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El factor Estados Unidos en la lucha contra la corrupción
SANTO DOMINGO. El viaje a Washington de la semana pasada del procurador Jean Alain Rodríguez en momentos que las autoridades afanan por llevar a la justicia a los culpables de la mega corrupción de la empresa brasileña Odebrecht que pagó 92 millones de dólares en soborno para obtener la concesión de obras estatales que sobrevaluó, pone sobre el tapete interés del “Coloso del Norte” en el caso.
No sorprende el interés estadounidense por el curso de la corrupción en el país, actitud elogiada por muchos, pero rechazado por otros. No pocos estiman que Estados Unidos tiene dudas sobre las investigaciones que se llevan a cabo, si las mismas terminarán en una real justicia.
Se trata del segundo periplo de Rodríguez relacionado con el caso Odebrecht. El 15 de febrero pasado viajó a Brasil donde se entrevistó con funcionarios judiciales que hace varias semanas remitieron al país las investigaciones del fraude y se espera que el funcionario dominicano divulgue, como prometió, en los próximos días los nombres de los sobornados.
En Estados Unidos, Alain Rodríguez, a donde acudió acompañado de la directora de la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción, Laura Guerrero, se entrevistó con el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions y el director del Buró Federal de Investigaciones, James Comey.
El interés estadounidense fue afectado por en el caso Odebrecht, la empresa brasileña usó su territorio para lavado de activos, por lo cual fue multada al pago de 2600 millones de dólares. Se recuerda que en el país funcionó, sin ningún tipo de entorpecimiento, una especie de departamento de sobornos de la citada empresa, encubierto bajo el nombre de División de Operaciones Estructuradas.
No sorprende el interés estadounidense por el curso de la corrupción en el país, actitud elogiada por muchos, pero rechazado por otros. No pocos en el país estiman que Estados Unidos tiene dudas sobre las investigaciones que se llevan a cabo, si las mismas terminarán en una real justicia.
La preocupación de Estados Unidos por la corrupción viene dado cuando considera que sus intereses se afectan como el caso de los aviones supertucanos en cuya compra hubo sobrevaluación y pago de soborno, que perjudicaron una de sus empresas, en favor de la empresa brasileña.
La nación norteamericana ha prestado colaboración en la lucha contra el narcotráfico para lo cual ha donado equipos a la Dirección Nacional de Control de Drogas, entrenado personal y hasta funciona en el país una dotación de la Agencia Antinarcóticos Estados Unidos, (DEA) por sus siglas en inglés.
En varias oportunidades Departamento de Estado ha calificado al país como un puente para el tráfico de drogas, con lo que alega se afectan sus intereses porque en su territorio, considerado el mayor mercado del mundo, es invadido por narcóticos.
La preocupación de Estados Unidos por la corrupción llegó a su punto más alto cuando Brewster dijo que la corrupción frena la inversión extranjera en el país.
El presidente Danilo Medina le respondió pidiendo que citara los casos de corrupción que a su juicio frenan la entrada de capital extranjeros en el país. “Dónde están los escándalos de corrupción que ustedes en el Estado. A mí me gustaría, y se lo he pedido a ellos, que si tienen casos concretos que lo señalen, porque se habla de que República Dominicana es un puente de drogas, pero si vamos a eso, los Estados Unidos es una avenida de 10 carriles de destino para esa misma droga”, dijo el mandatario.
Sobre este periplo del procurador se especula que el Departamento de Estado no está conforme como se conducen los procesos judiciales, sobre todo los casos Odebrecht y los aviones Supertucanos, ambos considerados iconos de la corrupción reciente en el país.
Estados Unidos siempre ha mantenido interés en la lucha contra la corrupción, así lo atestiguan los numerosos pronunciamientos de sus embajadores favor de que se castiguen los corruptos, que muchas veces desbordan los canales diplomáticos. Incluso en esa línea ha retirado el visado a decenas de civiles y jerarcas militares, lo cual para muchos dominicanos representa una especie de muerte civil.
Tras la visita del funcionario judicial a los Estados Unidos se espera que tanto el caso de la Odebrecht como el de los Supertucanos tomen un nuevo giro y, sobre todo, se encaminen por un carril más expedito que el que transitan.
En ese sentido, también ha aumentado la demanda de la sociedad civil y grupos organizados como el Movimiento Marcha Verde para que se detenga la impunidad, pero se tiene el temor que ocurra lo contrario dado el control que tiene el Partido de la Liberación Dominicana de las instancias judiciales, lo cual debilita la lucha contra la corrupción, como se ha demostrado con los casos mayúsculo de corrupción en los que se han visto envueltos muchos de sus dirigentes.
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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.