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El factor Estados Unidos en la lucha contra la corrupción
SANTO DOMINGO. El viaje a Washington de la semana pasada del procurador Jean Alain Rodríguez en momentos que las autoridades afanan por llevar a la justicia a los culpables de la mega corrupción de la empresa brasileña Odebrecht que pagó 92 millones de dólares en soborno para obtener la concesión de obras estatales que sobrevaluó, pone sobre el tapete interés del “Coloso del Norte” en el caso.
No sorprende el interés estadounidense por el curso de la corrupción en el país, actitud elogiada por muchos, pero rechazado por otros. No pocos estiman que Estados Unidos tiene dudas sobre las investigaciones que se llevan a cabo, si las mismas terminarán en una real justicia.
Se trata del segundo periplo de Rodríguez relacionado con el caso Odebrecht. El 15 de febrero pasado viajó a Brasil donde se entrevistó con funcionarios judiciales que hace varias semanas remitieron al país las investigaciones del fraude y se espera que el funcionario dominicano divulgue, como prometió, en los próximos días los nombres de los sobornados.
En Estados Unidos, Alain Rodríguez, a donde acudió acompañado de la directora de la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción, Laura Guerrero, se entrevistó con el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions y el director del Buró Federal de Investigaciones, James Comey.
El interés estadounidense fue afectado por en el caso Odebrecht, la empresa brasileña usó su territorio para lavado de activos, por lo cual fue multada al pago de 2600 millones de dólares. Se recuerda que en el país funcionó, sin ningún tipo de entorpecimiento, una especie de departamento de sobornos de la citada empresa, encubierto bajo el nombre de División de Operaciones Estructuradas.
No sorprende el interés estadounidense por el curso de la corrupción en el país, actitud elogiada por muchos, pero rechazado por otros. No pocos en el país estiman que Estados Unidos tiene dudas sobre las investigaciones que se llevan a cabo, si las mismas terminarán en una real justicia.
La preocupación de Estados Unidos por la corrupción viene dado cuando considera que sus intereses se afectan como el caso de los aviones supertucanos en cuya compra hubo sobrevaluación y pago de soborno, que perjudicaron una de sus empresas, en favor de la empresa brasileña.
La nación norteamericana ha prestado colaboración en la lucha contra el narcotráfico para lo cual ha donado equipos a la Dirección Nacional de Control de Drogas, entrenado personal y hasta funciona en el país una dotación de la Agencia Antinarcóticos Estados Unidos, (DEA) por sus siglas en inglés.
En varias oportunidades Departamento de Estado ha calificado al país como un puente para el tráfico de drogas, con lo que alega se afectan sus intereses porque en su territorio, considerado el mayor mercado del mundo, es invadido por narcóticos.
La preocupación de Estados Unidos por la corrupción llegó a su punto más alto cuando Brewster dijo que la corrupción frena la inversión extranjera en el país.
El presidente Danilo Medina le respondió pidiendo que citara los casos de corrupción que a su juicio frenan la entrada de capital extranjeros en el país. “Dónde están los escándalos de corrupción que ustedes en el Estado. A mí me gustaría, y se lo he pedido a ellos, que si tienen casos concretos que lo señalen, porque se habla de que República Dominicana es un puente de drogas, pero si vamos a eso, los Estados Unidos es una avenida de 10 carriles de destino para esa misma droga”, dijo el mandatario.
Sobre este periplo del procurador se especula que el Departamento de Estado no está conforme como se conducen los procesos judiciales, sobre todo los casos Odebrecht y los aviones Supertucanos, ambos considerados iconos de la corrupción reciente en el país.
Estados Unidos siempre ha mantenido interés en la lucha contra la corrupción, así lo atestiguan los numerosos pronunciamientos de sus embajadores favor de que se castiguen los corruptos, que muchas veces desbordan los canales diplomáticos. Incluso en esa línea ha retirado el visado a decenas de civiles y jerarcas militares, lo cual para muchos dominicanos representa una especie de muerte civil.
Tras la visita del funcionario judicial a los Estados Unidos se espera que tanto el caso de la Odebrecht como el de los Supertucanos tomen un nuevo giro y, sobre todo, se encaminen por un carril más expedito que el que transitan.
En ese sentido, también ha aumentado la demanda de la sociedad civil y grupos organizados como el Movimiento Marcha Verde para que se detenga la impunidad, pero se tiene el temor que ocurra lo contrario dado el control que tiene el Partido de la Liberación Dominicana de las instancias judiciales, lo cual debilita la lucha contra la corrupción, como se ha demostrado con los casos mayúsculo de corrupción en los que se han visto envueltos muchos de sus dirigentes.
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Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.