Análisis Noticiosos
El empinado camino de la concertación
Por Juan Bolívar Díaz
Crece en el país la convicción sobre la necesidad de concertación para constituir un amplio frente que detenga el proceso de monopolización del poder, por lo menos con una nueva composición del Congreso Nacional sino puede producir una alternabilidad a los últimos tres períodos de gobierno, llamados a prolongarse por siete más.
Guillermo Moreno acaba de proponer una mesa de concertación sobre bases bastante parecidas a la plataforma de la Convergencia por un Mejor País, por lo que nadie entiende las razones por las que no se materializa, a no ser el predominio de la vocación individualista prevaleciente en los sectores progresistas y de izquierda.
El diálogo de Guillermo. El jurista Guillermo Moreno, líder del partido Alianza País, y una de las reservas éticas de la política nacional, acaba de proponer una “mesa de diálogo y concertación política” para dar fundamento programático a la concertación o convergencia planteada por otros para cambiar el curso político, económico y social del país. Comparte el criterio de que por el monopolio del poder prevaleciente, “ningún sector político, por sí solo, puede desplazar el partido gobernante y su proyecto de perpetuación en el poder”, que el presidente del PLD, Leonel Fernández ha proyectado por lo menos hasta el 2044.
Moreno sostiene que “Al partido gobernante nadie le podrá derrotar en el terreno del clientelismo y de las prácticas políticas tradicionales. No se le va a derrotar por el número de siglas que se sumen en acuerdos de cúpulas o por proclamas o programas formales de los que luego nadie se acuerda y mucho menos respetan”.
La condición esencial para participar en el diálogo que propicia “es que haya identidad en la necesidad de un cambio político para producir un cambio de rumbo”. Precisa que la mesa “tiene que avanzar para producir a la brevedad posible un acuerdo de mínimos que vaya construyendo puentes de conexión e identidad con y desde la ciudadanía”. Que se debe concertar la ampliación de los derechos a una educación de calidad, a la salud, la seguridad social, el trabajo decente, el salario justo, el transporte seguro, a la vivienda y la alimentación.
Guillermo Moreno deja bien claro que la concertación no puede ser “para un desplazamiento puro y simple del partido gobernante, sin asumir expresamente el cambio de modelo y comprometerse a hacer las reformas y transformaciones que le den un nuevo rumbo al país”.
Ni tanto ni tan poco. Cualquier concertación que aspire a capitalizar el descontento político de amplio espectro tendría que partir de una base de reformas que contenga el deterioro económico, político y social, que reivindique la institucionalidad democrática y se comprometa muy concretamente a desmontar la parcelación y reparto del Estado, el clientelismo, la corrupción y la impunidad, y plantee el imperio de la ley.
No puede ser una lista de propósitos generales, sino una enunciación programática que, por ejemplo, implique el compromiso de todos sus candidatos a eliminar los barrilitos, cofrecitos, nominillas, sueldos y pensiones privilegiadas que llegan a implicar hasta dos cientas veces el salario mínimo estatal, limitación de los vicecónsules, embajadores y altos cargos y organismos gubernamentales parasitarios.
Sin pretender una revolución socialista ni un proyecto autoritario al estilo venezolano, la Concertación o Convergencia debe programar la reducción de la pobreza y una mejor distribución del ingreso al estilo brasileño, refundar la República en el cumplimiento de la Constitución y las leyes y en el fortalecimiento de las instituciones, como el Poder Legislativo, con reformas que reencausen los partidos políticos y desmonten la manipulación de los órganos judiciales, el ministerio público y los organismos de control.
No pueden ser unas cuantas páginas apresuradamente hilvanadas, pero tampoco un ampuloso programa que distraiga la oposición mientras los aspirantes a la continuidad saturan la ciudadanía de propaganda, con un aparato mediático que genera fatalismo y resignación. El concierto no puede ser determinado por una sola fuerza, por más masas que aporte, pero tampoco se puede ignorar la realidad de la diversidad.
Liderazgo y candidatos. Lo primero que requiere todo proceso de concertación es de líderes en capacidad de dirigirlo, sobreponiendo los intereses personales y grupales para armonizar el conjunto y generar una sinergia que cree nuevas ilusiones más allá del entorno partidario en amplios segmentos sociales insatisfechos, abstencionistas o resignados ante el deterioro de la política partidista y del ejercicio gubernamental.
La Convergencia podría contar con múltiples aspirantes a candidaturas en todos los niveles, pero para escogerlas es fundamental un liderazgo con autoridad moral y en disposición a dar ejemplo de renunciamiento. El antecedente a tener en cuenta sería el del frente que venció a Balaguer en 1978, bajo el liderazgo de Francisco Peña Gómez. El poder del peledeísmo en el poder es tan apabullante como el que encarnaba Balaguer en su período gubernamental 1966-78, que el PRD solo no hubiese podido relevarlo.
Sólo después de pasar por un diálogo como el propuesto por Moreno, convocando a todas las fuerzas políticas y sectores interesados, con bases programáticas para el cambio de rumbo, deberían discutirse candidaturas de Convergencia. Para politólogos como Rosario Espinal la escogencia de la candidatura presidencial no puede implicar una larga campaña ni luchas que frustrarían la concertación y generarían incertidumbres y desconfianzas.
Algunos favorecen una consulta popular con el padrón de electores, exceptuando a los militantes de los partidos del frente gobernante. Hay quienes plantean una “encuesta jumbo científica” primero con todos los aspirantes y si nadie logra más del 50 por ciento, una segunda rápido con los dos preferidos. Los 32 candidatos a senadores deberían escogerse por consenso del liderazgo del frente opositor, incluyendo a representantes de cada partido y a personas relevantes de los diversos ámbitos sociales, mientras para diputados y cargos municipales debería imperar la votación democrática de las jurisdicciones, guardando la cuota propuesta del 25 por ciento para representación de las minorías.
Fraguar esa concertación no luce fácil. El desafío es fuerte para los que quieren una opción alternativa, favorecida en los más diversos sectores nacionales, unos por cansancio de la gestión peledeísta de tres períodos consecutivos y cuatro de los últimos cinco, y otros por temor al regreso del doctor Leonel Fernández, por el poder que concentra, por el desastre fiscal y la corrupción en que dejó el país y las dudas de que pueda gobernar sin repetirlos.-
Bastantes coincidencias
Tras esos planteamientos se debe asumir una respuesta pública de los sectores que promueven la Convergencia por un Mejor País, dada la coincidencia con la agenda programática que ésta proclamó en su asamblea del 6 de julio, cuando llamó a concertar un cambio político “que no sólo desplace la corporación PLD del poder en el 2016, sino que produzca una transformación profunda del modelo económico, del sistema político y de la sociedad dominicana”.
No sobran las advertencias de ambas partes, puesto que el pragmatismo político que se ha apoderado del sistema partidista lleva a muchos a una simple disputa por alcanzar el poder para reproducir, como ha ocurrido tantas veces en el pasado reciente, los modelos excluyentes, conservadores, corruptores y personalistas que han marcado la historia nacional desde la fundación de la República.
La plataforma de la Convergencia fue proclamada por ocho agrupaciones políticas, una de las cuales, el Frente Amplio, ya es la conjunción de otras tantas de la izquierda que se conformó para las elecciones del 2012. Entre los convergentes está el Parido Revolucionario Mayoritario (PRM), constituido por los principales líderes y dirigentes nacionales del dividido Partido Revolucionario Dominicano, lo que aportaría perspectivas de masas a un frente opositor, pero también podría transportar la vocación divisionista y los vicios del viejo sistema de partidos que muchos quieren desplazar.
Con el agravante de que los agrupamientos de la izquierda y personalidades progresistas no han sido inmunes a las prácticas seudo democráticas, los individualismos y la renuencia al concierto, como se ha demostrado en los intentos de concertación para las dos anteriores elecciones presidenciales. Para la última, Alianza País que postulaba a Guillermo Moreno, el Frente Amplio, con Julián Serulle, Alianza Por la Democracia, que llevó a Max Puig, Dominicanos por el Cambio, postulando a Eduardo Estrella, y el Partido Democrático Independiente, con Ismael Reyes, pasaron más de un año barajando una concertación que al final fracasó. Sólo Moreno pasó del 1 por ciento en la votación del 2012, con 62 mil 290 votos, 1.37 por ciento.
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.