Nacionales
El Estado es el único que puede resolver incumplimiento de Fenatrado a las leyes
SANTO DOMINGO. El Estado y el gobierno son los únicos que puede resolver el incumplimiento de las sentencias de los tribunales que, en materia de transporte de carga, prohiben las competencias desleales bajo el amparo de la libertad de empresa establecida en la Constitución de la República.
La inobservancia que en ese sentido mantiene la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), es calificada como un problema de seguridad jurídica que podría ahuyentar las inversiones, y en el que las autoridades deben actuar.
Juristas y empresarios sostienen que las presiones de Fenatrado para tener participación en el transporte de cargas, demuestra debilidad institucional.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), sostiene que a pesar de los empresarios tener ganancia de causa con sentencias judiciales, no hay forma de someter a los transportistas al orden, pues es un sector donde hay vinculadas personas de la política, militares, policías y otros.
“El Estado ha sido el responsable de que no se cumpla con la ley. Tenemos leyes que establecen las reglas, pero sucede que como no hay forma de someterlo al orden, este sector anda de su cuenta, entonces los responsables no son ellos, sino el Estado de que ha querido hacer que la ley se cumpla”, precisó.
A su juicio, se deberán tomar acciones y someter al orden a un sector que ha provocado mucho daño a la producción y la competitividad del país.
Antonio Taveras, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH), entiende que el Presidente de la República tiene que hacer cumplir el artículo 50 de la Constitución que prohíbe los monopolios; “porque ese es un monopolio”.
“Hay un monopolio en los muelles que data de décadas y ningún gobierno se ha atrevido a romper eso, eso demuestra debilidad institucional y demuestra a los gobiernos que se arrodilla ante el chantaje de sectores y eso no puede ser”, afirmó.
Lamentó que los empresarios tengan que depender de un grupito de empresarios del transporte para movilizar las mercancías de los muelles.
El jurista Eduardo Jorge Prats afirma que la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) en contra de Fenatrado, es histórica y sin precedentes, ya que marca una nueva etapa del transporte de carga en la República Dominicana, al reconocer el derecho de todas las personas de dedicarse libremente a este sector sin más limitaciones que las prescritas en la Constitución y las leyes.
Reconoce que como toda transformación, la inclusión efectiva de la libre competencia en el transporte de carga no se realizará de la noche a la mañana, sino que requiere de un proceso paulatino y coordinado de todas las instituciones públicas que intervienen en el transporte de carga.
“Es innegable que estamos hoy día encaminados hacia una transformación radical y estructural del transporte de carga en nuestro país, lo que requiere de una decidida colaboración público-privada”, reafirmó.
A su entender es clave que las asociaciones sindicales modifiquen sus estructuras organizativas, y se conviertan en empresas, cuando así proceda conforme los términos de la Ley No. 63-17, y se abstengan de emplear cualquier tipo de práctica anticompetitiva que afecte el desarrollo sostenible del sector transporte.
Fenatrado realizó en esta semana un paro por tres días que provocó pérdidas diarias de RD$960 millones, y afectó las operaciones de las zonas francas, de la producción de pollos y de alimentos para la temporada navideña. La huelga de los transportistas obedecía a un conflicto que mantenían con la empresa constructora Malespín en Montecristi, debido a que esta se negaba a darle participación en el transporte de los agregados.
La situación con Fenatrado se registra, pese a la sentencia número 00416-2016 emitida por el TSA, que ordena al Estado “el cumplimiento de las disposiciones necesarias para eliminar toda especie de práctica anticompetitiva e impidiendo a cualquier entidad que intervenga o domine la concertación de precios en materia de transporte”.
diariolibre.com
Nacionales
Ministerio Público formaliza cargos contra red del caso «Onco14» por fraude millonario a SeNaSa y pacientes de cáncer
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público formaliza la imputación contra una estructura criminal desarticulada mediante la Operación Onco14, acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
Un control prolongado para fines ilícitos
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Tipificación penal
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de fortalecer la convivencia pacífica y el bienestar en las comunidades, el Ministerio de Interior y Policía puso en marcha este jueves el Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana.
En una primera etapa, la iniciativa será implementada en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, y posteriormente se extenderá a otras localidades del país.
El acto estuvo encabezado por la titular del ministerio, Faride Raful, quien destacó que las instituciones involucradas en el programa trabajarán de manera coordinada con la comunidad.
“La seguridad ciudadana la construimos entre todos, junto a las instituciones que deben fungir como acompañantes”, afirmó.
De acuerdo con la ministra, antes del lanzamiento del programa las autoridades realizaron un diagnóstico para identificar las principales necesidades y brechas que pueden ser abordadas desde el Estado.
“Asumimos esas brechas para buscar soluciones. Antes de desarrollar el programa conversamos con comerciantes, juntas de vecinos e iglesias”, aseguró.
Raful explicó que los comunitarios solicitaron una mejor iluminación del sector, la adecuación de espacios públicos y un esquema de seguridad permanente.
Asimismo, sostuvo que una de las prioridades del plan es impedir que conductores de motocicletas realicen piruetas en las calles que alteren el orden público.
“Queremos que el espacio público vuelva a ser de la gente y no de las motocicletas que andan calibrando en las calles. Es una tarea de todos y entre todos vamos a recuperarlo”, expresó.
“Y tiene que funcionar; de lo contrario, es mejor retirarse de esto”, afirmó.
Según las autoridades, esta primera intervención en Villas Agrícolas incluirá la instalación de más de 500 luminarias, el fortalecimiento del patrullaje policial y la incorporación de nuevos agentes en los destacamentos de la zona.
Insta a realizar denuncias
La ministra también exhortó a los comunitarios presentes en el lanzamiento a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana, al señalar que en muchas ocasiones las autoridades desconocen los casos por falta de reportes.
“A veces me dicen: ‘Ustedes no hacen nada’, pero muchas veces, cuando acudimos al lugar, nos percatamos de que desconocíamos el caso porque no había sido denunciado”, explicó.
- El programa contempla, además, la ejecución de actividades sociales, el control territorial y acciones orientadas a la reducción de crímenes y delitos en la localidad.
- En la elaboración y ejecución del programa participaron 40 instituciones públicas.
- En el acto estuvieron presentes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta; y representantes comunitarios del sector.