Opinión
El espacio dictatorial (3)
Por Andrés. L. Mateo
He mantenido en mis artículos una columna abierta sobre el tema del espacio dictatorial. En la República Dominicana los análisis de coyuntura son escasos, contrario a otros países como México o Argentina, en los cuales se da seguimiento a la evolución de un acontecimiento actuante en ese momento o previsible en el tiempo. Lo que he sostenido se reduce al hecho concreto de que el resultado de las elecciones pasadas ha abierto en el país un espacio dictatorial. Y vuelvo a aclarar que la categoría de dictatorial no alude al viejo estilo de las dictaduras clásicas que proliferaron en el mundo americano desde principio del siglo XX; pero aún en el marco formal de una interactuación “democrática”, la hegemonía del poder peledeísta configura lo esencial de todo proceso de dominación absoluta. Este rasgo esencial es “La concepción patrimonial del Estado”.
¿Cómo se ha logrado imponer al país un espacio dictatorial tan plenamente definido?
En la historia dominicana es común la coexistencia entre “democracia formal” y dictadura real. Incluso Trujillo reconfiguró su régimen de dureza en el marco de una “democracia formal” (tenía parlamento, poder judicial, simulaba operar en el marco del cumplimiento de la constitución, y hasta hacía “elecciones”). En el balaguerismo la libertad se eclipsó del conglomerado humano que formaba el país, y todo el poder dependía de su querer. Los primeros doce años de Balaguer, en particular, eran la alquimia del subjetivismo, porque vivíamos en “democracia” (había partidos políticos, prensa “libre”, sindicatos, movimientos sociales, etc), solo que la topografía del autoritarismo pendía desde una discreta penumbra sobre todo el que pudiera amenazar el espacio dictatorial en que se movía el poder. Balaguer comenzó a destrozar, de esta manera, todo aquello en que creíamos; y fue el derrumbe, se desplomaron los antiguos valores, poco más de un siglo de pensamiento dominicano sucumbió ante la asfixia moral, y el largo rosario del martirologio se sumó al dolor de las grandes pérdidas. Al final, Balaguer nos transmitió su casta.
Para no repetirme, cito ahora la manera como actuó Danilo Medina para instaurar este espacio dictatorial, tomándolo directamente de un párrafo de mi artículo anterior: “Cercenó la democracia interna de su propio partido, cercando, atemorizando y pulverizando en el terror a Leonel Fernández. Compró el voto partidario en las instancias legislativas usando recursos públicos, y manipuló la voluntad de los partidarios del leonelismo trocando reelección por reelección. La retícula de poder que instaló tiene no solo la reelección del demiurgo, sino la del 90% de los senadores, las tres cuarta partes de los diputados, y un poco más de la mitad de los alcaldes. Una vulneración flagrante del derecho constitucional de elegir y ser elegido, y una raquítica expresión de la democracia partidaria. Además, su megalomanía dejó en cueros el ego de Trujillo. Lo prostituyó todo para permanecer en el poder, comenzando por su propia palabra. Trampeó el sentimiento del votante instrumentalizando la miseria con los recursos del Estado, e inundó la televisión, las calles, las avenidas, las carreteras, los sitios electrónicos, los periódicos, la radio, y hasta la intimidad de los hogares; con su cara sonriente y un estribillo que nos hacía creer que él era el paraíso en persona. Mercadeó la “oposición”, y la infamia y la vergüenza de la compra del voto se legitimó públicamente. Aplastó sin piedad toda noción de ética en la práctica política”.
Todo lo dicho más arriba tiene como objetivo ilustrar el estado actual de ese espacio dictatorial que se ha abierto en la República Dominicana. En ocasión de la elección de los miembros de la Junta Central Electoral, el Tribunal electoral y la cámara de cuentas, veremos cómo la vocación de eternidad de Danilo Medina y su grupo económico afianzan ése espacio dictatorial; y si la oposición sigue haciendo misas y comunicados de prensa el déspota, el dueño de la verdad, el que se oye únicamente a sí mismo, el que dispone del presupuesto a su antojo porque la “concepción patrimonial del Estado” le hace creer que la riqueza pública es suya ; se reelegirá una y otra vez. Lo que el espacio dictatorial en movimiento indica es que si el hombre se comió un tiburón podrido, en el dos mil veinte se comerá un cocodrilo al revés. Seguiremos con el tema en el próximo artículo.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.