Latinoamericanas
El éxodo de venezolanos por la crisis pone a prueba la hermandad con Colombia
EFE
Los vecinos de Cúcuta atribuyen a los inmigrantes venezolanos el aumento de la inseguridad, la escasez de empleo para los ciudadanos locales, incremento del trabajo informal y saturación hospitalaria.
CÚCUTA. La ciudad colombiana de Cúcuta ha sido siempre sinónimo de hermandad e integración con Venezuela por su privilegiada situación en la línea de frontera, pero la avalancha de personas que llega a diario para escapar de la crisis del país vecino amenaza esa convivencia.
Esta ciudad, capital del departamento de Norte de Santander, es un punto de referencia para los venezolanos. Lo fue en las épocas de bonanza petrolera, cuando venían a Cúcuta a comprar a manos llenas, y lo es ahora que llegan con las manos vacías, muchos solo con lo puesto, en busca de una oportunidad de vida en Colombia o como escala para seguir a Ecuador o Perú.
El puente Simón Bolívar, que conecta a Cúcuta con San Antonio del Táchira, es testigo diario del paso masivo de ciudadanos venezolanos hacia Colombia, un flujo migratorio que comenzó a incrementarse en 2016 a causa de la escasez de alimentos, medicamentos y otros productos de primera necesidad en Venezuela.
“Nosotros no venimos con malas intenciones, pero no todos somos iguales”. José Ledezma, inmigrante venezolano.
Sin embargo, fue el año pasado cuando esa dinámica se alteró porque miles de venezolanos empezaron a cruzar la frontera con Colombia decididos a no volver ante el deterioro de la situación política y económica en su país, un éxodo que parece no tener fin y del cual los cucuteños empiezan a cansarse.
El enorme flujo de personas que cruzan la frontera repercute en la vida de los vecinos de Cúcuta, que atribuyen a los inmigrantes venezolanos el aumento de la inseguridad, la escasez de empleo para los ciudadanos locales, incremento del trabajo informal y saturación hospitalaria, entre otros problemas.
Ejemplo de ese malestar fueron las protestas de esta semana de los habitantes del barrio Sevilla contra la ocupación por unos 900 venezolanos del parque de la comunidad, transformado en un enorme e improvisado campamento llamado “Hotel Caracas”.
Marta González, una habitante del barrio, dijo a Efe que “no se podía ni salir a la calle” a causa de los hurtos, la prostitución, el consumo de drogas y hasta el acoso sexual que sufrían quienes atravesaban la zona.
“Les cobraban a las señoras de la tercera edad por dejarlas usar las maquinas del parque”, dijo a Efe Isabel Angarita, otra habitante de Sevilla.
A esa situación se llegó porque la mayoría de los inmigrantes, muchos de ellos colombianos que se fueron hace décadas del país o hijos suyos, no cuentan con recursos suficientes para pagar un hospedaje, por lo cual se apoderan de lugares públicos en los que acampan por las noches.
Para poner orden, la Alcaldía y la Policía retiraron el pasado miércoles a 610 inmigrantes venezolanos que no tenían sus documentos en regla, a 130 de los cuales se les inició el proceso de deportación.
“Se encontraban 27 personas con pasaporte, que buscaban hacer tránsito hacia la frontera con Ecuador (…) a quienes se les alojará en un hotel de la ciudad y con Cancillería se buscará su traslado al sur del país”, manifestó el alcalde de Cúcuta, César Rojas.
El funcionario agregó que se les brinda ayuda “a otras 127 personas que buscarán su destino en otras partes del continente”.
Según un reciente informe de Migración Colombia, en el país hay 550.000 venezolanos y el flujo migratorio de personas de ese país se incrementó 110 % en 2017.
Los venezolanos que llegan para quedarse se dedican a los oficios más diversos, desde la albañilería o los servicios domésticos, hasta la v venta de todo tipo de productos en los semáforos o a lavar autos, pero también hay quienes pasan los días sin hacer nada porque no encuentran ocupación y recurren a la mendicidad.
“No todos los venezolanos son malos, hay gente a la que se le ven las ganas de salir adelante, de trabajar”, asegura González, quien sin embargo cree que la situación se ha prolongado demasiado tiempo.
Uno de ellos es José Ledezma, quien lleva seis meses viviendo en Cúcuta junto a su esposa y dos hijos, se gana la vida vendiendo recipientes plásticos y jamás han tenido que vivir en la calle.
Ledezma dice entender la molestia de la gente de Cúcuta y está de acuerdo en que “hagan esa limpieza porque eso se presta para muchas cosas malas”.
“Nosotros no venimos con malas intenciones, pero no todos somos iguales”, dice para explicar que algunos de sus compatriotas dedicados a delinquir les cierran las puertas a los que buscan oportunidades y añade: “Por uno pagan todos”.
Sin ocultar su decepción por el comportamiento de algunos compatriotas Ledezma reconoce que “otros venezolanos han venido a echar a perder las cosas”, y sobre los habitantes de Cúcuta sentencia: “Estamos agradecidos con ellos porque nos han colaborado mucho”.
Héctor Neira Rangel
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.
Latinoamericanas
Intervienen una cárcel de Venezuela donde la directora era pareja del reo «Dinamita»
Agencia EFE
Caracas.-El Gobierno de Venezuela llevó a cabo un operativo de intervención en una cárcel del estado Guárico (centro), en el que detuvieron a la directora del centro de reclusión por mantener una «relación sentimental» con uno de los reos, que se identificaba como líder del penal, informó este domingo el Ministerio Público (MP, Fiscalía).
«Dicha funcionaria mantenía una relación sentimental con uno de los reclusos de nombre Wilfredo Sánchez, alias ‘Dinamita’, que se autodenominaba ‘pran’ del recinto carcelario», sostuvo el MP en una publicación en Instagram.
La Fiscalía indicó que durante la intervención se incautaron 110 «teléfonos inteligentes», 161 encendedores, 45 cargadores de celulares, así como 20 «armas punzo cortantes».
Igualmente, dijo que fueron decomisados 1.885 kilogramos de marihuana, 1.495 kilogramos de «pasta base» y 320 gramos de presunta cocaína.
El MP señaló que no se descartan «nuevas aprehensiones».
Los operativos forman parte de la ‘Operación Gran Cacique Guaicaipuro’, comenzada el año pasado para el desmantelamiento de «mafias carcelarias» que operan desde estos recintos, así como para garantizar las condiciones que permitan a los reos «reinsertarse como personas útiles a la nación, una vez que cumplan su condena», según una nota oficial.
Por su parte, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que fue un «despliegue masivo» de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, lo que «generó incertidumbre entre los familiares de los internos, quienes se acercaron a los penales en busca de información».
En 2023, las autoridades desmantelaron ocho «mafias carcelarias» en varios operativos militares y policiales desplegados en centros penitenciarios, entre ellas la base de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, que operaba desde la prisión de Tocorón, una de las cárceles intervenidas.