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El escándalo de la barbería afectó imagen del Gobierno
Por Antonio Salcedo
La reputación de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ha salido aún más deteriorada con las acciones de sus agentes en una Barberia de Villa Vásquez que ha desmontado los anteriores apresamientos y juicios por la misma causa.
El escándalo de la barbería en Villa Vásquez, provincia de Monte Cristi, donde según los dirigentes comunitarios ha sido frecuente la detención de jóvenes por acusaciones falsas de que poseían narcóticos, zarandea también a la Procuraduría General de la República.
Centenares de personas mayormente jóvenes que fueron detenidos y sometidos a la justicia porque supuestamente cargaban con una porción de marihuana o cocaína, ahora podrían reclamar nuevos juicios partiendo de la posible realidad de que la DNCD se pasó.
Lo que dije hace años durante el régimen del doctor Balaguer, y que repetí después en regímenes más democráticos, se mantiene hoy 60 años después de la desaparición de Trujillo, cuando los policías y militares eran escogidos entre los más brutos que aspiraban.
Todavía la brutalidad es la materia básica a la hora de escoger a los agentes de la Policía y las otras instituciones relacionados, en los últimos años bajo el poder de la lucha contra la droga y la presunción de que el vicio se ha extendido por todo el país.
La Policía se hace de la vista gorda de los malhechores que entran en su seno. Un cadete expulsado por mala conducta de la Academia de la Policía, se jactaba hace algún tiempo en la Internet, de que tras “enfriarse”, lo engancharían como raso.
Otro joven, empacador en un supermercado, en los que no reciben pago sino las propinas que dan los clientes, comentaba con otros compañeros que pronto lo engancharían a la Policía y cuando tuviera su “quimbo” nunca más volvería a trabajar de gratis.
Internet ayudó
El escándalo de Villa Vásquez, Monte Cristi, pudo pasar como una requisa común presentada ante la prensa como una incautación de narcóticos en una barbería donde trabajaban varios jóvenes, si la cámara no hubiese captado cuando un oficial lanzó la droga en un rincón, y se divulgara el suceso por la Internet.
Pensarían allá tan lejos en Monte Cristi, que no tanta gente quiere transitar esa carretera horrible desde Santo Domingo, con un “policía acostado” frente a cada aldea, que se puede hacer y deshacer sin temor a alguna consecuencia.
En los doce años del doctor Balaguer por allá por las provincias de Valverde y Monte Cristi había sendos caciques militares, uno de los cuales era apodado “Machetico”, que eran una especie de “ley, batuta y constitución”, traficantes de haitianos, por demás.
Era una época en que el Senado, dirigido durante años por un munícipe de San Cristóbal, nombraba los jueces, leales siempre al partido del gobierno. Muchos remanentes o hijos de los zorros del trujillismo habían quedado redivivos tras las elecciones de 1966.
Aunque de conocida valentía personal, que al término de esa época fue de visita a los cuarteles militares en su condición de comandante en jefe electo en 1978, el presidente Antonio Guzmán lo pensó muy bien antes de ir a la Línea Noroeste o a la base de San Isidro.
Fui testigo privilegiado junto al reportero gráfico Antonio García Valoy, por mi condición de reportero del vespertino Última Hora, de la toma de posesión el 16 de agosto al anochecer, cuando ya se había arriado la bandera, del general Mario Imbert McGregor, en medio de un ambiente hostil que presagiaba malos momentos.
A mediados de 1979, cuando Guzmán cumpliría un año, se produjeron en el país desórdenes contra su régimen, protagonizados, como ha sido la casuística, por grupos de choferes del transporte siempre inconformes y deseosos de tratar el pulso del nuevo régimen.
Durante esos desórdenes fue asesinado el periodista Marcelino Vega. El jefe de la Policía en esa época, general Virgilio Payano le dijo a la prensa que el comunicador había muerto en un “intercambio de disparos”. Guzmán lo canceló luego de manera fulminante.
El revólver se multiplica
Durante los doce años se acostumbró a utilizar un revólver como prueba de que las personas detenidas, generalmente hostiles al régimen del doctor Balaguer, cuyas fuerzas policiales y militares desataron una cacería por todo el país luego de la revolución, habían delinquido.
A raíz del escándalo de Villa Vásquez, unos periodistas comentaban en una sala de redacción, aquella ocurrencia brutal de colocar el mismo revólver como una prueba de que los acusados lo habían utilizado en atentados contra el orden público una, otra y otra vez.
La trama la descubrió el abogado y compositor Héctor Cabral Ortega, quien dedicó su vida al magisterio y a defender sin renta a los perseguidos del régimen. Más de 50 años después de aquel revólver que se multiplicaba, la Internet desnudó la trama de la DNCD.
Aunque la institución canceló y puso a disposición de la justicia a los cinco agentes de alta y baja graduación que participaron en la pantomima en la barbería de Villa Vásquez, e interrogó a la fiscal actuante, Lisset Núñez, quien alega inocencia, el daño no se borrará.
Si es cierto, como afirman los entendidos y las instituciones que luchan contra las drogas, que el país tiene miles de puntos de abastecimiento, ahora muchos de esos renegados de la ley tratarán de sacar provecho de lo ocurrido en Villa Vásquez y alegarán inocencia.
En su editorial del pasado martes “El estropicio de la barbería”, LISTÍN DIARIO resumió la situación así: El estropicio de la barbería es una muestra de hasta dónde el rol de la DNCD puede quedar desacreditado y deslegitimado por semejantes y perversas maquinaciones”.
Mientras los medios y comentarios giraban en torno a la indignación de Villa Vásquez, se publicó que el coronel Carlos Piccini, protagonista visible del escándalo de los supuestos sobornos en la compra de ocho aviones Tucano, destinados a la lucha contra el narcotráfico, logró un auto de libertad.
Los apostadores de las desgracias dominicanas, que hace tres años cuando fue apresado el oficial hicieron sus apuestas en el supuesto de que “eso no pasa de ahí”, cobraron ya, o en el menor de los casos, cobrarán más tarde
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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
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Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.