Latinoamericanas
El éxodo de venezolanos por la crisis pone a prueba la hermandad con Colombia
EFE
Los vecinos de Cúcuta atribuyen a los inmigrantes venezolanos el aumento de la inseguridad, la escasez de empleo para los ciudadanos locales, incremento del trabajo informal y saturación hospitalaria.
CÚCUTA. La ciudad colombiana de Cúcuta ha sido siempre sinónimo de hermandad e integración con Venezuela por su privilegiada situación en la línea de frontera, pero la avalancha de personas que llega a diario para escapar de la crisis del país vecino amenaza esa convivencia.
Esta ciudad, capital del departamento de Norte de Santander, es un punto de referencia para los venezolanos. Lo fue en las épocas de bonanza petrolera, cuando venían a Cúcuta a comprar a manos llenas, y lo es ahora que llegan con las manos vacías, muchos solo con lo puesto, en busca de una oportunidad de vida en Colombia o como escala para seguir a Ecuador o Perú.
El puente Simón Bolívar, que conecta a Cúcuta con San Antonio del Táchira, es testigo diario del paso masivo de ciudadanos venezolanos hacia Colombia, un flujo migratorio que comenzó a incrementarse en 2016 a causa de la escasez de alimentos, medicamentos y otros productos de primera necesidad en Venezuela.
“Nosotros no venimos con malas intenciones, pero no todos somos iguales”. José Ledezma, inmigrante venezolano.
Sin embargo, fue el año pasado cuando esa dinámica se alteró porque miles de venezolanos empezaron a cruzar la frontera con Colombia decididos a no volver ante el deterioro de la situación política y económica en su país, un éxodo que parece no tener fin y del cual los cucuteños empiezan a cansarse.
El enorme flujo de personas que cruzan la frontera repercute en la vida de los vecinos de Cúcuta, que atribuyen a los inmigrantes venezolanos el aumento de la inseguridad, la escasez de empleo para los ciudadanos locales, incremento del trabajo informal y saturación hospitalaria, entre otros problemas.
Ejemplo de ese malestar fueron las protestas de esta semana de los habitantes del barrio Sevilla contra la ocupación por unos 900 venezolanos del parque de la comunidad, transformado en un enorme e improvisado campamento llamado “Hotel Caracas”.
Marta González, una habitante del barrio, dijo a Efe que “no se podía ni salir a la calle” a causa de los hurtos, la prostitución, el consumo de drogas y hasta el acoso sexual que sufrían quienes atravesaban la zona.
“Les cobraban a las señoras de la tercera edad por dejarlas usar las maquinas del parque”, dijo a Efe Isabel Angarita, otra habitante de Sevilla.
A esa situación se llegó porque la mayoría de los inmigrantes, muchos de ellos colombianos que se fueron hace décadas del país o hijos suyos, no cuentan con recursos suficientes para pagar un hospedaje, por lo cual se apoderan de lugares públicos en los que acampan por las noches.
Para poner orden, la Alcaldía y la Policía retiraron el pasado miércoles a 610 inmigrantes venezolanos que no tenían sus documentos en regla, a 130 de los cuales se les inició el proceso de deportación.
“Se encontraban 27 personas con pasaporte, que buscaban hacer tránsito hacia la frontera con Ecuador (…) a quienes se les alojará en un hotel de la ciudad y con Cancillería se buscará su traslado al sur del país”, manifestó el alcalde de Cúcuta, César Rojas.
El funcionario agregó que se les brinda ayuda “a otras 127 personas que buscarán su destino en otras partes del continente”.
Según un reciente informe de Migración Colombia, en el país hay 550.000 venezolanos y el flujo migratorio de personas de ese país se incrementó 110 % en 2017.
Los venezolanos que llegan para quedarse se dedican a los oficios más diversos, desde la albañilería o los servicios domésticos, hasta la v venta de todo tipo de productos en los semáforos o a lavar autos, pero también hay quienes pasan los días sin hacer nada porque no encuentran ocupación y recurren a la mendicidad.
“No todos los venezolanos son malos, hay gente a la que se le ven las ganas de salir adelante, de trabajar”, asegura González, quien sin embargo cree que la situación se ha prolongado demasiado tiempo.
Uno de ellos es José Ledezma, quien lleva seis meses viviendo en Cúcuta junto a su esposa y dos hijos, se gana la vida vendiendo recipientes plásticos y jamás han tenido que vivir en la calle.
Ledezma dice entender la molestia de la gente de Cúcuta y está de acuerdo en que “hagan esa limpieza porque eso se presta para muchas cosas malas”.
“Nosotros no venimos con malas intenciones, pero no todos somos iguales”, dice para explicar que algunos de sus compatriotas dedicados a delinquir les cierran las puertas a los que buscan oportunidades y añade: “Por uno pagan todos”.
Sin ocultar su decepción por el comportamiento de algunos compatriotas Ledezma reconoce que “otros venezolanos han venido a echar a perder las cosas”, y sobre los habitantes de Cúcuta sentencia: “Estamos agradecidos con ellos porque nos han colaborado mucho”.
Héctor Neira Rangel
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.
Agencia AFP
La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.
Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.
«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.
Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.
La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.
«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.
– «Peor que el covid» –
La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.
Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.
Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.
«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.
En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.
El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.
«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.
El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.
El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.
PUERTO PRINCIPE.- Más de ochenta personas han perdido la vida y cerca de un centenar han resultado heridas a causa de los enfrentamientos que mantienen desde el pasado domingo bandas armadas en Cité-Soleil, a unos cinco kilómetros al norte de la capital de Haití, denunciaron este jueves organizaciones de derechos humanos citadas por la prensa local.
Muchas viviendas han sido incendiadas y cientos de personas han huido hacia otras zonas menos expuestas, indicó -al medio local Magik9- Fritznel Pierre, responsable de la organización Combite Pour la Paix et le Développement.
CHIEN MÉCHANT, 400 MAWAZO Y LOS TALIBANES
El activista denunció que los ataques son perpetrados por una coalición de bandas armadas, entre ellas Chien Méchant, 400 Mawazo y los Talibanes, que se disputan el control de territorios en los que funcionan empresas que aportan miles de dólares a la economía nacional.
Las hostilidades se reanudaron el pasado domingo entre las bandas Canaan -lideradas por Jeff Gwo Lwa, aliado de Chien Méchant-, en la Plaine du Cul de Sac, y los 400 Mawozo, de Lamò Sanjou, que se enfrentan a un grupo rival formado por pandillas de Cité-Soleil, Village Renaissance y Pierre 6.
MEDICOS SIN FRONTERAS ALERTO DE COMBATES
La oficina en Haití de la organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó el pasado martes sobre estos combates y decidió evacuar temporalmente uno de sus hospitales en Cité-Soleil, por el empeoramiento de la situación.
Ese mismo día, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, presidió un consejo de ministros extraordinario para tratar la situación de inseguridad, y dio «instrucciones claras y medidas concretas para reforzar de inmediato la capacidad operativa de las fuerzas del orden y garantizar una respuesta coordinada, enérgica y duradera contra todas las formas de delincuencia».
Las autoridades no han dado una cifra de muertos ni heridos por estos recientes enfrentamientos.
Haití vive una grave crisis de violencia que solo en el primer trimestre de este año dejó al menos 1,642 muertos y 745 heridos, según el más reciente informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para este país caribeño (BINUH).
an/am