Nacionales
El escándalo de la barbería afectó imagen del Gobierno
Por Antonio Salcedo
La reputación de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ha salido aún más deteriorada con las acciones de sus agentes en una Barberia de Villa Vásquez que ha desmontado los anteriores apresamientos y juicios por la misma causa.
El escándalo de la barbería en Villa Vásquez, provincia de Monte Cristi, donde según los dirigentes comunitarios ha sido frecuente la detención de jóvenes por acusaciones falsas de que poseían narcóticos, zarandea también a la Procuraduría General de la República.
Centenares de personas mayormente jóvenes que fueron detenidos y sometidos a la justicia porque supuestamente cargaban con una porción de marihuana o cocaína, ahora podrían reclamar nuevos juicios partiendo de la posible realidad de que la DNCD se pasó.
Lo que dije hace años durante el régimen del doctor Balaguer, y que repetí después en regímenes más democráticos, se mantiene hoy 60 años después de la desaparición de Trujillo, cuando los policías y militares eran escogidos entre los más brutos que aspiraban.
Todavía la brutalidad es la materia básica a la hora de escoger a los agentes de la Policía y las otras instituciones relacionados, en los últimos años bajo el poder de la lucha contra la droga y la presunción de que el vicio se ha extendido por todo el país.
La Policía se hace de la vista gorda de los malhechores que entran en su seno. Un cadete expulsado por mala conducta de la Academia de la Policía, se jactaba hace algún tiempo en la Internet, de que tras “enfriarse”, lo engancharían como raso.
Otro joven, empacador en un supermercado, en los que no reciben pago sino las propinas que dan los clientes, comentaba con otros compañeros que pronto lo engancharían a la Policía y cuando tuviera su “quimbo” nunca más volvería a trabajar de gratis.
Internet ayudó
El escándalo de Villa Vásquez, Monte Cristi, pudo pasar como una requisa común presentada ante la prensa como una incautación de narcóticos en una barbería donde trabajaban varios jóvenes, si la cámara no hubiese captado cuando un oficial lanzó la droga en un rincón, y se divulgara el suceso por la Internet.
Pensarían allá tan lejos en Monte Cristi, que no tanta gente quiere transitar esa carretera horrible desde Santo Domingo, con un “policía acostado” frente a cada aldea, que se puede hacer y deshacer sin temor a alguna consecuencia.
En los doce años del doctor Balaguer por allá por las provincias de Valverde y Monte Cristi había sendos caciques militares, uno de los cuales era apodado “Machetico”, que eran una especie de “ley, batuta y constitución”, traficantes de haitianos, por demás.
Era una época en que el Senado, dirigido durante años por un munícipe de San Cristóbal, nombraba los jueces, leales siempre al partido del gobierno. Muchos remanentes o hijos de los zorros del trujillismo habían quedado redivivos tras las elecciones de 1966.
Aunque de conocida valentía personal, que al término de esa época fue de visita a los cuarteles militares en su condición de comandante en jefe electo en 1978, el presidente Antonio Guzmán lo pensó muy bien antes de ir a la Línea Noroeste o a la base de San Isidro.
Fui testigo privilegiado junto al reportero gráfico Antonio García Valoy, por mi condición de reportero del vespertino Última Hora, de la toma de posesión el 16 de agosto al anochecer, cuando ya se había arriado la bandera, del general Mario Imbert McGregor, en medio de un ambiente hostil que presagiaba malos momentos.
A mediados de 1979, cuando Guzmán cumpliría un año, se produjeron en el país desórdenes contra su régimen, protagonizados, como ha sido la casuística, por grupos de choferes del transporte siempre inconformes y deseosos de tratar el pulso del nuevo régimen.
Durante esos desórdenes fue asesinado el periodista Marcelino Vega. El jefe de la Policía en esa época, general Virgilio Payano le dijo a la prensa que el comunicador había muerto en un “intercambio de disparos”. Guzmán lo canceló luego de manera fulminante.
El revólver se multiplica
Durante los doce años se acostumbró a utilizar un revólver como prueba de que las personas detenidas, generalmente hostiles al régimen del doctor Balaguer, cuyas fuerzas policiales y militares desataron una cacería por todo el país luego de la revolución, habían delinquido.
A raíz del escándalo de Villa Vásquez, unos periodistas comentaban en una sala de redacción, aquella ocurrencia brutal de colocar el mismo revólver como una prueba de que los acusados lo habían utilizado en atentados contra el orden público una, otra y otra vez.
La trama la descubrió el abogado y compositor Héctor Cabral Ortega, quien dedicó su vida al magisterio y a defender sin renta a los perseguidos del régimen. Más de 50 años después de aquel revólver que se multiplicaba, la Internet desnudó la trama de la DNCD.
Aunque la institución canceló y puso a disposición de la justicia a los cinco agentes de alta y baja graduación que participaron en la pantomima en la barbería de Villa Vásquez, e interrogó a la fiscal actuante, Lisset Núñez, quien alega inocencia, el daño no se borrará.
Si es cierto, como afirman los entendidos y las instituciones que luchan contra las drogas, que el país tiene miles de puntos de abastecimiento, ahora muchos de esos renegados de la ley tratarán de sacar provecho de lo ocurrido en Villa Vásquez y alegarán inocencia.
En su editorial del pasado martes “El estropicio de la barbería”, LISTÍN DIARIO resumió la situación así: El estropicio de la barbería es una muestra de hasta dónde el rol de la DNCD puede quedar desacreditado y deslegitimado por semejantes y perversas maquinaciones”.
Mientras los medios y comentarios giraban en torno a la indignación de Villa Vásquez, se publicó que el coronel Carlos Piccini, protagonista visible del escándalo de los supuestos sobornos en la compra de ocho aviones Tucano, destinados a la lucha contra el narcotráfico, logró un auto de libertad.
Los apostadores de las desgracias dominicanas, que hace tres años cuando fue apresado el oficial hicieron sus apuestas en el supuesto de que “eso no pasa de ahí”, cobraron ya, o en el menor de los casos, cobrarán más tarde
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.