Santo Domingo, RD.-Luis Maisichell Dicent y William Lizandro Rosario Ortiz comenzaron a tramar la estafa al sistema de juegos del país desde mediados de julio de 2020, según recogen las investigaciones de los fiscales en la denominada “Operación 13” por el amañado sorteo del 1 de mayo de 2021 en la Lotería Nacional.
Las investigaciones han documentado que Dicent y Rosario Ortiz son buenos amigos, con experiencia en materia en manejo de bancas de apuestas en el país, en vista de que Dicent fungió como vocero durante la gestión de Rosario Ortiz en la Federación Nacional de Bancas (Fenabanca) del país.
El Ministerio Público señala que la estafa a las bancas de lotería ha tenido un valor de 500 millones de pesos.
Parte de las revelaciones hechas por el Ministerio Público es que algunos de los detenidos se asociaron con varios meses de anticipación para planificar la operación fraudulenta del sorteo nocturno del primero de mayo de la Lotería Nacional.
“A mediados del mes de julio del año 2020, el imputado William Lizandro Rosario Ortiz se dedicó a planificar conjuntamente con los co-imputados Luis Maisichell Dicent, Leonidas Medina Arvelo (A) Nazaret y/o Naza, Eladio Batista Valerio (A) El Gago y Felipe Santiago Toribio (A) Chago el modo en que podían realizar un fraude al sorteo de la Lotería Nacional, para sustraer de manera fraudulenta el dinero a los propietarios de bancas, consorcios y concesionarios de los juegos de azar en el territorio nacional y algunos países como Estados Unidos, España y Jamaica», señalan documentos del caso, a los que tuvo acceso este diario.
Las investigaciones indican que desde antes de la designación del suspendido administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, se hicieron encuentros “con el objetivo de tener acercamientos con empleados de la entidad e imputados que participaron en los hechos, para darles garantías de quién sería el designado como administrador y de lo que implicaba para la realización de las maniobras fraudulentas, la designación de Luis Maisichell Dicent al ser este parte esencial de la misma”.
Los fiscales, en la documentación presentada en la solicitud de medida de coerción, dicen que Dicent y su entramado perfilaron y escogieron de manera estratégica a cada uno de los miembros de la red dentro de la Lotería Nacional, estudiando los perfiles en función de la necesidad de la participación de determinado roles y analizando el comportamiento y destreza de los empleados seleccionados.
“En lo que respecta a los participantes externos primó el criterio de la experiencia que tenían en los juego de azar y su facilidad para hacer grandes jugadas sin llamar la atención”, dice la solicitud de medida de coerción.
Dicen que luego de seleccionar a los implicados fueron realizados diversos ensayos del sorteo fraudulento, grabando los mismos con el objetivo de “corregir los posibles errores que se veían en los ensayos”.
Los implicados utilizaron bolos reales de la Lotería Nacional para realizar los ensayos del sorteo y darle mayor realidad. También se simularon las tómbolas y se utilizaron micrófonos proporcionados por el entramado criminal.
El sorteo estaba planificado para realizarse el 10 de abril del 2021, “pero debido a que no fue posible colocar los empleados de conformidad a lo planificado, el sorteo fracasó para los intereses de la estructura criminal”.
Los miembros de la red habían invertido fuertes sumas de dinero para “el tumbe” que tenían planificado, que finalmente perdieron al tener que abortar la idea.
Los implicados en la red hicieron cambios en el del “Salón de Sorteos” para que en el siguiente sorteo participaran gran parte de los miembros de la red.
La tarde del lunes el Ministerio Público depositó la medida de coerción contra Luis Dicent, administrador suspendido de la Lotería; William Lisandro Rosario Ortiz, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Miguel Mejía, Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Perdomo Peralta.
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
En esta reunión, el fiscal le indicó de manera explícita que podía “alterar el proceso seguido” en contra de Canaán a “cambio de un beneficio económico directo”.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Cuando ambos salieron del parqueo, el fiscal fue seguido por los agentes de la Policía Nacional, quienes le solicitaron detener el vehículo cuando se encontraba en la calle Pedro Antonio Bobea, en la parte frontal del Centro Comercial Almacenes Unidos.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
Ahora el fiscal Valdez Alcántara enfrenta una solicitud de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción por parte del Ministerio Público.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
Explicaron que esta suma la redujo a USD$150,000 “en una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450”.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Esta tarde, a las 2:00, será el conocimiento de la medida de coerción en su contra.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.
El nuevo juicio contra ambos fue ordenado por la Corte de Apelación de la Cámara Penal de Puerto Plata luego de anular la sentencia del 27 junio del 2025 emitida por el tribunal colegiado de esta jurisdicción.