Editorial
El Estado dominicano puede hacer más por su gente que vive en el exterior.
Siempre hemos tenido la tesis que un Estado, no importa de que lugar del mundo o que grande o pequeño sea, promueve valores o anti-valores y en lo que respecta a los dominicanos esta línea de pensamiento tiene mucho asidero.
Aunque hay que estar convencido que es muy difícil que el Estado dominicano pueda hacer en favor del que vive fuera del país lo que no hace con el que permanece en el territorio nacional.
Sin embargo, se debía insistir en la conveniencia de que los gobiernos dominicanos a través del Estado puedan diseñar políticas para fortalecer y promover un mayor crecimiento del criollo que se ha ido hacia el exterior en contra de su propia voluntad y que ello constituye, sin lugar a dudas, una acción en favor del crecimiento de la propia República Dominicana.
Que interesante sería que a partir del criterio que prevalece en el sentido de que la comunidad que vive en los Estados Unidos es una especie de provincia de ultramar, lo cual se concretó con la creación de tres circunscripciones congresionales que permite que el dominicano que vive fuera esté representado institucionalmente en el Estado.
Naturalmente, la distorsión de ese logro se observa en virtud de que la escogencia de esos funcionarios electos está determinada por la influencia dominante de los partidos, cuya mayoría está muy contaminada y en virtud de esa realidad no se le puede pedir peras al olmo.
Sin embargo, esa distorsión no le puede quitar el valor que ello tiene en virtud de los derechos que tiene la comunidad dominicana en el exterior para estar institucionalmente representada en el Estado dominicano.
Ello tampoco impide que el Estado dominicano desarrollo una serie de políticas para fortalecer y promover el crecimiento de su gente del exterior, como por ejemplo implementar un programa para convertirse en garante frente a los bancos de los Estados Unidos para crear un programa de préstamos con intereses blandos para los pequeños y medianos empresarios que allí viven.
Un ejemplo del impacto que eso tendría consiste en que en la medida que el dueño de un taller de mecánica, compañía de mudanzas o cualquier otra empresa recibe un préstamo, se genera un crecimiento en ellas que les permite aumentar su cantidad de empleados, cuya mayoría son también dominicanos.
Pero además ese dominicano que fue ayudado por el Estado con ese préstamo blando genera que él invierta en el país como siempre lo hace y se produzca una dinámica que beneficie a ese comunidad de dominicanos del exterior, a la República Dominicana y al propio Estado norteamericano, porque aumentaría a través de nuestra gente los ingresos fiscales.
Ahí nadie pierde, sólo falta que el Gobierno dominicano se arme de la suficiente voluntad política y de la visión que permita que cosas como estas puedan ocurrir, lo cual beneficia a los criollos que viven fuera, a los que están en el país y al Estado norteamericano.
Parece que no existe, primero la visión y segundo la voluntad para desarrollar una comunidad dominicana del exterior que crece vertiginosamente y que eso no parará hasta que el Estado dominicano garantice una mejor vida para su gente en todo el territorio nacional a fin de que no se vea como una solución para sobrevivir con dignidad emigrar hacia el exterior con todas las adversidades que ello implica.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, que no forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.