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Estado haitiano está liquidado institucionalmente y el peligro de su extinción podría impactar República Dominicana.
La inexistencia del Estado o cuando menos que el mismo sea inviable en Haití ha sido parte del debate en los últimos años y ahora que los mecanismos institucionales han desaparecido con el asesinato del presidente de esa nación, Jovenel Moise, complica la situación y lo coloca en el contexto de una verdadera crisis del hermano gemelo de la República Dominicana.
El único elemento que le daba legalidad y una cierta legitimidad a la democracia haitiana la representaba el presidente asesinado, ya que mal o bien fue escogido en elecciones aparentemente libres y democráticas, pero la desaparición al propio tiempo del parlamento y de la inexistencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia complementa la prácticamente desaparición del Estado.
Naturalmente, la consumación de la extinción del Estado haitiano se produce con el magnicidio cometido por extranjeros que entran como Pedro por su casa en la vivienda del mandatario, lo cual deja clara la idea de la realidad institucional de la nación más pobre del hemisferio.
La desaparición de Moise también ha creado la delicada situación de que el primer ministro que es el jefe del Gobierno en Haití y ahora presidente previsional, tampoco es el resultado de la legalidad y la legitimidad porque fue escogido, pero no nunca confirmado y juramentado por el Congreso en virtud de que no existía, ya que no se produjeron elecciones para la escogencia de los nuevos diputados y senadores.
La cuestión estriba que ahora con el asesinato de Moise Haití ha entrado cabalmente en la falta de un Estado que garantice un nivel de institucionalidad, aun sea mínimo, para mantener con vida la democracia y en consecuencia avanzar en su organización para que se ponga en condiciones y capacidad de combatir problemas como el hambre, la corrupción y otros males que socaban el estado de derecho y en consecuencia la vida democrática de esa nación.
La situación de Haití ha hecho crisis y la misma tendrá un fuerte impacto en la República Dominicana, otra nación que no cuenta con niveles fuertes de institucionalidad y azotada por una serie de escándalos de corrupción que no la aleja en esta materia de su hermano gemelo.
La presión social, económica y política de la crisis haitiana será prácticamente inaguantable para el país a partir de que no ha creado una respuesta a la situación planteada, pero que además la nación no tiene ni siquiera una visión clara de que hacer con sus precariedades y debilidades institucionales.
Los problemas nacionales, agregados a los haitianos, se vuelven una bomba de tiempo para la República Dominicana y peor aun cuando el partido que gobierna en el país no tiene un plan nacional que pueda sacar a camino su complicada situación con temas como la corrupción que aparecen en todos los escenarios, públicos y privados.
La realidad es que Haití no está en capacidad de valerse por si mismo, pero resulta complicado hablar de ayuda internacional por la resistencia mostrada por los principales responsables de la tragedia que vive esta nación y por las experiencias anteriores que indican los efectos causados por fuerzas extrañas, como Estados Unidos, Francia y Canadá.
Mientras la crisis política, social y económica haitiana sigue su curso los que siempre pagan las culpas de la misma tienen que soportar las andanzas de grupos que solo buscan la acumulación de fortunas sobre la base del lavado de activos, el contrabando y una corrupción cultural acompañada de su respectiva impunidad, cuya secuela ha impactado de forma muy severa al pueblo haitiano y un buen punto de referencia es el terremoto que lo devastó y que sirvió para que muchos sectores nacionales y extranjeros se beneficiaran con la enarbolación de un discurso de solidaridad que nunca ha existido.
La tragedia histórica de la República de Haití, que se remonta a los tiempos de las colonias, parece estar muy lejos de su solución y con la amenaza de extenderse a su vecino República Dominicana, cuya institucionalidad luce también muy afectada por una ola de corrupción que pone en peligro sus propios cimientos.
Por el momento se habla de mantener la convocatoria a elecciones para escoger a un nuevo presidente, lo cual luce muy correcto, que asumiría las riendas nacionales en medio de una crisis tan profunda que genera algunos pesimismos, pero que por el momento no hay otra carta que jugar.
Frente a la realidad planteada se supone que el compromiso de los Estados Unidos, Francia y el Canadá, así como de toda la comunidad internacional, debe ser en lo inmediato armar un plan estratégico para sacar de lo mas profundo de la incertidumbre a Haití.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.