Economía
El dólar empieza a ceder, pero persisten las restricciones
Representantes del empresariado juzgan apropiadas, aunque «tardías», las medidas del BC
El mercado cambiario sufre de volatilidad.
SANTO DOMINGO. La acelerada tendencia alcista que en los últimos días ha experimentado el tipo de cambio del dólar que llevó la tasa de cambio a niveles de RD$43.10 por US$1, ayer jueves comenzó a ceder, y la compra de US$1 se cotizó a RD$42.45, y la venta, a RD$42.98.
Esto, no obstante a que las restricciones a la venta de dólares vía ventanilla de los bancos permanece vigente en algunas de esas instituciones financieras, y en el mayor de los casos, la cantidad permitida para la compra era de US$5,000, según monitoreo realizado por DL entre bancos y entidades de intermediación financiera.
La respuesta del mercado llega un día después de que el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, anunciara un conjunto de medidas para intervenir el tipo de cambio, y evitar que su volatilidad se tradujera en los precios de los productos, aumentando la inflación.
Las medidas anunciadas, se recuerda, consistieron en un aumento de la tasa de interés de referencia,la colocación de certificados para la regulación monetaria y el uso de las reservas internacionales.
Reacciones
Las reacciones de analistas económicos y representantes de sectores productivos han sido variadas. Algunos califican las medidas como tardías. Otros estiman que llegaron a tiempo. Sin embargo, donde todos concuerdan es en que son dolorosas e impactarán la economía. La mayoría de las reacciones surgieron ayer, durante un evento organizado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) realizado en el hotel El Embajador.
La vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, indicó que el Gobierno no tenía otra opción que tomar ante el nerviosismo del tipo de cambio.
Advirtió la desaceleración que tendrán los ajustes en la economía, «que ya venía sintiendo niveles de crecimiento muy bajos, y en algunos sectores decrecimientos, como el caso de la industria, donde las ventas habían caído un poco».
«Es una medida prudente para evitar que se incrementen los precios, pero hay que prepararse, porque no ha habido la reactivación que se supone que tendría las medidas que tomó el Banco Central con la liberación del encaje legal», indicó.
Antonio Cruz Rojas, presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresario (Conacerd) juzgó la medida de controlar la tasa del dólar como favorable, pero tardía.
«Se ha hecho justo en el momento en que la tasa del dólar se ha ido disparando, no obstante a que se está resolviendo un problema por un lado, es probable que se paralice el costo del crecimiento de la tasa de cambio, pero se va a constreñir más el circulante», declaró.
Sin embargo, Pedro Brache, presidente de la Cámara Americana de Comercio (AmchamDR) consideró que las medidas evitaron que los precios de los alimentos experimentaran alzas, «ya que muchas empresas estaban estudiando la posibilidad de aumentar sus precios en esta próxima semana, debido a que tenían que reponer inventarios que habían comprado en dólares de su materia prima para elaborar sus productos, y tenían que hacerlo ya con tasas muchos más altas de lo que habían presupuestado para su reposición de inventarios».
Más drástica fue la reacción de la Asociación de Jóvenes Empresarios (Anje), que en un comunicado, declaró que en los últimos tres meses el Banco Central tomó medidas que dieron prioridad al crecimiento económico sobre la inflación.
Por tanto, entienden que el cambio de esta prioridad, antes de que surtan efecto las medidas tomadas, «envía una señal descoordinada que afecta el clima de negocios y las decisiones de inversión».
Los exportadores integrados en la Asociación de Exportadores (Adoexpo), en voz de su presidente, Kai Schoenhals, estimaron que lo más importante debe ser evitar la desaceleración de la economía.
Y en la misma línea, el representante del sector construcción, Fermín Acosta, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda (Acoprovi), mostró preocupación, al explicar que, aunque necesarias las medidas, el Gobierno tiene que evitar que las distorsiones frenen el ritmo de la economía, especialmente el del sector que representa que tuvo una participación especial en los fondos del encaje legal liberados recientemente, pero que, según explicó, no se llegó a sentir en la totalidad del sector. Por ende, pudo ser mayor.
Economistas de partidos recomiendan austeridad
Economistas de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC) recomendaron al gobierno aplicar austeridad en el gasto corriente para frenar el alza del dólar.
El presidente de la comisión económica del PRD, Iván Rodríguez, afirmó que las medidas adoptadas por el Banco Central como orientación de la política cambiaria crean distorsiones en los sectores productivos del país, además de que la institución monetaria debilita sus niveles de reservas internacionales netas, cuando una proporción de ellas, como los mil millones de dólares de los bonos soberanos colocados en marzo, están comprometidos con el financiamiento presupuestario.
Mientras, el exgobernador del Banco Central y vicepresidente del PRSC, Guillermo Caram, abogó por austeridad, y advirtió que la verdadera solución no está en seguir tomando correctivos monetarios a desajustes fiscales.
«Como consecuencia de los desajustes fiscales del gobierno, el Banco Central ha tenido que adoptar correctivos monetarios, eso es tolerable en un momento dado, en una coyuntura crítica del presente gobierno, porque ya el déficit pasado pasó», indicó.
Diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo aprovechó la reformulación del Presupuesto 2026 para redistribuir recursos entre instituciones, solicitar autorización para contratar hasta US$4,354.5 millones en préstamos e introducir cambios que amplían su capacidad de maniobra durante la ejecución del gasto público.
La propuesta de reformulación del Presupuesto General del Estado para 2026, sometida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, redistribuye miles de millones de pesos entre instituciones, incluyendo una reducción de 2,000 millones de pesos al Ministerio de Educación. Además, incorpora la autorización para contratar 23 operaciones de crédito público por 4,354.5 millones de pesos y otorga al Ejecutivo nuevas facultades para realizar ajustes presupuestarios.
El proyecto modifica la Ley 99-25, que aprobó el presupuesto vigente, con el argumento de que el desempeño de las recaudaciones permite aumentar en 40,978.3 millones de pesos tanto los ingresos como las apropiaciones de gasto. Como ambos conceptos crecen en la misma proporción, el déficit fiscal previsto para 2026 permanece sin cambios en RD$280,575.2 millones.
- Sin embargo, uno de los aspectos de mayor alcance es la reincorporación del artículo 71 de la Ley 99-25, mediante el cual se autoriza al Ministerio de Hacienda y Economía a concertar 23 operaciones de crédito con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la CAF, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y otras entidades financieras internacionales.
Las operaciones abarcan proyectos de agua potable y saneamiento, ampliación del Metro y el Monorriel de Santo Domingo, redes de transmisión eléctrica, modernización de centrales hidroeléctricas, infraestructura vial, sistemas de riego, desarrollo territorial, resiliencia climática y reforma del sistema penitenciario. En conjunto representan un monto de 4,354.5 millones de dólares.
El texto no establece las condiciones financieras específicas de esas operaciones. En todos los casos dispone que serán contratadas a una «tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana», sin detallar tasas, plazos, períodos de gracia ni el costo financiero estimado de cada préstamo.
Reducen fondos a Educación
La reformulación también reorganiza el gasto entre instituciones públicas. Entre las reducciones figura una disminución de 2,000 millones de pesos para el Ministerio de Educación, y montos menores para el de Turismo y Energía y Minas.
En sentido contrario, aumentan las asignaciones para la Presidencia de la República, Interior y Policía, Salud Pública, Obras Públicas, Agricultura, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y Economía y la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional.
Además del nuevo paquete de endeudamiento, el proyecto incorpora disposiciones que amplían la capacidad de actuación del Poder Ejecutivo durante la ejecución presupuestaria.
El artículo 10 autoriza al Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para la aplicación de la ley y realizar los ajustes derivados de la ejecución del presupuesto conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Presupuesto.
Santo Domingo, R.D.-El negocio fiduciario ha ganado espacio en la economía dominicana durante la última década. Detrás de proyectos inmobiliarios, inversiones, garantías y otros esquemas de administración de bienes opera una actividad que, de acuerdo con cifras de la Superintendencia de Bancos (SB), ya concentra más de medio billón de pesos en activos administrados.
Los datos disponibles en el portal de la SB muestran que cinco entidades fiduciarias administraban, al cierre de las fechas de actualización correspondientes a junio y julio de 2026, activos por RD$537,702.76 millones. En conjunto también manejaban 1,105 fideicomisos y empleaban a 385 personas.
Las cifras evidencian el tamaño que ha alcanzado este segmento financiero, cuya función no consiste en recibir depósitos o conceder préstamos, sino en administrar bienes y derechos que otras personas o empresas les confían mediante contratos de fideicomiso.
De acuerdo con la información de la Superintendencia de Bancos, Fiduciaria Reservas administra activos por RD$318,004.73 millones, equivalentes al 59.14% del mercado medido por activos administrados. La entidad reportaba 285 fideicomisos y una plantilla de 141 empleados.
Fiduciaria Popular ocupa el segundo lugar por activos administrados, con RD$100,699.88 millones, una participación de mercado por activo administrado de 18.73%; una participación de mercado por fideicomisos de 39.19%, 433 fideicomisos y 68 colaboradores.
Le sigue Fiduciaria La Nacional, con RD$64,257.70 millones bajo administración, una participación de mercado por activo administrado de 11.95%; participación de mercado por fideicomisos de 20.54%, además de 227 fideicomisos y 104 empleados.
Fiduciaria BHD registra activos administrados por RD$38,437.25 millones, equivalentes al 7.15% del mercado, junto con 108 fideicomisos y 54 empleados.
En tanto, FiduAPAP administra RD$16,303.20 millones, con una participación de 3.03%, además de 52 fideicomisos y una plantilla de 18 personas.
Mientras la distribución por activos presenta diferencias importantes entre las entidades, la participación cambia cuando el indicador observado es la cantidad de fideicomisos administrados. En ese caso, Fiduciaria Popular concentraba el 39.19% de los fideicomisos reportados por estas entidades, seguida por Fiduciaria Reservas con 25.79%, Fiduciaria La Nacional con 20.54%, Fiduciaria BHD con 9.77% y FiduAPAP con 4.71%.
Más que administrar dinero
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) define el fideicomiso como un acto jurídico mediante el cual una o varias personas entregan bienes o derechos a una entidad fiduciaria para crear un patrimonio separado que será administrado por esa entidad en beneficio de otra persona o incluso del propio fideicomitente.
Ese patrimonio separado es uno de los elementos centrales de esta figura. Los bienes transferidos al fideicomiso no pasan a formar parte del patrimonio propio de la fiduciaria, sino que permanecen independientes y deben administrarse exclusivamente conforme a las condiciones establecidas en el contrato.
La DGII explica que el fideicomiso no posee personalidad jurídica, aunque sí tiene la condición de contribuyente.
También señala que puede constituirse para cualquier propósito permitido por la ley, contiene bienes de cualquier naturaleza, se formaliza por escrito ante notario y dispone de un régimen de publicidad registral que permite hacerlo oponible frente a terceros.
En ese esquema, la fiduciaria asume la administración de los bienes, pero no adquiere la propiedad para fines propios ni puede utilizarlos en beneficio de sus administradores.
La legislación también establece obligaciones específicas para las fiduciarias. Entre ellas figuran mantener separados los bienes administrados de su propio patrimonio y del resto de los fideicomisos que gestionan, rendir cuentas al fideicomitente o al beneficiario cuando corresponda, administrar los bienes con prudencia, diligencia y cuidado, disponer de ellos únicamente conforme a lo establecido en el contrato y transferirlos a quien corresponda una vez se cumplan las condiciones pactadas.
Igualmente, las fiduciarias deben defender los bienes que administran, no pueden garantizar resultados o rendimientos de las inversiones, tampoco delegar sus funciones, apropiarse de los bienes fideicomitidos ni realizar actos en beneficio de sus propios administradores. Estas obligaciones buscan preservar la independencia del patrimonio administrado y garantizar que los recursos entregados por los fideicomitentes sean utilizados únicamente para los fines previstos en el contrato de fideicomiso.
La Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso contempla distintos tipos de fideicomisos.
Entre ellos se encuentran los fideicomisos de planificación sucesoral, utilizados para organizar la transmisión del patrimonio; los fideicomisos de inversión y los fideicomisos de inversión y desarrollo inmobiliario.
Lo que sí se puede hacer bajo la sombrilla de la ley
La normativa también permite crear otros tipos de fideicomisos, siempre que su objeto no contradiga las disposiciones legales vigentes.
En todos los casos participan al menos tres figuras principales. El fideicomitente, que aporta los bienes o derechos; la fiduciaria, encargada de administrarlos; y el beneficiario o fideicomisario, quien recibe los beneficios derivados del patrimonio fideicomitido o los bienes al finalizar el contrato, según las condiciones acordadas.
De acuerdo con lo explicado por la DGII, las personas jurídicas constituidas exclusivamente para fungir como fiduciarias deben registrarse e informar el inicio de sus operaciones. Asimismo, la legislación permite que bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos y otras entidades de intermediación financiera autorizadas por la Junta Monetaria puedan ejercer funciones fiduciarias.
Santo Domingo, R.D.-El Banco Popular Dominicano encabeza el crédito a las a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país, y se mantuvo como la entidad de intermediación financiera con el mayor saldo de créditos destinados a este sector.
La entidad cuenta con una cartera de RD$157,310 millones al cierre de abril de 2026, según el más reciente informe del Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano (SIMBAD) de la Superintendencia de Bancos (SB).
Este volumen de financiamiento a las mipymes representaba para ese momento el 40.8% de la cartera comercial total del Banco Popular. La cartera para el segmento mipyme en particular registró, además, un crecimiento interanual de 4.1% y contabilizó 59,600 créditos al período referido.
Estos resultados reflejan el respaldo sostenido del Banco Popular a las mipymes dominicanas y su rol como aliado financiero de un sector fundamental para la actividad productiva, la generación de empleos y el crecimiento económico nacional.
Según el informe “Financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” de la SB, las mipymes aportan un valor agregado equivalente al 32% del producto interno bruto (PIB) y generan alrededor de 3.05 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 61.6% del empleo total. Asimismo, representan el 98.5% de las empresas inscritas en el Registro Nacional de Contribuyentes, de acuerdo con datos de 2024 citados en el reporte. “Reafirmamos nuestro compromiso de continuar acompañando a las micro, pequeñas y medianas empresas dominicanas, apoyando sus proyectos, sus necesidades financieras y sus planes de crecimiento. Como aliados financieros de las mipymes, en el Banco Popular fortalecemos su capacidad de contribuir al desarrollo de una economía más dinámica, competitiva y sostenible”, afirmó Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular.
Popular impulsa el crecimiento de mipymes
El Banco Popular informó que continúa apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mediante soluciones financieras orientadas a cubrir sus necesidades de operación e inversión, fortaleciendo su competitividad y crecimiento.
Según la Superintendencia de Bancos, la entidad registró una tasa de interés acumulada de 11.7 % para este segmento a abril de 2026, una de las más bajas del sistema, con un índice de morosidad de 1.3 %.