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El Estado se confirma como irresponsable y promotor de la cultura de la ilegalidad, el crimen y de lo mal hecho.
Por Elba García
La Junta Central Electoral (JCE) acaba de emitir la resolución 74-2020 mediante la cual dispone que todas las personas con los doce años cumplidos sean dotados de la cedula de identidad personal y electoral si está embarazada o si ya ha tenido un hijo como resultado de una violación.
La medida de la JCE, la cual también tiene el control del registro civil en la República Dominicana, es una especie de legalización de una violación y esta disposición frente a un crimen luce descabellada desde el punto de vista institucional, pero que parece tener lógica a partir de la necesidad que tiene cualquier madre a esa edad de declarar su hijo.
En la Republica Dominicana estos casos son manejados con un criterio que consiste en que la madre, a pesar de ser una niña, es emancipada a partir del momento en que queda embarazada o que tiene un hijo, aunque el mismo haya sido el resultado de una violación con o sin violencia o de un incesto.
La disposición de la Junta Central Electoral coloca al país al margen del derecho internacional en lo que respecta a estos casos, porque aunque se debe reconocer que una niña de ocho, nueve y hasta doce años que tenga un hijo o una hija debe declararlo, pero el Estado debía procurar crear un mecanismo más idóneo para contrarrestar un problema que se ha convertido en una epidemia en la República Dominicana.
En el país cada 30 segundos se produce una violación de una niña o un niño por parte de un violador con estrechos vínculos con la familia de la víctima e incluso por parte de familiares muy cercanos, pero lo peor del problema es que el Estado no ha logrado tener una respuesta para disminuir este tipo de crimen en la sociedad dominicana.
Son muy pocos y contados los casos en que un adulto que ha abusado de una niña o un niño haya recibido el castigo que se merece, pero mucho menos el que está consignado en las leyes sobre la materia en la República Dominicana.
Convertir en adulta por parte del Estado a una niña que ha sido violada, pero que la deja totalmente desamparada frente, ya no sólo de su abusador, sino de muchos otros que se dedican a la misma infracción a las leyes penales por el nivel de impunidad que prevalece, constituye una forma de manejar irresponsablemente un problemas que deja tantos traumas en las víctimas, su familia y toda la sociedad.
Hay casos en el país de hombres que han violado a niñas de 8 años de edad y que ahora atienden a sus bebes sin tener la menor idea de qué hacer, porque todavía están en edad de que se les atienda, pero que lamentablemente el Estado exhibe un nivel de irresponsabilidad a través del sistema de justicia que estimula este tipo de crimen.
Una niña de doce años con una cédula de identidad personal y electoral qué puede hacer con ese documento, a menos que no sea declarar a su bebé fruto de una violación o un incesto, en cuyos casos no parece existir el Ministerio Público e incluso el sistema de injusticia en sentido integral.
La decisión de la Junta Central Electoral, como órgano del Estado en lo que respecta al registro civil, deja un muy mal sabor con esa resolución porque es como buscar la fiebre en la sábana y no en el enfermo, porque en todo caso las políticas públicas en este sentido deben estar dirigidas a proteger a una niña o un niño que ha sido victima de un depravado moral que se constituye en una amenaza social, que sólo con una acción eficiente del sistema de justicia se puede combatir el asunto, pero jamás buscar legalizar un crimen como este con la atribución de una responsabilidad que no puede afrontar una niña de apenas 8 o 9 años de edad.
La solución a esta problemática debe estar en la salida que se le ha dado en los países desarrollados a un fenómeno que ocurre en toda parte del mundo, pero que nunca va estar fuera del régimen punitivo de las naciones y de una política del Estado de erradicar el mal sobre la base de una mayor inversión social y de atenciones y asistencias especiales a las víctimas.
La medicina en este caso parece ser peor que la enfermedad, porque dotar a una niña de esa edad de un documento que está reservado para personas ya adultas no constituye una salida que en nada va a disminuir el impacto del crimen en todos los actores que son impactados por el mismo.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.