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Colegio de Periodistas dice:»El funcionario que no quiera que los periodistas critiquen, que se porte bien»

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El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) sostuvo que: “El funcionario que no quiera que periodistas, medios de comunicación informen, critiquen, analicen, comenten, rechacen situaciones que ellos hagan, sencillamente lo único que tienen que hacer es hacerlo bien y portarse bien, porque nosotros estamos para eso (sic)”, dijo hoy la presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Mercedes Castillo.

La gremialista condenó la instrucción dada por la directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, quien ordenó atacar a través de las redes sociales a periodistas y políticos de la oposición por sus críticas a una licitación de electrodomésticos y enseres del hogar a solo días de las elecciones municipales del 16 de febrero. Castillo se solidarizó con los colegas Huchi Lora y Altagracia Salazar, que fueron mencionados por la funcionaria como ejemplos de blancos de ataques.

Las críticas de periodistas y de los partidos Fuerza del Pueblo y Revolucionario Moderno contra el Plan Social de la Presidencia surgieron después de que se conociera que la institución pública autorizó en enero pasado la licitación de electrodomésticos y enseres del hogar por RD$380.5 millones, para donación y uso interno de la entidad, coincidiendo con un periodo electoral.

Ayer se dio a conocer un audio en las redes sociales -que la misma Guaba confirmó que es de ella-, en el que la funcionaria dice: “Lo importante es, no es que escriban aquí, lo importante es que escriban afuera, que chequeen las redes, en todos los lados. Chequeen donde los hacedores de noticias, por ejemplo, busquen a Huchi Lora, Altagracia Salazar, Orlando Jorge Mera, búsquenlos y cáiganles encima, que ese es un estúpido”.

La funcionaria también solicita que se les cuestione “si las personas pobres no pueden solicitar ayuda en el Plan Social porque hay elecciones”.

“Nosotros rechazamos esa advertencia porque los periodistas hablamos, comentamos, analizamos los temas de interés nacional, y ese es un tema de interés nacional”, dijo la presidenta del CDP. “¿De qué vamos a hablar los periodistas si no es de las cosas que afectan o benefician a la sociedad dominicana?”.

“Como colegio exhortamos a todos los funcionarios públicos… les reiteramos, les solicitamos, a todos los funcionarios públicos, que respeten el rol de los periodistas en la sociedad”, expresó.

El representante de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en la República Dominicana, Miguel Franjul, escribió en su cuenta de Twitter que es “inquietante” la orden dada contra los periodistas y compartió el enlace web del editorial de hoy del periódico Listín Diario, del que es su director.

 
“Las instrucciones impartidas por una funcionaria del Gobierno para que ‘búsquenlos y cáiganles encima’ a dos periodistas que han criticado la distribución de electrodomésticos del Plan Social de la Presidencia en tiempos de campaña electoral, constituyen una atrevida incitación contra la integridad de esos comunicadores”, indica el editorial.

Agrega que “en un escenario de pasiones encendidas por las confrontaciones políticas de cara a las elecciones municipales y presidenciales de este año, apelar a este tipo de respuestas frente a críticas de la prensa, por más urticantes que sean, mueven a preocupación y a legítimo repudio”.

Ayer, Guaba se defendió en el programa radial El Sol de la Tarde. “Yo lo que estoy tratando, como cualquier persona, ser humano, es defenderme de las acusaciones, eso es lo que quise decir”, dijo. Aseguró, además, que le tiene mucho respeto al periodista Huchi Lora, a quien instruyó atacar.

 

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Tras csi 70 años TSA cancela concesión minera a Falcondo.

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Santo Domingo.- Los contratos de concesion minera suscritos en el Estado dominicano y la Falcombridge Dominicana, S.A. (Falcondo) fueron cancelados por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), poniendo fin a una relación contractual de casi siete décadas sobre la concesión Quisqueya I, ubicada entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del TSA, presidida por el magistrado Antonio O. Sánchez Mejía e integrada por los jueces Úrsula J. Carrasco Márquez y Edward A. Abreu, mediante la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, de fecha 12 de agosto de 2026.

El fallo alcanza los contratos suscritos el 24 de diciembre de 1956 y el 26 de septiembre de 1969.

La acción fue interpuesta en julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), en representación del Estado dominicano, tras identificarse incumplimientos relacionados con la explotación de los yacimientos, obligaciones económicas y laborales, así como con la presentación de informes técnicos exigidos por la legislación minera.

Entre los elementos valorados por el tribunal figura la paralización de las operaciones productivas de Quisqueya I desde el 17 de noviembre de 2023, conforme a una certificación de la Dirección General de Minería.

El TSA también tomó en cuenta que Falcondo no presentó los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.

La terminación de los contratos se produce en medio de una crisis marcada por el cese abrupto de las operaciones de Falcondo.

Tras la paralización de noviembre de 2023, la empresa entró en una etapa de cuidado y mantenimiento, sin ejecutar un plan de cierre ordenado, situación que derivó en la desvinculación de trabajadores y en incumplimientos de compromisos con empleados, contratistas y suplidores locales.

En 2024, más de 900 trabajadores fueron desvinculados y recibieron sus prestaciones laborales mediante la intervención del FONPER, en representación del Estado dominicano.

A estos se sumó un grupo de exempleados cuyos contratos fueron terminados en marzo de 2026 y que mantiene reclamaciones laborales pendientes que, según sus voceros, ascienden a unos RD$300 millones.

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Propietarios de Vidal Plast, acusados de explosión en San Cristóbal, son declarados no culpables

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Santo Domingo, R.D.-No culpables fueron declarados los propietarios de la empresa Vidal Plast por el Segundo Tribunal Colegiado de San Cristóbal, quienes estaban acusados de la explosión en la provincia San Cristóbal que dejó un saldo de 38 fallecidos el 14 de agosto de 2023.

La jueza Wilma Altagracia Cuello descargó a los imputados, Edward Armando Vidal Garrido, su esposa, Maribel Sandoval Almánzar, y su hija, Mercedes Altagracia Vidal, quienes son propietarios de Vidal Plast.

Al salir de la audiencia, los familiares de las víctimas de la tragedia se mostraron a favor de la decisión de la magistrada, al considerar que la familia Vidal no era la responsable de los hechos que se le imputaban.

Ante esto, pidieron que se inicie una nueva investigación con el fin de dar con los “verdaderos responsables” de la explosión que dejó más de una decena de heridos.

“Que caigan los verdaderos culpables, que nuestros familiares puedan por lo menos descansar en paz. La fiscalía elaboró una narrativa equivocada y de mala fe. Los Vidal no tenían nada que ver con eso, a los demás que estaban involucrados nunca los mencionaron”, expresaron los familiares.

En 2023, tras ser acusada por el Ministerio Público, la empresa Vidal Plast expresó su “gran sorpresa e indignación” por la responsabilidad que se le atribuye en un comunicado del Ministerio Público y resaltó que “somos una empresa familiar que, con apego a las leyes, desde 2003 se dedica a la compra y venta de materiales plásticos que reciclamos convirtiéndolos en materia prima”.

La explosión en San Cristóbal se registró alrededor de las 3:10 de la tarde del 14 de agosto de 2023. Los bomberos explicaron que se creó una deflagración de llamas que generaron ondas expansivas hacia los laterales y hacia el techo del comercio ubicado en la calle Padre Ayala, casi esquina J. Peynado, epicentro del evento.

El siniestro dejó un saldo de 38 las víctimas, 59 personas que sufrieron lesiones de leves a graves, más de 12 viviendas afectadas y al menos 70 negocios afectados.

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El destituido director de la PN sólo duró seis meses en la dirección de la Policía Nacional

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Santo Domingo, R.D.-Andres Modesto Cruz Cruz, destituido director de la Policia Nacional, sólo duró seis meses en el cargo, quien además fue colocado en estado de retiro tras el cese de sus responsabilidades.

Su gestión termina marcada por dos hechos que han sacudido al país. Uno de ellos es el paro en el municipio de Navarrete, que inicialmente fue convocado por 48 horas, sin embargo, se extendió por 24 horas más ante la falta de respuestas a los reclamos planteados por los sectores.

La protesta se realizó con el fin de que las autoridades brinden soluciones a los problemas que, según los grupos populares, afectan a las comunidades de Navarrete. Entre las denuncias que los comunitarios realizan están la falta de agua potable, la terminación y reubicación del vertedero municipal y la mejora del servicio eléctrico.

Sin embargo, tras las 72 horas de protestas, los grupos populares decidieron levantar el paro y conceder un plazo de 15 días para esperar el desarrollo de las conversaciones con las autoridades. Concluida la espera, evaluaran las respuestas y determinaran las acciones que asumirán en caso de que sus demandas no sean atendidas.

Asimismo, un hecho que marcó el quinto mes de Modesto Cruz y, que dio inicio a debates sobre los protocolos policiales y el uso de la fuerza, fue la muerte de Darlin Mercado Reyes: un joven de 19 años, residente del sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, que falleció tras resultar herido de bala durante una actuación policial.

Posteriormente, Mercado se acercó al agente para indicarle que el vehículo era de su propiedad y, es en ese momento, cuando sin mediar palabras, le disparó en el tórax ocasionándole la muerte de manera instantánea.

Más tarde, los agentes observados en el video fueron suspendidos y, durante el conocimiento de la medida de coerción, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Moreta. El imputado fue llevado a una celda de máxima seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.

Modesto Cruz Cruz asumió el cargo el 17 de febrero del año en curso luego de haberse desempeñado como inspector general de la Policía. En el momento, había sustituido al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta quien, tras su salida, fue designado como asesor del presidente en materia policial.

Dentro de las funciones que desempeñó Modesto, previo a su labor como director, se encuentran la de director central de Asuntos Internos (DICAI), director regional Sur y subinspector general. Además, formó parte de posiciones en recursos humanos, protección y servicios especializados, seguridad preventiva y dependencias operativas.

Obtuvo reconocimientos como la medalla al mérito del servidor público, merito aéreo distintivo azul y la orden al mérito naval. De igual forma, recibió cartas de felicitaciones por su desempeño durante procesos electorales y operativos preventivos de alcance nacional.

Al asumir el cargo, Cruz se había comprometido a continuar el trabajo de Peralta en cuanto a la reducción de la tasa de criminalidad. Aseguró que en su gestión sus ejecutorias laborales no procurarían la acumulación paulatina de poder y posiciones jerárquicas.

Con la nueva designación queda derogado el artículo 1 del Decreto número 111-26, del 17 de febrero del 2026, mediante el cual había sido designado al ex director Andrés Modesto Cruz Cruz.

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