Editorial
El Cambio Político en Latinoamérica
En realidad, no las hemos contado, pero son muchas las veces, con seguridad por encima de las diez ocasiones, que este periódico ha dicho que la República Dominicana podría ser parte del fenómeno que se produce en Latinoamérica de repugnar con toda la fuerza del alma a los partidos tradicionales.
Sus errores son recurrentes, lo cual quiere decir que no quieren o no están en capacidad de entender que ya la gente no va a tolerar su mal comportamiento.
Son testarudos o sencillamente están tan comprometidos con lo mal hecho, que los dirigentes de los partidos tradicionales y todos los demás, ya no hay forma de que cambien.
Tal vez habría que hacerlos de nuevo.
Pero el problema estriba en que esta gente está formada para servirse, no para servir, son irracionalmente ambiciosos, muy ávaros y al propio tiempo están dotados de una pasión enfermiza por el poder.
Por esta razón, se ciegan o no ven para otro lado para no palpar el sufrimiento de la población que queda atrapada en medio de un pantano de corrupción y otras asquerosidades que atosigan, que dañan.
Esa cultura de hacer lo mal hecho ha servido para contagiar a todo el país y cuya consecuencia ha sido la generación de un cáncer que ya ha hecho metástasis, que ocupa todo el cuerpo social.
Es un asunto muy grave y no tan fácil de sanar, pero hasta por instinto, porque le pica la barriga, el pueblo dominicano parece haber escogido el camino de producir un cambio radical en la sociedad dominicana.
Cuando se usa la palabra radical, no se trata necesariamente de un cambio de Estado, es decir de capitalista a socialista o algo parecido, porque evidentemente que ello no es posible por la propia composición social que prevalece en el país, sino de que haya una mejor distribución de las riquezas nacionales, eliminación de la corrupción y de otras distorsiones de la democracia.
Esa debilidad, que no sólo es propia de los politiqueros, sino también del sector empresarial, que se le ha metido entre ceja y ceja que debe tener márgenes de beneficios muy cuantiosos, aunque para ello tenga que provocar hasta el mayor de los sufrimientos a los que no tienen nada.
Es ahí donde está la razón de los cambios que se pueden operar en la sociedad dominicana, no para mal, sin para bien de todos, incluidos los privilegiados de hoy, porque de esa manera no se ponen en peligro sus grandes intereses económicos.
A partir de ahí, los dominicanos, aunque con sus diferencias sociales, podrían vivir con menos tensiones y con la posibilidad de darles a sus hijos una educación y una salud aceptables y acorde con una mejor forma de hacer las cosas.
Es sólo eso.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.