Economía
El FMI pide a RD bajar exenciones, aumentar la base tributaria y una ley de responsabilidad fiscal
El Fondo Monetario prevé que el crecimiento de la economía baje de 4.9 % en 2022 a alrededor del 4 % en 2023
Santo Domingo, RD.-La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que visitó el país recientemente, sugiere aplicar medidas de corto y mediano plazo para asegurar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal, entre las que enfatiza en la introducción de una ley que regule a las cooperativas no reguladas.
Así como también introducir una ley de responsabilidad fiscal, bajar las exenciones y aumentar la base tributaria.
República Dominicana ha sido una de las más dinámicas y resilientes del hemisferio occidental durante las últimas dos décadas, mostrando una impresionante recuperación de la pandemia, respaldada por las sólidas políticas de las autoridades.
Las condiciones financieras globales más estrictas, el menor crecimiento global, así como un retiro oportuno y apropiado de la política monetaria acomodaticia interna, han contribuido a la moderación del crecimiento en 2023, que respalda el regreso de la inflación al rango objetivo.
En el corto plazo, las prioridades de política deben permanecer enfocadas en continuar asegurando la estabilidad macroeconómica y financiera. A mediano plazo, nuevas mejoras en los marcos de políticas, el clima de negocios, la gobernanza y las redes de seguridad social pueden fomentar un crecimiento más.
COMUNICADO DEL FMI
Un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), dirigido por el Sr. Emilio Fernández Corugedo, visitó la República Dominicana del 8 al 19 de mayo para llevar a cabo las discusiones de la Consulta del Artículo IV de 2023.
Al término de la misión, el Sr. Fernández Corugedo emitió el siguiente comunicado:
“La economía de la República Dominicana ha sido una de las economías más dinámicas y resilientes del Hemisferio Occidental durante las últimas dos décadas. Las reformas y las buenas políticas monetarias y fiscales han fortalecido los marcos macroeconómicos—incluyendo el régimen de metas de inflación y la introducción de un marco fiscal de mediano plazo—y el sistema bancario, con la consiguiente estabilidad macroeconómica atrayendo considerables flujos de inversión extranjera directa, apoyando un crecimiento de más del doble de la renta per cápita y la reducción de la pobreza a la mitad.
Estos factores han contribuido a una impresionante recuperación económica de la pandemia, que se ha visto respaldada por las sólidas políticas de las autoridades, así como por efectos de contagio globales positivos. La fuerte recuperación comenzó a moderarse a fines de 2022 en respuesta a condiciones financieras globales más estrictas, una demanda global más baja y el retiro adecuado de las políticas de estímulo, lo que contribuyó a la convergencia de la inflación hacia su meta. El déficit en cuenta corriente se amplió en 2022 debido a la disminución de las exportaciones de bienes, el aumento de los precios de los productos básicos y la continua recuperación de la demanda interna, y fue financiado principalmente por flujos de IED, y el país mantuvo un sólido acceso al mercado. A pesar del endurecimiento reciente de las condiciones financieras nacionales e internacionales, el sector financiero parece adecuadamente capitalizado, líquido y rentable.
“Con el respaldo de políticas y fundamentos sólidos, la perspectiva económica es positiva, aunque está sujeta a una gran incertidumbre, principalmente global. Después de repuntar con fuerza, la recuperación posterior a la pandemia se ha moderado y se prevé que el crecimiento disminuya levemente del 4,9 % en 2022 alrededor del 4 % en 2023, lo que respalda el regreso de la inflación al objetivo del banco central. Se espera que el crecimiento vuelva a la tendencia en torno a 2024 a medida que se recupere el crecimiento mundial.
“Las prioridades de política a corto plazo deben seguir asegurando el regreso de la inflación al objetivo, mantener la trayectoria descendente de la deuda pública mientras navegan por la moderación del crecimiento y salvaguardan la estabilidad financiera:
• Las políticas que buscan llevar la inflación a la meta y mantener la estabilidad macroeconómica siguen siendo apropiadas. Dado que se prevé que la inflación disminuya y las expectativas de inflación estén ancladas, la política monetaria debe seguir dependiendo de los datos y calibrada para garantizar que la inflación converja completamente a su objetivo en el horizonte de la política. La flexibilidad del tipo de cambio y la acumulación de reservas, que han alcanzado niveles históricamente altos, pueden seguir desempeñando un papel amortiguador.
• La política fiscal debe seguir centrada en colocar la deuda en una senda firmemente descendente. La consolidación fiscal, respaldada por el retiro gradual de medidas de apoyo no focalizadas en respuesta a shocks adversos y con la ayuda de medidas bien focalizadas para apoyar a los más vulnerables, puede complementar los esfuerzos de reducción de la inflación y será importante para construir amortiguadores fiscales.
• Si bien el sector financiero sigue siendo resistente, el entorno actual de condiciones financieras más estrictas requiere un seguimiento estrecho continuo, incluso a través de la continuación de las mejoras en la recopilación de datos y el análisis macroprudencial de los balances de los hogares y las empresas.
En el mediano plazo, las acciones deben centrarse en mejoras adicionales a los marcos de políticas, el clima de negocios y las redes de seguridad social para fortalecer el crecimiento inclusivo:
Tipo de cambio y monetario. La recapitalización del banco central reforzará su autonomía, mientras que una estrategia para continuar profundizando el mercado de divisas y expandir el uso de mecanismos de cobertura también mejorará el marco de metas de inflación.
Política fiscal
-Las actualizaciones adicionales a los marcos de políticas, incluida la introducción de una ley de responsabilidad fiscal, las mejoras en la gestión financiera pública, la gobernanza de la infraestructura y la administración tributaria, junto con los esfuerzos para aumentar los ingresos de manera duradera mediante la ampliación de la base impositiva y la reducción de las exenciones, también pueden respaldar la sostenibilidad fiscal.
Política financiera
-Se requieren más avances para modernizar el marco regulatorio y ampliar el conjunto de herramientas macroprudenciales. La Superintendencia de Bancos ya está monitoreando de cerca la capacidad de las instituciones financieras para cumplir con los estándares internacionales. La introducción de un marco regulatorio prudencial para las cooperativas de ahorro y préstamo no reguladas también mejorará la estabilidad financiera.
Reformas estructurales
Los grandes esfuerzos para mejorar las instituciones públicas, la gobernabilidad y el clima de negocios, en el centro de la agenda de reforma de las autoridades, son esenciales para impulsar el crecimiento inclusivo y la resiliencia. Las autoridades deben perseverar en las reformas del sector eléctrico, al tiempo que garantizan el apoyo adecuado a los más vulnerables. La implementación de políticas de mitigación y adaptación climática bajo el plan de acción de Contribución determinada a nivel nacional debe continuar para frenar las vulnerabilidades.
La misión se reunió con el Gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, el Ministro de Hacienda, José Manuel Vicente Dubocq, otros altos funcionarios y representantes de la sociedad civil y el sector privado. La misión expresa su sincero agradecimiento a las autoridades por su excepcional hospitalidad, plena cooperación y diálogo abierto y franco”.
Economía
Pro Consumidor interviene ante conflicto por retiro de verifones en estaciones de combustibles
Autoridades buscan un acuerdo entre Anadegas y proveedores de sistemas de pago electrónico para evitar que los consumidores resulten afectados
SANTO DOMINGO.– El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que varias instituciones del Estado intervienen en el conflicto surgido entre la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) y los proveedores de dispositivos electrónicos de pago, ante el anuncio de retirar los verifones de cientos de estaciones de combustibles.
El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, explicó que las gestiones son encabezadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), con la participación de esa entidad y otros organismos públicos, con el objetivo de propiciar un entendimiento entre las partes.
La preocupación de las autoridades surge después de que Anadegas anunciara que, a partir del próximo 25 de septiembre, retiraría los verifones de más de 700 estaciones afiliadas, decisión que podría limitar las opciones de pago con tarjetas de crédito y débito disponibles para los consumidores.
“El consumidor no puede resultar afectado”
Alcántara hizo un llamado a los representantes de Anadegas para que permitan que las conversaciones continúen mientras las instituciones involucradas procuran encontrar una solución.
“Las partes tienen que ponerse de acuerdo, porque el consumidor no puede resultar afectado”, manifestó el funcionario.
Indicó que Pro Consumidor mantiene comunicación con los directivos de la organización de detallistas y da seguimiento a las gestiones desarrolladas por las demás instituciones estatales.
El objetivo, explicó, es impedir que las diferencias existentes entre los propietarios de estaciones y las entidades vinculadas al procesamiento de pagos electrónicos terminen trasladándose a los usuarios.
Anadegas anuncia retiro de verifones
El conflicto está relacionado con los costos que implica para los establecimientos comerciales procesar pagos mediante tarjetas a través de los verifones, situación que Anadegas entiende afecta los márgenes económicos de las estaciones de combustibles.
Ante esas diferencias, la organización anunció el retiro de esos dispositivos en las estaciones afiliadas desde el 25 de septiembre.
De materializarse la medida en los términos anunciados, los clientes de esas estaciones podrían enfrentar cambios en las alternativas disponibles para pagar sus compras de combustibles.
Autoridades buscan acuerdo antes del 25 de septiembre
La intervención gubernamental procura que las partes alcancen un entendimiento antes de la fecha anunciada por Anadegas y que cualquier solución preserve las opciones de pago disponibles para los usuarios.
Alcántara insistió en que las diferencias comerciales entre los sectores involucrados deben ser resueltas sin trasladar sus consecuencias a quienes compran combustibles.
Pro Consumidor continuará dando seguimiento a las conversaciones, mientras el MICM y las demás instituciones participantes buscan una salida que concilie los intereses de los detallistas, los proveedores de servicios de pago y los derechos de los consumidores.
Celso Juan Marranzini sostiene que el déficit comercial dominicano con Estados Unidos, superior a US$5,000 millones, constituye un elemento a considerar en las conversaciones sobre el cereal
SANTO DOMINGO.– El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, consideró que República Dominicana y Estados Unidos tienen espacio para mantener un proceso de diálogo en torno a las importaciones de arroz estadounidense y las medidas adoptadas para proteger la producción nacional.
Marranzini se refirió específicamente a la petición estadounidense para que el Gobierno dominicano derogue el Decreto 693-24, que establece condiciones arancelarias para las importaciones del cereal procedente de Estados Unidos.
Durante su participación en el Desayuno de Listín Diario, el dirigente empresarial recordó que las relaciones comerciales entre ambos países están reguladas por el DR-Cafta, resultado de un proceso de negociación entre las partes.
“Como en toda negociación, cada parte tiene que ceder, siempre y cuando se llegue a un acuerdo que convenga a todos”, expresó Marranzini, quien valoró que el Gobierno dominicano haya optado por manejar el tema mediante el diálogo con Estados Unidos.
Destaca déficit comercial superior a US$5,000 millones
El presidente del Conep señaló que República Dominicana mantiene un déficit comercial de más de US$5,000 millones con Estados Unidos, aspecto que, a su entender, debe formar parte del análisis de las relaciones económicas entre ambos países.
Sostuvo que las exportaciones dominicanas hacia el mercado estadounidense complementan determinadas cadenas de valor y argumentó que no están orientadas a desplazar empresas, empleos o productores estadounidenses.
Marranzini también destacó la relación histórica y comercial entre República Dominicana y Estados Unidos y planteó la conveniencia de impulsar conjuntamente estrategias de “nearshoring”, inversión, comercio y generación de empleos.
Defensa de la producción nacional
El dirigente empresarial señaló, al mismo tiempo, la necesidad de incrementar la productividad del sector agropecuario dominicano y fortalecer la seguridad alimentaria.
En el caso particular del arroz, resaltó la importancia económica y social de mantener una industria nacional sólida debido a la cantidad de provincias y productores vinculados con esa actividad.
Marranzini recordó que durante la pandemia la capacidad productiva nacional permitió al país depender en mayor medida de su propia producción de alimentos, lo que, a su juicio, demostró la importancia de fortalecer la resiliencia interna.
“Definitivamente, la productividad en el campo es algo en lo que debe seguirse avanzando para que la seguridad alimentaria cada vez sea más robusta y más resiliente”, manifestó.
¿Qué establece el Decreto 693-24?
El debate se relaciona con las condiciones comerciales acordadas para determinados productos agrícolas dentro del DR-Cafta.
Según la información suministrada, el Decreto 693-24 mantiene un arancel de 20 % para una cuota de 23,300 toneladas métricas de arroz importado desde Estados Unidos y establece una tasa de 99 % para las cantidades que excedan ese volumen.
La medida fue adoptada en 2024 en respuesta a planteamientos del sector arrocero dominicano ante la apertura prevista en el marco del tratado comercial.
El arroz se encuentra entre los productos agrícolas considerados especialmente sensibles debido al número de productores, trabajadores y comunidades vinculados directa o indirectamente con su producción.
Diferentes posiciones sobre la medida
La situación ha generado posiciones distintas en sectores económicos y políticos. Algunos especialistas han advertido sobre las implicaciones que podría tener mantener restricciones frente a compromisos asumidos dentro del DR-Cafta, mientras representantes del sector productivo y actores políticos han planteado la necesidad de preservar la producción nacional y la seguridad alimentaria.
En ese contexto, Marranzini favoreció que cualquier diferencia sea abordada mediante negociaciones entre República Dominicana y Estados Unidos, tomando en consideración tanto los compromisos comerciales como las particularidades de la producción agrícola dominicana.
El debate continúa abierto mientras las autoridades dominicanas evalúan las observaciones estadounidenses sobre el Decreto 693-24 y las alternativas para compatibilizar los compromisos comerciales internacionales con los intereses del sector arrocero nacional.
Tres plantas procesadoras de Canadá fueron autorizadas para exportar carne de res y productos derivados al mercado dominicano, luego de una evaluación de los controles sanitarios y de inocuidad del país norteamericano.
SANTO DOMINGO.– República Dominicana autorizó nuevamente la entrada al país de carne de res procedente de Canadá, poniendo fin a las restricciones que durante más de dos décadas limitaron el acceso de estos productos al mercado nacional.
La decisión permite la importación de carne bovina y productos cárnicos canadienses, incluidas vísceras provenientes de ganado de diferentes edades, de acuerdo con informaciones divulgadas por la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria (CFIA).
Las restricciones dominicanas habían sido establecidas en 2003, luego de que Canadá reportara su primer caso de encefalopatía espongiforme bovina (EEB), enfermedad conocida popularmente como “mal de las vacas locas”.
Evaluación sanitaria abrió paso a la autorización
La reapertura del mercado se produce después de una auditoría al sistema canadiense de inspección de carne bovina, en la que participaron autoridades dominicanas de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) y de la Dirección General de Ganadería (DIGEGA).
Según la información ofrecida por la parte canadiense, la evaluación permitió verificar los mecanismos implementados por Canadá en materia de seguridad alimentaria, inspección de productos y sanidad animal.
Tras el proceso, las autoridades dominicanas procedieron a levantar las restricciones que permanecían vigentes para las importaciones de carne bovina de ese país.
La CFIA informó, además, que tres plantas procesadoras canadienses ya cuentan con autorización para realizar exportaciones hacia República Dominicana.
Mercado dominicano atrae a productores canadienses
La apertura representa una nueva oportunidad comercial para la industria cárnica canadiense, debido al volumen de productos que República Dominicana adquiere en los mercados internacionales.
De acuerdo con los datos divulgados, durante 2025 el país importó aproximadamente US$215 millones en carne de res y productos cárnicos procedentes de diferentes mercados.
Kyle Larkin, presidente y director ejecutivo del Consejo Canadiense de la Carne, destacó la importancia que representa el mercado dominicano para los productores de su país y señaló que la autorización permitirá a las empresas canadienses competir para abastecer a los consumidores locales.
Más competencia en el mercado nacional
La incorporación de Canadá como proveedor podría ampliar las alternativas disponibles para importadores y distribuidores dominicanos, al tiempo que introduce un nuevo competidor dentro de un mercado que depende parcialmente de las compras internacionales para cubrir su demanda.
La medida también marca la normalización de las relaciones comerciales en este segmento después de más de 20 años de restricciones sanitarias.
A partir de la autorización, las empresas canadienses habilitadas deberán cumplir con los requisitos sanitarios, de inspección y certificación establecidos por las autoridades dominicanas para que sus productos puedan ingresar y comercializarse en el territorio nacional.