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El escándalo de la barbería afectó imagen del Gobierno

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Por Antonio Salcedo

La reputación de la  Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ha salido aún más deteriorada con las acciones de sus agentes en una Barberia de Villa Vásquez que ha desmontado los anteriores apresamientos y juicios por la misma causa.

El escándalo de la barbería en Villa Vásquez, provincia de Monte Cristi, donde según los dirigentes comunitarios ha sido frecuente la detención de jóvenes por acusaciones falsas de que poseían narcóticos, zarandea también a la Procuraduría General de la República.

Centenares de personas mayormente jóvenes que fueron detenidos y sometidos a la justicia porque supuestamente cargaban con una porción de marihuana o cocaína, ahora podrían reclamar nuevos juicios partiendo de la posible realidad de que la DNCD se pasó.

Lo que dije hace años durante el régimen del doctor Balaguer, y que repetí después en regímenes más democráticos, se mantiene hoy 60 años después de la desaparición de Trujillo, cuando los policías y militares eran escogidos entre los más brutos que aspiraban.

Todavía la brutalidad es la materia básica a la hora de escoger a los agentes de la Policía y las otras instituciones relacionados, en los últimos años bajo el poder de la lucha contra la droga y la presunción de que el vicio se ha extendido por todo el país.

La Policía se hace de la vista gorda de los malhechores que entran en su seno. Un cadete expulsado por mala conducta de la Academia de la Policía, se jactaba hace algún tiempo en la Internet, de que tras “enfriarse”, lo engancharían como raso.

Otro joven, empacador en un supermercado, en los que no reciben pago sino las propinas que dan los clientes, comentaba con otros compañeros que pronto lo engancharían a la Policía y cuando tuviera su “quimbo” nunca más volvería a trabajar de gratis.

Internet ayudó
El escándalo de Villa Vásquez, Monte Cristi, pudo pasar como una requisa común presentada ante la prensa como una incautación de narcóticos en una barbería donde trabajaban varios jóvenes, si la cámara no  hubiese captado cuando un oficial lanzó la droga en un rincón, y se divulgara el suceso por la Internet.

Pensarían allá tan lejos en Monte Cristi, que no tanta gente quiere transitar esa carretera horrible desde Santo Domingo, con un “policía acostado” frente a cada aldea, que se puede hacer y deshacer sin temor a alguna consecuencia.

En los doce años del doctor Balaguer por allá por las provincias de Valverde y Monte Cristi había sendos caciques militares, uno de los cuales era apodado “Machetico”, que eran una especie de “ley, batuta y constitución”, traficantes de haitianos, por demás.

Era una época en que el Senado, dirigido durante años por un munícipe de San Cristóbal, nombraba los jueces, leales siempre al partido del gobierno. Muchos remanentes o hijos de los zorros del trujillismo habían quedado redivivos tras las elecciones de 1966.

Aunque de conocida valentía personal, que al término de esa época fue de visita a los cuarteles militares en su condición de comandante en jefe electo en 1978, el presidente Antonio Guzmán lo pensó muy bien antes de ir a la Línea Noroeste o a la base de San Isidro.

Fui testigo privilegiado junto al reportero gráfico Antonio García Valoy, por mi condición de reportero del vespertino Última Hora, de la toma de posesión el 16 de agosto al anochecer, cuando ya se había arriado la bandera, del general Mario Imbert McGregor, en medio de un ambiente hostil que presagiaba malos momentos.

A mediados de 1979, cuando Guzmán cumpliría un año, se produjeron en el país desórdenes contra su régimen, protagonizados, como ha sido la casuística, por grupos de choferes del transporte siempre inconformes y deseosos de tratar el pulso del nuevo régimen.

Durante esos desórdenes fue asesinado el periodista Marcelino Vega. El jefe de la Policía en esa época, general Virgilio Payano le dijo a la prensa que el comunicador había muerto en un “intercambio de disparos”. Guzmán lo canceló luego de manera fulminante.

El revólver se multiplica
Durante los doce años se acostumbró a utilizar un revólver como prueba de que las personas detenidas, generalmente hostiles al régimen del doctor Balaguer, cuyas fuerzas policiales y militares desataron una cacería por todo el país luego de la revolución, habían delinquido.

A raíz del escándalo de Villa Vásquez, unos periodistas comentaban en una sala de redacción, aquella ocurrencia brutal de colocar el mismo revólver como una prueba de que los acusados lo habían utilizado en atentados contra el orden público una, otra y otra vez.

La trama la descubrió el abogado y compositor Héctor Cabral Ortega, quien dedicó su vida al magisterio y a defender sin renta a los perseguidos del régimen. Más de 50 años después de aquel revólver que se multiplicaba, la Internet desnudó la trama de la DNCD.

Aunque la institución canceló y puso a disposición de la justicia a los cinco agentes de alta y baja graduación que participaron en la pantomima en la barbería de Villa Vásquez, e  interrogó a la fiscal actuante, Lisset Núñez, quien alega inocencia, el daño no se borrará.

Si es cierto, como afirman los entendidos y las instituciones que luchan contra las drogas, que el país tiene miles de puntos de abastecimiento, ahora muchos de esos renegados de la ley tratarán de sacar provecho de lo ocurrido en Villa Vásquez y alegarán inocencia.

En su editorial del pasado martes “El estropicio de la barbería”, LISTÍN DIARIO resumió la situación así: El estropicio de la barbería es una muestra de hasta dónde el rol de la DNCD puede quedar desacreditado y deslegitimado por semejantes y perversas maquinaciones”.

Mientras los medios y comentarios giraban en torno a la indignación de Villa Vásquez, se publicó que el coronel Carlos Piccini, protagonista visible del escándalo de los supuestos sobornos en la compra de ocho aviones Tucano, destinados a la lucha contra el narcotráfico, logró un auto de libertad.

Los apostadores de las desgracias dominicanas, que hace tres años cuando fue apresado el oficial hicieron sus apuestas en el supuesto de que “eso no pasa de ahí”, cobraron ya, o en el menor de los casos, cobrarán más tarde

 

 

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Poder Ejecutivo deposita en el Senado proyecto de ley que modifica la Ley 1-24, que crea la DNI

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Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader despositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la ley número 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según informó la Presidencia de la República en un comunicado.

La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.

El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.

«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.

También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».

De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.

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MAP llama a empleados de instituciones en proceso de fusión y eliminación a continuar sus labores

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Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.

A través de un comunicado firmado por el ministro Sigmund Freund, el MAP aseguró que no habrá desvinculaciones inmediatas o masivas; ya que cada una de las instituciones que forman parte de este plan de mejora de la administración pública, iniciarán un proceso riguroso de evaluación interna para determinar los próximos pasos en materia de procesos y recursos humanos.

“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.

El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.

“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.

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Raquel Peña dirigirá otro gabinete; Abinader la designa como presidenta del Gabinete de Educación

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Santo Domingo, R.D.-La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación, en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.

El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.

En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.

En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.

Joel Santos

En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.

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