Opinión
El error de la OPS en República Dominicana
Por Narciso Isa Conde
Dos días antes de las votaciones municipales realizadas el domingo 15 de marzo 2020 en nuestro país, en medio de la pandemia mundial del COVID 19 y de su evidente impacto local, la seccional dominicana de la Oficina Panamericana de la Salud- OPS emitió la siguiente declaración publicada por todos los diarios y emisoras de radio y tv:
Representante de la OMS en RD dice que se puede ir a votar este domingo sin temer al COVID-19
Alma Morales Salinas declaró que no hay circulación local del COVID-19, por lo cual “no hay ningún motivo para no ir a votar” (Diario Libre / Alexa Olivero 13/03/2020, 06:22 PM)
La verdad es la siguiente:
El gobierno dominicano que preside Danilo Medina, junto a la partidocracia oficialista y opositora y al gran capital privado –todos aferrados a las políticas neoliberales, al modelo político institucional, a los intereses de los súper-ricos y a las votaciones que lo reproducen- dejaron correr impunemente la pandemia del corona-virus, sin contrarrestarla.
Actuaron con calculada negligencia luego de los evidentes estragos que en materia económica y de salud provocaba esa pandemia en China, Italia, España, Francia, Alemania y EEUU, e incluso después de claras evidencias de que la misma ya había impactado peligrosamente la República Dominicana.
La agencia española EFE, en noticia fechada el 16 de marzo, informó al mundo que el día anterior, el mismo día de las votaciones, falleció una de las 21 personas infectadas por el COVID 19.
El texto de EFE reza así:
“ República Dominicana confirmó este lunes la primera muerte por coronavirus en el país, una dominicana de 47 años, portadora de VIH y paciente de tuberculosis que llegó desde España, al tiempo que informó de otros 10 casos confirmados, lo que aumenta a 21 el números de afectados en esta nación.”
“La mujer, cuyo nombre no fue difundido, falleció ayer mientras era trasladada a una clínica de Santo Domingo, explicó en rueda de prensa el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas.”
En esa riesgosa determinación respecto a las elecciones municipales –como lo expresé en un artículo publicado el pasado domingo en un diario nacional- primó sobre todo el interés de la clase dominante-gobernante dominicana de “defender sus ambiciones políticas, la institucionalidad convertida en asociación delictiva estatal-privada y su sufragio pervertido; y se emplearon a fondo para coronar las votaciones del 2020 con COVID , arrastrando parcialmente a mansos y cimarrones; empujando a asistir alrededor del 40% de los electores.)
• LA OMS-OPS y la OFICINA DOMINICANA.
La Organización Mundial de la Salud-OMS y su Seccional Panamericana-OPS son entidades respetables, de alto nivel científico y calidad profesional, por eso extraña y sorprende la postura ligera, tremendamente costosa para la salud del pueblo dominicano y para el curso de la economía, asumida por la representación local de la OPS, cuya portavoz nacional refrendó la peligrosa aventura de avalar la concurrencia a las votaciones en las condiciones descritas.
Parece una decisión más política y más propia de una entidad tipo OEA, que de una institución científica encargada de velar por la salud de un pueblo sometido a tales amenazas y bajo lo conducción de una claque política-empresarial corrupta y corruptora.
Hay que valorar lo ya que había pasado en países con fuerte impacto migratorio sobre República Dominicana (Italia, EU y España), lo que estaba pasando días antes de las votaciones (en un país con tantas vulnerabilidades) y lo que se ha desatado inmediatamente después de la categórica de la OPS (afirmando: “no hay ningún motivo para no ir a votar”), para apreciar debidamente la magnitud de ese error.
Motivos sobraban para no arriesgarse a hacer ese pronunciamiento, mientras que las consecuencias negativas están a la vista, sin evaluación posterior alguna.
No están claras las razones de esa lamentable actitud.
Y a la OMS y la OPS les conviene investigar un caso tan delicado que afecta su bien ganado prestigio y que ya no escapa a las críticas de una sociedad tan maltratada por quienes se empecinaron en imponer unos comicios en condiciones perjudiciales para la salud colectiva.
Por José Cabral
Santiago siempre ha sido definida como la “Ciudad Corazón”, cuya expresión refleja una condición que no se encuentra en cualquier lugar.
Nadie puede negar el calor humano que caracteriza al santiaguero, pero la realidad es que en los últimos años las cosas han cambiado bastante y no se sabe hasta dónde la “Ciudad Corazón” conserva esa condición.
Pero independientemente de que quede muy poco de ese cariño y calor que adorna al que procede de un municipio que ahora camina indiscutiblemente a la conversión en una gran metrópolis, es vital que se trabaje también para conservar muchas de las tradiciones de la segunda capital del país como la llaman muchos.
El crecimiento urbanístico, comercial y empresarial dirige a Santiago a ocupar uno de los primeros lugares en cuanto a desarrollo se refiere, pero se impone que se dote de herramientas que contribuyan con el restablecimiento valores culturales y morales, porque es mucho lo que se ha perdido en esta materia.
El crecimiento comercial, empresarial y urbanístico no puede ser lo único que impacta a Santiago, sino que se necesita que conserve su riqueza cultural y medioambiental, sobre todo porque estos aspectos pueden ser un instrumento para lograr lo que mucha gente ha planteado que es convertirla en un verdadero polo de turismo de salud, ecológico, histórico y de montañas.
Las intervenciones del Estado en áreas que se caracterizan por una fuerte presencia de actividades culturales como la calle Benito Monción, Del Sol, entre otras, sin lugar a dudas, que cambiarán la cara de una ciudad encantadora como Santiago.
Pero se necesita profundizar para que la cultura sea una buena carta de presentación del santiaguero, amén de otras condiciones que adornan a la ciudad.
En la actualidad están dadas las condiciones para que Santiago entre al mundo de la televisión pública y que su proyección sea de primer orden, sobre todo con una alianza de la gente de la zona que vive en los Estados Unidos.
Hay que hacer un puente de doble vía entre ambas comunidades para sacar provecho de los grandes recursos que existen en uno y otro lado.
En un próximo artículo profundizaré sobre los beneficios que traería a Santiago una estación de televisión pública que la proyecte como una de las grandes ciudades del mundo que no sólo está dotada de un potencial turístico y cultural, sino también de una historia enriquecedora y que enaltece el espíritu.
Por Rommel Santos Díaz
El Estatuto de la Corte Penal Internacional se refiere con frecuencia a la protección de información confidencial. La Corte tiene el deber general de proteger la confidencialidad de los documentos e información en su posesión, salvo que su divulgación sea necesaria para una solicitud de cooperación para un Estado.
El artículo 87 del Estatuto prevé que ¨el Estado requerido preservará el carácter confidencial de toda solicitud de cooperación y de los documentos que la justifiquen , salvo cuando su divulgación sea necesaria para tramitarla¨. Por ende los Estados deberán mantener la confidencialidad de todas las solicitudes de cooperación de la Corte Penal Internacional, y sólo podrán revelar a las autoridades correspondientes ( por ejemplo, a la policía para que ejecuten una orden de arresto) la información que necesiten para llevar a cabo la solicitud.
Esas cláusulas pretenden que el Fiscal y la Corte mantengan la confidencialidad lo mejor posible en las investigaciones, órdenes y solicitudes de asistencia de la Corte para evitar que las personas acusadas huyan, los testigos sean amenazados o eliminados, y la prueba desaparezca o sea destruida. Por ende, el éxito del Estado en la conservación de la confidencialidad de tales solicitudes repercutirá directamente sobre la efectividad de la Corte.
Según el artículo 87, un Estado Parte podrá también ser requerido para proteger cierta información en su posesión o control, cuando se necesiten medidas para garantizar la seguridad o bienestar físico o psicológico de las víctimas, posibles testigos y sus familiares.Estas medidas se aplicarán de conformidad con la forma en que el Estado prevea y maneje la información y podría también involucrar la confidencialidad de cierta información.
Según el artículo 68 del Estatuto de Roma, un Estado podrá solicitar a la Corte la adopción de medidas necesarias para la protección de sus funcionarios o agentes, así como de la información de carácter confidencial o restringida.
El artículo 93 estipula que el Estado requerido para cooperación podrá transmitir al Fiscal documentos o información con carácter confidencial, y el Fiscal podrá únicamente utilizarlos para reunir nuevas pruebas.El párrafo C de ese mismo artículo prevé que el Estado podrá autorizar la divulgación ulterior de los documentos.
En el contexto de las obligaciones los Estados deberán mantener la confidencialidad de las solicitudes de cooperación, y de cualquier documento que fundamente estas solicitudes.
Si la Corte Penal Internacional realiza una solicitud de conformidad con el artículo 87 para proteger cierta información, el Estado deberá cumplirla para asi proteger a las víctimas, testigos y sus familiares
En cuanto a la implementación los Estados deberán contar con procedimientos para mantener la confidencialidad de las solicitudes de cooperación y los documentos que las fundamenten. Esta obligación de confidencialidad podrá regularse por vía legal, o podría ser definida por el Poder Ejecutivo. Ya sea que la obligación se implemente por la legislación o por una decisión ejecutiva , el Estado deberá asegurarse de que la vía elegida para recibir las solicitudes proteja la confidencialidad.
Adicionalmente los Estados podrán necesitar la implementación de procedimientos y posiblemente leyes que les permitan proveer y manejar información de una manera tal que se proteja la seguridad y el bienestar de las víctimas, testigos y sus familiares. Estos procedimientos normalmente se regularán por la vía ejecutiva y no legal.
Finalmente, podrían implementarse, tanto para la aplicación de las solicitudes de la Corte para proteger información, así como para las solicitudes a la Corte por parte de un Estado para proteger información y ciertos individuos. No obstante, el Estado deberá tomar en cuenta su legislación nacional sobre privacidad, al establecer estos procedimientos y deberá determinar si requiere reformarla.
Por Isaías Ramos
Es fundamental que la población dominicana se mantenga alerta y consciente de las graves implicaciones de las decisiones y acciones que este gobierno está llevando a cabo. Estas medidas amenazan nuestra Constitución y nuestros derechos fundamentales, económicos y sociales.
La introducción simultánea de diversas reformas puede interpretarse como una estrategia deliberada para provocar un shock en la ciudadanía, generando confusión y descontento que podrían resultar devastadores tanto para la nación como para quienes promueven estas medidas.
No podemos ignorar el inminente riesgo de que, bajo el pretexto de estas «reformas», se desencadene un caos social. Este escenario es tan alarmante que podría invocar el artículo 264 de nuestra Constitución, permitiendo declarar un “Estado de Conmoción Interior”. Como dice el refrán: “guerra avisada no mata soldado”.
Es momento de alertar a nuestra sociedad antes de permitir situaciones indeseables que puedan desembocar en calamidades similares a las vividas en abril de 1984. No podemos permitir que nuestro pueblo sufra nuevamente bajo el peso del dolor y la indignación.
La violación del orden constitucional por parte del gobierno no solo socava los principios fundamentales de un Estado Social y Democrático de Derecho, sino que también pone en grave riesgo el futuro económico y social de millones de dominicanos. Estamos en un punto crítico: empujar a la clase trabajadora y a la clase media hacia condiciones extremas de pobreza, mientras otros sectores disfrutan del privilegio, es una injusticia que no podemos tolerar.
Al igual que en la fábula del sapo en agua hirviendo, donde el peligro es subestimado hasta ser irreversible, es crucial que nuestros ciudadanos tomen conciencia urgente para fortalecer sus mecanismos defensivos ante estas contrarreformas.
La situación actual exige atención inmediata. Las decisiones de este gobierno están erosionando los derechos económicos y sociales consagrados en nuestra Constitución. La tendencia hacia privatizar servicios esenciales —como el sector eléctrico— plantea riesgos significativos de perpetuarnos en el subdesarrollo de una eterna miseria.
Debemos unirnos con determinación para defender nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, garantizando que los recursos públicos no sean despojados en beneficio exclusivo del sector privado; solo así podremos asegurar un futuro sostenible y justo para todos.
En el Frente Cívico y Social, reconocemos con preocupación el enorme endeudamiento al que ha sido sometido nuestro país durante dos décadas, y especialmente en los últimos cuatro años. Esta situación representa una bomba de tiempo lista para estallar.
Nos enfrentamos al riesgo real e inmediato de experimentar hiperinflación sin precedentes junto con niveles históricos de desempleo que pueden desestabilizar aún más nuestra economía e impactar severamente nuestra calidad de vida.
Este panorama exige una reflexión profunda sobre nuestras políticas económicas actuales, así como un compromiso colectivo orientado hacia soluciones sostenibles capaces de prevenir esta catástrofe inminente.
Esta administración ha inaugurado una forma evolutiva del corporativismo, donde el Gobierno y las élites económicas le declaran una guerra a la clase media y trabajadora con el fin de hundirla en la eterna pobreza. Mientras la fórmula de alianza gobierno-élite garantiza grandes beneficios a expensa de financiarlo con deuda y subsidios públicos.
Este modelo se asemeja más a un Estado policial que lanza una guerra total contra los derechos económicos y sociales fundamentales. La creciente concentración de la riqueza nacional entre unos pocos privilegiados es alarmante, mientras empuja a gran parte de la población hacia condiciones precarias.
Esta orquestada transferencia de riqueza, presentada como inevitable, es en realidad parte de un diseño social que prioriza intereses particulares sobre el bienestar colectivo y sumerge a millones en una miseria estructurada.
En el FCS, entendemos que es imperativo abordar las desigualdades con propuestas sólidas, promoviendo modelos justos e inclusivos enfocados en el bienestar colectivo y el mandato constitucional.
¡Despierta, RD!