Análisis Noticiosos
El «Gabinete de Danilo»: Una nueva novela política de misterio
Andrés Beato Betances
abeato102@gmail.com
«La mayor realidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren; hombres que sean sinceros y honrados en los mas íntimos de sus almas; hombres que no teman dar al pecado el nombre que corresponde; hombres cuya conciencia sean tan leal al deber como la brújula al polo; hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos» Ellen G. White
El 16 de agosto, el presidente de la Nación Dominicana abre otro ciclo con una nueva novela política de misterio titulada:»El Gabinete de Danilo» , que podría convertirse en toda la población en una obra besseller y, en el caso contrario, en un fracaso total.
Quizás la misma sea como un Estado de bienestar y paz social donde entren en juego todos los sectores de la actividad nacional.
Sin embargo, los actores más «pragmáticos» y «fieras» podrían ser que formen parte de esta historia novelesca.
No debemos olvidar que los protagonistas de la primera parte de la historia aseguraron que el país creció en un 100%, un 75% de esos recursos fueron a parar a las bolsas de valores de sus pantalones y cuentas bancarias; 25% para con la deuda social del país.
Danilo Medina deberá trabajar para asegurar los derechos a las libertades económicas para desarrollar la libre iniciativa privada y el acceso colectivo de cada ciudadano a bienes y servicios de calidad.
De igual modo, deberá mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos poniendo en práctica lo que prometió en campana.
En el área de la institucionalidad democrática, Danilo Medina deberá presentar en su discurso de toma de posesión el grave deterioro que ha experimentado el país y realizar buenos y grandes proyectos con espíritu, basándose en formulas adecuadas para apalancar las reformas normativas e institucionales del país.
Además, tiene que entender que la administración pública ha experimentado un gran deterioro y atraso y que su deber es enfrentarlo y eliminarlo, así como el modelo centralista, burocrático y corrupto que se han visto afectados con los factores de producción que han agravado y han convertido la economía en una de las más vulnerables e improductivas de la nación.
El caso más palpable es el cierre de muchas empresas en las zonas francas del país que tuvieron que cerrar, mientras otras se instalaron en otros países vecinos, dejando a miles de trabajadores y trabajadoras en las calles.
Por ello, Danilo Medina debe reivindicar la constitución y el compromiso de defender irrestrictamente los derechos humanos y sus garantías para promover los espacios de concertación, coparticipación, dialogo social, reformar algunas leyes, reglamentar disposiciones que hayan menoscabado las competencias de las provincias y municipios.
Asimismo, en el país hay que impulsar la profesionalización y modernización de la administración y función pública para adecuarla a las exigencias de un Estado moderno y de esa forma construir una sociedad productiva y de progreso mediante la diversificación de la economía, basada en la creación y utilización del conocimiento.
Pongo como ejemplo nuestros representantes en el exterior que no tienen el más mínimo concepto de lo que significa la carrera diplomática.
En estos cuatro años, Danilo Medina, como primer mandatario tiene que crear lo que en política se llama un contrato social, un pacto expreso y tácito entre el pueblo y el Estado que establecen los derechos y deberes de ambas partes.
Los derechos de los ciudadanos son obedecer las leyes, pagar cristianamente los impuestos y contribuir a un clima de seguridad; por su parte, Danilo Medina y su Gabinete los deberes es mejorar las condiciones de igualdad para todos, seguridad económica y otras reivindicaciones sociales.
Una gran alianza de los sectores públicos y privados que facilite la creación de miles de empleos de calidad, seria la fórmula ideal, puesto que permitiría la estimulación y la participación de la sociedad en todo su conjunto.
En esta isla al revés, nadie es responsable de nada y todo anda manga por hombro. Ojalá, «El Gabinete de Danilo» «corrija lo que está mal y, haga lo que nunca se ha hecho», aunque nada en política es materia de honor.
Por José Cabral.
Es muy bonito escuchar por la televisión y todos los demás medios de comunicación el tema de los derechos fundamentales, cuya realidad envía un mensaje distinto.
En más de una ocasión he planteado el serio problema en que está atrapada la sociedad dominicana en el contexto del sistema de justicia nacional.
Lo primero es que nadie, absolutamente nadie, respeta como debe ser la justicia constitucional, ni siquiera las cortes que tienen la misión de velar por ella mediante los recursos extraordinarios para la preservación y respeto de la constitución.
El primer ejemplo de lo que ocurre con la violación de la Constitución y con el no respeto de los derechos fundamentales, tanto a nivel del derecho interno como del externo, es la actitud del Ministerio Público, el cual destina al zafacón las denuncias y querellas presentadas por aquellas personas humanas víctimas de robos, asaltos a mano armada y de una gran variedad de actos delincuenciales.
El asunto es tan grave que cuando las victiman reclaman resultados de sus querellas o denuncias el fiscal procede con un archivo definitivo en virtud de lo que dispone el artículo 181 del Código Procesal Penal, pero peor aun cuando el perjudicado decide someter un recurso de objeción ante el juez de Instrucción, el cual regularmente lo que hace es ratificar lo decidido por el Ministerio Público.
En este caso no importa la violación que cometa el fiscal que ha manejado el caso, lo cual se constituye en una violación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, consignados en los artículos 68 y 69 de la Constitución.
Pero la cuestión se complica cuando hay que acudir mediante un recurso contencioso administrativo por las constantes y graves violaciones de los derechos de los administrados, cuyo desempeño de los jueces de esta jurisdicción, hermanita de padre y madre del derecho constitucional, actúa como una caja de resonancia del Procuraduría General Administrativa y ahora abogado del Estado.
Es frustratorio e imperdonable lo que ocurre en esta jurisdicción de la justicia, pero todavía la cuestión es mucho más preocupante con la emisión de una serie de sentencias que violentan los más elementales principios del derecho constitucional.
Sin embargo, lo más deprimente es cuando se somete un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, cuyo fallo se produce cuando ya los justiciables han muerto o de revisión de una acción de amparo o de una decisión jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional, en cuyos órganos se concreta la expresión de que justicia tardía es justicia denegada, dado que los casos son decididos hasta 2, 3 y hasta 4 años después de haberse sometido.
Voy seguir con el tema, pero lo que he dicho hasta este punto indica que la Constitución dominicana y el neo-constitucionalismo que tanto se pregona es una forma de que el país esté a la moda con esta corriente, pero que la realidad está más asociada con la herencia histórico cultural del pueblo dominicano, en la que prevalecen una serie de antivalores como el amiguismo, el machismo, el patriarcado y el caudillismo, entre otros.
Sólo el pueblo dominicano puede superar la sociedad de las cavernas en que nos tienen sumergidos los partidos políticos y otros actores de la democracia de papel que se ha impuesto en la República Dominicana.
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.