Nacionales
El factor Estados Unidos en la lucha contra la corrupción
SANTO DOMINGO. El viaje a Washington de la semana pasada del procurador Jean Alain Rodríguez en momentos que las autoridades afanan por llevar a la justicia a los culpables de la mega corrupción de la empresa brasileña Odebrecht que pagó 92 millones de dólares en soborno para obtener la concesión de obras estatales que sobrevaluó, pone sobre el tapete interés del “Coloso del Norte” en el caso.
No sorprende el interés estadounidense por el curso de la corrupción en el país, actitud elogiada por muchos, pero rechazado por otros. No pocos estiman que Estados Unidos tiene dudas sobre las investigaciones que se llevan a cabo, si las mismas terminarán en una real justicia.
Se trata del segundo periplo de Rodríguez relacionado con el caso Odebrecht. El 15 de febrero pasado viajó a Brasil donde se entrevistó con funcionarios judiciales que hace varias semanas remitieron al país las investigaciones del fraude y se espera que el funcionario dominicano divulgue, como prometió, en los próximos días los nombres de los sobornados.
En Estados Unidos, Alain Rodríguez, a donde acudió acompañado de la directora de la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción, Laura Guerrero, se entrevistó con el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions y el director del Buró Federal de Investigaciones, James Comey.
El interés estadounidense fue afectado por en el caso Odebrecht, la empresa brasileña usó su territorio para lavado de activos, por lo cual fue multada al pago de 2600 millones de dólares. Se recuerda que en el país funcionó, sin ningún tipo de entorpecimiento, una especie de departamento de sobornos de la citada empresa, encubierto bajo el nombre de División de Operaciones Estructuradas.
No sorprende el interés estadounidense por el curso de la corrupción en el país, actitud elogiada por muchos, pero rechazado por otros. No pocos en el país estiman que Estados Unidos tiene dudas sobre las investigaciones que se llevan a cabo, si las mismas terminarán en una real justicia.
La preocupación de Estados Unidos por la corrupción viene dado cuando considera que sus intereses se afectan como el caso de los aviones supertucanos en cuya compra hubo sobrevaluación y pago de soborno, que perjudicaron una de sus empresas, en favor de la empresa brasileña.
La nación norteamericana ha prestado colaboración en la lucha contra el narcotráfico para lo cual ha donado equipos a la Dirección Nacional de Control de Drogas, entrenado personal y hasta funciona en el país una dotación de la Agencia Antinarcóticos Estados Unidos, (DEA) por sus siglas en inglés.
En varias oportunidades Departamento de Estado ha calificado al país como un puente para el tráfico de drogas, con lo que alega se afectan sus intereses porque en su territorio, considerado el mayor mercado del mundo, es invadido por narcóticos.
La preocupación de Estados Unidos por la corrupción llegó a su punto más alto cuando Brewster dijo que la corrupción frena la inversión extranjera en el país.
El presidente Danilo Medina le respondió pidiendo que citara los casos de corrupción que a su juicio frenan la entrada de capital extranjeros en el país. “Dónde están los escándalos de corrupción que ustedes en el Estado. A mí me gustaría, y se lo he pedido a ellos, que si tienen casos concretos que lo señalen, porque se habla de que República Dominicana es un puente de drogas, pero si vamos a eso, los Estados Unidos es una avenida de 10 carriles de destino para esa misma droga”, dijo el mandatario.
Sobre este periplo del procurador se especula que el Departamento de Estado no está conforme como se conducen los procesos judiciales, sobre todo los casos Odebrecht y los aviones Supertucanos, ambos considerados iconos de la corrupción reciente en el país.
Estados Unidos siempre ha mantenido interés en la lucha contra la corrupción, así lo atestiguan los numerosos pronunciamientos de sus embajadores favor de que se castiguen los corruptos, que muchas veces desbordan los canales diplomáticos. Incluso en esa línea ha retirado el visado a decenas de civiles y jerarcas militares, lo cual para muchos dominicanos representa una especie de muerte civil.
Tras la visita del funcionario judicial a los Estados Unidos se espera que tanto el caso de la Odebrecht como el de los Supertucanos tomen un nuevo giro y, sobre todo, se encaminen por un carril más expedito que el que transitan.
En ese sentido, también ha aumentado la demanda de la sociedad civil y grupos organizados como el Movimiento Marcha Verde para que se detenga la impunidad, pero se tiene el temor que ocurra lo contrario dado el control que tiene el Partido de la Liberación Dominicana de las instancias judiciales, lo cual debilita la lucha contra la corrupción, como se ha demostrado con los casos mayúsculo de corrupción en los que se han visto envueltos muchos de sus dirigentes.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.