Santo Domingo, RD.-Luis Maisichell Dicent y William Lizandro Rosario Ortiz comenzaron a tramar la estafa al sistema de juegos del país desde mediados de julio de 2020, según recogen las investigaciones de los fiscales en la denominada “Operación 13” por el amañado sorteo del 1 de mayo de 2021 en la Lotería Nacional.Nacionales
El fraude de la Lotería Nacional lo maquinaron desde julio 2020
Santo Domingo, RD.-Luis Maisichell Dicent y William Lizandro Rosario Ortiz comenzaron a tramar la estafa al sistema de juegos del país desde mediados de julio de 2020, según recogen las investigaciones de los fiscales en la denominada “Operación 13” por el amañado sorteo del 1 de mayo de 2021 en la Lotería Nacional.Las investigaciones han documentado que Dicent y Rosario Ortiz son buenos amigos, con experiencia en materia en manejo de bancas de apuestas en el país, en vista de que Dicent fungió como vocero durante la gestión de Rosario Ortiz en la Federación Nacional de Bancas (Fenabanca) del país.
El Ministerio Público señala que la estafa a las bancas de lotería ha tenido un valor de 500 millones de pesos.
Parte de las revelaciones hechas por el Ministerio Público es que algunos de los detenidos se asociaron con varios meses de anticipación para planificar la operación fraudulenta del sorteo nocturno del primero de mayo de la Lotería Nacional.
“A mediados del mes de julio del año 2020, el imputado William Lizandro Rosario Ortiz se dedicó a planificar conjuntamente con los co-imputados Luis Maisichell Dicent, Leonidas Medina Arvelo (A) Nazaret y/o Naza, Eladio Batista Valerio (A) El Gago y Felipe Santiago Toribio (A) Chago el modo en que podían realizar un fraude al sorteo de la Lotería Nacional, para sustraer de manera fraudulenta el dinero a los propietarios de bancas, consorcios y concesionarios de los juegos de azar en el territorio nacional y algunos países como Estados Unidos, España y Jamaica», señalan documentos del caso, a los que tuvo acceso este diario.
Las investigaciones indican que desde antes de la designación del suspendido administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, se hicieron encuentros “con el objetivo de tener acercamientos con empleados de la entidad e imputados que participaron en los hechos, para darles garantías de quién sería el designado como administrador y de lo que implicaba para la realización de las maniobras fraudulentas, la designación de Luis Maisichell Dicent al ser este parte esencial de la misma”.
Los fiscales, en la documentación presentada en la solicitud de medida de coerción, dicen que Dicent y su entramado perfilaron y escogieron de manera estratégica a cada uno de los miembros de la red dentro de la Lotería Nacional, estudiando los perfiles en función de la necesidad de la participación de determinado roles y analizando el comportamiento y destreza de los empleados seleccionados.
“En lo que respecta a los participantes externos primó el criterio de la experiencia que tenían en los juego de azar y su facilidad para hacer grandes jugadas sin llamar la atención”, dice la solicitud de medida de coerción.
Dicen que luego de seleccionar a los implicados fueron realizados diversos ensayos del sorteo fraudulento, grabando los mismos con el objetivo de “corregir los posibles errores que se veían en los ensayos”.
Los implicados utilizaron bolos reales de la Lotería Nacional para realizar los ensayos del sorteo y darle mayor realidad. También se simularon las tómbolas y se utilizaron micrófonos proporcionados por el entramado criminal.
El sorteo estaba planificado para realizarse el 10 de abril del 2021, “pero debido a que no fue posible colocar los empleados de conformidad a lo planificado, el sorteo fracasó para los intereses de la estructura criminal”.
Los miembros de la red habían invertido fuertes sumas de dinero para “el tumbe” que tenían planificado, que finalmente perdieron al tener que abortar la idea.
Los implicados en la red hicieron cambios en el del “Salón de Sorteos” para que en el siguiente sorteo participaran gran parte de los miembros de la red.
La tarde del lunes el Ministerio Público depositó la medida de coerción contra Luis Dicent, administrador suspendido de la Lotería; William Lisandro Rosario Ortiz, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Miguel Mejía, Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Perdomo Peralta.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.