Editorial
El Distrito Judicial de Santiago, una negación del estado de derecho y de la democracia.
Desde hace muchos años que el Distrito Judicial de Santiago tomó el camino equivocado con relación a la preservación de una buena administración de justicia, el estado de derecho y la democracia.
Ha habido una forma de manejar la justicia como si fuera un trapo sucio en el que los tribunales distorsionan lo que se podría llamar un buen derecho, una buena administración de justicia y el respeto a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
El problema parece que comienza a enfrentarse por parte del Consejo del Poder Judicial, pero todavía falta mucha tela por donde cortar, porque la remoción de una serie de jueces de primera instancia no constituye una panacea a un problema sumamente grave que estimula la vía de hecho y la falta de credibilidad en el sistema de justicia.
Sin embargo, debe admitirse que este problema luce ser más grave en Santiago que en cualquier otro distrito judicial de la nación, dado que los jueces de la segunda ciudad en importancia del país han decidido tomar para sí la interpretación y violación de las normativas jurídicas.
Este periódico ha planteado en más de una ocasión que la práctica de violar la ley en las sentencias emitidas en los tribunales de Santiago obedece a varias razones, ineptitud, negligencia o sencillamente complicidad.
No se puede atribuir un asunto tan delicado a un capricho, sino a un compromiso con una de las partes que participan en una litis, porque en realidad la explicación no puede ser otra.
Por ejemplo, que podría buscar el juez Henrry Domínguez, removido presidente de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de Santiago, con la emisión de un auto de designación de una sala para que fije una audiencia sobre un proceso de embargo inmobiliario que en el contexto del derecho no existe?
A caso podría decirse que este magistrado desconoce que con esa mala práctica violenta una normativa procesal que está claramente establecida en los artículos 690 y 715 del Código de Procedimiento Civil y que regula los embargos inmobiliarios.
Entonces, ahí no puede haber otra explicación que no sea de que se está ante la figura de la prevaricación en contra de una de las partes, por lo que sorprende que si el Consejo del Poder Judicial investigó a fondo las andanzas de este magistrado haya decidido trasladarlo a juez de la Corte de Apelación.
O acaso este magistrado no sabe que cuando un supuesto título ejecutorio está argüido de falsedad hay un mandato de la ley a través del artículo 1319 del Código Civil que dispone que ese documento debe ser suspendido hasta tanto se desarrolle un proceso penal que consiste en la ventilación de juicio sobre la base de un falso principal.
Todos estos principios del derecho, incluida aquella regla de que lo penal deja en estado lo civil, parece que se le olvidaron al magistrado Henrry Domínguez, quien, según lo que se ha sabido, tenía una práctica común al margen de la ley, pero el asunto es mucho más delicado todavía porque como juez de los referimientos también tenía la facultad de conocer recursos constitucionales difusos como el de amparo.
De manera, que las remociones del Consejo del Poder Judicial deben implicar acabar con una asociación para la interpretación caprichosa de la ley, cuya anormalidad también afecta a la Corte de Apelación Civil, que parece ser parte del entramado de consciente distorsión, lo cual implica sustituir la función del legislador que es el único con la facultad de establecer o modificar en el país una normativa jurídica.
Por lo menos la profilaxis que necesita el Distrito Judicial de Santiago se ha iniciado y aunque las medidas tomadas no solucionan el problema, pero por lo menos envía un mensaje de esperanza de que el estado de derecho será reestablecido en los tribunales de justicia de una provincia tan importante y que aporta tanto al país.
Sólo falta esperar.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana