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Es urgente oxigenar la democracia que corre a toda prisa para evitar quedar atrapada por el coronavirus.

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En la medida en que la gente   siente amenazada su vida por un asesino silente como el coronavirus debe también armarse de la prudencia que  reclama la circunstancia y también del valor necesario para que la democracia pueda continuarse su marcha hacia, aunque precariamente, su proceso de consolidación.

Este  camino  está determinado por la legalidad y legitimidad de los gobernantes como única garantía de que las medidas oficiales  que demanda el Covid-19 se puedan continuar en el marco del ordenamiento jurídico nacional y ambas exigencias se desprenden de unas elecciones que ya han sido programadas para el próximo 5 de julio en virtud de que fueron el resultado de la suspensión de las que debieron celebrarse el 17 de mayo del presente año 2020.

Es de sentido común que prácticamente no se puede hablar de otra cosa que no sea de la gran tragedia que implica para el país la pandemia, no solo por la cantidad de gente  que ha sido sorprendida por la muerte, sino también porque la enfermedad representa la eliminación, aunque sea transitoriamente, del elemento que le da más sentido a la existencia humana como lo es la vida social.

El Covid-19 ha sido tan cruel que no solo no ha dejado espacio ni siquiera para que se pueda velar a nuestros muertos, sino también para expresar en familia la tragedia que significa la perdida de un ser querido y recordarlo entre amigos, ascendientes y descendientes.

Sin embargo, pese a la tragedia de lo anteriormente narrado, el dominicano no tiene otra opción que como el mejor de los soldados que tiene la misión y la responsabilidad de continuar el combate en favor de su causa y al propio tiempo llorar cuando la circunstancia lo permita el compañero abatido por las tropas enemigas.

Ahora se impone condicionar nuestras mentes para dar la guerra electoral y terminar por el próximo cuatrenio el asunto comicial  para entonces seguir focalizado con un enemigo que tal vez dure un tiempo considerable con nosotros  en su ataque despiadado y cruel en contra de nuestra gente.

Las elecciones del 15 de julio son como una especie de una guerra en la que debemos tomar todas las medidas de precaución pertinentes para no darle la oportunidad al enemigo invisible que dé otro de los golpes mortales que sabe dar y entonces fortalecerse para que nos arrebate más almas inocentes.

Aunque en el caso de este enemigo nunca se sabe por dónde viene el ataque, pero si el dominicano se arma de una buena coraza para evitar que el impacto de la bala venenosa no tenga un blanco que nos arrebate otro de lo nuestro que solo procura la preservación de su entorno y de todo lo que le permite vivir apegado a la suyo.

El 5 de julio también es una especie de batalla de vida o muerte, no precisamente de la vida humana, sino de la institucional y de la democrática, sin cuya salvación se hace prácticamente imposible sobrevivir en época de la civilización y de la convivencia pacífica.

Ese día  podría iniciarse un proceso parecido al que sufren los seres humanos alcanzados por el coronavirus, que consiste en eliminar una función vital para preservar la vida como es el respiro, el cual queda tan precario para el que es atacado por la pandemia que prácticamente se vuelve imposible su sobrevivencia.

El aparato institucional dominicano está en cuidado intensivo y el votante, exactamente como lo ha hecho el médico que se ha lanzado a atacar el enemigo que mata sin que nadie lo vea, debe asumir la responsabilidad de sacar este paciente de una condición clínica que sólo  faltan algunos pasos para que muera.

El Estado y la democracia dominicana te llaman desesperadamente para que en medio del peligro, como cuando alguien está atrapado en una  crecida de un río y necesita un urgente auxilio, acuda a su salvación, que también implica un alejamiento de los riesgos  que representa para toda la nación un fallido intento electoral que podría constituir una condena a muerte del débil  aparato institucional.

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La partidocracia y sus torpezas con decisiones como el Código Penal que cuestiona idoneidad de democracia representativa.

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Por Elba García

El Código Penal es un conjunto sistematizado de normas jurídicas del derecho público interno que sanciona las infracciones, contempla las medidas de seguridad, seguimiento judicial, órdenes de protección y la responsabilidad penal, teniendo como principios fundamentales la protección de la persona humana y sus bienes, la preservación de la paz pública y del orden social, como garantía de la existencia de la Nación y del Estado.

Como se puede observar en sus enunciados el nuevo Código Penal es una herramienta de primer orden para la consecución de la armonía social y la conservación del estado de derecho, pero el  nuevo proyecto ya aprobado en el Congreso  constituye otra de la irracionalidad del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que forma parte de las estructuras partidarias tradicionales que incurren en grandes atropellos en  contra de la sociedad y que de alguna manera deja claro que su torpeza forma parte de la característica fundamental y común de la partidocracia.

El nuevo Código Penal permite ver el trasfondo de los partidos que lo han corrompido todo, no sólo los recursos del patrimonio nacional, sino también las leyes y todo el ordenamiento jurídico que rige a la sociedad, porque recurren al peor de los engaños no para mejorar, sino para quitarle credibilidad y justificación a la democracia.

Los errores de los que detentan el poder no consiste sólo en negar lo que es una corriente en la mayoría de los países del mundo, como las tres causales, sino de imponer mediante la ley de supuestos derechos que lesionan la dignidad humana, que se contraponen con el derecho internacional y que chocan con la propia Constitución.

En qué cabeza puede caber que los legisladores, cuya mayoría pertenece al PRM, pero que si fueran otros de sus iguales que gobernara no hubiera ninguna diferencia, porque esencialmente son todos parecidos, que buscan a través del nuevo Código Penal una impunidad y tolerancia con los delitos y el crimen que es un bochorno en cualquier nación relativamente civilizada.

Ello ocurre, por ejemplo, con el concepto aplicado a la violación sexual, la cual sólo se produce si ha habido penetración, pero no de otra forma y se tolera como si el país viviera todavía en los tiempos de las cavernas.

Otra aberración que se comete en el nuevo Código Penal es disponer que cualquier situación que se presente en el seno de los cuerpos castrenses del país debe conocerse en un tribunal administrativo militar, lo cual representa una negación de los avances que se producen en el mundo sobre el estado de derecho.

A pesar del que el nuevo Código Penal incorpora sanciones para figuras jurídicas que no tenían ninguna presencia en el mismo, como el sicariato, los feminicidios, entre otros, lo cierto es que el mismo es una representación del atraso a que está sometida la sociedad dominicana por la falta de raciocinio y por la torpeza de la partidocracia.

El nuevo Código Penal es una buena carta de presentación para que todo aquel que tiene una actitud beligerante con los que gobiernan tenga toda la legitimidad del mundo, porque sólo para los que no entienden que imponer esta norma representa una afrenta y una vergüenza  en contra de los sectores más pensantes de la sociedad.

Es tan grande la torpeza que el nuevo Código legaliza telera y permite la violencia física y psicológica en contra de la niñez, lo cual ya ha sido erradicado a través del derecho internacional, del que es signatario el país, lo cual no parece entender el partido de gobierno.

Sin lugar a dudas que este tipo de comportamiento de los legisladores, principalmente del partido oficial, es la mejor forma de auto agredirse y que el gobierno termine con la peor de la credibilidad, porque no dejan dudas que son iguales o peores de los que han sido sacados del poder por su mal comportamiento.

Lo grave del asunto es que los que hoy critican ese comportamiento de los legisladores de un partido que durante su campaña electoral prometió mejorar la democracia dominicana, pero que actúan como si no tuvieran memoria, hacen turno para que cuando asciendan al control del Estado repetir la misma historia, ya que su única agenda valedera y respetada es buscar fortunas a través del patrimonio del pueblo dominicano.

El nuevo Código Penal se ha encargado, a partir de la visión plasmada en él por los congresistas, de que la corrupción administrativa es una aberración a la que no están dispuestos a renunciar, cuando consignan que la misma prescribe a los veinte años, pese a que en todas las legislaciones del mundo ese delito o crimen no expira nunca, es decir, que es imprescriptible.

El comportamiento oficial frente al nuevo Código Penal no es la excepción, sino que esa conducta es encontrada en todas y cada una de las acciones del Gobierno, como muy bien se puede mencionar el endeudamiento externo, el clientelismo y otras tantas que no dejan dudas de que la nación está frente a gente que no ama el país, sino sus intereses particulares y personales.

Otro asunto con el que pueblo dominicano no se llevará sorpresa es con la llamada reforma fiscal, la cual es un instrumento de llevarle más sufrimiento al sector más vulnerable y pobre de la sociedad, ya que la tendencia es a que la carga impositiva vaya dirigida a sobrecargar a las grandes mayorías nacionales, mediante un régimen tributario regresivo y menos progresivo, que consiste en gravar el consumo en vez de las grandes ganancias que tienen grupos muy concretos de la sociedad.

En lo que respecta al nuevo Código Penal, ya aprobado por ambas cámaras, sólo queda que  pase al Poder Ejecutivo para que el mismo sea promulgado, observado o devuelto por el presidente Luis Abinader a las cámaras legislativas para su modificación, cuyo último recurso podría ser una arma del jefe de Estado a partir de que el PRM, que es un partido a la azar, sin una planificación estratégica, permite que cada legislador sea una isla aparte que plantea las cosas en función de su visión muy personal, pero que parece que el mandatario estimula ese tipo de desorden para al final quedar como el santo de la película, apoyándose en una demagogia  que habla muy mal de su persona.

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Descrédito arropa sistema de justicia de R.D por manejo inadecuado de la ley y desprecio por la doctrina y la jurisprudencia.

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Por Elba García

En los actuales momentos y desde hace décadas el sistema de justicia de la República Dominicana ha perdido prácticamente toda su credibilidad, cuyas decisiones de los jueces descansan en interpretaciones muy malas de la ley y en desprecio de la doctrina y la jurisprudencia.

El fenómeno se observa con mucha crudeza en los tribunales inferiores localizados en provincias en las que el Estado prácticamente desaparece, cuyas deficiencias trascienden el ámbito de la justicia y entran a una serie de órganos y entes oficiales.

En la realidad se produce una verdadera desarticulación del sistema de justicia, ya que incluso hay jueces que para emitir una sentencia se tardan hasta años en franca violación de la norma que los rige, pero que en virtud de la poca supervisión a que son sometidos por el Consejo del Poder Judicial los lleva a actuar como chivos sin ley.

El problema de la justicia dominicana descansa no sólo en la pobre institucionalidad que impacta a la nación, sino también a que no se observa una buena formación en aquellos que tienen la sagrada misión de impartir justicia.

En algunos lugares las cosas son peores que en otros, lo cual tiene su explicación en el hecho de que muchos de los jueces de los tribunales inferiores y de las propias cortes de apelación se creen emperadores con el soporte de la ignorancia que los aquella, cuya deficiencia provoca que ellos ignoren la doctrina y la jurisprudencia en sus fallos y al final generan un gran cumulo de trabajos en la Suprema Corte de Justicia como responsable de conocer en casación las decisiones equívocamente tomadas.

El cliché de los jueces es regularmente que si no se está de acuerdo con la decisión tomada que se recurra, pese a que los errores y la mala aplicación de la ley son prácticamente consuetudinaria, sin que nadie los someta a una rigurosa supervisión.

La nueva ley casacional busca controlar las travesuras de los referidos jueces, así como de una serie de abogados que ejercen la profesión con deslealtad procesal, temeridad y abuso de derecho, pero falta ver cuál es el efecto que surte la misma.

La realidad es que, aunque el principal propósito de la Ley 2-23 es disminuir la mora judicial, también crea los mecanismos para controlar, en la medida de lo posible, la emisión de sentencias que no sólo no se ajustan al mandato de la ley, sino también que no respetan lo que disponen la doctrina y la jurisprudencia.

Una razón de esperanza es el manejo desde la perspectiva constitucional de la mayoría de los casos que provienen de la justicia ordinaria a través de la figura de la revisión que es competencia del Tribunal Constitucional.

Pero el descrédito es tan grande del sistema de justicia que la gente prácticamente ha desistido de apoyarse en los tribunales ordinarios para solucionar cualquier conflicto y una buena parte de ella se inclina por la vía de hecho.

El problema en el ámbito judicial también debe verse como parte de las grandes fallas de que adolece la democracia nacional, la cual tiene falencias desde los aspectos electorales, de transparencia y de otros tipos que hace que la sociedad no la tome en serio.

El Tribunal Constitucional que ha trabajado en la dirección de que se respeten una serie de derechos fundamentales, así como de valores y principios, todavía necesita despejar dudas en torno al manejo aparentemente poco idóneo en lo referente a la peor lacra de la sociedad dominicana como son los partidos políticos.

No hay hasta la fecha ninguna sentencia o jurisprudencia del TC que condene a por lo menos uno de los partidos políticos, que no sólo violan la transparencia que manda la Constitución de la República, sino que además utilizan los recursos económicos que les otorga el Estado para violentar su democracia interna mediante la imposición de candidaturas en franca vulneración del principio de igualdad

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La reforma fiscal: un mecanismo para favorecer a los que más tienen y perjudicar o castigar a los más pobres.

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Por Elba García

El tema de la reforma fiscal está sobre la mesa desde hace mucho tiempo, pero el compromiso del Gobierno con los que más tienen y el manejo politiquero del asunto ha impedido que la misma se haya producido.

Este paso, que contiene un profundo contenido político, generalmente se maneja con mucho miedo por el impacto que puede crear en amplios sectores de la vida nacional, ya que el mismo representan una carga tributaria para las grandes mayorías nacionales y prácticamente ningún sacrificio para los que más tienen.

Hace años que se ha abogado por la aprobación en el país de un régimen impositivo que sea más progresivo que regresivo, pero generalmente lo que ocurre es que los impuestos van directamente al consumo y no en contra de los que tienen altos ingresos.

La posibilidad de que las cosas cambien en este sentido no parecen muy esperanzadora, máxime en un Gobierno como el del PRM y de Luis Abinader que en el curso de los cuatro años que ya prácticamente terminan no ha quedado dudas de su compromiso con los intereses de los más ricos.

De cualquier manera que se enfoque la cuestión, los principales indicadores de la economía examinados por organismos multilaterales reflejan la parte buena en esta materia de la República Dominicana, lo que muchos llaman el crecimiento excepcional, pero que ahora mismo es eclipsado por los informes que permiten ver el lado feo de la realidad nacional con un déficit fiscal que no se detiene y que disminuye la capacidad para enfrentar el endeudamiento público que va a una velocidad preocupante.

Este fenómeno se traga más del 22 por ciento de los ingresos tributarios, los cuales deben ser usados para el pago de intereses como consecuencia del alto endeudamiento del país.

La República Dominicana está ante el peligro, siempre de acuerdo a economistas expertos en la materia, a que el Estado pierda en el menor tiempo posible la capacidad de invertir en infraestructuras públicas y en consecuencia no tener los recursos humanos para cumplir con lo que dispone la Estrategia Nacional de Desarrollo, la cual persigue aumentar la competitividad de los sectores productivos y reducir sustancialmente la pobreza.

En los actuales momentos el Estado dominicano está entre los que pertenecen al Caribe con más bajas recaudaciones y con reales posibilidades a descender todavía más, cuya circunstancia hace imperativo que se ponga en marcha una reforma fiscal integral, pero no para aumentar la carga impositiva a los más pobres, sino para que el que tiene más pague también más.

Ese paso, que resulta impostergable, debe incluir, como lo han planteado otros medios de comunicación, mejorar la calidad del gasto, reducir las exenciones injustificadas y llevar la carga impositiva al estándar en el hemisferio, sin que ello sea una excusa para crear una situación que después se vuelva insostenible.

No se observa en el Gobierno de Luis Abinader ninguna tendencia a hacer lo correcto, sino a perder el tiempo en nimiedades y pequeños detalles que no se corresponden con una buena y eficiente administración pública.

La política de endeudamiento del Gobierno parece, en vez de reducirse, a aumentar, ya que a partir del mes de agosto tendrá el control de ambas cámaras o del Congreso Nacional y de ese modo seguirá por el camino más fácil frente a la disminución de sus ingresos, que no es otra cosa que el endeudamiento público.

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