Opinión
El error de la OPS en República Dominicana
Por Narciso Isa Conde
Dos días antes de las votaciones municipales realizadas el domingo 15 de marzo 2020 en nuestro país, en medio de la pandemia mundial del COVID 19 y de su evidente impacto local, la seccional dominicana de la Oficina Panamericana de la Salud- OPS emitió la siguiente declaración publicada por todos los diarios y emisoras de radio y tv:
Representante de la OMS en RD dice que se puede ir a votar este domingo sin temer al COVID-19
Alma Morales Salinas declaró que no hay circulación local del COVID-19, por lo cual “no hay ningún motivo para no ir a votar” (Diario Libre / Alexa Olivero 13/03/2020, 06:22 PM)
La verdad es la siguiente:
El gobierno dominicano que preside Danilo Medina, junto a la partidocracia oficialista y opositora y al gran capital privado –todos aferrados a las políticas neoliberales, al modelo político institucional, a los intereses de los súper-ricos y a las votaciones que lo reproducen- dejaron correr impunemente la pandemia del corona-virus, sin contrarrestarla.
Actuaron con calculada negligencia luego de los evidentes estragos que en materia económica y de salud provocaba esa pandemia en China, Italia, España, Francia, Alemania y EEUU, e incluso después de claras evidencias de que la misma ya había impactado peligrosamente la República Dominicana.
La agencia española EFE, en noticia fechada el 16 de marzo, informó al mundo que el día anterior, el mismo día de las votaciones, falleció una de las 21 personas infectadas por el COVID 19.
El texto de EFE reza así:
“ República Dominicana confirmó este lunes la primera muerte por coronavirus en el país, una dominicana de 47 años, portadora de VIH y paciente de tuberculosis que llegó desde España, al tiempo que informó de otros 10 casos confirmados, lo que aumenta a 21 el números de afectados en esta nación.”
“La mujer, cuyo nombre no fue difundido, falleció ayer mientras era trasladada a una clínica de Santo Domingo, explicó en rueda de prensa el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas.”
En esa riesgosa determinación respecto a las elecciones municipales –como lo expresé en un artículo publicado el pasado domingo en un diario nacional- primó sobre todo el interés de la clase dominante-gobernante dominicana de “defender sus ambiciones políticas, la institucionalidad convertida en asociación delictiva estatal-privada y su sufragio pervertido; y se emplearon a fondo para coronar las votaciones del 2020 con COVID , arrastrando parcialmente a mansos y cimarrones; empujando a asistir alrededor del 40% de los electores.)
• LA OMS-OPS y la OFICINA DOMINICANA.
La Organización Mundial de la Salud-OMS y su Seccional Panamericana-OPS son entidades respetables, de alto nivel científico y calidad profesional, por eso extraña y sorprende la postura ligera, tremendamente costosa para la salud del pueblo dominicano y para el curso de la economía, asumida por la representación local de la OPS, cuya portavoz nacional refrendó la peligrosa aventura de avalar la concurrencia a las votaciones en las condiciones descritas.
Parece una decisión más política y más propia de una entidad tipo OEA, que de una institución científica encargada de velar por la salud de un pueblo sometido a tales amenazas y bajo lo conducción de una claque política-empresarial corrupta y corruptora.
Hay que valorar lo ya que había pasado en países con fuerte impacto migratorio sobre República Dominicana (Italia, EU y España), lo que estaba pasando días antes de las votaciones (en un país con tantas vulnerabilidades) y lo que se ha desatado inmediatamente después de la categórica de la OPS (afirmando: “no hay ningún motivo para no ir a votar”), para apreciar debidamente la magnitud de ese error.
Motivos sobraban para no arriesgarse a hacer ese pronunciamiento, mientras que las consecuencias negativas están a la vista, sin evaluación posterior alguna.
No están claras las razones de esa lamentable actitud.
Y a la OMS y la OPS les conviene investigar un caso tan delicado que afecta su bien ganado prestigio y que ya no escapa a las críticas de una sociedad tan maltratada por quienes se empecinaron en imponer unos comicios en condiciones perjudiciales para la salud colectiva.
Los gobiernos de ultraderecha podrán expulsar inmigrantes, quitar derechos y mandar las mujeres a cocinar y fregar, pero no ofrecerán solución a lo que realmente está causando malestar a muchas personas: la discrepancia entre el bienestar prometido y deseado, y las precariedades económicas existentes.
Por Rosario Espinal
A pesar del triunfo de Lula en Brasil, es evidente el avance de la ultraderecha en el mundo. Las causas son diversas, pero hay elementos en común: el hartazgo de muchas personas con lo existente y la búsqueda de chivos expiatorios para distraer la atención de los problemas de fondo.
Los chivos expiatorios permiten culpar a alguien (usualmente a un grupo vulnerable) de los males sentidos; males que muchos no comprenden y que unos pocos explican a su conveniencia para consumo masivo. De ahí que la ultraderecha se sustente en culpar a los inmigrantes, los gais, los trans, las mujeres, los ambientalistas, etc.
Ellos, según la agitación constante de la ultraderecha, son culpables del desempleo, del gasto en servicios públicos, de la delincuencia, de la pérdida de valores, del colapso de la familia tradicional, etc.
¿Qué hay realmente en el trasfondo? Sociedades que no han podido ofrecer el bienestar prometido a amplios segmentos de la ciudadanía.
En regímenes autoritarios no hay que inventar muchos cuentos porque las fuerzas represivas impiden o sofocan los brotes de insatisfacción. En sociedades con ciertas libertades públicas hay que identificar culpables para el desquite. De ahí que el auge de la ultraderecha se exprese actualmente en democracias longevas.
En el caso específico de las sociedades capitalistas hay un mal de fondo: la promesa de prosperidad que cundió por el mundo desde la década de 1980, bajo las premisas del neoliberalismo y la globalización, desencadenaron expectativas de bienestar para una gran parte de la población mundial que no se han concretado.
Tres factores claves lo han impedido:
Primero, el neoliberalismo con sus políticas de bajos impuestos al capital y la desregulación empresarial ha producido una gran desigualdad en la distribución de la riqueza: los que más tienen, tienen muchísimo más que los demás.
Segundo, la dificultad para desmontar servicios públicos establecidos después de la Gran Depresión. Si eliminan servicios hay más desigualdad y descontento. Si los mantienen, los gobiernos enfrentan mayores déficits fiscales porque han bajado los impuestos a los ricos o les perdonan la evasión.
Tercero, la inflación pospandémica, agravada por la guerra contra Ucrania y contra Irán aumenta los costos de la energía, devastador en el mundo.
Las protestas que proliferan actualmente, sea por la vivienda, el deterioro de la educación, el costo de la vida, o la corrupción reflejan el descontento. Ahí prolifera la ultraderecha con su recetario de chivos expiatorios (simples y claros) que mucha gente asume como explicación de sus males. El sistema en su último cuplé.
Los gobiernos de ultraderecha podrán expulsar inmigrantes, quitar derechos y mandar las mujeres a cocinar y fregar, pero no ofrecerán solución a lo que realmente está causando malestar a muchas personas: la discrepancia entre el bienestar prometido y deseado, y las precariedades económicas existentes. Esta discrepancia se presenta a través del mundo.
Cuando los gobiernos de ultraderecha arrasen con muchas de las conquistas de los últimos 70 años, dejarán detrás sociedades más desiguales y convulsas, sobre las que habrá que forjar valores de solidaridad y justicia, si es que la humanidad no ha sido vencida por los humanoides de la inteligencia artificial.
Por Miguel Guerrero
El problema eléctrico sólo se resuelve tomando al toro por los cuernos. Lo primero es reconocer que la presencia del Estado en el negocio es el principal escollo en la búsqueda de una solución a la crisis energética y su grave impacto en la economía nacional, el sosiego familiar, la estabilidad de los negocios, grandes, medianos y pequeños, y todo cuanto anhelamos con proyección al futuro.
Sin ánimo de enjuiciar la labor del actual gobierno, lo cierto es que la CDEEE es parte del problema. Para esta fecha se suponía que su papel habría dejado de ser determinante y que el Gobierno aceptaría su rol de regulador, fortaleciendo las instituciones públicas llamadas por ley a pautar las reglas del negocio. En lugar de afianzar esta irrenunciable y fundamental responsabilidad, la corporación estatal ha continuado asumiendo funciones propias de una rectoría del sector que no le corresponde.
En la medida en que ese papel se incrementa desciende el de la superintendencia y de la Comisión de Energía, supuesta esta última a pautar las políticas del sector. En un sistema bien estructurado, la CDEEE sería apenas otro agente del sector, no el ostentador de un liderazgo que no es suyo. Por esa distorsión, el sistema no funciona adecuadamente y la mejor demostración de ello son los apagones y el alza de las tarifas, que tienen al garete a la población y estrangulado a los sectores productivos.
Los gobiernos han evidenciado, además, su incapacidad para liderar el sector, se vieron obligados a recurrir a organismos internacionales en la búsqueda de una salida, después de interminables promesas de solución con plantas que nadie ha visto. Admito que es una decisión difícil para un Gobierno, pero a menos que no se delimiten claramente los roles, el sector eléctrico seguirá dando tumbos.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma establece que la Secretaría de la Corte Penal Internacional , sin perjuicio de las funciones y atribuciones del Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del estatuto de referencia, estará encargada de los aspectos no judiciales de la administración de la Corte Penal Internacional y de prestarle servicios.
De conformidad con el Estatuto de la Corte Penal Internacional la Secretaría será dirigida por el Secretario, que será el principal funcionario administrativo de la Corte. El Secretario ejercerá sus funciones bajo la autoridad del Presidente de la CPI.
El Estatuto de la Corte Penal Internacional señala, además, que el Secretario y el Secretario Adjunto deberán ser personas que gocen de consideración moral y tener un alto nivel de competencia y un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.
El Estatuto de Roma también establece que los magistrados elegirán al Secretario de la Corte Penal Internacional en votación secreta por mayoría absoluta y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Asamblea de los Estados Partes. De ser necesario elegirán por recomendación del Secretario y con arreglo al mismo procedimiento, un Secretario Adjunto.
En cuanto al procedimiento de elección del Secretario de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma establece que el mismo será elegido por un periodo de cinco años en régimen de de dejación exclusiva y podrá ser reelegido una sola vez. El Secretario Adjunto será elegido por un periodo de cinco años, o por uno más breve, si así lo deciden los magistrados por mayoría absoluta en el entendimiento de que prestara sus servicios según será necesario.
Finalmente, el Secretario establecerá una Dependencia de Víctimas y Testigos dentro de la Secretaria. Esta Dependencia, en consulta con la Fiscalía, adoptará medidas de protección y dispositivos de seguridad y prestará asesoramiento y otro tipo de asistencia a testigos y víctimas que comparezcan ante la CPI, y a otras personas que estén peligro en razón del testimonio prestado . La Dependencia contara con personal especializado para atender a las víctimas de traumas, incluidos los relacionados con delitos de violencia sexual.
Rommelsantosdiaz@gmailcom