Nacionales
El escándalo de la barbería afectó imagen del Gobierno
Por Antonio Salcedo
La reputación de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ha salido aún más deteriorada con las acciones de sus agentes en una Barberia de Villa Vásquez que ha desmontado los anteriores apresamientos y juicios por la misma causa.
El escándalo de la barbería en Villa Vásquez, provincia de Monte Cristi, donde según los dirigentes comunitarios ha sido frecuente la detención de jóvenes por acusaciones falsas de que poseían narcóticos, zarandea también a la Procuraduría General de la República.
Centenares de personas mayormente jóvenes que fueron detenidos y sometidos a la justicia porque supuestamente cargaban con una porción de marihuana o cocaína, ahora podrían reclamar nuevos juicios partiendo de la posible realidad de que la DNCD se pasó.
Lo que dije hace años durante el régimen del doctor Balaguer, y que repetí después en regímenes más democráticos, se mantiene hoy 60 años después de la desaparición de Trujillo, cuando los policías y militares eran escogidos entre los más brutos que aspiraban.
Todavía la brutalidad es la materia básica a la hora de escoger a los agentes de la Policía y las otras instituciones relacionados, en los últimos años bajo el poder de la lucha contra la droga y la presunción de que el vicio se ha extendido por todo el país.
La Policía se hace de la vista gorda de los malhechores que entran en su seno. Un cadete expulsado por mala conducta de la Academia de la Policía, se jactaba hace algún tiempo en la Internet, de que tras “enfriarse”, lo engancharían como raso.
Otro joven, empacador en un supermercado, en los que no reciben pago sino las propinas que dan los clientes, comentaba con otros compañeros que pronto lo engancharían a la Policía y cuando tuviera su “quimbo” nunca más volvería a trabajar de gratis.
Internet ayudó
El escándalo de Villa Vásquez, Monte Cristi, pudo pasar como una requisa común presentada ante la prensa como una incautación de narcóticos en una barbería donde trabajaban varios jóvenes, si la cámara no hubiese captado cuando un oficial lanzó la droga en un rincón, y se divulgara el suceso por la Internet.
Pensarían allá tan lejos en Monte Cristi, que no tanta gente quiere transitar esa carretera horrible desde Santo Domingo, con un “policía acostado” frente a cada aldea, que se puede hacer y deshacer sin temor a alguna consecuencia.
En los doce años del doctor Balaguer por allá por las provincias de Valverde y Monte Cristi había sendos caciques militares, uno de los cuales era apodado “Machetico”, que eran una especie de “ley, batuta y constitución”, traficantes de haitianos, por demás.
Era una época en que el Senado, dirigido durante años por un munícipe de San Cristóbal, nombraba los jueces, leales siempre al partido del gobierno. Muchos remanentes o hijos de los zorros del trujillismo habían quedado redivivos tras las elecciones de 1966.
Aunque de conocida valentía personal, que al término de esa época fue de visita a los cuarteles militares en su condición de comandante en jefe electo en 1978, el presidente Antonio Guzmán lo pensó muy bien antes de ir a la Línea Noroeste o a la base de San Isidro.
Fui testigo privilegiado junto al reportero gráfico Antonio García Valoy, por mi condición de reportero del vespertino Última Hora, de la toma de posesión el 16 de agosto al anochecer, cuando ya se había arriado la bandera, del general Mario Imbert McGregor, en medio de un ambiente hostil que presagiaba malos momentos.
A mediados de 1979, cuando Guzmán cumpliría un año, se produjeron en el país desórdenes contra su régimen, protagonizados, como ha sido la casuística, por grupos de choferes del transporte siempre inconformes y deseosos de tratar el pulso del nuevo régimen.
Durante esos desórdenes fue asesinado el periodista Marcelino Vega. El jefe de la Policía en esa época, general Virgilio Payano le dijo a la prensa que el comunicador había muerto en un “intercambio de disparos”. Guzmán lo canceló luego de manera fulminante.
El revólver se multiplica
Durante los doce años se acostumbró a utilizar un revólver como prueba de que las personas detenidas, generalmente hostiles al régimen del doctor Balaguer, cuyas fuerzas policiales y militares desataron una cacería por todo el país luego de la revolución, habían delinquido.
A raíz del escándalo de Villa Vásquez, unos periodistas comentaban en una sala de redacción, aquella ocurrencia brutal de colocar el mismo revólver como una prueba de que los acusados lo habían utilizado en atentados contra el orden público una, otra y otra vez.
La trama la descubrió el abogado y compositor Héctor Cabral Ortega, quien dedicó su vida al magisterio y a defender sin renta a los perseguidos del régimen. Más de 50 años después de aquel revólver que se multiplicaba, la Internet desnudó la trama de la DNCD.
Aunque la institución canceló y puso a disposición de la justicia a los cinco agentes de alta y baja graduación que participaron en la pantomima en la barbería de Villa Vásquez, e interrogó a la fiscal actuante, Lisset Núñez, quien alega inocencia, el daño no se borrará.
Si es cierto, como afirman los entendidos y las instituciones que luchan contra las drogas, que el país tiene miles de puntos de abastecimiento, ahora muchos de esos renegados de la ley tratarán de sacar provecho de lo ocurrido en Villa Vásquez y alegarán inocencia.
En su editorial del pasado martes “El estropicio de la barbería”, LISTÍN DIARIO resumió la situación así: El estropicio de la barbería es una muestra de hasta dónde el rol de la DNCD puede quedar desacreditado y deslegitimado por semejantes y perversas maquinaciones”.
Mientras los medios y comentarios giraban en torno a la indignación de Villa Vásquez, se publicó que el coronel Carlos Piccini, protagonista visible del escándalo de los supuestos sobornos en la compra de ocho aviones Tucano, destinados a la lucha contra el narcotráfico, logró un auto de libertad.
Los apostadores de las desgracias dominicanas, que hace tres años cuando fue apresado el oficial hicieron sus apuestas en el supuesto de que “eso no pasa de ahí”, cobraron ya, o en el menor de los casos, cobrarán más tarde
Nacionales
Abinader llama a personas con órdenes de arresto a entregarse y advierte que serán perseguidas
Por redacción
Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader exhortó este lunes a las personas que tienen órdenes de arresto pendientes a entregarse ante las autoridades y aseguró que los organismos de seguridad continuarán su búsqueda para evitar la comisión de nuevos hechos delictivos.
El mandatario hizo el planteamiento durante LA Agenda Semanal, encuentro encabezado por el Gobierno y dedicado en esta ocasión a las acciones implementadas frente a la criminalidad y la seguridad ciudadana.
“A esos que tienen órdenes de arresto, que se entreguen, porque si no, se van a ir a buscar antes de que cometan otro crimen”, declaró Abinader durante su intervención.
El jefe de Estado manifestó que las autoridades no pretenden esperar a que una persona requerida judicialmente vuelva a involucrarse en un hecho violento para ejecutar una orden de captura.
Gobierno reforzará búsqueda de personas requeridas
Abinader explicó que las autoridades cuentan con registros de personas sobre las cuales pesan una o varias órdenes de arresto y sostuvo que la Policía Nacional mantendrá activa su localización.
Según señaló, algunos de los individuos requeridos acumulan varias órdenes pendientes y continúan circulando libremente.
El mandatario afirmó que el objetivo de las autoridades es actuar de forma preventiva y reducir la posibilidad de que personas vinculadas previamente a hechos delictivos vuelvan a afectar a ciudadanos.
La Presidencia informó por separado que Abinader reafirmó que quienes cometan actos criminales serán perseguidos y capturados mediante el fortalecimiento de la capacidad tecnológica y operativa de las instituciones de seguridad.
Cuestiona exhibición de armas en redes sociales
Durante su exposición, Abinader también manifestó preocupación por personas requeridas por las autoridades que aparecen en plataformas digitales exhibiendo armas de fuego o realizando disparos.
El gobernante sostuvo que este tipo de comportamiento constituye, desde su perspectiva, un desafío a la autoridad que no debe ser tolerado.
Mientras realizaba esas declaraciones, golpeó la mesa con la mano para enfatizar su posición.
Según el mandatario, las propias publicaciones en redes sociales pueden convertirse en un elemento utilizado por las autoridades para localizar a personas buscadas.
Policía también exhorta a entregarse
Las declaraciones presidenciales se producen el mismo día en que el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, exhortó a quienes tengan asuntos pendientes con la justicia a entregarse voluntariamente.
Rodríguez García afirmó que las personas que no lo hagan continuarán siendo perseguidas por los agentes y aseguró que existe una lista de individuos requeridos desde hace años por diferentes hechos.
La Policía informó además que 85 personas se entregaron voluntariamente durante septiembre, según declaraciones de su director.
Debate por actuaciones policiales
El pronunciamiento de las autoridades coincide con un período de cuestionamientos sobre las muertes ocurridas durante actuaciones policiales reportadas oficialmente como intercambios de disparos.
Un recuento publicado este 28 de septiembre registra 37 personas fallecidas durante septiembre en hechos de ese tipo. La Policía ha informado en diferentes casos que los fallecidos eran buscados por órdenes judiciales, denuncias o presunta vinculación con delitos.
El tema también ha provocado llamados de distintos sectores para que las actuaciones policiales se mantengan dentro del debido proceso y del respeto a los derechos fundamentales.
Abinader, por su parte, sostuvo durante LA Agenda Semanal que la seguridad ciudadana continúa siendo una preocupación del Gobierno y aseguró que las autoridades seguirán adoptando acciones destinadas a enfrentar la criminalidad.
Por redacción
Santo Domingo.– El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, hizo este lunes un llamado a los médicos a no facilitar sus códigos profesionales para la facturación o tramitación de servicios de salud, al señalar que esa práctica puede comprometerlos penalmente.
La advertencia fue formulada tras conocerse las medidas de coerción impuestas por el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, contra los imputados en el denominado caso SeNaSa 2.0, investigación vinculada a presuntas irregularidades en perjuicio del Seguro Nacional de Salud y de sus afiliados.
Camacho sostuvo que el proceso debe servir de experiencia para el sector médico y consideró necesario promover una campaña preventiva que oriente a los profesionales sobre las consecuencias de ceder sus credenciales a terceros.
“Prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal”, manifestó el funcionario, quien afirmó que 22 médicos fueron procesados dentro de esta etapa de la investigación.
Según explicó, el Ministerio Público entiende que el uso de códigos profesionales cedidos a terceros constituye uno de los elementos que deben ser tomados en cuenta para evitar que otros médicos puedan verse involucrados en investigaciones similares.
Investigación continuará
Camacho también dejó establecido que las medidas de coerción conocidas por el tribunal no significan el cierre de las pesquisas relacionadas con SeNaSa.
El titular de Persecución consideró razonable la decisión adoptada por el juez y afirmó que, desde la perspectiva del Ministerio Público, el fallo reconoce la investigación presentada ante el tribunal.
No obstante, señaló que las indagatorias seguirán abiertas.
“La investigación sobre lo sucedido en SeNaSa no se cierra, no concluye con esta investigación, y vamos a ir por más”, declaró Camacho.
Ocho imputados cumplirán prisión preventiva
El juez Rigoberto Sena impuso 18 meses de prisión preventiva a ocho de los procesados.
Los imputados Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Mientras, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
Arresto domiciliario para otros procesados
El tribunal dispuso arresto domiciliario para las exempleadas de SeNaSa Heidy Coronado Paulino y Lucreisy Polanco Núñez, así como para los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo y Víctor Felipe Rodríguez García.
A otro grupo de imputados se les impuso, además del arresto domiciliario, impedimento de salida del país y garantías económicas.
Para Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Keila Beatriz Acosta Leonardo, la garantía económica fue fijada en RD$2 millones, a través de una compañía aseguradora.
En el caso de Martha María Saldaña, el tribunal estableció una garantía económica de RD$3 millones, además de arresto domiciliario e impedimento de salida del territorio nacional.
Garantías de un millón de pesos
El juez también impuso garantía económica de RD$1 millón a los médicos José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Diclo Garabito y Yocairis Antonia Méndez Beltré.
Estos imputados deberán, además, cumplir con presentación periódica e impedimento de salida del país.
El tribunal concedió un plazo de siete días para hacer efectivas las garantías económicas. De no cumplir con ese requisito, los afectados podrían ser trasladados a los centros penitenciarios correspondientes, conforme a la decisión judicial.
Ministerio Público atribuye varios delitos
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público vincula a los procesados de la denominada Operación Cobra 2.0-A con presuntos delitos de asociación de malhechores, falsificación y uso de documentos falsos, delitos de alta tecnología, acceso ilícito, utilización indebida de códigos y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
El órgano acusador sostiene que la investigación guarda relación con supuestas maniobras fraudulentas vinculadas a servicios y autorizaciones médicas en el Seguro Nacional de Salud.
El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva para los 26 imputados y pidió, además, que el expediente fuera declarado de tramitación compleja.
Durante la audiencia, los fiscales presentaron numerosos elementos de prueba para sustentar sus imputaciones.
Los arrestos fueron realizados durante allanamientos ejecutados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Caso fue declarado complejo
Además de decidir sobre las medidas de coerción, el juez Rigoberto Sena declaró el proceso de tramitación compleja, lo que permitirá que la investigación continúe bajo las reglas procesales previstas para expedientes que involucran múltiples imputados, hechos y elementos probatorios.
El Ministerio Público ha señalado que esta investigación forma parte de una nueva etapa de las pesquisas relacionadas con las presuntas irregularidades cometidas en el Seguro Nacional de Salud.
El director policial afirma que busca cambiar la percepción de inseguridad y sostiene que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia deben entregarse; insiste en que la actuación policial debe respetar los derechos ciudadanos
Por Alberto Rodríguez
SANTO DOMINGO.– El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, colocó la persecución de personas prófugas entre las prioridades de su gestión y aseguró que la institución intensificará las acciones para localizar a quienes tienen órdenes de arresto pendientes por homicidios, robos, agresiones y otros hechos delictivos.
Rodríguez García sostuvo este lunes que procura revertir una realidad que, a su juicio, afecta la tranquilidad de la población: que sean los ciudadanos quienes sientan temor frente a la delincuencia. Su planteamiento es que la autoridad debe garantizar condiciones para que las personas puedan desarrollar sus actividades cotidianas con mayor seguridad. El Día
El mayor general asumió la Dirección General de la Policía Nacional en agosto pasado y durante sus primeras semanas ha desarrollado recorridos, cambios operativos y encuentros con diferentes estructuras de la institución. La Policía ha presentado esa agenda como parte de un esfuerzo dirigido a fortalecer su presencia territorial, supervisión y capacidad de respuesta. Policía Nacional Dominicana
Una lista de prófugos bajo seguimiento
Durante sus declaraciones, Rodríguez García reveló que mantiene en su despacho una relación de personas que llevan años prófugas de la justicia y aseguró que el personal policial tiene instrucciones de trabajar en su localización.
Según explicó, entre los buscados figuran personas señaladas por homicidios, robos y agresiones, incluyendo hechos cometidos contra menores y otras personas vulnerables.
La propia Policía Nacional mantiene públicamente un listado de prófugos buscados por las autoridades, que incluye personas requeridas por distintos procesos. Policía Nacional Dominicana
El director policial exhortó a quienes tengan órdenes de arresto pendientes a entregarse voluntariamente y aseguró que serán recibidos y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.
Actuación policial y derechos humanos
Las declaraciones se producen en momentos en que las actuaciones de agentes durante determinados operativos han provocado cuestionamientos, particularmente en casos reportados como intercambios de disparos.
Interrogado sobre esas críticas, Rodríguez García defendió el derecho de los policías a proteger sus vidas cuando sean atacados, pero afirmó al mismo tiempo que la institución debe actuar respetando los derechos humanos. El Día
Esa posición coincide con orientaciones ofrecidas recientemente por el propio director a miembros de la Dirección Regional Noreste, donde pidió a los agentes preservar vidas, actuar con prudencia y mantener un trato digno hacia la ciudadanía, sin renunciar a la firmeza frente al delito. También insistió en que el uso de la fuerza debe ajustarse a la Constitución, las leyes y los protocolos establecidos. Policía Nacional Dominicana
Agentes suspendidos por incidente en Villa Vásquez
Rodríguez García se refirió además a un video divulgado sobre una intervención policial en Villa Vásquez, en el que se observa a un hombre detenerse y levantar las manos durante una actuación de agentes.
El director informó que los policías involucrados fueron suspendidos y que el caso quedó bajo investigación del Ministerio Público, órgano al que corresponde establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades relacionadas con el hecho. El Día
El jefe policial señaló que cualquier ciudadano que considere haber sido víctima de una actuación irregular de agentes puede recurrir al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.
Seguridad sin apartarse de la legalidad
El discurso de Rodríguez García plantea dos líneas que deberán coexistir durante su gestión: incrementar la capacidad de persecución contra personas requeridas por la justicia y, simultáneamente, procurar que las intervenciones policiales se mantengan dentro de los límites legales.
La institución atraviesa además un proceso de reforma que incluye cambios en formación, tecnología y despliegue territorial. El Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial informó el 24 de septiembre que se han incorporado 11,001 nuevos agentes, instalado más de 8,000 cámaras corporales y ampliado de tres meses a un año el período de formación de los nuevos policías. Policía Nacional Dominicana
El desafío será que el fortalecimiento operativo produzca mayor seguridad ciudadana sin debilitar las garantías que corresponden a toda persona sometida a una investigación o persecución penal.
La persecución del delito y el respeto al debido proceso no constituyen objetivos incompatibles: forman parte de las responsabilidades que debe asumir una institución policial en un Estado de derecho.
Rodríguez García reiteró que la función de la Policía es proteger a la sociedad, preservar la paz y llevar ante las autoridades competentes a quienes tengan cuentas pendientes con la justicia.