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Análisis Noticiosos

El empinado camino de la concertación

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Por Juan Bolívar Díaz

TEMA-DE-HOY-428x441Crece en el país la convicción sobre la necesidad de concertación para constituir un amplio frente que detenga el proceso de monopolización del poder, por lo menos con una nueva composición del Congreso Nacional sino puede producir una alternabilidad a los últimos tres períodos de gobierno, llamados a prolongarse por siete más.

Guillermo Moreno acaba de proponer una mesa de concertación sobre bases bastante parecidas a la plataforma de la Convergencia por un Mejor País, por lo que nadie entiende las razones por las que no se materializa, a no ser el predominio de la vocación individualista prevaleciente en los sectores progresistas y de izquierda.

El diálogo de Guillermo. El jurista Guillermo Moreno, líder del partido Alianza País, y una de las reservas éticas de la política nacional, acaba de proponer una “mesa de diálogo y concertación política” para dar fundamento programático a la concertación o convergencia planteada por otros para cambiar el curso político, económico y social del país. Comparte el criterio de que por el monopolio del poder prevaleciente, “ningún sector político, por sí solo, puede desplazar el partido gobernante y su proyecto de perpetuación en el poder”, que el presidente del PLD, Leonel Fernández ha proyectado por lo menos hasta el 2044.

Moreno sostiene que “Al partido gobernante nadie le podrá derrotar en el terreno del clientelismo y de las prácticas políticas tradicionales. No se le va a derrotar por el número de siglas que se sumen en acuerdos de cúpulas o por proclamas o programas formales de los que luego nadie se acuerda y mucho menos respetan”.

La condición esencial para participar en el diálogo que propicia “es que haya identidad en la necesidad de un cambio político para producir un cambio de rumbo”. Precisa que la mesa “tiene que avanzar para producir a la brevedad posible un acuerdo de mínimos que vaya construyendo puentes de conexión e identidad con y desde la ciudadanía”. Que se debe concertar la ampliación de los derechos a una educación de calidad, a la salud, la seguridad social, el trabajo decente, el salario justo, el transporte seguro, a la vivienda y la alimentación.

Guillermo Moreno deja bien claro que la concertación no puede ser “para un desplazamiento puro y simple del partido gobernante, sin asumir expresamente el cambio de modelo y comprometerse a hacer las reformas y transformaciones que le den un nuevo rumbo al país”.

Ni tanto ni tan poco. Cualquier concertación que aspire a capitalizar el descontento político de amplio espectro tendría que partir de una base de reformas que contenga el deterioro económico, político y social, que reivindique la institucionalidad democrática y se comprometa muy concretamente a desmontar la parcelación y reparto del Estado, el clientelismo, la corrupción y la impunidad, y plantee el imperio de la ley.

No puede ser una lista de propósitos generales, sino una enunciación programática que, por ejemplo, implique el compromiso de todos sus candidatos a eliminar los barrilitos, cofrecitos, nominillas, sueldos y pensiones privilegiadas que llegan a implicar hasta dos cientas veces el salario mínimo estatal, limitación de los vicecónsules, embajadores y altos cargos y organismos gubernamentales parasitarios.

Sin pretender una revolución socialista ni un proyecto autoritario al estilo venezolano, la Concertación o Convergencia debe programar la reducción de la pobreza y una mejor distribución del ingreso al estilo brasileño, refundar la República en el cumplimiento de la Constitución y las leyes y en el fortalecimiento de las instituciones, como el Poder Legislativo, con reformas que reencausen los partidos políticos y desmonten la manipulación de los órganos judiciales, el ministerio público y los organismos de control.

No pueden ser unas cuantas páginas apresuradamente hilvanadas, pero tampoco un ampuloso programa que distraiga la oposición mientras los aspirantes a la continuidad saturan la ciudadanía de propaganda, con un aparato mediático que genera fatalismo y resignación. El concierto no puede ser determinado por una sola fuerza, por más masas que aporte, pero tampoco se puede ignorar la realidad de la diversidad.

Liderazgo y candidatos. Lo primero que requiere todo proceso de concertación es de líderes en capacidad de dirigirlo, sobreponiendo los intereses personales y grupales para armonizar el conjunto y generar una sinergia que cree nuevas ilusiones más allá del entorno partidario en amplios segmentos sociales insatisfechos, abstencionistas o resignados ante el deterioro de la política partidista y del ejercicio gubernamental.

La Convergencia podría contar con múltiples aspirantes a candidaturas en todos los niveles, pero para escogerlas es fundamental un liderazgo con autoridad moral y en disposición a dar ejemplo de renunciamiento. El antecedente a tener en cuenta sería el del frente que venció a Balaguer en 1978, bajo el liderazgo de Francisco Peña Gómez. El poder del peledeísmo en el poder es tan apabullante como el que encarnaba Balaguer en su período gubernamental 1966-78, que el PRD solo no hubiese podido relevarlo.

Sólo después de pasar por un diálogo como el propuesto por Moreno, convocando a todas las fuerzas políticas y sectores interesados, con bases programáticas para el cambio de rumbo, deberían discutirse candidaturas de Convergencia. Para politólogos como Rosario Espinal la escogencia de la candidatura presidencial no puede implicar una larga campaña ni luchas que frustrarían la concertación y generarían incertidumbres y desconfianzas.

Algunos favorecen una consulta popular con el padrón de electores, exceptuando a los militantes de los partidos del frente gobernante. Hay quienes plantean una “encuesta jumbo científica” primero con todos los aspirantes y si nadie logra más del 50 por ciento, una segunda rápido con los dos preferidos. Los 32 candidatos a senadores deberían escogerse por consenso del liderazgo del frente opositor, incluyendo a representantes de cada partido y a personas relevantes de los diversos ámbitos sociales, mientras para diputados y cargos municipales debería imperar la votación democrática de las jurisdicciones, guardando la cuota propuesta del 25 por ciento para representación de las minorías.

Fraguar esa concertación no luce fácil. El desafío es fuerte para los que quieren una opción alternativa, favorecida en los más diversos sectores nacionales, unos por cansancio de la gestión peledeísta de tres períodos consecutivos y cuatro de los últimos cinco, y otros por temor al regreso del doctor Leonel Fernández, por el poder que concentra, por el desastre fiscal y la corrupción en que dejó el país y las dudas de que pueda gobernar sin repetirlos.-

 Bastantes coincidencias

Tras esos planteamientos se debe asumir una respuesta pública de los sectores que promueven la Convergencia por un Mejor País, dada la coincidencia con la agenda programática que ésta proclamó en su asamblea del 6 de julio, cuando llamó a concertar un cambio político “que no sólo desplace la corporación PLD del poder en el 2016, sino que produzca una transformación profunda del modelo económico, del sistema político y de la sociedad dominicana”.

No sobran las advertencias de ambas partes, puesto que el pragmatismo político que se ha apoderado del sistema partidista lleva a muchos a una simple disputa por alcanzar el poder para reproducir, como ha ocurrido tantas veces en el pasado reciente, los modelos excluyentes, conservadores, corruptores y personalistas que han marcado la historia nacional desde la fundación de la República.

La plataforma de la Convergencia fue proclamada por ocho agrupaciones políticas, una de las cuales, el Frente Amplio, ya es la conjunción de otras tantas de la izquierda que se conformó para las elecciones del 2012. Entre los convergentes está el Parido Revolucionario Mayoritario (PRM), constituido por los principales líderes y dirigentes nacionales del dividido Partido Revolucionario Dominicano, lo que aportaría perspectivas de masas a un frente opositor, pero también podría transportar la vocación divisionista y los vicios del viejo sistema de partidos que muchos quieren desplazar.

Con el agravante de que los agrupamientos de la izquierda y personalidades progresistas no han sido inmunes a las prácticas seudo democráticas, los individualismos y la renuencia al concierto, como se ha demostrado en los intentos de concertación para las dos anteriores elecciones presidenciales. Para la última, Alianza País que postulaba a Guillermo Moreno, el Frente Amplio, con Julián Serulle, Alianza Por la Democracia, que llevó a Max Puig, Dominicanos por el Cambio, postulando a Eduardo Estrella, y el Partido Democrático Independiente, con Ismael Reyes, pasaron más de un año barajando una concertación que al final fracasó. Sólo Moreno pasó del 1 por ciento en la votación del 2012, con 62 mil 290 votos, 1.37 por ciento.

 

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Análisis Noticiosos

El mensaje equivocado de la elección presidencial en Latinoamérica.

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Por José Cabral

La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.

Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.

Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.

Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,

En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.

Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.

Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.

En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.

El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.

Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.

Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.

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Análisis Noticiosos

CARTA ABIERTA A LA CLASE POLÍTICA DOMINICANA

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Por Nelson Valdez
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.
Cuando una minoría decide en las urnas el destino de la mayoría, el sistema pierde su legitimidad moral. Una sociedad donde más de la mitad del país prefiere el silencio y la ausencia no es una sociedad apática: es una sociedad frustrada, desconectada y al borde de la ruptura. Gobernar o hacer oposición sobre la base de un electorado menguante es un espejismo de poder.
El verdadero peligro no es solo el diagnóstico de hoy —la desconfianza profunda y la falta de fe en el voto—, sino a dónde nos lleva este camino mañana: al extremismo, al colapso institucional y a la fractura irrecuperable de la paz social. Ninguna victoria electoral es sólida si se edifica sobre las ruinas de la apatía popular.
No podemos construir un país sostenible si marginamos la fuerza activa de nuestra juventud ni si mantenemos a la diáspora dominicana como una simple fuente de remesas sin voz ni participación real.
Hoy asumo el compromiso y levanto la voz de alerta para decirles que hay otra vía:
Reconciliación real con el ciudadano: Superar la división y el pragmatismo hueco para edificar un proyecto donde la mayoría vuelva a sentirse representada.
Compromisos alcanzables, no promesas vacías: Erradicar definitivamente los males estructurales que sí tienen solución mediante metas claras, medibles y sin demagogia.
Voluntad genuina de cambio: Mostrar con hechos que la política puede ser una herramienta de servicio y no de beneficio corporativo.
Para esta tarea de reencantar a nuestra juventud, de integrar a la diáspora y de devolverle la dignidad a la participación ciudadana, cuentan conmigo. Pero para que esa voz tenga eco, ustedes —oficialismo y oposición— deben demostrar que están a la altura del momento histórico.
Aún estamos a tiempo de evitar el abismo. Reconstruyamos la confianza antes de que el silencio de la mayoría se convierta en una tormenta incontrolable.

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Análisis Noticiosos

La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.

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Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.

Por la redacción

La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y  la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.

Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.

Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.

En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.

Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana

El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.

La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.

Por eso, puede existir una aparente reducción  de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.

El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.

En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.

Los robos siguen siendo parte importante del problema

Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.

En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.

Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.

Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.

La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..

El reto no es solo detener, sino prevenir

Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.

La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.

Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.

Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.

También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.

La confianza ciudadana es parte de la seguridad

Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.

Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.

La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.

Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.

Una realidad con dos caras

Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.

Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.

Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.

La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.

El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles

La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.

Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.

Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.

Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.

Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.

La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances  en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero  el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.

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