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Discurso de Abinader con muchas promesas y la exhibición de pocas realizaciones, sin que se sepa de donde saldrá su financiamiento.
El presidente Luis Abinader pronunció un discurso que se podría calificar de grandilocuente y con aparente buenas intenciones, pero carente de un horizonte claro ante un país con una economía gravemente afectada por la corrupción y la pandemia de la Covid-19.
Abinader recurrió al mismo recurso de los pasados gobernantes de hablar de tantas cosas que cuando uno aterriza se choca con la realidad de que todo se queda en el marco del interés del mandatario de desarrollar un plan, sobre todo de construcciones, que no parece tan fácil de que se pueda lograr a menos que no sea con una nueva reforma fiscal o mediante un mayor endeudamiento externo.
En el curso de su discurso también se habló de la modificación de la Ley de Hidrocarburos, lo cual está por verse en virtud de los intereses que se mueven alrededor de la misma e incluso no se sabe hasta dónde pueda ser posible cuando el Gobierno en vez de disminuir sus ingresos procura aumentarlo y esa legislación coloca unos impuestos a los combustibles que les da un respiro a las autoridades.
Lo otro que se mencionó, aunque no lo hizo el presidente Abinader, sino el senador Eduardo Estrella, es la reforma de la Ley 8701 que crea el Sistema de Seguridad Social, lo cual se interpreta como una demagogia en virtud de los tantos intereses que convergen en las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y las de Fondos de Inversiones, lo cual habría que ver hasta dónde sea posible.
El Gobierno, que rindió cuentas en el Congreso Nacional, está en medio de situaciones muy delicadas si se parte del hecho de que ya han sido varios los escándalos de corrupción y las dudas generadas, principalmente, con la destitución del Ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, quien ha dicho que ha sido víctima de una campaña de descrédito por parte de sectores que quieren repartirse el presupuesto de esa cartera.
En lo que respecta a su denuncia se puede colegir entonces que el presidente Abinader responde a los grupos que provocaron su destitución, lo que deja una incógnita que se ventilará en los medios de comunicación durante un buen espacio de tiempo.
Se impone preguntarse cuál de los envueltos en esta confrontación tiene la razón, quién habla la verdad de lo ocurrido, ya que Plutarco Arias fue despojado antes de ser destituido hasta de la facultad de comprar medicamentos en razón de que esa responsabilidad fue transferida al Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE).
La situación planteada se constituye en un dolor de cabeza para el actual Gobierno porque son dudas que no se ve claro como podrán ser despejadas, porque se sabe que la actual administración perremeísta ha sido tomada por sectores que les interesa más el dinero que el bienestar de la sociedad.
Pero también se sabe que muchos funcionarios ponen por encima la búsqueda de dinero, aunque sea mediante la corrupción, lo que no se sabe si ha ocurrido en la destitución de Arias, sobre cuyos detalles no habló el presidente Abinader.
Otro tema de gran interés que abordó el presidente fue en lo referente a la instalación de una verja en la frontera para evitar la inmigración ilegal de haitianos, cuya intención podría ser realizable, pero habría que ver si la comunidad internacional la ve con buenos ojos.
Un tema tocado por el presidente en su discurso fue el referente al llamado peaje Sombra, el cual cuenta con un contrato hasta el año 2038 con un alto costo para el Gobierno dominicano y cuya rescisión constituiría un motivo más que suficiente para que la decisión sea discutida en un tribunal internacional con grandes posibilidades de que el país sea multado.
Ante cualquier consideración del discurso de Abinader, el mismo se inscribe en lo que se tiene acostumbrado al dominicano de recibir muchas promesas en esta fecha, pero cuya mayoría es incumplida.
Una cosa que se puede calificar como una exageración es asegurar que el 80 por ciento de la población estará vacunada contra el coronavirus a finales del mes de junio cuando el promedio de inmunización no pasa de 25 mil personas por mes. El mandatario en una ocasión anterior había asegurado que la pandemia estaba controlada en el país, lo que contribuyó al aumento de los contagios provocados por el patógeno.
Sin embargo, este 27 de febrero el presidente Abinader ha logrado pronunciar un discurso, que aunque nadie tiene la certeza de si cumplirá o no con lo prometido, el mismo ha estado lleno de un buen manejo escénico y con un contenido que se puede calificar de bueno.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.