Santo Domingo, R.D.-Tras una lectura íntegra de los 413 artículos, que se tomó casi cinco horas, el Senado de la República aprobó en primera lectura el nuevo Código Penal Dominicano.

El anteproyecto de ley fue aprobado a unanimidad y de pie por los 23 senadores presentes en la sesión y se espera que sea aprobado en una segunda lectura el próximo martes por los senadores para luego enviar la pieza hacia la Cámara de Diputados para repetir el mismo procedimiento.

La aprobación sucedió luego de que la comisión bicameral encargada de estudiar el anteproyecto rindiera un informe favorable.

“La comisión bicameral estudió el contenido de la iniciativa y por su naturaleza concluyó que es una ley orgánica, en esta fusión, son incorporados principios penales modernos y con enfoque en la resocialización, en consonancia con el Código Procesal Penal. Entre estos principios se destacan el principio de proporcionalidad, de intervención mínima, lesividad y de humanidad, orientando así la legislación a la consecución de un Estado social y democrático de derecho. Asimismo, se fortalece la lucha contra la impunidad corporativa al reconocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Además, refuerza los delitos contra el Estado y la administración pública, creando barreras normativas para corrupción administrativa, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, entre otros”, reseña el informe leído por el senador Santiago Zorrilla, quien fungió como presidente de la comisión.

Integración del cumulo de penas

El nuevo código integraría la figura del cúmulo de penas por el cual a un mismo individuo se le puede sentenciar tras ser hallado culpable en varios cargos en su contra; el cúmulo puede llegar hasta los 60 años de prisión.

Las causales están fuera

La despenalización del aborto en casos de violación, incesto y malformación congénita quedaron fuera de la pieza aprobada por los senadores; mientras que se mantuvo que la interrupción del embarazo asistida contemple un castigo de prisión de dos a tres años, como estaba estipulado originalmente en el anteproyecto.

El hecho que de las causales se quedasen fuera de la pieza que se discute en la Cámara Alta del Congreso Nacional, generó el rechazo de varios movimientos.

Uno de esos grupos fue el Movimiento de Mujeres Trabajadores (MMT) calificaron el anteproyecto de ley como «Código Penal de la vergüenza» y que el mismo representa un «retroceso disfrazado de modernidad».

Nuevas tipificaciones

Zorrila expuso que la modificación contiene 72 nuevas tipificaciones que la pieza promulgada en 1884 no preveía.

De los nuevos tipos penales señalados se encuentra el terrorismo, el sicariato, el genocidio, infracciones muy graves de guerra, infracciones de lesa humanidad, desaparición forzada de personas, feminicidio, feminicidio agravado, feminicidio conexo, violencia conexa en escenario feminicida, inducción al suicidio, cooperación al suicidio, daños con sustancias químicas.

Además del trato cruel inhumano o degradante, robo de identidad, robo de identidad agravado, perturbación telefónica, difusión de audio e imágenes sin consentimiento, divulgación de información secreta, captación y uso de datos personales, estudios genéticos sin consentimiento, manipulación ilícita de genes, fecundación de óvulos para fines distinto para la procreación, reproducción asistida no consentida, actividad sexual no consentida.

De igual manera, se castigaría la participación de grupos en infracciones muy graves de guerra, negligencia o imprudencia en el control de los subordinados, atentado imprudente contra la vida, responsabilidad de persona jurídica por atentado culposo contra la vida, bullying, bullying agravado, operaciones comerciales con niños y adolescentes, responsabilidades de persona jurídica que provocan incapacidades con más de 60 días, entre otras.

Presentarán modificaciones

El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, manifestó que durante la segunda lectura estarán sometiendo una modificación a la propuesta de articulo 393 que habla de “los atentados a los intereses fundamentales de la nación”.

“El vacío que hemos identificado es que sí bien está tipificado, no tiene la pena que se debería de dar luego de cometidos esos delitos”, expresó Fernández quien agregó que en caso de que se encuentren otros vacíos entre ahora y el momento de la segunda lectura, procederán a someter esas modificaciones.

Tras la participación de Fernández, el senador Moisés Ayala manifestó que por igual estaría sometiendo una modificación, aunque no especificó sobre que o cual articulo lo haría.

Durante su participación, el representante de Barahona en el hemiciclo manifestó que, aunque su posición personal es a favor de despenalizar el aborto en sus tres causales, cuando la vida de la madre corra peligro o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida fue necesario anteponer los intereses del país, ante los particulares.

En ese tenor, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, instruyó a los legisladores a leer de manera “profunda” el proyecto de ley de modo que al momento de la segunda lectura se presenten “todas las modificaciones necesarias para lograr el mejor código posible”.

Senadores se regocijan

A pesar de esas sugerencias, Fernández destacó la labor de los senadores y de los miembros de la comisión bicameral, en aprobar una “necesaria” modificación al Código Penal.

En la misma actitud del vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo, se expresaron los senadores Rogelio Genao, Cristóbal Venerado Castillo, Franklin Romero, entre otros.

Consenso con los diputados

Los senadores manifiestan que están confiados en que la pieza será aprobada sin mayores imprevistos por la Cámara de Diputados ya que la misma fue aprobada de manera “unánime” por una comisión bicameral de la cual 21 representantes de estos eran parte.

Durante la lectura del anteproyecto de ley, el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, se hizo presente en el hemiciclo por un espacio de alrededor de una hora.

Lo que sigue

En la sesión del martes, los senadores esperan aprobar el nuevo código en segunda lectura para que luego este pase a manos de los diputados; en caso de que los legisladores de la Cámara Baja no realicen ninguna modificación a la pieza aprobada por los senadores, el anteproyecto sería enviado al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.

La meta de los legisladores es lograr que el nuevo código sea aprobado antes del cierre de la actual legislatura el 26 de julio.

SANTO DOMINGO.-Continúa la presentación de testigos por parte del Ministerio Público en el juicio que se les conoce a los implicados en el caso Coral, los cuales han aportado pruebas del supuesto esquema de lavado de activos y adquisición irregular de bienes por parte de Adán Cáceres Silvestre y los demás acusados.

El documento precisó que durante la audiencia fueron escuchados este martes varios testigos que aportaron datos clave sobre la operatividad financiera y la utilización de estructuras religiosas, sociales y comerciales para encubrir fondos ilícitos.

Entre los testigos, figuran representantes de la Iglesia Bautista Vida Eterna, quienes admitieron haber recibido RD$9,000,000.00 de parte de Cáceres, de los cuales solo devolvieron RD$1,000,000.00 mediante depósitos a Julio Camilo de los Santos Viola.

Asimismo, el representante de la empresa Saramago SRL confirmó que vendió un apartamento a Epifanía Peña Lebrón, pero posteriormente se le solicitó que el contrato final se hiciera a nombre de Único Real State e Inversiones, empresa representada por Rossy Guzmán Sánchez, conocida como “la Pastora”.

Otro testigo, Harmiton Luna, declaró que vendió apartamentos en la torre Harianex XIII a Adán Cáceres y a Julio Camilo de los Santos Viola. A través de la documentación incorporada al proceso, se comprobó que De los Santos Viola realizó los pagos en dólares estadounidenses.

El Ministerio Público incorporó pruebas documentales y periciales que refuerzan su teoría del caso y evidencian cómo los imputados utilizaron estructuras religiosas, sociales y empresariales para encubrir el origen ilícito de los fondos.

La audiencia presidida por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo,  continuará el próximo martes 15 de julio, con la presentación de nuevos testigos por parte del Ministerio Público.

Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Publico desmantelo mediante la Operación Búfalo NK una red internacional de narcotráfico que operaba en Colombia, Puerto Rico Rico y Republica Dominicana, entre cuyos nueve integrantes todos se han declarado culpables de los cargos formulados en su contra.

De los imputados, cinco fueron condenados este miércoles mediante procedimientos abreviados, tras admitir su responsabilidad penal en los hechos presentados por los fiscales Jonathan Pérez Fulcar y Miguel Collado, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.Los otros cuatro esperan que un tribunal valide sus acuerdos.

La decisión fue adoptada por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien acogió la solicitud del órgano acusador.

Según la Procuraduría General de la República, la contundencia de las pruebas presentadas motivó que los procesados aceptaran su culpabilidad en los delitos graves imputados

José Antonio Toribio fue declarado culpable de violar múltiples artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, relacionados con tráfico ilícito, lavado de activos y asociación criminal, así como del Código Penal.

Fue condenado a cinco años de prisión, de los cuales deberá cumplir ocho meses, con cuatro años y dos meses suspendidos, y deberá pagar una multa de 50,000 pesos.

Juan Bolívar Hernández también admitió su responsabilidad en los delitos de tráfico internacional de drogas, lavado de activos y asociación de malhechores. Fue sentenciado a cinco años de prisión, con suspensión de dos años y seis meses, y cumplirá el resto en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe, de Puerto Plata.

El tribunal ordenó, además, el decomiso de 290,000 pesos dominicanos, 1,700 dólares y 50,450 pesos adicionales.

Robert Nicolás Acosta Adames fue condenado por los mismos delitos a siete años de prisión, de los cuales cumplirá tres años y seis meses, y el resto fue suspendido. Deberá pagar una multa de 50,000 pesos y cumplirá su condena en el CCR San Felipe de Puerto Plata.

Severiano Núñez Pichardo, igualmente vinculado a la red, fue sentenciado a cinco años de prisión, con tres años y nueve meses suspendidos, por lo que deberá cumplir un año y tres meses en prisión, además de una multa de 50,000 pesos.

Maritza Flete Santana fue condenada por violar el artículo 66 de la Ley 631-16 sobre armas de fuego, recibiendo una pena de tres años de prisión totalmente suspendidos, una multa equivalente a 25 salarios mínimos y el decomiso del arma incautada.

• La lectura íntegra de la sentencia fue programada para el 30 de julio de 2025.

Esta operación fue ejecutada en septiembre de 2024 por el Ministerio Público, en colaboración con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio de Defensa, agencias de inteligencia, la DEA y el Comando Sur de los Estados Unidos.

La red desmantelada operaba entre Colombia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Europa, utilizando embarcaciones para el tráfico internacional de drogas, con el objetivo de obtener millonarias ganancias ilícitas.

Un total de 10 personas fueron procesadas como parte de esta operación. De ellas, nueve han alcanzado acuerdos con el Ministerio Público, lo que, según la Procuraduría, refleja la solidez de la investigación y el compromiso de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico transnacional.