginal.

La Encuesta Nacional de MIPYMES 2022-2023 contabilizó unas 404 mil unidades empresariales, generadoras de alrededor de 3 millones 52 mil empleos. El MICM señala que el sector representa aproximadamente el 61.6% del empleo total y alrededor del 32% del Producto Interno Bruto.

Por su parte, los registros tributarios muestran la magnitud de su presencia dentro del empresariado formal.

La Dirección General de Impuestos Internos registró 275,950 MIPYMES en 2024, equivalentes al 98.5% de las empresas registradas consideradas en ese boletín.

De ese total, 232,459 eran microempresas, 35,327 pequeñas y 8,164 medianas.

Esto significa que cuando una pequeña empresa atraviesa dificultades, no estamos hablando simplemente del problema particular de un comerciante.

Estamos hablando de empleo, consumo, producción, impuestos y sustento familiar.

¿CUÁNTAS LOGRAN SOBREVIVIR?

Aquí aparece una de las cifras más reveladoras.

La Oficina Nacional de Estadística establece que durante 2025 sobrevivieron 109,192 empresas formales, equivalentes al 87.4% del stock de empresas activas de ese año.

La tasa general de supervivencia fue de 91.4%.

Pero cuando se observa el tamaño de las empresas, aparece una diferencia significativa.

Por cada cien microempresas activas en 2024, aproximadamente 90 continuaron funcionando en 2025.

La tasa de supervivencia de las microempresas fue de 90.2%.

En las pequeñas empresas alcanzó 96%.

Y en las medianas llegó hasta 98%.

Es decir, mientras más pequeño es el negocio, mayor parece ser su vulnerabilidad.

Y esa diferencia importa.

Porque una microempresa dispone generalmente de menos capital de respaldo, menos capacidad para absorber pérdidas y menores posibilidades de resistir varios meses de reducción en sus ventas.

EL COSTO DE MANTENER LAS PUERTAS ABIERTAS

El empresario pequeño no solo necesita vender.

Tiene que pagar alquiler.

Electricidad.

Nómina.

Seguridad Social.

Transporte.

Combustibles.

Impuestos.

Servicios tecnológicos.

Inventarios.

Materias primas.

Mantenimiento.

Y muchas veces tiene que reponer mercancías a precios superiores antes de haber recuperado completamente el dinero invertido en las anteriores.

Cuando esos costos aumentan, una empresa grande puede contar con reservas, negociar mejores precios con proveedores o acudir al financiamiento.

Una microempresa tiene mucho menos espacio para maniobrar.

Los datos internacionales más recientes también retratan parte del problema empresarial dominicano.

La Encuesta Empresarial 2025 del Banco Mundial identificó entre los obstáculos mencionados por las empresas las tasas impositivas, la competencia del sector informal, la electricidad, la disponibilidad de trabajadores adecuadamente preparados y el acceso al financiamiento.

La propia base del estudio muestra empresas que calificaron el acceso al crédito como un obstáculo moderado, importante o muy severo. La encuesta advierte, sin embargo, que los conteos de esa base no deben interpretarse directamente como porcentajes representativos de todas las empresas dominicanas.

EL CRÉDITO: NECESARIO, PERO CARO

El financiamiento constituye otro punto crítico.

Según el Monitor de Industria del MICM, durante el último cuatrimestre de 2024 la tasa de interés promedio aplicada a las MIPYMES fue de aproximadamente 17.2%.

Pero las microempresas pagaban más.

La tasa promedio para ellas alcanzaba 18.4%, frente a 16.9% para las pequeñas y 15.3% para las medianas.

Esto plantea una paradoja:

quien tiene menor capacidad económica puede terminar enfrentando un financiamiento proporcionalmente más costoso.

Y cuando un préstamo se utiliza no para ampliar una empresa, comprar maquinaria o innovar, sino para pagar nómina, alquiler, suplidores o deudas anteriores, el crédito deja de convertirse en una herramienta de crecimiento y puede transformarse en una extensión del problema de liquidez.

¿SIGNIFICA ESTO QUE NO EXISTEN PROGRAMAS DE CRÉDITO?

No.

Y esta precisión es importante.

El Estado dispone de mecanismos dirigidos al sector, aunque necesariamente  se  debe examinar el criterio del manejo de los mismos, porque generalmente hay favoritismos y se privilegia no  al más necesitado, sino al que mayores conexiones políticas tiene.

PROMIPYME informó que durante 2025 desembolsó más de RD$8,169 millones, impactando a 36,981 micro, pequeños y medianos empresarios.

Para junio de 2026, la institución informó que su cartera había alcanzado alrededor de RD$11,846 millones y que los desembolsos acumulados entre 2024 y junio de 2026 superaban los RD$19,800 millones.

PROMIPYME también ha ofrecido créditos alrededor del 12% anual y ha incorporado mecanismos como “Tu Firma es Tu Garantía” y nuevos modelos de evaluación crediticia.

El problema, por tanto, no puede resumirse diciendo que no existe financiamiento, pero de cualquier modo se debe determinar cómo se indica más arriba cuál es el criterio de la colocación o otorgamiento de los mismos.

Pero a la luz de los informes oficiales sobre financiamiento, la pregunta correcta es otra:

¿es suficiente, accesible, oportuno y adecuado para las necesidades de cientos de miles de pequeñas unidades productivas?

EL PROBLEMA DEL TAMAÑO

La vulnerabilidad se concentra precisamente donde está la mayoría.

De las 275,950 MIPYMES registradas por la DGII para 2024, 84.2% eran microempresas.

Y dentro de ese grupo, cerca del 59.7% estaba clasificado como microempresa de subsistencia.

Esto ayuda a explicar el fenómeno.

No estamos hablando únicamente de pequeñas compañías con oficinas estructuradas y capital acumulado.

Estamos hablando también de negocios que dependen diariamente de lo que venden para volver a comprar, pagar sus compromisos y sostener a sus propietarios.

En esos casos, una caída en las ventas, una avería, una factura elevada, una enfermedad, la pérdida de mercancía o varias semanas con poca actividad pueden convertirse en una crisis empresarial.

FORMALIDAD VERSUS SUPERVIVENCIA

Aquí surge otra contradicción.

El país necesita que los pequeños negocios se formalicen.

Pero formalizarse también significa asumir responsabilidades tributarias, laborales y administrativas.

Si el empresario formal compite al mismo tiempo contra unidades económicas que operan fuera de esos costos, aparece una desigualdad competitiva.

Por eso, formalizar no debe consistir únicamente en registrar una empresa.

Debe significar también crear las condiciones para que esa empresa pueda permanecer formal, crecer y generar empleos.

¿QUÉ NECESITAN LAS MIPYMES?

El desafío dominicano parece exigir algo más amplio que simplemente prestar dinero.

Se requiere financiamiento competitivo.

Pero también educación financiera.

Asistencia técnica.

Digitalización.

Acceso a mercados.

Compras públicas.

Innovación.

Capacitación empresarial.

Mecanismos de garantías.

Y políticas que permitan que una empresa pase de sobrevivir a crecer.

Porque prestar dinero a un negocio sin analizar su capacidad para producir, vender y pagar puede resolver una urgencia, pero no necesariamente garantiza su sostenibilidad, lo que no parece garantizar el Estado en esta materia.

Las MIPYMES dominicanas representan una paradoja económica.

Son pequeñas individualmente…

pero gigantes cuando se observa su impacto colectivo.

Generan millones de empleos y constituyen prácticamente todo el tejido empresarial del país.

Sin embargo, son precisamente las unidades más pequeñas las que presentan la menor tasa de supervivencia.

En 2025, mientras las medianas empresas, según estadísticas oficiales, alcanzaron una supervivencia de 98%, las microempresas se situaron en 90.2%.

Detrás de esa diferencia hay historias empresariales que merecen ser estudiadas.

Porque el gran desafío económico no es solamente conseguir que cada año nazcan miles de negocios.

Es lograr que puedan llegar al segundo año.

Al quinto.

Al décimo.

Que puedan contratar trabajadores.

Invertir.

Crecer.

Y transformarse algún día de micro a pequeñas, de pequeñas a medianas y, por qué no, de medianas a grandes.

Porque cuando desaparece una pequeña empresa no siempre cierra solamente un establecimiento.

Muchas veces desaparece un empleo.

Una fuente de ingresos.

Una inversión familiar.

Y quizás el proyecto económico de toda una vida, cuyo desenlace también implica un problema humano.

Es un problema que está presente todos los días sobre nuestras mesas con los productos agrícolas que consumimos como tomates, lechugas, ajíes, pepinos, plátanos, frutas, vegetales, entre otros.

Por Elba García

Estos productos son asociados con una alimentación saludable, pero detrás de cada uno de ellos existe una pregunta que pocas veces se hace el consumidor, como qué cantidad de pesticidas fue utilizada durante su producción y cuántas de esas sustancias podrían permanecer en el alimento que finalmente consumimos.

El uso de plaguicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas forma parte de la agricultura moderna, a los fines de combatir insectos, hongos, malezas y otras amenazas capaces de destruir plantaciones enteras.

Por tanto, el problema no está necesariamente en utilizar productos fitosanitarios autorizados, sino también en que el verdadero peligro aparece cuando se utilizan productos prohibidos en una sociedad sin controles eficientes y donde se aplican dosis superiores a las permitidas, se mezclan sustancias incorrectamente o no se respeta el periodo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

La Organización Mundial de la Salud advierte que los pesticidas pueden ser potencialmente tóxicos para los seres humanos y producir efectos agudos o crónicos dependiendo del producto, la dosis y la forma de exposición y ya en el país ha habido secuelas en este sentido.

El mayor riesgo comienza en el campo, donde los primeros expuestos son los propios trabajadores agrícolas, porque quien prepara el producto, quien llena una mochila de fumigación, quien aplica el químico, quien permanece dentro de la plantación y también las personas que viven cerca de áreas donde se realización las aplicaciones sufre una mayor exposición, especialmente cuando no utilizan correctamente guantes, mascarillas, ropa protectora y demás equipo de seguridad.

Según la OMS, entre sus posibles manifestaciones pueden encontrarse irritaciones de piel y ojos, mareos, náuseas, vómitos, dificultades respiratorias y alteraciones neurológicas, dependiendo de la sustancia involucrada y de la cantidad recibida, pero peor aún se corre el riesgo de padecer de enfermedades catastróficas como cáncer

La misma OMS señala que determinadas exposiciones elevadas o prolongadas a pesticidas pueden relacionarse, según la sustancia, con efectos además sobre el sistema nervioso, la reproducción y otros problemas de salud, las cuales en algún momento provocaron prácticamente una epidemia de cirrosis hepática en el país.

Sin embargo, no todos los pesticidas pueden colocarse bajo una misma categoría de riesgo, ya que cada sustancia posee características toxicológicas diferentes.

El problema abordado en este reportaje toma otra dimensión cuando los productos del campo llegan a la mesa del consumidor, lo que indica que el riesgo no termina necesariamente cuando concluye la fumigación.

Porque una parte de los productos utilizados puede permanecer como residuo en frutas, verduras, cereales y otros productos agrícolas, lo que motiva que haya los llamados límites máximos de residuos, conocidos como LMR.

Estos límites establecen cuánto residuo de una sustancia puede permanecer legalmente en determinado alimento, lo cual en la República Dominicana se dispone de una base oficial máxima de los mismos que contempla diferentes principios activos y los compara, entre otros parámetros, con estándares del CODEX Alimentarius, Estados Unidos y la Unión Europea.

La OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura evalúan periódicamente pesticidas y establecen parámetros científicos destinados a determinar niveles de exposición considerados aceptables para los consumidores.

En el informe conjunto correspondiente a 2025 fueron evaluados 38 pesticidas, incluyendo aspectos de toxicología y exposición alimentaria, lo cual permite establecer que la presencia de un residuo de pesticida en un alimento no significa automáticamente que ese producto es peligroso.

Realmente el riesgo depende de cuál sustancia está presente, y fundamentalmente, de su concentración y del nivel de exposición del consumidor, ya que el problema aparece cuando los residuos superan los límites de seguridad establecidos.

El principal desafío en esta materia ocurre cuando falla el control en muchos países agrícolas, porque no basta con establecer normas, dado que es necesario comprobar que realmente se cumplen.

Un sistema efectivo necesita vigilancia desde la importación y comercialización del pesticida hasta su utilización en la finca y además necesita de agricultores capacitados, y registros de los productos utilizados, lo cual no es tan fácil en el país por los bajos niveles de fiscalización y control del Estado.

De igual modo se imponen inspecciones, laboratorios, toma periódica de muestras, análisis de frutas y vegetales, control de los establecimientos que comercializan agroquímicos, a los fines de promover sanciones cuando se detecten prácticas que puedan poner en peligro la salud humana o el medio ambiente.

La propia Organización Mundial de la Salud sostiene que, debido a que los pesticidas son sustancias intrínsecamente tóxicas utilizadas deliberadamente en el ambiente, su producción, distribución y aplicación requieren regulación estricta, además del monitoreo periódico de residuos en alimentos y en el medio ambiente.

En República Dominicana no existe un marco de regulación y vigilancia de plaguicidas eficiente, pese a que en el 2024 el Ministerio de Agricultura dijo que actualizó disposiciones relacionadas con el registro de los mismos y reafirmó su responsabilidad de supervisar los productos que se formulan, comercializan, utilizan o aplican en territorio dominicano, procurando reducir los riesgos para la salud y el medio ambiente.

En la teoría, aunque no en la práctica, también existen programas oficiales para el monitoreo de residuos en frutas y vegetales nacionales e importados, pese a que el funcionario competente regularmente insiste en la existencia de control.

De cualquier modo, la interrogante al respecto debe versar sobre si son suficientes la vigilancia, la frecuencia de análisis, la capacidad de fiscalización y la educación de todos los productores para garantizar que cada producto agrícola que llega al consumidor cumpla con los niveles establecidos.

Pero si se profundizara la discusión sobre este particular, necesariamente habría que decir que, de acuerdo con un informe de monitoreo divulgado por el Ministerio de Agricultura fueron analizadas 1,188 muestras de frutas y vegetales, de las cuales el 97 por ciento se encuentra conforme con los parámetros técnicos utilizados, mientras que solo una proporción reducida presentó residuos que excedían los niveles establecidos.

De ser como lo plantea el órgano oficial y competente, entonces podría decirse por qué los controles son necesarios, porque cuando la mayoría de las muestras cumple, basta la existencia de productos fuera de los parámetros.

Hay otra realidad que preocupa y es cuando un producto sale del país hacia mercados internacionales, el mismo debe enfrentarse a controles establecidos por los compradores, como los Estados Unidos y la Unión Europea, quienes aplican limites específicos de residuos de pesticidas.

Otro informe que habría que determinar su efectividad es que el Ministerio de Agricultura dijo que reforzó en zonas fronterizas dominicanas medidas que incluían monitoreo de residuos de plaguicidas en productos destinados a exportación hacia Estados Unidos y Europa, lo cual plantea otra pregunta.

¿Debe existir el mismo nivel de vigilancia sobre los alimentos destinados al mercado dominicano que sobre aquellos destinados a la exportación?

La respuesta desde el punto de vista de la salud pública debería conducir a un principio fundamental:

el consumidor dominicano merece los mismos niveles de inocuidad y seguridad alimentaria.

También sería un error generar la percepción de que consumir frutas y vegetales representa automáticamente un peligro, aunque hay una gran diferencia de los productos destinados a la exportación y los que se comercializan en el mercado local.

Aunque la Organización Mundial de la Salud explica que la población general normalmente está expuesta a niveles mucho menores de pesticidas que los trabajadores que los manipulan directamente, el consumidor al final de la jornada resulta ser el más perjudicado por la existencia del elemento cuantitativo.

Además, la evaluación científica internacional busca precisamente establecer límites que permitan utilizar determinados productos agrícolas sin representar riesgos inaceptables para el consumidor.

El problema surge con el uso incorrecto.

Cuando se aplica más cantidad de la recomendada.

Cuando se fumiga demasiado cerca de la cosecha.

Cuando alguien utiliza sustancias no autorizadas.

Cuando los trabajadores manipulan productos sin protección.

Cuando se contaminan fuentes de agua.

O cuando los mecanismos de vigilancia no detectan a tiempo las irregularidades.

No obstante, también debe decirse que el consumidor también puede adoptar algunas medidas básicas, como la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de que se debe lavar adecuadamente frutas y vegetales, y, cuándo es apropiado para determinados alimentos, pelarlos.

Estas medidas pueden contribuir a disminuir ciertos residuos superficiales y otros contaminantes microbiológicos, pero algo debe quedar claro que la responsabilidad principal no puede recaer sobre quien compra los alimentos, porque debe entenderse que el consumidor no cuenta con un laboratorio en su casa, lo que imposibilita si una lechuga contiene determinado pesticida.

Es decir, que no puede determinar con mirar un tomate qué producto químico fue utilizado hace algunos días, pero esta inocuidad alimentaria depende fundamentalmente de controles anteriores a la comercialización.

El gran reto de la República Dominicana como un país con una importante actividad agrícola es que miles de familias viven de la producción de frutas, vegetales, arroz, plátanos, café, cacao, habichuelas y otros productos y que se hace necesario protegerla.

Pero también es necesario proteger a quienes trabajan la tierra y a quienes consumen sus productos, por lo que el problema debe trascender el debate del uso o no de pesticidas, sino qué productos se usan y en qué cantidades.

Además, ¿quién supervisa su aplicación?

¿y si se respetan los tiempos antes de cosechar?

¿con qué frecuencia se analizan los alimentos que llegan a nuestros mercados?

¿qué ocurre cuando un producto supera los límites permitidos?

¿se informa al consumidor?

Porque si bien es cierto que es de primer orden garantizar alimentos suficientes, también es fundamental que los mismos sean seguros, porque en una sociedad  donde cada día millones de personas consumen productos provenientes directamente de la agricultura, controlar adecuadamente los pesticidas no debe ser considerado solamente un asunto del campo, sino que se trata de un asunto de salud pública.

Es una cuestión ambiental.

Es un asunto de seguridad alimentaria.

Y, sobre todo, es una responsabilidad que comienza en la finca…

pero termina en la mesa de cada familia dominicana.