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El Estado es el único que puede resolver incumplimiento de Fenatrado a las leyes
SANTO DOMINGO. El Estado y el gobierno son los únicos que puede resolver el incumplimiento de las sentencias de los tribunales que, en materia de transporte de carga, prohiben las competencias desleales bajo el amparo de la libertad de empresa establecida en la Constitución de la República.
La inobservancia que en ese sentido mantiene la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), es calificada como un problema de seguridad jurídica que podría ahuyentar las inversiones, y en el que las autoridades deben actuar.
Juristas y empresarios sostienen que las presiones de Fenatrado para tener participación en el transporte de cargas, demuestra debilidad institucional.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), sostiene que a pesar de los empresarios tener ganancia de causa con sentencias judiciales, no hay forma de someter a los transportistas al orden, pues es un sector donde hay vinculadas personas de la política, militares, policías y otros.
“El Estado ha sido el responsable de que no se cumpla con la ley. Tenemos leyes que establecen las reglas, pero sucede que como no hay forma de someterlo al orden, este sector anda de su cuenta, entonces los responsables no son ellos, sino el Estado de que ha querido hacer que la ley se cumpla”, precisó.
A su juicio, se deberán tomar acciones y someter al orden a un sector que ha provocado mucho daño a la producción y la competitividad del país.
Antonio Taveras, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH), entiende que el Presidente de la República tiene que hacer cumplir el artículo 50 de la Constitución que prohíbe los monopolios; “porque ese es un monopolio”.
“Hay un monopolio en los muelles que data de décadas y ningún gobierno se ha atrevido a romper eso, eso demuestra debilidad institucional y demuestra a los gobiernos que se arrodilla ante el chantaje de sectores y eso no puede ser”, afirmó.
Lamentó que los empresarios tengan que depender de un grupito de empresarios del transporte para movilizar las mercancías de los muelles.
El jurista Eduardo Jorge Prats afirma que la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) en contra de Fenatrado, es histórica y sin precedentes, ya que marca una nueva etapa del transporte de carga en la República Dominicana, al reconocer el derecho de todas las personas de dedicarse libremente a este sector sin más limitaciones que las prescritas en la Constitución y las leyes.
Reconoce que como toda transformación, la inclusión efectiva de la libre competencia en el transporte de carga no se realizará de la noche a la mañana, sino que requiere de un proceso paulatino y coordinado de todas las instituciones públicas que intervienen en el transporte de carga.
“Es innegable que estamos hoy día encaminados hacia una transformación radical y estructural del transporte de carga en nuestro país, lo que requiere de una decidida colaboración público-privada”, reafirmó.
A su entender es clave que las asociaciones sindicales modifiquen sus estructuras organizativas, y se conviertan en empresas, cuando así proceda conforme los términos de la Ley No. 63-17, y se abstengan de emplear cualquier tipo de práctica anticompetitiva que afecte el desarrollo sostenible del sector transporte.
Fenatrado realizó en esta semana un paro por tres días que provocó pérdidas diarias de RD$960 millones, y afectó las operaciones de las zonas francas, de la producción de pollos y de alimentos para la temporada navideña. La huelga de los transportistas obedecía a un conflicto que mantenían con la empresa constructora Malespín en Montecristi, debido a que esta se negaba a darle participación en el transporte de los agregados.
La situación con Fenatrado se registra, pese a la sentencia número 00416-2016 emitida por el TSA, que ordena al Estado “el cumplimiento de las disposiciones necesarias para eliminar toda especie de práctica anticompetitiva e impidiendo a cualquier entidad que intervenga o domine la concertación de precios en materia de transporte”.
diariolibre.com
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Cientos de agentes y socorristas trabajan sin descanso para salvar vidas, mientras la gente celebra en familia
Santo Domingo.– Mientras miles de dominicanos se trasladan para compartir las festividades con sus seres queridos, cientos de hombres y mujeres de distintas instituciones del Estado permanecen apostados en carreteras, autopistas y puntos estratégicos del país, con una sola misión: proteger vidas. Durante un recorrido desde Santo Domingo hasta Bayaguana, fue notable la presencia de agentes de tránsito, miembros de la Defensa Civil, militares y personal de emergencia, quienes, lejos del calor de sus hogares, cumplen turnos extendidos para garantizar la seguridad vial y la asistencia ciudadana.
De acuerdo con el más reciente boletín del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) inspeccionó 209 intersecciones semaforizadas y optimizó los tiempos de tráfico en 30 cruces, además de corregir 79 averías en el sistema, asegurando una circulación más fluida en zonas de alta movilidad como el Gran Santo Domingo, Punta Cana y San Cristóbal. Asimismo, se emitieron 23,900 permisos especiales para el transporte de combustible y alimentos perecederos, garantizando el abastecimiento durante el asueto.
En tanto, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) intensificó su labor preventiva con 8,297 fiscalizaciones por violaciones a la Ley 63-17, además de ofrecer 10,085 asistencias viales a conductores y peatones. Paralelamente, la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas realizó más de 500 asistencias, incluyendo rescates, atención médica, remolques y apoyo mecánico en carreteras y autopistas.
Balance de incidentes y atención médica durante el asueto
El sector salud también se mantiene activo. El Servicio Nacional de Salud reportó más de 600 atenciones en hospitales públicos, mientras que la DAEH, la Defensa Civil y la Cruz Roja Dominicana brindaron decenas de asistencias médicas y de emergencia, además de instalar hospitales de campaña y señalizaciones preventivas en puntos críticos.
Estas acciones cobran mayor relevancia ante el panorama registrado en las últimas 24 horas, donde se produjeron 63 accidentes de tránsito, con seis personas fallecidas y decenas de afectados, en su mayoría por incidentes relacionados con motocicletas y consumo de alcohol.
Mientras muchos disfrutan de la Navidad o el feriado en casa, en playas o montañas, estos servidores públicos permanecen en las calles, atentos a cualquier eventualidad. Su labor silenciosa, muchas veces invisible, se convierte en un escudo que permite que otros regresen sanos y salvos a sus hogares. Son ellos quienes, incluso en días festivos, eligen el deber por encima del descanso para salvar vidas.
Desde el miércoles 24 de diciembre la mayoría de los tribunales de República Dominicana suspendieron sus labores por la época navideña, informó el Poder Judicial.
Sin embargo, las Oficinas de Atención Permanente de todo el país mantendrán sus puertas abiertas para conocer los casos de personas detenidas y que deben ser presentadas ante el juez antes de las 48 horas.
En ese sentido, los diferentes tribunales, a excepción de las Oficinas de Atención Permanente, estarán cerrados el miércoles 24, Día de Nochebuena; el jueves 25, Día de Navidad, y el viernes 26.
El lunes 29 se retoman las labores, las cuales continuarán el día 30 de manera normal en todos los tribunales, sin excepción, pero cerrarán nuevamente el 31, de Fin de Año; el jueves 1 de enero, Día de Año Nuevo, y el 2 de enero.
En esos días, la únicamente la Oficina de Atención Permanente laborará de manera normal.
Santo Domingo, R.D.- Miguel Valerio, representante legal del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, calificó como «correcta» la resolución emitida por el Comité de Ética del Poder Judicial, que reprimió al juez Rigoberto Sena, por sus «reflexiones» al imponer media de coerción en contra de los implicados en el sonado caso.
El jurista dijo que el proceso que llegó a cabo el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, estuvo inicialmente viciado por factores externos que intentaron comprometer la imparcialidad del tribunal.
Valerio fue enfático al señalar que, durante el conocimiento de la medida de coerción, se sintió una influencia desproporcionada de la opinión pública sobre el proceso legal.
«Como había mencionado el día de la audiencia, la presión entró por la puerta y la justicia salió por la ventana«, afirmó Valerio, sugiriendo que el clamor popular no debe dictar las decisiones de los jueces.
El abogado defensor arremetió contra los argumentos utilizados en las vistas anteriores, donde, según su criterio, se emitieron juicios de valor que se alejaron de la objetividad jurídica.
Valerio sostuvo que en las audiencias previas se habló de su cliente como si fuera «prácticamente una persona culpable», ignorando la presunción de inocencia.
Criticó el uso de pasajes bíblicos y calificativos como «avaricia» para sustentar la acusación.
«Aun siendo yo cristiano, es una forma muy errada de impartir justicia«, subrayó.
El jurista insistió en que la labor de los tribunales no es «darle gracias al pueblo», sino aplicar la ley con justicia y equidad.
Tras conocerse la resolución del Poder Judicial, la defensa de Hazim manifestó su total apoyo al fallo, considerando que finalmente se logró blindarse ante las presiones y respetar los derechos fundamentales del imputado.
Destacó que la referida resolución del Comité de Ética restablece el equilibrio procesal que, a su juicio, se había perdido bajo el peso de la presión mediática.